Eduardo Benito Lorenzo

Expediente 790/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
790/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • EDUARDO BENITO LORENZO y Otros.
  • Eduardo Benito Lorenzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de octubre del año en curso, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales. Por otra parte, visto el escrito de cuenta, firmado por ********************, autorizado legal de los quejosos ******************** y ********************; atento a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la resolución de cinco de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio. Por lo tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el original del escrito de agravios y los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para su substanciación; para lo cual se ordena a la secretaria vigilar el cumplimiento del mandato. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y distribúyanse entre las partes la copia del escrito de agravios, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, de conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase a la Oficial Judicial "A" Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y la superioridad tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE; Y MEDIANTE OFICIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA.

  2. Principal

    C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto(...) SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la calificación de legal de la detención de los imputados... emitida en la continuación de audiencia de control de la detención de quince de julio de dos mil veintitrés, en la causa penal .... Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de los actos. ES CIERTO el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable en su informe justificado. Además con el disco versátil en formato DVD, que contiene la audiencia de quince de julio de dos mil veintidós, que remitió la responsable. A dichas constancias se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. .... CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por las autoridades responsables, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: 1. El doce de julio de dos mil veintitrés, se llevó a cabo una orden de cateo en el domicilio ubicado en la calle 16 de septiembre sin número en la población de Santa Ana Zegache Ocotlán de Morelos, Oaxaca, derivado de ese acto de investigación, los imputados ... fueron detenidos en flagrancia, en posesión de narcóticos y un arma de fuego. 2. En la continuación de audiencia de control de quince de julio de dos mil veintitrés, la Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales sede Ejutla de Crespo, Oaxaca, calificó de legal la detención de los imputados ... Esta resolución es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia ... No obstante, es menester señalar que no existen causas de improcedencia propuestas por las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio; motivo por el cual, procede el análisis de la regularidad constitucional de los actos reclamados, al tenor de los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,.... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. Que se viola en su perjuicio lo establecido en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos, toda vez que la orden de cateo se efectúo en un lugar distinto al que fue ordenado por la autoridad judicial, además de exponer diversas violaciones acontecidas sobre dicha acto de investigación, bajo los mismos argumentos expuestos ante la Juez de Control en la audiencia de calificación de detención. 2. Indica que no existe flagrancia porque no había justificación para la intromisión al domicilio derivado de una orden de cateo, porque no había una autorización para catear dicho domicilio sino el establecimiento denominado "carnicería el torito". Que la flagrancia que se pretende acreditar por la posesión de narcóticos deriva de una violación al domicilio de los quejosos, porque reitera que la orden de cateo no era específica sobre su domicilio particular. 3. Que la actuación de los Agentes Estatales de Investigación durante la diligencia de cateo, es ilegal porque no se encontraban activos en funciones policiales, porque sus acreditaciones no se encontraban vigentes, asimismo no existe la identificación de todos los Agentes Estatales que participaron en la orden de cateo. 4. Que la orden de cateo no fue autorizada sobre su domicilio particular, pero si en el establecimiento comercial denominado "el torito", por lo que existe un reconocimiento de la autoridad ministerial de haber efectuado en un lugar distinto del autorizado por la autoridad judicial. 5. Que faltan firmas e identificaciones de todos los peritos que participaron en la diligencia de cateo y que todo lo que aconteció en ese diligencia violenta sus derechos humanos y de seguridad consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Carta Magna. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados e inoperantes los conceptos de violación formulados por la parte quejosa y, previo a demostrar ello, de manera oficiosa, en suplencia de la deficiencia de la queja que debe realizar este juzgador de acuerdo con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que en la especie los justiciables, tienen el carácter de imputados. De las constancias de este juicio de amparo, se advierte que la Juez de Control responsable dictó la resolución reclamada, consistente en el control de la detención, respetando los requisitos legales y constitucionales para su emisión. Para arribar a lo anterior, los artículos 19, párrafo primero y 20, apartado A, fracción X, Constitucionales, disponen lo siguiente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. (...)" "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales. (...) X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio." De los preceptos Constitucionales invocados, se obtiene que el proceso penal será acusatorio y oral, el cual se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuación e inmediación, los cuales se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. De igual manera, se desprende que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Igualmente, se estima pertinente citar el contenido de los artículos 307 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 307. Audiencia inicial En la audiencia inicial se informarán al imputado sus derechos constitucionales y legales, si no se le hubiese informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere, se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. En caso de que el Ministerio Público o la víctima u ofendido solicite la procedencia de una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser resuelta antes de que se dicte la suspensión de la audiencia inicial. A esta audiencia deberá concurrir el Ministerio Público, el imputado y su Defensor. La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, podrán asistir si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia." "Artículo 308. Control de legalidad de la detención Inmediatamente después de que el imputado detenido en flagrancia o caso urgente sea puesto a disposición del Juez de control, se citará a la audiencia inicial en la que se realizará el control de la detención antes de que se proceda a la formulación de la imputación. El Juez le preguntará al detenido si cuenta con Defensor y en caso negativo, ordenará que se le nombre un Defensor público y le hará saber que tiene derecho a ofrecer datos de prueba, así como acceso a los registros. El Ministerio Público deberá justificar las razones de la detención y el Juez de control procederá a calificarla, examinará el cumplimiento del plazo constitucional de retención y los requisitos de procedibilidad, ratificándola en caso de encontrarse ajustada a derecho o decretando la libertad en los términos previstos en este Código. Ratificada la detención en flagrancia, caso urgente, y cuando se hubiere ejecutado una orden de aprehensión, el imputado permanecerá detenido durante el desarrollo de la audiencia inicial, hasta en tanto no se resuelva si será o no sometido a una medida cautelar. En caso de que al inicio de la audiencia el agente del Ministerio Público no esté presente, el Juez de control declarará en receso la audiencia hasta por una hora y ordenará a la administración del Poder Judicial para que se comunique con el superior jerárquico de aquél, con el propósito de que lo haga comparecer o lo sustituya. Concluido el receso sin obtener respuesta, se procederá a la inmediata liberación del detenido. La omisión del Ministerio Público o de su superior jerárquico, al párrafo precedente los hará incurrir en las responsabilidades de conformidad con las disposiciones aplicables." De los numerales transcritos se aprecia que en la audiencia inicial deben informarse al imputado sus derechos Constitucionales, si con anterioridad no se le hubieren hecho saber y se realizará el control de legalidad de la detención. Ahora bien, el control de la detención tiene como propósito fundamental verificar si la privación de la libertad del imputado se llevó a cabo cumpliendo las exigencias constitucionales y con pleno respeto de sus derechos fundamentales. De manera que implica analizar si la privación de su libertad ambulatoria se actualizó por flagrancia o caso urgente, y dependiendo de ello se procederá a ratificarla o a decretar su libertad con las reservas de ley; de esta manera, por regla general, las detenciones deben estar precedidas por una orden de aprehensión; mientras que las detenciones en los casos de flagrancia y urgencia, son excepcionales. La detención en flagrancia, como en el caso, ocurre cuando cualquier persona o autoridad detiene al indiciado en el instante de la comisión del delito o inmediatamente después de haberlo cometido, en virtud de que es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente, o cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Por su parte, la detención por caso urgente es una figura excepcional, pero puede decirse que comparte los mismos requisitos que una orden de aprehensión, con la diferencia sustancial de que no es expedida por una autoridad judicial, sino por el Ministerio Público. En tales condiciones, en la audiencia de control de detención, conforme al artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, transcrito con anterioridad, existen dos resoluciones que puede dictar el Juez de Control, a saber: a) No ratificación de legal. b) Ratificación de legal. La primera de esas resoluciones consiste en que, si el Juez de Control una vez verificadas las exigencias constitucionales determina que alguna no se acreditó, decretará la ilegalidad de la detención, por lo que no ratificará la misma y ordenará la inmediata libertad del imputado. Por otra parte, si el Juez de Control considera que la detención es legal, entonces ratificará la misma, ordenando que la audiencia inicial continúe. Es importante hacer mención a dichas figuras excepcionales que afectan la libertad personal, porque el propio artículo 16 Constitucional, en su párrafo séptimo, dispone que en los casos de urgencia o flagrancia, el Juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. Así las cosas, el examen que realizará el Juez de Control, al momento de calificar la detención, consistirá en constatar si los indiciados fueron detenidos conforme lo establece el artículo 16 de la Constitución Federal, así como verificar el pleno respeto de sus derechos fundamentales, a saber, que no hubiera existido una dilación injustificada entre su detención y su puesta a disposición ante la autoridad correspondiente, tampoco actos de incomunicación, tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y que haya sido informado de los derechos con los que cuenta como imputado -entre otras cuestiones-. Este acto procesal es sumamente relevante, porque de existir alguna violación a los derechos fundamentales del detenido, la consecuencia jurídica será determinar la ilicitud de los datos de prueba que hayan sido recabados con la detención, para que no sean considerados en los subsecuentes actos procesales. Precisado lo anterior, la parte quejosa, manifiesta que en la calificación de legal de la detención hay una franca violación al artículo 16 de la Carta Magna, ya que los hechos donde fueron detenidos deriva de una trasgresión al domicilio particular donde se encontraban derivado de una ilegal orden de cateo. Como se adelantó, dicho motivo de disenso que resulta infundado. Al respecto, es necesario puntualizar que la libertad personal es un derecho fundamental que sólo puede ser restringido en virtud de un mandamiento escrito de autoridad judicial competente, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En tales condiciones, la exigencia de que toda medida restrictiva del derecho a la libertad personal debe primordialmente estar autorizada por una autoridad judicial, no sólo está contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos, concretamente por su artículo 7º, por lo que, en el sistema jurídico mexicano la restricción de la libertad de los gobernados únicamente puede efectuarse mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión y excepcionalmente, como se precisó con anterioridad, en estricta aplicación de las figuras jurídicas de flagrancia o urgencia; fuera de esos supuestos, la privación de la libertad será contraria a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal. Ahora, el citado precepto 16 de la Carta Magna, en su párrafo quinto, define la flagrancia en el sentido de que: ".Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención". Del texto transcrito se establece que -entre otros aspectos- cualquier persona puede detener al indiciado, siempre y cuando ello suceda:  En el momento en que esté cometiendo un delito.  Inmediatamente después de la comisión del delito. Lo anterior, se refiere a la posibilidad de realizar detenciones en flagrancia como una de las excepciones a la regla general consistente en que la libertad personal no puede afectarse salvo a través de la orden de aprehensión dictada por la autoridad competente. El primero de los supuestos antes precisados, prevé que habrá flagrancia cuando se sorprenda a una persona durante la comisión misma del delito. Por su parte, la segunda hipótesis dispone que también existirá flagrancia, cuando se detenga al probable responsable en el momento inmediato posterior a la comisión del delito. Asimismo, los artículos 146, 147 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto al tema en análisis, disponen lo siguiente: "Artículo 146. Supuestos de flagrancia Se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Se entiende que hay flagrancia cuando: I. La persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito, o II. Inmediatamente después de cometerlo es detenida, en virtud de que: a) Es sorprendida cometiendo el delito y es perseguida material e ininterrumpidamente, o b) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los efectos de la fracción II, inciso b), de este precepto, se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento, siempre y cuando, inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización." "Artículo 147. Detención en caso de flagrancia Cualquier persona podrá detener a otra en la comisión de un delito flagrante, debiendo entregar inmediatamente al detenido a la autoridad más próxima y ésta con la misma prontitud al Ministerio Público. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención. La inspección realizada por los cuerpos de seguridad al imputado deberá conducirse conforme a los lineamientos establecidos para tal efecto en el presente Código. En este caso o cuando reciban de cualquier persona o autoridad a una persona detenida, deberán ponerla de inmediato ante el Ministerio Público, quien realizará el registro de la hora a la cual lo están poniendo a disposición." "Artículo 149. Verificación de flagrancia del Ministerio Público En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. Si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este Código, dispondrá la libertad inmediata de la persona y, en su caso, velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Así también, durante el plazo de retención el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal." Del contenido de los preceptos legales, se colige el reconocimiento del principio de legalidad que debe regir en todo procedimiento y a virtud del cual de manera inexorable deben cumplirse con las formalidades esenciales que marcan las leyes respectivas. Por lo que, es manifiesto que en el proceso penal, fuera de los casos en que existe orden de aprehensión dictada por autoridad judicial competente, el Ministerio Público se encuentra facultado para avalar la privación de la libertad a una persona, únicamente en los casos: 1. Cuando le es puesta a disposición una persona detenida en flagrancia delictiva: a) Cuando el inculpado es detenido en el momento de cometer el hecho delictuoso; lo que constituye la flagrancia estricta, pues en realidad es el único caso en que se surte a cabalidad el acto de sorprender a una persona mientras comete el ilícito; y b) Inmediatamente después de cometerlo, el inculpado es detenido, en virtud de que: b. 1) Es sorprendido cometiendo el delito y es perseguido material e ininterrumpidamente, lo que se ha considerado como cuasi flagrancia, ya que no se logra detener al activo en el momento mismo en que consuma el ilícito sino con posterioridad y merced a ser perseguido de manera ininterrumpida hasta lograr su captura; o b. 2) Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, algún testigo presencial de los hechos o quien hubiere intervenido con ella en la comisión del delito y cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para los casos anteriormente descritos, considerados legalmente como flagrancia, el párrafo quinto del precepto 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que cometa un delito o inmediatamente después de haberlo cometido y ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público; de ahí que corresponda al órgano ministerial verificar si las circunstancias de la detención se adecuan a las referidas hipótesis consideradas como flagrancia por la ley, amén de que se satisfagan los requisitos de procedibilidad y si el hecho delictuoso merece pena privativa de libertad decretará la retención del imputado, o de lo contrario, ante la insatisfacción de cualquiera de esos requerimientos, ordenará la libertad del detenido. 2. Cuando exista caso urgente. Esta hipótesis de excepción a la regla general atinente a privar provisionalmente de la libertad a un inculpado tiene lugar y encuentra justificación merced a la practicidad de casos en los que el Ministerio Público, no obstante la no configuración de alguna de las hipótesis de la flagrancia delictiva, cuenta con elementos para establecer que la persona probablemente intervino en un delito, por lo que de no proceder inmediatamente a su aseguramiento, éste se sustraiga de la acción de la justicia. Ahora, en los casos de flagrancia, la privación de la libertad ante la autoridad ministerial únicamente resultará legal por el plazo de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual deberá ordenar la libertad del indiciado o ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Es en este último caso, en la audiencia de control de la detención, es cuando el Juez de Control se encuentra obligado de manera prioritaria a analizar los datos proporcionados por el representante social, a fin de establecer si acontece alguna de las hipótesis previstas para la flagrancia. Lo que resulta lógico, pues por ser tal privación de libertad una medida cautelar de naturaleza metaprocesal, toda vez que se inició con anterioridad al proceso, debe ser convalidada por la autoridad judicial, esto es, por disposición constitucional y legal expresa al caso, de los dispositivos 16, párrafo séptimo, de la Carta Magna y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, de manera indefectible e insoslayable, habrá de calificar la legalidad de la detención, bien para ratificarla o para decretar la libertad del inculpado con las reservas de ley, ante el caso de no satisfacerse las exigencias legales que le dieron origen. En el caso en particular, importa destacar que en la audiencia de quince de julio de dos mil veintitrés, el Juez de Control responsable calificó de legal la detención de los quejosos Eduardo Benito Lorenzo y Leticia Mendoza Hernández, al actualizarse la hipótesis prevista en los artículos 16, párrafos quinto, séptimo y décimo de la Constitución Federal y 146, fracción I, 147 y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con los datos reseñados por el Agente del Ministerio Público. Ya que de ellos se desprende que el día doce de julio de dos mil veintitrés, a las cuatro quince horas se inició con el cumplimiento de la orden de cateo autorizado con fecha once de julio de dos mil veintitrés, por la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, dentro del cuaderno de antecedentes 276/2023, por parte de los agentes estatales de investigación comisionados en Ocotlán de Morelos, con las formalidades de ley, esto con la finalidad de buscar narcóticos y todo objeto relacionado con el ilícito, esto en el domicilio sin número visible, localizado en calle 16 de Septiembre, Santa Ana Zegache, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, como referencia donde se localiza el local comercial "minisúper El torito". Una vez que se ingresó al citado inmueble, en el interior del mismo, en el tercer nivel, en donde se localiza un cuarto habilitado como recamara, se encontraron las personas que dijeron responder a los nombres de Eduardo Benito Lorenzo y Leticia Mendoza Hernández o Patricia Mendoza Sánchez, en esa misma recámara fueron localizadas diversas bolsitas con sustancias de metanfetamina mejor conocido como "cristal" en otras áreas, al interior del mismo inmueble de referencia, se localizaron más bolsitas de metanfetamina; asimismo, fueron localizadas bolsitas con cannabis sativa, un cargador para pistola y diversos objetos. Por tal motivo, al encontrarse los narcóticos dentro del radio de acción de los imputados, siendo las cinco quince horas y cinco dieciséis horas respectivamente, se realizó su detención por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, por encontrarse cometiendo un delito en flagrancia. Bajo ese contexto, fue correcto que la Juez de Control calificara de legal la detención de los quejosos porque como lo sostuvo en audiencia, se colman los requisitos establecidos por el artículo 16 Constitucional con relación con la fracción I del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo el supuesto de que los quejosos fueron detenidos al momento de estar cometiendo un delito. Además, como lo resaltó el juez natural, no existió demora en la puesta a disposición porque el tiempo transcurrido desde la detención material de los quejosos (ocho horas con treinta minutos del doce de julio del año en curso) hasta su presentación ante el ministerio público (veintiuna hora con cincuenta minutos del trece de julio del presente año), fue dentro de las cuarenta y ocho horas establecidas en el párrafo décimo del artículo 16 de la Carta Magna; por lo que, se considera que no existió una demora injustificada, lo cual lo llevó, entre otras cosas, a calificar de legal la detención. Por lo que, contrario a lo manifestado por la parte quejosa, por conducto de su defensa, la detención se ajustó a los parámetros constitucionales y legales; de ahí lo infundado de dicha alegación. Así es, tal como lo aseveró el Juez de origen, la detención de los imputados, aquí quejosos, fue legal, pues se llevó a cabo en la hipótesis de flagrancia delictiva a que se refieren los artículos 16, párrafo quinto, Constitucional y 146, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que, como se adujo, fueron detenidos al momento de estar cometiendo la conducta, en virtud de lo asentado en la diligencia de cateo de donde derivo su detención en flagrancia, teniendo en su poder los objetos del delito. Lo expuesto tiene apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 149, de la Décima Época, Materia Penal,... Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 2010961, que a la letra dicen: "CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. La finalidad de los controles preventivos provisionales es evitar la comisión de algún delito, salvaguardar la integridad y la vida de los agentes policiacos, o corroborar la identidad de alguna persona, con base en información de delitos previamente denunciados ante la policía o alguna autoridad. En este sentido, la realización de esos controles excluye la posibilidad de que la autoridad pueda detener a una persona sin causa mínima que lo justifique, de lo contrario, bajo una circunstancia abstracta -como la apariencia física de las personas, su forma de vestir, hablar o comportarse-, podrían justificar su detención y revisión física cuando es evidente que no existen circunstancias que permitan explicar la sospecha de que se está cometiendo un delito. Por tanto, para que se justifique la constitucionalidad de un control preventivo provisional es necesario que se actualice la sospecha razonada objetiva de que se está cometiendo un delito y no sólo una sospecha simple que derive de un criterio subjetivo del agente de la autoridad. Así, las circunstancias para acreditar empíricamente la sospecha razonable objetiva son relativas a los objetos materiales del ilícito, los sujetos, lugares y horarios descritos por las víctimas y los testigos de algún delito con las denuncias que haya recibido la policía. En este contexto, las condiciones en las cuales la policía estará en posibilidad de llevar a cabo un control de detención, se actualizan cuando la persona tenga un comportamiento inusual, así como conductas evasivas y/o desafiantes frente a los agentes de la policía. Sin embargo, en la actualización del supuesto de sospecha razonada, no existe la condición fáctica descrita, la comisión del delito evidente y apreciable de forma directa, pero sí las condiciones circunstanciales que justifican la realización de un control preventivo provisional por parte de los agentes de la autoridad, ya sea porque haya una denuncia informal o anónima, o porque el sujeto exteriorice acciones que objetivamente den lugar a considerar que se pretende ocultar la realización de un delito. Aunado a lo anterior, las condiciones fácticas son las que van a determinar el grado de intensidad del control preventivo por parte de la autoridad. En este sentido, existen dos tipos de controles que pueden realizarse: 1. Preventivo en grado menor, en el cual, los agentes de la policía pueden limitar provisionalmente el tránsito de personas y/o vehículos con la finalidad de solicitar información a la persona controlada, por ejemplo, su identidad, ruta, motivos de su presencia, etcétera. En este control preventivo de grado menor, también los agentes de la policía pueden efectuar una revisión ocular superficial exterior de la persona o del interior de algún vehículo. 2. Preventivo en grado superior, el cual está motivado objetivamente por conductas proporcionales y razonablemente sospechosas, lo que implica que los agentes policiales estén en posibilidad de realizar sobre la persona y/o vehículos un registro más profundo, con la finalidad de prevenir algún delito, así como para salvaguardar la integridad y la vida de los propios agentes. En este supuesto, éstos podrían, además, registrar las ropas de las personas, sus pertenencias así como el interior de los vehículos. Este supuesto se actualiza si las circunstancias objetivas y particulares del delito y el sujeto corresponden ampliamente con las descritas en una denuncia previa, o bien si los sujetos controlados muestran un alto nivel de desafío o de evasión frente a los agentes de la autoridad. En consecuencia, si después de realizar el control provisional legítimo los agentes de la policía advierten la comisión flagrante de algún delito, la detención del sujeto controlado será lícita, y también lo serán las pruebas descubiertas en la revisión que, a su vez, tendrán pleno valor jurídico para ser ofrecidas en juicio." En este sentido, de la revisión del disco compacto que se acompañó al informe justificado, se puede corroborar que el acto reclamado fue dictado conforme a derecho, pues en la audiencia relativa consta que la responsable constató el conocimiento de sus derechos por parte de los imputados; igualmente, se expusieron los datos de prueba tendentes a justificar la legal detención, la cual, previa oportunidad que se otorgó a la defensa para controvertirla, fue calificada de legal en forma adecuada. Por otra parte, los diversos conceptos de violación formulados por la parte quejosa relativos a la ilegalidad de la orden de cateo son inoperantes, al transcribir los mismos argumentos que se formularon en la audiencia de quince de julio de dos mil veintitrés, de los cuales ya se pronunció la Juez de Control para la calificación de legal de la detención de la parte quejosa, sin embargo, la parte quejosa no controvierte esas consideraciones. Es aplicable por identidad jurídica la tesis VII.1o.C.1 K (11a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Abril de 2022, Tomo IV, página 2681, Undécima Época, Materias Común, con número de Registro digital: 2024368, cuyo rubro y texto son los siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE REITERAN TEXTUALMENTE LOS AGRAVIOS PLANTEADOS EN EL RECURSO DE APELACIÓN, AL NO CONTROVERTIR LAS CONSIDERACIONES JURÍDICAS EN QUE SE SUSTENTA LA RESOLUCIÓN DE ALZADA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO. Hechos: Dentro de los conceptos de violación que se hicieron valer en la demanda de amparo, la quejosa se concretó a reiterar de manera textual los argumentos que expuso en sus agravios de apelación, sin controvertir las razones jurídicas que en respuesta de aquéllos sostuvo la Sala responsable al dictar la sentencia que constituye el acto reclamado. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que deben declararse inoperantes los conceptos de violación en el juicio de amparo directo, cuando reiteran textualmente los agravios vertidos en el recurso de apelación, al no controvertir las consideraciones jurídicas en que se sustenta la resolución de alzada que constituye el acto reclamado. Justificación: Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 175, fracción VII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa debe expresar en la demanda relativa los conceptos de violación que estime pertinentes contra el acto reclamado; lo que se traduce en que tenga la carga, en aquellos asuntos en que no deba suplirse la queja deficiente en términos del precepto 79 de la ley citada, de controvertir las razones y fundamentos jurídicos en que se apoya la resolución impugnada; de ahí que son inoperantes los conceptos de violación que en la demanda de amparo directo reiteran los agravios de la apelación, sin combatir las consideraciones que sostuvo la autoridad responsable para darles respuesta y soportar su criterio; hipótesis en la cual, aquéllas permanecen incólumes rigiendo en sus términos el sentido del fallo reclamado". Además, se reitera la inoperancia de los conceptos de violación relativos a la orden de cateo de la que derivó la detención de los imputados, toda vez que esos mismas manifestaciones fueron vertidas en similares términos en el diverso juicio de amparo ..., de este mismo índice, en donde se desechó la demanda por ese acto en particular y esa resolución no fue recurrida por los quejosos, por lo que no se puede realizar mayor pronunciamiento al respecto. En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a ..., contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo Oaxaca. Finalmente, en relación a los alegatos formulados por parte quejosa, deberá estarse a lo considerado en este fallo, sin que sea necesario analizar lo fundado o infundado de sus argumentos, dado que no forman parte de la litis constitucional. ... Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a..., contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla de Crespo Oaxaca, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y de la certificación que antecede, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que concede a las partes el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del contenido del informe justificado, rendido por la Juez de Control en Materia Penal Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, en su carácter de autoridad responsable. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA VII "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado de la Juez de Control en Materia Penal Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Ejutla. Dese vista a las partes con el referido informe por un término de ocho días para que se impongan de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo y conforme a la certificación secretarial de cuenta, se admite el disco compacto exhibido por la mencionada responsable, el cual se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia constitucional. Intégrese a este expediente el disco compacto que remite la autoridad responsable, con las medidas de seguridad pertinentes. NOTIFÍQUESE.

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