Eduardo Basañez González
Expediente 1165/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1165/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Eduardo Basañez González
Actuaciones
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por******* en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa Electrónica Audiocode, sociedad anónima de capital variable, por medio del cual solicita la devolución de los documentos que anexó a su escrito de demanda. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su artículo 2º, una vez que las labores del juzgado lo permitan, devuélvansele los documentos que anexó a su escrito de demanda de amparo, previa toma de razón que por su recibo se deje asentada en autos para su debida constancia legal. En mérito de lo anterior, se exhorta al promovente para que realice las gestiones conducentes para generar el código de acceso QR correspondiente, ello en términos del artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con ello estar en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional y cumplimentar lo ordenado en el párrafo anterior. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 445/2021-V (número de origen E-440/2021), del índice de este Juzgado, del que se advierte que el dos de diciembre del año en curso, se notificó al quejoso el acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar acusar recibo correspondiente por no haberlo solicitado el homologo oficiante. Ahora, vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Por otra parte, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, es un hecho notorio que en este juzgado se tramitó el expediente 288/2020-VIII, promovido por *****************************. Documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2 de este último ordenamiento. Ahora bien, los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." "Artículo 81. Procede el recurso de revisión: I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes: (.) d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; (.)" Del contenido de dichos preceptos se desprende que la Ley de Amparo prevé la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de ese ordenamiento legal. Tan es así que, el primero de los artículos en cita, refiere que el sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley. Mientras que el segundo numeral, estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos que declaren el sobreseimiento fuera de audiencia, siendo éstos los que el juez pronuncia cuando durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J.10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese contexto, este resolutor advierte de oficio que se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 61 de la Ley de Amparo, dicho ordinar establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)". La causal de improcedencia prevista en esta fracción tiene como finalidad preservar lo que comúnmente se denomina cosa juzgada. Tiende a evitar la promoción de nuevos juicios de amparo planteados por los quejosos con idéntico objetivo. Se actualiza esta causal cuando los actos reclamados fueron materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, debiendo concurrir al igual que en la fracción X del propio artículo 61 de la ley de la materia los siguientes elementos: a) Identidad del quejoso. b) Identidad de las autoridades responsables. c) Identidad de los actos reclamados. d) Aunque las violaciones constitucionales sean diversas. El principio de cosa juzgada impide que en una segunda ocasión se realice el análisis de cuestiones litigiosas que ya fueron motivo de decisión en un amparo. Sobre el particular es necesario destacar que este motivo de improcedencia del juicio de amparo se refiere no sólo al fondo de la controversia constitucional, ya que puede aplicarse a causas de improcedencia o sobreseimiento respecto de las cuales, con antelación, el órgano de control constitucional ya hubiere tomado una determinación. Ello es así, porque aun cuando el sobreseimiento no goza, por regla general, de la calidad de cosa juzgada cuando en una sentencia se desestima o se declara fundada alguna causa de improcedencia del juicio de amparo, este tema adquiere firmeza procesal y no puede ser alegado en un amparo posterior promovido por el mismo quejoso, contra el mismo acto e idénticas autoridades responsables. Resulta aplicable, la tesis del Pleno del Máximo Tribunal del País que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. La fracción IV del artículo 73 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, establece: "El juicio de amparo es improcedente: IV. Contra leyes o actos que hayan sido materia de otra ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior". La fracción III a que alude la disposición transcrita señala: "El juicio de amparo es improcedente, contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas". Se establece estrecha relación entre ambas causales de improcedencia, porque la señalada en la fracción IV establece como elemento fundamental, que la ejecutoria se haya pronunciado en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior, que no puede tomarse en su integridad sino sólo en la parte en que se refiere a otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por los propios actos reclamados. Esta limitación hace que no se confundan ambas causales y que su aplicación corresponda a momentos diferentes, pues en tanto que la causal de la fracción III se contrae a lo que debe llamarse litispendencia procesal que en el juicio constitucional da origen a su sobreseimiento, cualquiera que sea la instancia en que se encuentre, la de la fracción IV sólo puede aplicarse para el mismo efecto de sobreseer, cuando se haya producido la cosa juzgada por la ejecutoria que se pronuncia en el otro juicio en el que exista la identidad en los sujetos y en el objeto; entendiendo como cosa juzgada en el caso concreto de esta causa de improcedencia, aquella verdad legal que no admite ulterior recurso". Y la jurisprudencia I.6o.T. J/86 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito que prescribe: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE INTERPONE POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y ACTO RECLAMADO QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN OTRO JUICIO DE ESA NATURALEZA. Si el quejoso promueve juicio de garantías contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado que fueron materia de otro amparo directo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de Amparo, y procede, en consecuencia, sobreseer en el juicio, en términos de la fracción III del artículo 74 del propio ordenamiento legal". En efecto, es un hecho notorio que en este juzgado se tramitó el expediente 288/2020-VIII, promovido por María Araceli Talavera Martínez, por propio derecho, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y de las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Fiscal General de la República. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de las Mesas I y II de la Unidad del Sistema Tradicional en Tlalnepantla de Baz, Estado de México de la Fiscalía General de la República. Acto reclamado La autorización en definitiva de la ponencia de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/MEX/TLA-II/905A/2013. Al efecto, este juzgado de distrito en el auto de doce de marzo de dos mil veinte, precisó que por lo que respecta a la negativa de investigar, el desechamiento de pruebas y la indebida valoración de los medios probatorios, aun cuando la quejosa les atribuye el carácter de actos reclamados destacados, lo cierto es que éstos se encuentran inmersos en la ponencia de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/MEX/TLA-II/905A/2013, porque en dicha resolución se valoran los datos de prueba aportados el interesado, se admiten o desechan los ofrecidos para la procedencia de su pretensión y su dictado es el que frena el curso de la investigación; por tanto, únicamente se fijó como acto reclamado el ya señalado. Mediante auto de doce de marzo de dos mil veinte, se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo, sin embargo, la parte quejosa, inconforme con tal determinación interpuso recurso de queja, el cual por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien lo radicó con el número 115/2020 y mediante resolución de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, declaró infundado dicho medio de impugnación, al considerar que la ponencia de no ejercicio de la acción penal no es considerada como definitiva para los efectos de juicio de amparo, toda vez que puede ser impugnada a través del medio ordinario de defensa que establece el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. Ahora bien, en el juicio de amparo en que se actúa María Araceli Talavera Martínez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y de las autoridades que se indican: Autoridades responsables Fiscal General de la República. Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de México. Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de las Mesas I y II de la Unidad del Sistema Tradicional en Tlalnepantla de Baz, Estado de México de la Fiscalía General de la República. Acto reclamado La autorización en definitiva de la ponencia de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/MEX/TLA-II/905A/2013. Al efecto, este juzgado precisa que por lo que respecta a la negativa de investigar, el desechamiento de pruebas y la indebida valoración de los medios probatorios, aun cuando la quejosa les atribuye el carácter de actos reclamados destacados, lo cierto es que éstos se encuentran inmersos en la ponencia de no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/MEX/TLA-II/905A/2013, porque en dicha resolución se valoran los datos de prueba aportados el interesado, se admiten o desechan los ofrecidos para la procedencia de su pretensión y su dictado es el que frena el curso de la investigación; por tanto, se fija como acto reclamado como ha quedado precisado en el párrafo anterior. Así, resulta evidente que en la especie se actualiza la causal de improcedencia de mérito, toda vez que los actos reclamados fueron materia de diversa ejecutoria dictada en el juicio de amparo 288/2020-VIII. Además, concurren los siguientes elementos: a) identidad del quejoso; b) identidad de las autoridades responsables ordenadoras; y c) identidad del acto reclamado. No pasa desapercibido, que la demanda de amparo también la promovió Jesús Enrique Díaz Aguilar; sin embargo, a éste no le asiste el carácter de quejoso, toda vez que la denunciante en la averiguación previa lo es únicamente la quejosa María Araceli Talavera Martínez, en tanto que, Jesús Enrique Díaz Aguilar, actuó como su abogado; de lo que se colige que a éste no le causa ningún perjuicio el acto aquí combatido. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Se ordena agregar copia certificada de la demanda, auto por el que se desechó la demanda, resolución del tribunal colegiado y del auto de diecinueve de febrero del año en curso, que obran en el juicio de amparo 288/2020-VIII para debida constancia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. En atención a la determinación tomada en este auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: personalmente a la quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y por lista al agente del Ministerio Público adscrito.
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