Eduardo Cabrera Velázquez
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2021
Partes del expediente
- Eduardo Cabrera Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso dejado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte tercero interesada Cinthia Jaqueline Echave Avalos, y se le notifica el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre las constancias remitidas por la autoridad responsable, relacionadas con el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hubieran realizado manifestación al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto que reclamó de la juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, para los siguientes efectos: "Único. La justicia de la unión ampara y protege a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto reclamado a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en esta ciudad, consistente en la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio sin expresión de causa 542/2019 de su índice, para los siguientes efectos: Que el juez responsable, una vez desahogada la audiencia de conciliación señalada en el juicio de origen, se pronuncie respecto a la disolución del vínculo matrimonial, solicitada por la parte actora principal aquí quejoso, con independencia de que las partes no llegaran a un acuerdo en la referida audiencia y sin perjuicio que continúe con el trámite del juicio respecto a las demás prestaciones planteadas." Determinación que fue recurrida en revisión, por la tercero interesada Cinthia Jaqueline Echave Ávalos; recurso, que por razón de turno tocó del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, mismo que, mediante ejecutoria dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 36/2020, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "Primero. Se confirma la sentencia recurrida dictada por el juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en el juicio de amparo 571/2019. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto que reclamó al Juez Segundo de lo Familiar, con sede en Ensenada, Baja California, para los efectos que se precisaron en la sentencia sometida a revisión." La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, y se requirió a la autoridad responsable juez Segundo de los Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, mediante el cual informó que en los autos del juicio ordinario civil de divorcio incausado ** de su índice, del cual derivan los actos reclamados, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, a través de la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, lo anterior, atendiendo que el trece de abril del año en curso, exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia, por lo que el siete de julio pasado, se declaró que dicha sentencia definitiva causó ejecutoria, remitiendo copia certificada de las constancias relativas, respecto de lo que este juzgado se reservó a proveer, hasta en tanto transcurriera el plazo de tres días hábiles otorgados a las partes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de las mismas, término que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido para las partes, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En ese contexto, si bien se concedió la protección constitucional en el presente asunto, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez desahogada la audiencia de conciliación señalada en el juicio de origen, se pronunciara respecto a la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo, en el juicio de origen, las partes exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia, por lo que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, a través de la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, y el siete de julio pasado, se declaró que dicha sentencia definitiva causó ejecutoria; por tanto, al encontrarse concluido el juicio de origen, por falta de voluntad de la parte actora de continuarlo, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haber desaparecido su objetivo, que es precisamente el pronunciamiento respecto a la disolución del vínculo matrimonial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2./J. 2/2008, con registro 170502, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Así como la diversa1a./J. 90/2007, con registro 172140, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En las relatadas condiciones, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citatorio dejado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el domicilio de la parte quejosa, y se le notifica el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, que dice: "Ensenada, Baja California, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días hábiles otorgado a las partes mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre las constancias remitidas por la autoridad responsable, relacionadas con el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente asunto, sin que hubieran realizado manifestación al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, este juzgado de control constitucional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto que reclamó de la juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con residencia en esta ciudad, para los siguientes efectos: "Único. La justicia de la unión ampara y protege a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto reclamado a la juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en esta ciudad, consistente en la resolución interlocutoria de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio sin expresión de causa 542/2019 de su índice, para los siguientes efectos: Que el juez responsable, una vez desahogada la audiencia de conciliación señalada en el juicio de origen, se pronuncie respecto a la disolución del vínculo matrimonial, solicitada por la parte actora principal aquí quejoso, con independencia de que las partes no llegaran a un acuerdo en la referida audiencia y sin perjuicio que continúe con el trámite del juicio respecto a las demás prestaciones planteadas." Determinación que fue recurrida en revisión, por la tercero interesada Cinthia Jaqueline Echave Ávalos; recurso, que por razón de turno tocó del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Decimoquinto Circuito, con sede en Tijuana, mismo que, mediante ejecutoria dictada el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 36/2020, de su índice, resolvió en los términos siguientes: "Primero. Se confirma la sentencia recurrida dictada por el juez Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en el juicio de amparo 571/2019. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Cabrera Velázquez, contra el acto que reclamó al Juez Segundo de lo Familiar, con sede en Ensenada, Baja California, para los efectos que se precisaron en la sentencia sometida a revisión." La ejecutoria en mención se recibió mediante auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno, y se requirió a la autoridad responsable juez Segundo de los Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. Luego, en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por la juez Segundo de lo Familiar, en esta ciudad, mediante el cual informó que en los autos del juicio ordinario civil de divorcio incausado ** de su índice, del cual derivan los actos reclamados, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, a través de la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, lo anterior, atendiendo que el trece de abril del año en curso, exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia, por lo que el siete de julio pasado, se declaró que dicha sentencia definitiva causó ejecutoria, remitiendo copia certificada de las constancias relativas, respecto de lo que este juzgado se reservó a proveer, hasta en tanto transcurriera el plazo de tres días hábiles otorgados a las partes, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto de las mismas, término que, como se advierte de la certificación de cuenta, ha transcurrido para las partes, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. A las probanzas antes relacionadas, se les confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que fueron emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones y no fueron objetadas ni redargüidas de falsedad. En ese contexto, si bien se concedió la protección constitucional en el presente asunto, para el efecto de que la autoridad responsable, una vez desahogada la audiencia de conciliación señalada en el juicio de origen, se pronunciara respecto a la disolución del vínculo matrimonial, sin embargo, en el juicio de origen, las partes exhibieron un convenio para dar por terminada la controversia, por lo que el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, a través de la cual, declaró disuelto el vínculo matrimonial que unía a las partes, y el siete de julio pasado, se declaró que dicha sentencia definitiva causó ejecutoria; por tanto, al encontrarse concluido el juicio de origen, por falta de voluntad de la parte actora de continuarlo, es evidente que existe una imposibilidad real y jurídica para dar cumplimiento al fallo protector, al haber desaparecido su objetivo, que es precisamente el pronunciamiento respecto a la disolución del vínculo matrimonial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2./J. 2/2008, con registro 170502, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la página 431, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO. Si de las constancias de autos aparece que la sentencia que otorgó el amparo no fue cumplida, pero por la naturaleza del acto reclamado cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, y por ello existe imposibilidad jurídica y de hecho para cumplirla, el incidente de inejecución de sentencia debe declararse sin materia." Así como la diversa1a./J. 90/2007, con registro 172140, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, en página 140, tomo XXV, junio de dos mil siete, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En las relatadas condiciones, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara sin materia el cumplimiento de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio de amparo, en virtud de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo protector dictado en el presente asunto. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. Por otra parte, atento al contenido de la certificación secretarial de cuenta y siguiendo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, quien suscribe considera que dada su naturaleza y sentido del fallo, este expediente no cuenta con relevancia documental; por lo cual es susceptible de depuración, ya que encuadra dentro de la hipótesis que establece el punto vigésimo primero fracción IV del citado acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la notificación de este proveído, transfiérase el expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el punto Decimotercero del acuerdo en comento, lugar en el que se deberán retirar las demás actuaciones del expediente para su destrucción y conservar únicamente la demanda y sentencia. De igual manera se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda "depurable" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto mencionado.
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Notifíquese personalmente
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