Eduardo Barrón Vázquez
Expediente 2714/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2714/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eduardo Barrón Vázquez
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por conducto de su Presidente, con residencia en esta ciudad, en acatamiento al requerimiento de este juzgado, remitiendo copia certificada de constancia relativa al juicio laboral 751/2021; en tal virtud, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa refiere como actos reclamados los siguientes: La omisión de cerrar instrucción dentro del juicio laboral 751/2021; y, La omisión de dictar el laudo correspondiente del citado juicio laboral. Precisado lo anterior, de la constancia que adjuntó la autoridad responsable al oficio 3695/2022, por el que rindió informe justificado (fojas 16-17), en relación al acto reclamado consistente en la omisión de cerrar la instrucción dentro del juicio laboral promovido por el aquí quejoso Eduardo Barrón Vázquez, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia en este juicio. En efecto, para una mejor comprensión del asunto, toda vez que el problema de la existencia de los actos reclamados es prioritario, por ser de orden público el estudio de las causas de improcedencia y las de sobreseimiento del juicio biinstancial, resulta necesario analizar el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, en relación con los diversos preceptos 1, fracción I, y 75 de la propia ley, los cuales establecen: "Articulo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; ..." "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" y, "Articulo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. ...". El artículo 1, fracción I, que ha sido transcrito, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la constitución, es decir, se refiere a actos existentes, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la ley de la materia, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de amparo, en armonía con los diversos 1, fracción I, y 75, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos que se reclamen por la parte quejosa deben analizarse atendiendo a la fecha en que presentó la demanda de amparo. Ahora, del análisis de las documentales públicas que en copia certificada allegó la autoridad responsable a su informe justificado, a las que se otorga pleno valor demostrativo, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 74, fracción III, del ordenamiento legal citado en último término, se advierte que el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, emitió un acuerdo en el cual decretó el cierre del periodo de instrucción en el juicio laboral de origen, ordenándose turnar los autos al auxiliar de la junta a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente; de lo anterior, se desprende que ese auto se emitió con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que lo fue el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Circunstancia que implica por lógica consecuencia, que para cuando se promovió este juicio de amparo no existía ese acto reclamado, surtiéndose la hipótesis contemplada en la fracción IV, del artículo 63, de la ley reglamentaria del juicio constitucional, por lo que, como se dijo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia respecto dicho acto reclamado, atribuido a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por ser inexistente. Es aplicable, por similitud de razón jurídica, la jurisprudencia 12, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Octava Época, Tomo VI, parte SCJN, Materia Común, visible en la página 10, cuyo rubro es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por otra parte, de la constancia que adjuntó la autoridad responsable a su oficio de cuenta, relacionada con el acto reclamado consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral promovido por el aquí quejoso Eduardo Barrón Vázquez, se advierte que se actualiza una diversa causa de improcedencia en este juicio. En efecto, en el presente asunto resulta innecesario analizar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, con relación al numeral 62, ambos de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al numeral citado en último término y en la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Lo que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [...].". La anterior causa de improcedencia consiste en que el juicio de amparo deviene improcedente cuando el acto de autoridad dejó de producir consecuencias y, por ende, de afectar al gobernado, ya sea porque la autoridad lo revocó o porque el tiempo por el cual ese acto debía crear consecuencias jurídico-fácticas ha transcurrido y, ya no lesiona la esfera jurídica del gobernado. En efecto, la actualización de la causa de improcedencia invocada, se surte en el presente caso, en atención a que la parte quejosa reclama además a la autoridad responsable lo siguiente: La omisión de dictar el laudo dentro del expediente laboral 751/2021. En ese contexto, de la constancia allegada a los autos, se advierte que la autoridad responsable, dentro del juicio laboral de origen, el diez de noviembre del año en curso, dictó el laudo correspondiente. Documental a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por un funcionario público revestido de fe pública, en uso de las facultades que la ley le concede, dentro de los límites de su competencia. Bajo esa tesitura, es indudable que en la especie han cesado jurídicamente, en forma total e incondicional, los efectos del acto reclamado en estudio, pues si bien es cierto, al momento de la presentación de la demanda de amparo [veinticuatro de octubre de dos mil veintidós], la autoridad responsable, Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, había sido omisa en emitir el laudo respectivo; sin embargo, una vez que lo emitió, lo procedente es determinar que en el caso, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber conseguido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese evento se hubiese ordenado a la autoridad responsable que en cumplimiento a la misma, dictara el laudo correspondiente; razón por la cual, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con apoyo en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". Asimismo, apoya la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, Tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para que tuviera verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, y en cumplimento a lo ordenado en auto de veinticinco de octubre del año en curso, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara la firmeza del presente proveído. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo, al haberse sobreseído; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, el expediente principal deberá conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir los expedientes, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, Háganse las anotaciones respectivas en el Libro Uno de Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Nora Hilda Luna Lugo, Secretaria quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su Presidente, con sede en esta ciudad, rindiendo su informe justificado; asimismo, con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba documental la constancia que anexó a su informe; con lo anterior, dese vista a las partes, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, con relación al numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la citada junta, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remita la constancia que acredite la emisión del laudo respectivo, dentro del juicio laboral de origen. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término legal concedido, o de no informar el motivo legal que se lo impida, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Julio César Cruz García, Secretario quien autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1296/2022, y el diverso sin número, por medio de los cuales las autoridades responsables Director de Tránsito y Vialidad, con sede en esta ciudad, y el Republicano Ayuntamiento de Reynosa, por conducto de su apoderado legal José Javier Perales Estrada, remiten respectivamente copia certificada de la comparecencia de veinte de octubre el año en curso, en la cual se le entregó al aquí quejoso su licencia de conducir, ello en cumplimiento a la suspensión definitiva concedida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el incidente en revisión 131/2022.
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