Eduardo Ballesteros Becerril

Expediente 70/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
70/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
26/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ballesteros Becerril
  • Sonia Elizabeth Oropeza Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México; a veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, a través del cual, devuelve debidamente diligenciado el exhorto 189/2023, de nuestro índice; en consecuencia, agréguese a los autos la comunicación oficial antes mencionada a fin de que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, dese de baja el exhorto referido y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea necesario acusar de recibo, toda vez que el referido sistema lo genera de manera automática. Por otro lado, vista la tercera certificación de cuenta, y toda vez que el usuario ********************, no está registrado en el presente juicio de amparo, se hace efectivo el apercibimiento dictado en autos y se ordena que en el presente expediente se notifique por medio de lista a la parte quejosa la presente determinación y las subsecuentes de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Por otra parte, visto el estado procesal de autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto dado que el asunto en que se actúa, se desechó de plano la demanda de amparo y el Tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del presente expediente. Ahora, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos en copia certificada, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días, se presente a recogerlos, asimismo la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa

  2. Principal

    Ciudad de México; a doce de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos del juicio de amparo en que se actúa, el escrito de los quejosos Sonia Elizabeth Oropeza González y Jaime Hernández Aguirre, mediante el cual solicitan i) que las notificaciones que se ordenen en el presente asunto se realicen de manera electrónica, o bien, por conducto de los correos electrónicos que para tal efecto proponen; ii) que el presente expediente se substancie bajo el esquema de "juicio en línea"; y iii) se autorice la consulta del expediente electrónico a los usuarios que refieren. Determinación jurisdiccional. Al respecto, conviene señalar que el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé la exigencia de que ante la pluralidad de quejosos, éstos o en su defecto el Juez de Distrito, designen un representante común para que actúe a nombre de ellos, pues a través de dicha figura jurídica los promoventes del amparo le trasladan el ejercicio de la acción procesal con el fin de evitar la confusión que surgiría si cada uno actuara en el juicio, circunstancia que, además, atiende al principio de economía procesal. En el caso, se tiene que por auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se tuvo como representante común de la parte quejosa a Eduardo Ballesteros Becerril, por lo que las peticiones que se formulan a través del escrito de cuenta debieron de ser expuestas por conducto de la persona designada en el presente asunto con el carácter de representante común; en ese sentido, toda vez que la promoción de cuenta fue presentada vía electrónica por una diversa persona, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 124/2000, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 21, Tomo XII, de Diciembre de 2000, registro digital 190697, cuyo rubro y texto es:" "REPRESENTANTE COMÚN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN POR LOS QUEJOSOS, SURTE EFECTOS SIN QUE SE REQUIERA PREVIO ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo, cuando en un juicio de garantías la demanda se interponga por dos o más personas, éstas deberán designar de entre ellas un representante común, previéndose que si no lo hacen, el Juez mandará prevenirlas para que en un término de tres días designen uno, y si no lo hicieren, designará con ese carácter a cualquiera de los interesados; por lo que atento a lo previsto por ese precepto, se puede decir que el establecimiento de la figura jurídica del representante común en el juicio de amparo, tiene como propósito fundamental, evitar que ante la pluralidad de quejosos se entorpezca la adecuada prosecución del juicio de amparo, debiendo actuar el representante común como un mandatario con autorización para litigar en representación de los restantes quejosos, sin perder su carácter de parte en el procedimiento. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que del contenido del precepto en cita no se desprende que se condicione su designación o el ejercicio de sus funciones a ningún requisito, ni que se demanden mayores formalidades, es inconcuso que basta el nombramiento del representante común que se haga por parte de los peticionarios de garantías en la demanda de amparo, para que surta desde luego sus efectos, sin que sea necesario un reconocimiento previo por parte del juzgador de amparo." [Lo subrayado es propio] NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México; a veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Recepción. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, por el que remite el juicio de amparo ********************, de su índice, así como los cuadernos incidentales del citado sumario constitucional, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos atribuidos al Presidente de la República y otras autoridades, por las razones que indica. Acúsese de recibo vía interconexión. Este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo y se reconoce la validez de lo actuado por el juez oficiante. De conformidad con el artículo 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, agréguese el cuaderno de antecedentes relativo. Representante común. Asimismo, se tiene como representante común al primero de los mencionados, tal como lo refiere en su escrito inicial de demanda. Cuadernos incidentales. Identifíquense los cuadernos con la carátula correspondiente. Desechamiento. De los autos recibidos se advierte que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, el juzgado oficiante se declaró impedido para conocer del escrito inicial de demanda con número de folio 36153, en el que se señaló como actos reclamados los siguientes: Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Así como su ejecución. En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito advierte las causales de improcedencia que a continuación se analizan: 1. -Artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos)- El juicio de amparo es improcedente en relación con los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, porque cesaron los efectos de las citadas disposiciones normativas. Al respecto, en primer término se precisa que el decreto impugnado, fue modificado en doce de abril de dos mil diecinueve, data en la que se publicó el diverso Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no obstante mantuvo, la vigencia del decreto impugnado en este sumario. Sin embargo mediante nuevo Decreto: Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, a partir de su entrada en vigor se destruyeron de forma total e incondicional los efectos que pudieran haber derivado de los artículos impugnados, puesto que se combaten como autoaplicativos y no se acreditó en autos que se hayan materializado sus efectos en la esfera de derechos de las quejosas. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señala lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" El precepto establece la improcedencia del juicio si cesaron los efectos del acto reclamado. Al respecto, se destaca que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario cuyo objeto es proteger a las personas respecto de normas generales, actos u omisiones que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, de conformidad con el artículo 103, fracción I, constitucional y 1, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, en términos generales, en caso de otorgarse el amparo el efecto será: i) si el acto es positivo se restituiría a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ii) si el acto es negativo o implica una omisión, se obligaría a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir con lo que el mismo exija. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el numeral 77, fracciones I y II, de la ley de la materia. Asimismo, si se declara la inconstitucionalidad de una norma general los efectos se extienden a aquellas normas o actos cuya validez dependa de la norma invalidada. Lo anterior se desprende del artículo 78 de la Ley de Amparo. Bajo esa lógica, se previó la imposibilidad de ejercer la acción constitucional vía amparo contra actos, omisiones y normas generales que hayan destruido todos sus efectos en la esfera jurídica de los particulares, ya que sería ocioso su estudio si las cosas volvieron al estado en que se encontraban o la autoridad ya actúa como debía hacerlo, pues precisamente esa es la pretensión de los quejosos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizó diversos pronunciamientos respecto de la Ley de Amparo abrogada, ya que la causa de improcedencia estaba contenida en el artículo 73, fracción XVI. También, se pronunció respecto al numeral vigente, por lo que a continuación se analizarán algunos de tales pronunciamientos. El Pleno y la Segunda Sala de la Suprema Corte al interpretar la causa de improcedencia determinaron que no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino además, resulta indispensable que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la trasgresión constitucional. Lo anterior quedó desarrollado en las jurisprudencias 2a./J. 9/98 y 2a./J. 59/99 además en la tesis aislada P. CL/97, de registros y rubros: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte en la contradicción de tesis 18/94, identificó los elementos que actualizan la cesación del acto reclamado, los cuales son: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) O bien, una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Del asunto referido, surgió la jurisprudencia P./J. 36/97, de registro 198408 y rubro: "MÁQUINAS REGISTRADORAS DE COMPROBACIÓN FISCAL. EL SOLO HECHO DE NO PRESENTARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES PARA QUE ACUDAN A LAS OFICINAS A ADQUIRIR DICHAS MÁQUINAS, NO PROVOCA QUE CESEN LOS EFECTOS DE LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTENTES EN LOS ARTÍCULOS QUE OBLIGAN A LOS PARTICULARES A ADQUIRIRLAS, Y EN EL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE CITA A LOS CONTRIBUYENTES PARA LLEVAR A CABO LA ASIGNACIÓN." La Segunda Sala también ha explicado las diferencias entre la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado y la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. Se señaló que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario; mientras que la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, ello puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Lo anterior se encuentra en la tesis aislada 2a. XLVIII/98, de registro 196442 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD." Ahora bien, atendiendo a que en el caso se reclama una norma general con motivo de su sola entrada en vigor, a continuación se analizarán los pronunciamientos de la Suprema Corte relativos a la cesación de efectos cuando se reclaman ordenamientos de carácter general y, posteriormente, se explicarán los precedentes atinentes a normas autoaplicativas. I. Normas generales De manera general, el Pleno de la Suprema Corte al resolver la controversia constitucional 6/97, diferenció entre la cesación de efectos en materia de amparo y en controversia constitucional. Estableció que para la actualización de la primera, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo. Por su parte, en controversia constitucional se actualiza simplemente con que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, de conformidad con la Constitución Federal. Ese razonamiento se plasmó en la jurisprudencia P./J. 54/2001, de registro 190021 y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS." II. Normas autoaplicativas. El Pleno de la Suprema Corte al emitir la jurisprudencia P./J. 53/97, determinó que si se impugna una norma autoaplicativa, que no entrañe una prohibición sino una obligación de hacer o permitir que se haga; su derogación no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes, pues por regla general la derogación sólo tiene efectos hacia el futuro. Bajo esa lógica, se concluyó que no se actualiza la causa de improcedencia analizada, mientras subsistan los efectos de la ley durante el periodo que rigió. Dicha jurisprudencia tiene el registro 198407 y rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO ESTABLECEN HIPÓTESIS NORMATIVAS DE NATURALEZA POSITIVA SU DEROGACIÓN NO IMPLICA, GENERALMENTE, LA CESACIÓN DE SUS EFECTOS." Por su parte, la Segunda Sala al resolver varios amparos en revisión, matizó el anterior criterio y determinó que se actualizaba la causa de improcedencia relativa a cesación de efectos del acto reclamado, cuando se reclamaba como autoaplicativa una ley o norma general prohibitiva o la que establece una obligación y durante la tramitación del juicio se reforma o deroga, eliminando la obligación o la prohibición, destruyendo total e incondicionalmente sus efectos, siempre que no se demostrara que la que generó obligación hubiere producido durante su vigencia una consecuencia material en perjuicio de la quejosa. El criterio referido se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 6/2013 (10a.), de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA." De los criterios enunciados se pueden desprender las siguientes reglas que, en términos generales, ha establecido la Suprema Corte al analizar la causa de improcedencia relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado: a) Si una norma general establece una prohibición, su derogación, por regla general, actualiza la causa de improcedencia, lo que no sucede si tal norma prevé una obligación de hacer o permitir que se haga; ya que ese actuar no implica la liberación a los sujetos a la que va dirigida de las consecuencias por el periodo que estuvieron vigentes. b) La declaratoria de invalidez de una norma general en una acción de inconstitucionalidad, no actualiza la causa de improcedencia analizada, si ésta establece obligaciones. c) No obstante, si la norma general autoaplicativa que establece obligaciones a sus destinatarios, es derogada [o como ocurre en la especie abrogada] y se comprueba que durante su vigencia no generó una consecuencia material en perjuicio de la quejosa, se actualizará la causa de improcedencia. De los criterios reseñados se observa que, debe atenderse al tipo de acto que se reclama, es decir, si se trata de una norma general, acto u omisión, y a partir de ahí, analizar si su revocación o derogación trae como consecuencia que sus efectos se destruyan de manera total e incondicional, como si se hubiese restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado. De lo contrario, no se estará en la hipótesis de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si han cesado de forma total los efectos del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, atendiendo a que el reclamo se hizo con motivo de su sola entrada en vigor. En ese orden, es adecuado establecer que, el término abrogar que deriva del latín "abrogatio", implica anular, lo que significa la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de la obligatoriedad de una ley. En efecto, la abrogación puede ser expresa o tácita; es expresa, cuando un nuevo ordenamiento declara la abrogación de otro anterior que regulaba la misma materia que regulará ese nuevo ordenamiento; es tácita, cuando no resulta de una declaración expresa de otro ordenamiento, sino de la incompatibilidad total o parcial que existe entre los preceptos de una ley anterior y otra posterior, debiendo aplicarse u observarse, ante la incompatibilidad de preceptos, los del ordenamiento posterior. En cambio la derogación es la privación parcial de los efectos de una ley, esto es, la vigencia de algunos preceptos se concluye, pero no así de todo el ordenamiento jurídico en el que se contienen. En nuestro sistema mexicano normalmente el procedimiento que se sigue al abrogarse un ordenamiento jurídico es declarar la abrogación del mismo y además, derogar las disposiciones que se opongan al nuevo ordenamiento; tal y como se advierte del DECRETO por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno; en sus transitorios tercero y cuarto que son del tenor siguiente: "(.) Tercero. Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. Cuarto. Se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018. (.)" En efecto, los artículos impugnados, no establecieron prohibiciones a la parte quejosa durante su vigencia, sino que, por su naturaleza, son normas declarativas que configuraron el sistema regulatorio de las remuneraciones de los servidores públicos federales y crearon las competencias de las autoridades correspondientes para el despliegue de sus funciones. En otras palabras, no dispusieron prohibiciones ni obligaciones que, ante una eventual concesión de amparo, pudieran quedar sin efectos, dado que el reclamo del decreto se hizo con motivo de su sola entrada en vigor, es decir, como norma autoaplicativa. En esa línea argumentativa, los preceptos legales y sus porciones normativas referidas están comprendidas en el supuesto de cesación e efectos previsto en las jurisprudencias P./J. 53/97 y 2a./J. 6/2013 (10a.) explicadas con antelación y, por ende, es obligatorio concluir que, durante el tiempo en que estuvieron vigentes, dichos dispositivos no dejaron efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera ser reparado a través de una sentencia de amparo, por lo que han cesado sus efectos. Es importante resaltar que, para estimar actualizada la causa de improcedencia que se analiza, no debe existir efecto o consecuencia legal alguna que pudiere haber dejado su impronta en la esfera jurídica de la justiciable. En otras palabras, debe existir constancia plena de que no hay aspecto alguno que haya trascendido en perjuicio de la gobernada por la sola entrada en vigor del ordenamiento legal impugnado durante el tiempo en que se encontró vigente, y que pudiera desaparecer ante una eventual concesión de amparo. Para dilucidar tal cuestión, es necesario imponerse de las constancias que obran en el expediente, de acuerdo con las reglas en materia probatoria contenidas en los artículos 129, 130, 200, 202, 203 y 210-A, y las que resulten aplicables del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En términos de tales preceptos legales, se reconoce a las documentales glosadas en autos valor probatorio pleno. La evidencia probatoria permite concluir que no está acreditado que los preceptos legales cuestionados en el juicio de amparo, como normas autoaplicativas vigentes durante el periodo comprendido del seis de noviembre de dos mil dieciocho al diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, hubiesen producido consecuencias materiales, es decir, que hayan sido aplicados a la parte quejosa derivado del incumplimiento de las obligaciones y/o prohibiciones que establecieron durante el periodo que estuvieron vigentes, por lo que, en el caso, una eventual concesión del amparo en contra de esos preceptos carecería de efectos. Los quejosos son servidores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, en donde ocupan los cargos de asesor jurídico y oficiales administrativos, respectivamente, lo cual se acredita con las documentales que en obran en autos, y, por ende, susceptibles de ser valoradas como prueba plena. Sin embargo, con ninguna de las pruebas anexas a su escrito inicial de demanda, demostraron que las normas reclamadas fueron aplicadas en su perjuicio. En tales condiciones, si durante la vigencia de la Ley reclamada, no se materializó en la esfera jurídica de las quejosas la aplicación de alguna de sus fracciones normativas y dicha ley fue abrogada al partir del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, no podrán ya aplicarse alguna de dichas porciones en su perjuicio, por lo que carecería de efectos prácticos emprender el análisis de constitucionalidad de normas que en su oportunidad no fueron aplicadas y en el futuro resultarán inaplicables. Además, es un hecho notorio en términos del artículo 88 de la ley adjetiva, que en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 del índice de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concedió la suspensión sobre los efectos y consecuencias de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, por lo que, los efectos de la norma, no se aplicaron a la parte quejosa. La suspensión dictada por el Ministro Pérez Dayán, se otorgó en los términos y para los efectos siguientes: "[.] con el fin de preservar la materia del juicio y evitar que se cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019, no sean fijadas en términos de la Ley reclamada, hasta en tanto se resuelva el fondo de la controversia, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del Decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve [.]" Son aplicables las jurisprudencias P./J. 51/97 y 2ª./J. 72/2005, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS. APLICACIÓN DE LA TESIS JURISPRUDENCIAL QUE LLEVA POR RUBRO "LEY DEROGADA. ESTUDIO IMPROCEDENTE DE SU CONSTITUCIONALIDAD, SIN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN." (PUBLICADA CON EL NÚMERO 192 EN EL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995, TOMO I, MATERIA CONSTITUCIONAL, PÁGINA 189)." "CESACIÓN DE EFECTOS DE LOS ACTOS DE APLICACIÓN RECLAMADOS. LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EFECTUADA EN LA RESOLUCIÓN DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 9/2003, NO ACTUALIZA DICHA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE AMPARO." Improcedencia que procede respecto de los artículos que señalan en su demanda del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, porque la parte quejosa no los reclamó de manera aislada sino como parte del sistema normativo que regula las remuneraciones de los servidores públicos federales, por lo que, dada su estrecha relación, su estudio, en vía de amparo, no puede desvincularse. En razón de ello, dada la forma en que fue planteada la demanda, la improcedencia del juicio por cesación de efectos también acarrea la improcedencia del juicio respecto de todos y cada uno de los artículos que impugnan del decreto reclamado, puesto que una eventual concesión de amparo carecería de efectos prácticos debido a que fue modificado sustancialmente el sistema normativo de remuneraciones para los servidores públicos federales, a través del nuevo proceso deliberativo que dio lugar a la reforma publicada el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno en el que se abrogó el decreto impugnado, mismo que como está acreditado no fue aplicado en alguna de sus porciones normativas al peticionario de amparo. Por todo lo anterior, el juicio es improcedente por la causa de cesación de efectos del decreto impugnado. 2. Artículo 61, fracción VIII, última parte, de la Ley de Amparo (en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Aunado a la improcedencia del juicio por la cesación de los efectos de los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, también se actualiza la diversa contenida en la última parte de la fracción VIII del artículo 61 de la ley de la materia, sobre dichos preceptos legales. Lo anterior es así, habida cuenta que la declaratoria de invalidez decretada por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, es vinculante para este órgano jurisdiccional en términos de lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no procede someter los artículos del decreto reclamado a un nuevo examen constitucional en vía de amparo. En tales circunstancias, se desecha la demanda de amparo por los motivos antes expuestos. En ese sentido, atento las diversas causales de improcedencia que se actualizan es por lo que, se desecha el escrito inicial de demanda; de conformidad con el artículo 61 fracción VIII y XXI de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles Acorde a lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto llevar a cabo las notificaciones que se ordenen en el presente juicio de amparo. Notificación a la parte quejosa. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción I, de la ley de la materia, 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dado que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: ********************mismo que se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado Federal; gírese atento exhorto al JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO Y DE JUICIOS FEDERALES EN NAYARIT, CON SEDE EN TEPIC, POR CONDUCTO DE SU OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN; a efecto de que, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, realice lo siguiente: Se sirva notificar el presente acuerdo a la parte quejosa por conducto de su representante común; y, Con libertad de jurisdicción la requiera para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México, en el momento de la notificación o dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos legales la notificación del presente proveído; o en su caso, manifieste expresamente si desea que las notificaciones que se ordenen en este expediente sean practicadas vía electrónica, para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario correspondiente registrado en el portal del Consejo de la Judicatura Federal. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista. Al momento de la diligencia de notificación, el Actuario adscrito al Juzgado exhortado, precise a las quejosas que podrán transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Asimismo, atento lo expresado en los numerales 27, fracción II, y 21 de la Ley de Amparo, 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el cual fue reformado mediante el similar 34/2020, solicítese atentamente al Juez exhortado, que de no existir inconveniente legal alguno, en caso de que la parte quejosa desahogue el requerimiento formulado en autos, en el local que ocupa el Juzgado a su digno cargo, lo haga saber inmediatamente a este órgano jurisdiccional. Lo anterior, desde luego, sin demérito de lo valioso de sus actuaciones que en auxilio de este Juzgado Federal lleve a cabo, pues también es verdad que sólo obedece a la finalidad de agilizar el trámite del presente juicio de amparo. Transparencia y datos personales Ahora, con fundamento en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 21, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 73, fracciones II y V, y 113, fracciones V, XI y XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 69, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el consejo; y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales; este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese; vía exhorto a la parte quejosa y, por interconexión al juzgado de origen

  4. Incidental

    Ciudad de México; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Validez de lo acutado. Vista la cuenta que antecede y en atención a que el expediente principal de donde emana esta incidencia ha sido radicado en este juzgado federal y aquí continuará su prosecución, se declara la validez de todo lo actuado en el presente cuaderno incidental. Demás providencias. Por otra parte, vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, dictó la suspensión provisional de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, derivado de los autos del juicio de amparo ******************** de su índice; empero, omitió señalar fecha señalada para la audiencia incidental. En atención a lo anterior, este órgano jurisdiccional no señala fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental condigna; lo anterior, toda vez que en el cuaderno principal del que deriva la presente incidencia, este juzgado de distrito determinó desechar la demanda de amparo; consecuentemente, se determina que es innecesario continuar con el trámite del presente incidente de suspensión por lo que el mismo se deja sin materia. Notifíquese.

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