Eduardo Bustos Ortega

Expediente 1216/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1216/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/08/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Bustos Ortega

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil veintidós. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de ocho de agosto del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por ende, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b), del acuerdo en cita). 2. A consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Previo a que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Séptimo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, mediante el cual comunica el auto de dos de agosto del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 32/2022, por el que dicho órgano colegiado determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Gerardo Mauricio Gómez Martínez, quien se ostenta como defensor público federal de Eduardo Bustos Ortega, contra el acto atribuido al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, consistente en el auto de diez de marzo de dos mil veintidós, emitido en la solicitud de traslado involuntario 38/2022, en donde el juez responsable califica de legal el traslado del aquí directo quejoso, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila". Además, remite copia certificada de la demanda referida. En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito, se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes y regístrese como juicio de amparo 1216/2022-II. Acúsese el recibo de estilo correspondiente a la superioridad. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, es pertinente indicar que el Séptimo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, se declaró legalmente incompetente para conocer del acto consistente en: * La determinación de diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en la solicitud de traslado involuntario 38/2022, en donde el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, califica de legal el traslado de Eduardo Bustos Ortega, del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila". Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000, con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Expuesto lo anterior, previo a la admisión de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y en tal supuesto, debe desecharse de plano. En efecto, el numeral 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En esencia, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Hecha tal precisión, este juzgador advierte que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Al respecto, se considera necesario citar el contenido del citado artículo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el quejoso Eduardo Bustos Ortega, combate la determinación de diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en la solicitud de traslado involuntario 38/2022, en donde el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, califica de legal su traslado del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número 18 "CPS-Coahuila". Sin embargo, en contra de ello, interpuso recurso de apelación, el cual fue sustanciado dentro del toca penal 115/2022 del índice del Tribunal Unitario Especializado en Materia Penal del Segundo Circuito en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, y resuelto el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de confirmar la determinación de diez de marzo de dos mil veintidós, emitida en la solicitud de traslado involuntario 38/2022, en donde el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, califica de legal el traslado del aquí quejoso. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso a estudio este órgano jurisdiccional está impedido para analizar la constitucionalidad de la determinación estudio del presente juicio, al haber cesado sus efectos por sustitución procesal, ya que fue sustituida procesalmente al haberse promovido en su contra el recurso de apelación, que es la resolución que rige la situación jurídica del quejoso. Es decir, cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis por un medio por el cual se puede lograr su revocación o modificación, recayendo una nueva determinación, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no depende de ese propio acto, sino de lo resuelto en la nueva determinación, la cual viene a sustituir procesalmente al anterior, por lo que sólo son combatibles las razones que la autoridad haya tenido para resolver en la forma en como lo hizo. Tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII-Mayo 1997, visible en la página 133, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra tal acto se interpone recurso al cual recae nueva resolución, ya que independientemente del sentido en que el recurso interpuesto sea resuelto, la validez o insubsistencia del acto recurrido ya no dependen de ese propio acto, sino de lo resuelto en el recurso que lo combatió que viene a sustituir procesalmente al anterior, bien sea confirmándolo, modificándolo o revocándolo, por lo que sólo son combatibles ya las razones que la autoridad haya tenido para resolver como lo hizo." También tiene aplicación, la Tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI-Marzo 1997, visible en la página 198; que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, y procede desechar de plano la demanda de amparo promovida por Gerardo Mauricio Gómez Martínez, quien se ostenta como defensor público federal de Eduardo Bustos Ortega, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Ejecución Adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México; por notoriamente improcedente. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico así como las notificaciones electrónicas al usuario "Gomag", por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones la vía electrónica, toda vez que el usuario "Gomag", fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y por así solicitarlo expresamente el promovente del amparo. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jaime Suárez Lara, dado que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-COV 2, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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