EDUARDO BERNAL OSUNA y Otros.

Expediente 611/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
611/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • EDUARDO BERNAL OSUNA y Otros.
  • HÉCTOR MANUEL BERNAL OSUNA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, con apoyo en los artículos 97 y 98, ambos de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en razón de que la parte promovente no recurrió el auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, en consecuencia, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó la demanda de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de documento. Conforme lo dispuesto en el capítulo Tercero, punto Décimo Primero, del referido Acuerdo General Conjunto, se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve, atento a lo manifestado en la razón anterior, publico por lista el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, para conocimiento de la parte quejosa ; como lo previene el artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, que a en lo conducente dice: Mazatlán, Sinaloa, veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. I. Aclara demanda. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda signado por Víctor Manuel Pardo Ramírez, quien se ostenta como procurador judicial de los quejosos Eduardo, Héctor Manuel, Evangelna del Carmen, Francisco Javier, Blanca Esthela, María Teresa y Josefina, todos de apellidos Bernal Osuna, mediante el cual desahoga la prevención de diecinueve de septiembre del año en curso, por tanto se advierte que el firmante de la demanda ostenta la calidad de procurador judicial. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, del ocurso aclaratorio, así como las copias certificadas que adjuntó, las cuales tiene valor probatorio pleno de conformidad con los dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el juicio constitucional es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este último precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional. (Octava Época; Registro: 221353; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Tomo VIII; Noviembre de 1991; Materia(s): Común; Página: 198.)" Por su parte, los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5° y 6°, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En términos del artículo 5° transcrito, en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I del artículo 107 de la Constitución General del País, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, primer párrafo, de la legislación en consulta, restringe en que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. De la interpretación conjunta de estos dos últimos preceptos, se concluye que la demanda de amparo debe ser formulada por el directo quejoso, o bien, por quien acredite ser su representante legal o su apoderado. A contrario sensu, en lo que aquí interesa, el juicio de amparo no puede ser promovido por quien no acredite ser representante legal o apoderado de la persona, moral o física, sobre la que recaiga directamente la afectación reclamada. Sirve de apoyo a dicha interpretación, el criterio siguiente. "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal. (Novena Época; Registro: 175910; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIII, Febrero de 2006; Materia(s): Común; Tesis: III.2o.C.18 K; Página: 1827.)" Establecido lo anterior, debe decirse que el motivo de improcedencia de la presente acción constitucional, estriba en que de las copias que exhibió Víctor Manuel Pardo Ramírez, las cuales fueron previamente valoradas, se advierte que fue designado procurador judicial de Eduardo, Héctor Manuel, Evangelna del Carmen, Francisco Javier, Blanca Esthela, María Teresa y Josefina, todos de apellidos Bernal Osuna, de la parte actora en el expediente 718/2017, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 52 bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, el cual dispone: "Artículo 52 Bis. Las partes pueden nombrar para que las representen en juicio, uno o más procuradores judiciales, autorizados para el ejercicio de la abogacía, quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquellos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. Para este efecto, bastará que la designación se haga en escrito privado dirigido al juez de la causa, debiendo contener la aceptación del o de los nombrados." Como se advierte, el citado precepto legal establece que los procuradores judiciales podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado, todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, excepto aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio, los enumerados en el artículo 2469 del Código Civil y los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados. Ahora bien, la frase ".llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte, ." no se traduce en que puedan realizar cualquier acto en nombre de su autorizante, sino que su participación, por un lado, debe entenderse limitada a la tramitación del proceso civil de origen, por ser una autorización de tipo procesal en la que el legislador no previó que el procurador judicial adquiriera el carácter de representante legal; y por otro, porque tales facultades deben armonizarse con el principio de parte agraviada que rige en materia de amparo, acorde con el cual se reserva al quejoso como directamente afectado la formulación de la demanda de amparo en material civil. Al respecto, es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVERLO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA MERCANTIL. EL AUTORIZADO POR LAS PARTES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER AQUEL JUICIO A NOMBRE DE SU AUTORIZANTE.", que para formular la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales o apoderados), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, acorde con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 5o., fracción I, y 6o. de la Ley de Amparo vigente desde el 3 del mismo mes y año; de ahí que el quejoso no pueda sustituirse por un autorizado designado en los términos amplios que prevé el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, porque incluso de los artículos 13 de la Ley de Amparo abrogada y 11 de la vigente, se advierte que dicha autorización surte efectos sólo para atender procesalmente el juicio mercantil de origen. Tales consideraciones sustanciales que fueron analizadas desde la perspectiva del trámite del juicio de amparo directo, al resolver la contradicción de tesis 135/2013, resultan de aplicación extensiva, en lo conducente, al caso del juicio de amparo indirecto, ya que en relación con la personalidad de quien promueve el juicio constitucional, la legislación de la materia establece reglas generales que permiten utilizar la solución de aquella contradicción. En consecuencia, en el amparo indirecto en materia mercantil, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del autorizado conforme al artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio. "Décima Época; Registro: 2005035; Instancia: Primera Sala; Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 108/2013 (10a.); Página: 327.)" Es así, porque el artículo 1069, párrafo tercero, del Código de Comercio, que se interpretó en la citada jurisprudencia dispone: "Art. 1,069. (.) Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo." De manera que la frase ".realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante,.", a que se refiere el tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, así como la diversa ".quienes podrán llevar a cabo en favor de quien los haya designado todos los actos procesales que correspondan a dicha parte,.", contenida en el ordinal 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, son esencialmente iguales. De ahí que la citada jurisprudencia sea aplicable por analogía, pues tal autorización sólo surte efectos para atender el procedimiento en el juicio civil, al referir literalmente "todos los actos procesales que correspondan a dicha parte." Luego, si el juicio de amparo no constituye una instancia del juicio de origen, sino un medio de defensa extraordinario que tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de la autoridad que violen derechos humanos, que restrinjan la soberanía de los Estados o que invadan la esfera de la autoridad federal, de manera que el juicio de amparo no se contempla dentro de las facultades del procurador judicial, de seguir el juicio por todas las instancias mientras no haya cesado en su encargo, esto por una parte. Por otro lado, conforme al principio de parte agraviada que se desprende del artículo 6 de la Ley de Amparo, la demanda debe provenir directamente de quien figura como quejoso o de su representante legal o apoderado, calidades que no se surten respecto del procurador judicial contemplado en el artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa; entonces, la demanda promovida por éste, en representación de su patrocinado en el juicio de origen, debe considerarse improcedente. Consecuentemente, en atención a que la demanda de amparo que nos ocupa, no fue promovida por la parte directamente afectada, su representante legal o su defensor, sino por su procurador judicial, en términos del artículo 52 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, quien, como se analizó, carece de legitimación para hacerlo, no se cumplió el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 Constitucional, 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis: "LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS. Si en el juicio constitucional comparece la quejosa por sus propios derechos, demandando el amparo y protección de la justicia federal contra la sentencia dictada en un procedimiento judicial, donde fue demandada la sucesión a bienes del arrendatario y en donde el actor dijo que ella era la representante de la sucesión, en la especie se estima que el acto reclamado no afecta a la quejosa, en virtud de que la sentencia que se reclama recayó sobre la sucesión, la cual resulta ser la directamente agraviada, y quien en un momento dado es la única que podría promover a través de su representante legal o albacea el juicio de garantías de acuerdo al artículo 4o. de la Ley de Amparo, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción V, de la Ley de la materia, en virtud de que la amparista compareció por sus propios derechos y no como representante ni albacea de la sucesión aunque el actor le haya señalado un carácter, pues no existe prueba al respecto. (Octava Época; Registro: 225116; Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Localización: Tomo VI; Segunda Parte-2; Julio-Diciembre de 1990; Materia(s): Civil; Pag. 566; TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo VI; Segunda Parte-2;, Julio-Diciembre de 1990; Pág. 566.)" "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho. (Novena Época; Registro: 202692; Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO SÉPTIMO CIRCUITO; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Localización: Tomo III; Abril de 1996; Materia(s): Común; Tesis: XVII.2o.9 K; Pag. 412.)" "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. (Séptima Época; Registro: 232899; Instancia: PLENO; Tipo Tesis: Tesis Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación; Localización: Volumen 76, Primera Parte; Materia(s): Común; Página 45.)" En tales condiciones, dado que la presente demanda de amparo, no fue instada por representante legal o apoderado, conforme a lo expuesto, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6°, todos de la ley de la materia, con apoyo en el diverso precepto 113 transcrito, se desecha la demanda amparo en estudio. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Notifíquese en términos de Ley.

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