Eduardo Cablle Cervantes

Expediente 956/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
956/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Cablle Cervantes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio remitido vía electrónica por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que en el amparo en revisión 506/2023 de su índice, se admitió el recurso interpuesto en contra de la sentencia dictada en estos autos. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por el quejoso ********************, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia firmada en el presente asunto el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 956/2023-I-A, promovido por ********************, contra los actos que reclama de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, y;******************** R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en el Buzón Judicial el quince de junio de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ******************** a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Poder Judicial del Estado, todos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo acuerdo de prevención de la demanda y escrito aclaratorio, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó sus informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, ********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN********************SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa, ostentándose persona extraña a juicio por equiparación, reclama esencialmente de la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y de la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Estado, lo siguiente: El ilegal emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil ********************y todas sus consecuencias legales. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Jueza Tercero Mercantil (número de promoción 10706) y actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares, ambos del Primer Departamento Judicial del Estado (número de promoción 10400), con residencia en esta ciudad, pues aunque lo negaron en sus respectivos informes justificados, en ellos hacen manifestaciones que evidencian su existencia; en tal virtud, se desvirtúa su negativa y se tienen por ciertos los actos reclamados. Cobra aplicación el criterio contenido en la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con las copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil ********************que la jueza responsable remitió como justificación de su informe y que obran como cuaderno de antecedentes al resguardo de la Secretaría; las que tienen valor probatorio pleno por ser documentos públicos, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2° de la Ley de Amparo; aunado a que no fueron objetadas por las partes. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO.********************Inexistencia de causales de improcedencia y conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por alguna de las partes, ni advertirse de oficio la existencia de alguna, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello, y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión al solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, correspondiente a la Novena Época, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis constitucional. Resultan infundados los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, motivo por el cual deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Como cuestión previa, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias que se allegaron al sumario deducidas del expediente ******************** relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por ******************** por conducto de sus endosatarios en procuración ********************y/o ********************y/o ********************en contra de ******************** y ********************, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por********************disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Por escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintidós, ******************** por conducto de sus endosatarios en procuración ********************y/o ********************y/o ********************promovió juicio ejecutivo mercantil en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de ******************** y ********************, en cobro de la cantidad de doscientos noventa y cuatro mil pesos, moneda nacional, como suerte principal; el pago de los intereses moratorios al 5% mensual pactado por las partes, el pago de costas y gastos del procedimiento que se causaren y generasen con motivo del juicio (fojas 1 a 14 del tomo de pruebas). 2. La demanda fue turnada al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y previa prevención, se admitió por auto de cuatro de enero de dos mil veintitrés, asignándole el número de expediente ********************en el que la juez responsable, ordenó el emplazamiento de la parte demandada ******************** como deudor principal y ******************** como aval********************(fojas 56 y 57 del tomo de pruebas). 3. En cumplimiento a lo anterior, el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el actuario adscrito a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento del Estado, al no encontrar al demandado ******************** -aquí quejoso-, le dejó citatorio en el domicilio señalado en autos para llevar a cabo la diligencia, cita que le fijó para el día siguiente, treinta de marzo de dos mil veintitrés a las cinco horas con cuarenta minutos (fojas 66 y 67 del tomo de pruebas). 4. Al regresar el fedatario al día siguiente (treinta de marzo de dos mil veintitrés, a las cinco horas con cuarenta minutos) al domicilio del demandado, aquí quejoso, en unión de la parte actora, tampoco lo encontró, por lo que entendió la diligencia de notificación con la persona que en ese momento se encontraba en el domicilio, quien dijo llamarse ********************y ser la madre del demandado, quien no se identificó por no contar con documento oficial en ese momento, razón por la cual, procedió a describirla con su media filiación correspondiente a la de ********************, de ojos de color negro, cara alargada, cabello ondulado, largo y de color negro-canoso, de complexión delgada, de aproximadamente un metro con sesenta y cuatro centímetros********************de estatura, entre cincuenta y cinco y sesenta años de edad; por lo que procedió a identificarse como actuario judicial y después de haberle explicado el motivo de su presencia, requirió la presencia del demandado, a lo que le fue informado que en dicho domicilio vive y habita su buscado, pero que en ese momento no se encontraba, razón por la cual, procedió a entender la diligencia con su informante, y requirió de pago al demandado por su conducto, el cual no fue cubierto, por lo que le requirió a efecto de que señalara bienes susceptibles de embargo, sin que tampoco lo hiciera la entrevistada; por lo que la fedataria otorgó ese derecho a la parte actora quien se encontraba presente, por lo que señaló el cien por ciento del predio urbano marcado con el número ******************** de la calle ********************del fraccionamiento ********************del municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico ********************, del Registro Público de la Propiedad del Estado; a continuación el actuario procedió a trabar formal embargo sobre el inmueble descrito, dejando como depositario del mismo al demandado, y procedió a emplazarlo al juicio de origen por medio de cédula que entregó a la persona entrevistada, asimismo, le dejó copia de la demanda, del título de crédito y documentos adjuntos, sellados y cotejados (fojas 68 a 71 del Anexo).**************************************** 5. Por acuerdo de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, la jueza del conocimiento, entre otras cosas, tuvo por acusada la rebeldía a la ley en que incurrió el demandado y aquí quejoso, dándose por perdidos sus derechos; y se admitieron las pruebas ofrecidas por la parte actora, aquí tercero interesada (foja 81 del Anexo). 6. El seis de junio de dos mil veintitrés, citó a las partes a la audiencia prevista en el artículo 1406 y 1407 del Código de Comercio para oír sentencia definitiva (foja 84 del Anexo) 7. El catorce de junio de dos mil veintitrés, la Jueza responsable dictó sentencia definitiva en la que condenó a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas (fojas 109 a 115 del Anexo). 8. Lo anterior se notificó a las partes, mediante lista que se publicó en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés. 9. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibo el escrito del demando ******************** (aquí quejoso) nombrando autorizados en término del artículo 1069 del Código de Comercio, así como domicilio para oír y recibir notificaciones (foja 118 del Anexo). El emplazamiento a juicio y su ejecución, junto con todo lo actuado en el juicio de primera instancia, constituyen los actos reclamados. Ahora bien, en sus motivos de disenso, aduce el quejoso, en esencia, que se vulneró en su perjuicio sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucionales, al privarlo de sus derechos en el juicio natural, al no haber sido emplazado a dicho juicio, y en consecuencia, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento. Por último, alega que no se colmaron los supuestos previstos en el ordinal 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Como se adelantó, dichos motivos de inconformidad son infundados. Ahora bien, el párrafo segundo, del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.". De lo anterior se destaca el derecho de previa audiencia, la cual impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. Una de esas formalidades, se constituye por el emplazamiento, que es un acto procesal en virtud del cual se hace del conocimiento de la parte demandada la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándosele la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación. La finalidad de dicho acto procesal es que las autoridades jurisdiccionales dentro de un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, cumplan con el derecho de audiencia de que se trata. Dichas formalidades y su observancia, a las que se unen además, las relativas al derecho de legalidad contenido en el texto del primer párrafo del artículo 16 constitucional, se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. Bajo este orden, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen, indefectiblemente, distintas etapas que integran el derecho formal de audiencia a favor de los gobernados, como lo es que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento o juicio de que se trata, la cuestión objeto de debate y las consecuencias que se producirán con el resultado de su trámite. También que se le dé la posibilidad de defenderse a través de un sistema de comprobación para demostrar sus afirmaciones o desvirtuar las de su contraria; asimismo que tenga la oportunidad de formular los alegatos que considere pertinentes; y que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que dirima los puntos objeto de debate. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Constitucional, Común, con registro 200234, cuyo rubro y texto dicen: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". En el caso, el acto reclamado emana de un juicio ejecutivo mercantil, por lo que el desahogo del requerimiento de pago, embargo y emplazamiento se rige por lo establecido en los numerales 1,392, 1,393, 1,394, 1,395 y 1,396 del Código de Comercio vigente en el año dos mil diecinueve, que a la letra indican: "Artículo 1392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Artículo 1393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Artículo 1395. En el embargo de bienes se seguirá este orden: Las mercancías; Los créditos de fácil y pronto cobro, a satisfacción del actor; Los demás muebles del demandado; Los inmuebles; Las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Cualquiera dificultad suscitada en el orden que deba seguirse, no impedirá el embargo. El ejecutor la allanará, prefiriendo lo que prudentemente crea más realizable, a reserva de lo que determine el juez. Tratándose de embargo de inmuebles, a petición de la parte actora, el juez requerirá que la demandada exhiba el o los contratos celebrados con anterioridad que impliquen la transmisión del uso o de la posesión de los mismos a terceros. Sólo se aceptarán contratos que cumplan con todos los requisitos legales y administrativos aplicables. Tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la Sección Única del Registro Único de Garantías Mobiliarias del Registro Público de Comercio. Una vez trabado el embargo, el ejecutado no puede alterar en forma alguna el bien embargado, ni celebrar contratos que impliquen el uso del mismo, sin previa autorización del juez, quien al decidir deberá recabar la opinión del ejecutante. Registrado que sea el embargo, toda transmisión de derechos respecto de los bienes sobre los que se haya trabado no altera de manera alguna la situación jurídica de los mismos en relación con el derecho que, en su caso, corresponda al embargante de obtener el pago de su crédito con el producto del remate de esos bienes, derecho que se surtirá en contra de tercero con la misma amplitud y en los mismos términos que se surtiría en contra del embargado, si no hubiese operado la transmisión. Cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. Artículo 1396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello". Los artículos antes transcritos establecen las formalidades que deben observarse al momento de desahogar el auto de exequendo, propio del juicio ejecutivo mercantil. En efecto, de las disposiciones legales antes transcritas, se advierte que las notificaciones personales se harán al interesado o a su representante o procurador, en la casa designada, dejándole copia íntegra, autorizada, de la resolución que se notifica. Asimismo, tratándose de la notificación de la demanda, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos. Sin embargo, si a la primera búsqueda no se encontrare a quien deba ser notificado, se le dejará citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, se le notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. Esto es, el diligenciario al efectuar la primera notificación debe hacerlo en el domicilio señalado en autos para tal efecto, para lo cual debe cerciorarse de que en ese lugar tiene su domicilio la persona a quien debe llamarse a juicio, lo que necesariamente implica que cuando el referido funcionario se constituya en el lugar de la notificación, debe preguntar si vive la persona que busca, de ser así, solicitar hablar con él; sin embargo en caso de que no se encuentre a la persona buscada, invariablemente deberá dejar citatorio para que espere, en la casa designada, a hora fija del día siguiente, y, si no espera, el actuario notificará por instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la notificación o dejar el mismo. La finalidad de los requisitos señalados atiende a que, por tratarse de la primera notificación en el procedimiento, es indispensable cerciorarse que la notificación se realizó efectivamente con el interesado, o con cualquiera de las personas que precisan los artículos citados. Así mismo el numeral 317 del Código Federal de Procedimientos Civiles para el Estado, de aplicación supletoria a la ley mercantil, establece que las notificaciones deben ser firmadas por quien las practica, esto es, por el diligenciario, y por la persona a quien se dirige la notificación; en el entendido de que el fedatario judicial deberá hacer constar si quien atiende la diligencia no firmó el acta respectiva, debido a que no supiere o no quisiere firmar. Con base en lo anterior, es menester corroborar si el emplazamiento que se realizó a la parte demandada, cumple con los requisitos establecidos en los preceptos legales citados. En efecto, a fin de evidenciar lo anterior, se insertan las imágenes digitalizadas del citatorio previo y la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizados por el actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, el veintinueve y treinta de marzo de dos mil veintitrés, respectivamente: De las diligencias transcritas, se advierte que el llamamiento a juicio se realizó con las formalidades esenciales necesarias para considerar que se respetó el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Se sostiene lo anterior, bajo la premisa de que el citatorio de espera y el emplazamiento en comento se practicaron conforme a lo previsto por el Código de Comercio. En efecto, el actuario responsable, en la razón levantada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, a las cinco horas con cuarenta minutos, hizo constar la forma en que se cercioró que se encontraba en el lugar correcto, esto es, en el indicado por la parte actora como de la demandada para ser emplazada, por la nomenclatura municipal puesta en la esquina que le indicaba la calle, cruzamientos, el fraccionamiento y el número de predio visible, el dicho de unos vecinos del lugar, lo que le fue corroborado por una persona del sexo femenino que se encontraba en su interior, quien dijo llamarse ********************, y ser la madre del deudor, por lo que al requerirle la presencia del demandado ********************, le manifestó que efectivamente en dicho predio vive y habita, pero que en ese momento no se encontraba; por lo que (dentro de las setenta y dos horas siguientes) - cinco horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés- le dejó citatorio para que el demandado lo esperara para llevar a cabo una diligencia de carácter judicial; dejándolo en poder de quien dijo llamarse ********************y ser la madre del demandado. Igualmente, del acta de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, se aprecia que la misma se realizó en la fecha y hora indicada en el citatorio previo - cinco horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés- y con las formalidades esenciales previstas en la ley. Ciertamente, la diligenciaria responsable, asentó que era el día y hora señalados en el citatorio previo - cinco horas con cuarenta minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés-; se cercioró que se encontraba en el lugar correcto, por así habérselo indicado el señalamiento municipal calle, cruzamientos, el fraccionamiento y el número de predio visible, el dicho de unos vecinos del lugar y básicamente por la información que le proporcionó la persona que se hallaba al interior del inmueble de quien asentó su nombre y describió su media filiación, respondiendo al nombre de ********************y ser la madre del demandado, a quien le requirió la presencia del demandado ********************, y al no encontrarlo entendió la diligencia con la persona que se encontraba en el lugar. Le hizo saber que el motivo de su presencia era notificar al referido demandado las determinaciones dictadas el cuatro de enero y quince de marzo, ambos de dos mil veintitrés, en el juicio ejecutivo mercantil ********************. Acto seguido, requirió al demandado por conducto de ********************el pago de la cantidad de $294,000.00 (doscientos noventa y cuatro mil pesos moneda nacional), como suerte principal y demás prestaciones reclamadas, quien manifestó que no hacia pago alguno. Asimismo, le requirió para que señalara bienes suficientes propiedad del demandado para garantizar el adeudo y le hizo saber que de no señalar bienes para tal efecto, ese derecho se le trasladaría a la parte actora, por lo que procedió a otorgar el derecho a la actora quien señaló para embargo de la propiedad del demandado el cien por ciento del predio urbano marcado con el número ******************** de la calle ********************del fraccionamiento ********************municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico ********************, otorgándole al quejoso el título de depositario del referido predio. De igual forma, el fedatario público asentó que emplazó por conducto de la persona con quien se entendió la diligencia de mérito, al demandado ********************para que dentro del término de ocho días se presentara ante el juzgado de origen a hacer pago llano de la cantidad demandada o bien a oponerse a su ejecución haciendo valer las excepciones pertinentes. Asimismo, apuntó que hacía entrega de las copias de traslado selladas y cotejadas, junto con la copia de los pagarés base de la acción y demás documentos que se anexaban, la cédula de notificación de los autos de cuatro de enero y quince de marzo, ambos de dos mil veintitrés, y de la diligencia en comento. De lo anterior, se aprecia que la diligenciaria responsable, asentó que se constituyó en el domicilio señalado en el juicio de origen para realizar el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento del demandado ********************, y los medios mediante los cuales se cercioró de que se encontraba en el domicilio que la parte actora proporcionó para tal efecto. Se proporcionaron al demandado por conducto de la persona con quien entendió la diligencia, los datos mínimos del juicio y del órgano jurisdiccional del conocimiento, así como la persona que instauró el juicio en su contra, en razón de que tales datos se hicieron constar en el citatorio y cédula de notificación de las determinaciones indicadas, las cuales concuerdan con las actuaciones que obran en las copias certificadas que remitió la responsable del juicio de origen. Resulta ilustrativa, a contario sentido, por las razones que expone la jurisprudencia VI.2o.C. J/319 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Página: 1777, Novena Época que dice: "EMPLAZAMIENTO. ES ILEGAL SI EL FUNCIONARIO QUE LO PRACTICA NO ASIENTA EN EL ACTA RESPECTIVA EL CERCIORAMIENTO DE QUE EL DOMICILIO EN EL QUE SE CONSTITUYE ES EL SEÑALADO PARA TAL EFECTO, ASÍ COMO LOS MEDIOS DE QUE SE VALIÓ PARA ARRIBAR A ESA CONCLUSIÓN (CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Los artículos 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles establecen las reglas y la prelación de actos a los que habrá de ceñirse el funcionario que practique el emplazamiento a juicio, y si bien es cierto que dichos preceptos no disponen expresamente que aquél deba cerciorarse de que el domicilio en el que se constituyó es el designado por el actor para tal efecto, pues en ellos sólo se prevé que "Las notificaciones personales se harán al interesado ... en la casa designada ..."; también lo es que la expresión "casa designada", que se repite en los dos últimos numerales mencionados, implícitamente impone la obligación de efectuar el referido cercioramiento, en tanto lo acota como un presupuesto lógico-jurídico indispensable. Máxime que el correcto cumplimiento de la obligación de que dicho funcionario se constituya en el domicilio señalado en autos, se encuentra lógica y jurídicamente implícito en la finalidad del emplazamiento, pues su omisión o incorrecta verificación es la violación procesal de mayor magnitud y carácter más grave, en tanto origina la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Por tanto, el funcionario que realice el emplazamiento tiene la obligación de asentar en el acta respectiva el cercioramiento de que el domicilio en que se constituyó efectivamente fue el señalado para ese fin, así como los medios de que se valió para arribar a esa conclusión pues, de lo contrario, el llamamiento a juicio es ilegal y, por ende, violatorio de garantías". Máxime que las constancias actuariales impugnadas revelan que el fedatario judicial responsable asentó la particularidad de la ausencia del demandado en el predio donde vive y habita, pues solamente ante esta eventualidad, puede llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento con la persona que en ese momento se encontraba en el domicilio, pues no bastaría que la actuaria se constituyera en el predio indicado, y llevara a cabo dicha diligencia con cualquier persona que se encontrara presente, sino que la circunstancia de ausencia debe quedar satisfecha, como en efecto ocurrió. Sirve de apoyo a esta consideración, la jurisprudencia 1a./J. 5/2011 de la Décima Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 109/2011, cuyo rubro y texto dicen: "EMPLAZAMIENTO. EL FEDATARIO JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 114, 116 y 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deriva que el emplazamiento debe realizarse personalmente con el demandado y sólo en el caso de que no se encuentre en el domicilio señalado, se hará la notificación por cédula, la cual se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, para lo cual el notificador, previamente a ello, deberá cerciorarse de que en el lugar vive la persona que deba emplazarse, haciendo constar en la cédula los pormenores que prevé el citado artículo 116, es decir, la fecha y hora en que se entregue la cédula, el nombre y apellido del promovente, así como el nombre y apellido de la persona a quien le sea entregada la cédula, el juez que manda a practicar la diligencia y la determinación que ordena efectuar la correspondiente notificación. En esa virtud, una vez que el fedatario judicial se cerciora de que está en el domicilio correcto y de que el demandado vive ahí, debe requerir su presencia y, únicamente en el caso de que se le informe que no se encuentra, estará en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades establecidas en el citado artículo 117, lo que debe asentar expresamente en la razón actuarial, porque si bien dichos artículos no prevén tal obligación para el fedatario, lo cierto es que al constituir un presupuesto lógico y legal indispensable -que el demandado no se encuentre en el domicilio y verificar que se siguió el orden de prelación que señala este precepto-, se requiere que dicha particularidad quede asentada en el acta correspondiente, a fin de salvaguardar las formalidades del procedimiento, pues a juicio de este alto tribunal, no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con algún pariente, empleado o doméstico del interesado, o alguna persona que viva en el domicilio señalado, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona". En ese orden de ideas, contrario a lo argumentado por la parte quejosa, el emplazamiento reclamado no se encuentra viciado pues cumple con lo establecido en el Código de Comercio, tal como quedó precisado en párrafos precedentes; por lo tanto, la parte quejosa sí fue debidamente emplazada al juicio ejecutivo mercantil de origen, como se advierte de las actuaciones levantadas por el actuario responsable; toda vez que el fedatario que lleva a cabo una notificación goza de credibilidad, pues su diligencia constituye una verdad legal, ya que al tratarse de documentos oficiales hacen prueba plena, cuya formación está encomendada por la Ley dentro de los límites de su competencia a funcionarios públicos revestidos de fe pública; así como aquellos documentos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Estimar lo contrario, haría imposible materialmente hacer llamamiento alguno, pues se estaría en posibilidad de desacreditarlo con el simple dicho de quien se sintiere afectado con tal actuación; por tanto, quien cuestiona la legalidad de una notificación, tiene la obligación de proporcionar evidencias fehacientes y contundentes que la desvirtúen; pues de lo contrario, prevalecerá la misma, como acontece en el caso, toda vez que el accionante de amparo no aportó medio de prueba idóneo que demostrara la ilegalidad de dicho emplazamiento. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, ambos del Primer Circuito, publicadas en las páginas 330 y 57, de los Tomos XV-II, Febrero de 1995 y I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, respectivamente, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden dicen: "EMPLAZAMIENTO, QUIEN CUESTIONA SU LEGALIDAD DEBE APORTAR PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO.********************Quien impugna la legalidad de un emplazamiento debe aportar los elementos de convicción que lo desvirtúen en forma fehaciente, por tratarse de actos emanados de autoridad judicial investida de fe pública, cuyas actuaciones tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario."******************** "ACTUARIO, LA FE PUBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS.********************Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que el quejoso hubiese aportado como prueba, una copia de su credencial de elector, toda vez que se trata de copia simple sin certificación, que por sí misma no establece certeza de su contenido, y por lo tanto no es suficiente para acreditar que tuviese su domicilio en un lugar distinto al en que se llevó a cabo la diligencia de emplazamiento. A más de que dicho documento no es el idóneo para acreditar el domicilio, sino sólo la identidad de la persona. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 510, del Tomo III, Mayo de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pues dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas". Finalmente, en el diverso concepto de violación sintetizado, en el que la parte quejosa aduce que no se colmaron los supuestos previstos en el artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. Lo así alegado es inoperante, pues la legislación aplicable al caso es el Código de Comercio vigente en la época de la instauración del juicio natural, y sólo supletoriamente la legislación procesal civil federal; circunstancia que no se actualiza, pues el Código de Comercio contiene la regulación aplicable. De tal suerte, que si la parte quejosa a pesar de que fue debidamente emplazada al juicio natural, no acudió al procedimiento para hacer valer sus derechos, dicha omisión sólo a ella le es atribuible, pues al estar ajustado a derecho el emplazamiento en cuestión, no se transgredieron sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y audiencia, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque tuvo pleno conocimiento del juicio instaurado en su contra y por consiguiente, la oportunidad para ocurrir en defensa de sus intereses, ofrecer pruebas y formular alegatos; resultando por tanto infundados los argumentos de inconformidad analizados. En las condiciones apuntadas, se colige que la diligencia de emplazamiento a juicio del demandado, aquí quejoso, fue realizada con apego a las disposiciones legales vigentes en la materia de que se trata, sin que haya aportado pruebas para desvirtuar la legalidad de la diligencia practicada por la actuaria responsable. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte en ellos deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, lo procedente es negar la protección de la Justicia Federal impetrada. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, ya que al no resultar violatorio de derechos fundamentales el emplazamiento impugnado; por ende, todas sus consecuencias jurídicas, pues no se impugnan por vicios propios, sino como consecuencia del mismo. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública.******************** OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos atribuidos a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y actuario adscrito a los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, por las razones y para los efectos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado del presente asunto, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito signado por Alberto Alejandro Bolio Quintal, quien se ostenta endosatario en procuración del tercero interesado JOSÉ MANUEL PONCE DE LEÓN FERNÁNDEZ. En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce en este juicio la personalidad que ostenta el ocursante, ya que la misma se encuentra acreditada ante la autoridad responsable, según se desprende de las copias certificadas deducidas del juicio ejecutivo mercantil 961/2022, remitidas por la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, en atención a su contenido, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Alejandro Góngora Puerto y Juan José Góngora Puerto. De igual manera a los diversos profesionistas que menciona, pero con las limitaciones que refiere el citado numeral de la ley de la materia, hasta que acrediten estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Finalmente, en cuanto a los alegatos que formula, relativos a los actos combatidos por la parte quejosa, se reservan para ser tomados en consideración al momento de dictarse la sentencia respectiva en este asunto. Notifíquese y cúmplase.

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