Eduardo Ayala Gonzalez

Expediente 534/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
534/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
28/07/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Ayala Gonzalez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Intégrese a las presentes actuaciones el oficio 35184/2022 signado electrónicamente por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, mediante el cual informa -en lo que interesa-, que por auto de veinticinco de julio de dos mil veintidós, acepto la competencia planteada por este órgano de control constitucional y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Eduardo Ayala González, radicándola bajo el número de amparo 1364/2022; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, con fundamento en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que el cuaderno en que se actúa es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Asimismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 534/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, promovido por Eduardo Ayala González; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, turnado el veintitrés siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Eduardo Ayala González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos y autoridades siguientes: "3.- AUTORIDADES RESPONSABLES: 3.1.- ORDENADORA.- FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 3.2.- EJECUTORA.- COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. (.)" "4.- ACTO RECLAMADO: 4.1.- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA. La negativa a expedir a favor del suscrito la CONSTANCIA DE ANTECEDENTES NO PENALES. 4.2. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA. La ejecución inminente del acto reclamado." El quejoso narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías, violados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil veintidós, la demanda promovida por Eduardo Ayala González se registró con el número de juicio de amparo indirecto 534/2022; y se le previno para que precisara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juzgado Sexto Penal con sede en Reynosa, Tamaulipas (fojas 28 a 34). A través de un escrito fechado el dos de junio de dos mil veintidós, el quejoso desahogó la prevención en cita, indicando que no era su deseo señalar como autoridad responsable al mencionado juzgado sexto e intentó ampliar su demanda por diversas autoridades jurisdiccionales (fojas 40 a 44). En proveído de tres de junio de dos mil veintidós, se ordenó la cita del quejoso a fin de que compareciera a reconocer la firma del escrito de desahogo y precisara su nombre correcto (fojas 45 y 46), lo que ocurrió el diez siguiente (foja 52). En auto de trece de junio de dos mil veintidós (fojas 54 a 57), se determinó que no había lugar a tener por ampliada la demanda y, por otro lado, se admitió a trámite respecto de los actos y autoridades inicialmente señalados, sin incidente de suspensión, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 63). TERCERO. Cita para audiencia. En acuerdo de treinta de junio de dos mil veintidós (fojas 81 a 82), se señalaron las nueve horas con veinticuatro minutos del veinte de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla carece legalmente de competencia para resolver el presente juicio de derechos fundamentales por razón de materia, de conformidad con los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, debe precisarse que del contenido de lo dispuesto en los artículos 56 a 61 de la mencionada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para determinar la competencia por materia, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Y, a fin de advertir esto último, se debe atender a la naturaleza intrínseca del acto reclamado que se estima transgresor de garantías individuales, el cual debe ser considerado en sí mismo y objetivamente analizado, por lo que el carácter formal de la autoridad responsable (administrativo, laboral, civil, penal), no necesariamente es relevante para establecer la competencia por materia. Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En ese tenor, resulta pertinente analizar el contenido del artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "Artículo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 51 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del citado numeral medularmente se desprende que los jueces de distrito especializados en materia administrativa, conocerán de controversias relativas a la aplicación y legalidad de leyes federales y locales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa; de procedimientos seguidos ante autoridades administrativas; contra actos de autoridad distinta a la judicial; contra actos de tribunales administrativos; o con motivo del incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, el derecho administrativo puede considerarse que constituye el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas jurídicas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública, en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la administración. Por su parte, el artículo 56 de la referida Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisa que: "Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promueven conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De este último precepto se advierte que los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o imputados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, en el caso concreto, el quejoso señaló como autoridades responsables al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y al 2. Coordinador General de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de quienes reclamó la negativa de expedirle una constancia de no antecedentes penales. Acto que fue negado por el aludido fiscal (foja 64), pero aceptado por el coordinador en cita (fojas 70 y 79), quien adjuntó a sus informes los oficios FGEP/CGSC/DSC/425/2022 y 448/2022 (fojas 71 y 80) signados por la Directora de Servicios a la Comunidad, de los que se aprecia que no se expidió la constancia solicitada por existir un registro (antecedente) a nombre del peticionario de amparo. Circunstancia que una vez corroborada para descartar homonimias, le fue informada al quejoso de forma verbal, indicándole que si lo deseaba se le podía expedir la constancia con ese registro o, en su caso, podía realizar los trámites correspondientes para la cancelación del registro y posteriormente expedirle la citada constancia sin registro. Así las cosas, es claro que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues le reviste una naturaleza administrativa. Ello es así, ya que las constancias de no antecedentes penales son documentos que únicamente certifican que el solicitante no ha sido procesado por la comisión de un delito, con las particularidades que las leyes respectivas imponen para el trámite de tales documentos. Por tanto, la respuesta que la responsable emita en relación con la expedición de dicha constancia indudablemente tiene la misma naturaleza administrativa, aun cuando tal documento pudiera contener datos de un proceso penal. Y es que la correspondiente carta de no antecedentes penales se solicita una vez concluido un proceso penal y se encuentra desvinculada de éste, pues evidentemente ya no se actúa en relación con dicho proceso, ni el Coordinador General de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, cuenta con facultades para analizar conductas delictivas. Por tanto, se estima que del amparo que se promueva contra la negativa de expedir constancias de antecedentes penales por parte del aludido coordinador, corresponde conocer a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, aun cuando contra el solicitante se hubiera seguido una causa penal, porque la respuesta no requiere analizar alguna disposición de esa materia. Dicho de otra forma, es inconcuso que el acto reclamado no se ubica en los supuesto que prevé el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que no se trata de una resolución judicial del orden penal, no afecta la libertad personal del impetrante, no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, no es una resolución dictada en incidente de reparación del daño o de responsabilidad civil, no es una ley o disposición de observancia general en materia penal, ni una denuncia por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE EXPEDIR LAS CARTAS DE POLICÍA O DE ANTECEDENTES PENALES. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AUN CUANDO CONTRA EL SOLICITANTE SE SIGA UNA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). De conformidad con los artículos 1o., 2o., 3o., 5o., fracción X, 6o., fracción VIII, 7o., 15, fracción IV y 17, fracción IX, de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, así como 1, 4, 5, fracción I, 14, fracción X y 17, fracción VIII, de su reglamento interior, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es un organismo público descentralizado que entre otras funciones tiene a su cargo el archivo de identificación criminalística donde se contienen datos de quienes cuenten con antecedentes penales. Así, al fundarse sus actos en los ordenamientos mencionados, es claro que su actuación queda desvinculada del derecho penal, toda vez que carece de facultades para analizar conductas delictivas. Por tanto, del amparo que se promueva contra la negativa de expedir las cartas de policía o de antecedentes penales por parte del referido instituto, corresponde conocer a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, aun cuando contra el solicitante se siga una causa penal, porque la respuesta no requiere analizar alguna disposición de esa materia." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la ley de la materia y previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla; para que, por su conducto, se turne al Juzgado de Distrito que corresponda, el expediente principal de este juicio de amparo 534/2022. Solicítese atentamente a la autoridad receptora del asunto, que acuse el recibo de estilo correspondiente e informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. En el entendido de que en el presente asunto no se abrió incidente de suspensión y, por ende, no se encuentra pendiente de resolverse la suspensión definitiva del acto reclamado, por lo que este órgano se encuentra en aptitud de declararse incompetente por las razones apuntadas, en observancia a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 48 de la ley de la materia. No es impedimento para decretar la legal incompetencia de este órgano jurisdiccional la eventual circunstancia de que el órgano requerido estime que el presente asunto no se encuentre debidamente integrado y listo para dictar sentencia, cuenta habida que la celebración de las primeras dos etapas de la audiencia constitucional, no resulta un impedimento para que el juez requerido acepte la competencia planteada y, de esa manera, pueda regularizar el procedimiento si lo estima procedente. En efecto, la Ley de Amparo y la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establecen que la celebración de la audiencia constitucional sea un factor determinante para fincar la competencia entre órganos jurisdiccionales; únicamente prevén aspectos de territorio y materia, en términos del artículo 37 del primer ordenamiento legal citado y 40 a 61 de la aludida ley orgánica. En otras palabras, no existe disposición legal alguna que regule que será competente para conocer de un juicio de amparo el Juez de Distrito que haya celebrado las primeras dos etapas de la audiencia constitucional (pruebas y alegatos), con independencia de la materia del asunto de origen (penal, civil, administrativa o laboral) o de si el acto reclamado tiene o no ejecución y si está -de haber- tendrá lugar en un circuito o en varios. Estimarlo así, equivaldría a sostener que un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal es competente para conocer de juicios de amparo en donde se dirimen y ventilen cuestiones mercantiles o civiles -por ejemplo-, siempre que haya celebrado la audiencia constitucional. Al respecto se cita la jurisprudencia 1a./J. 36/2009, de rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE. Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, éste debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento." Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito y, con copia certificada de lo actuado en este expediente, fórmese el cuaderno de antecedentes que corresponde y en su oportunidad, archívese como asunto concluido. SEGUNDO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, carece legalmente de competencia para resolver el juicio de amparo 534/2022 de este índice, promovido por Eduardo Ayala González, por los fundamentos y motivos expuestos en el considerando primero de la presente resolución. SEGUNDO. Previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el cuaderno principal de este juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Puebla, a través de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, solicitándole informe si acepta o no la incompetencia planteada y el acuse de recibo correspondiente. TERCERO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables, así como al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de Gilberto Estrada Abad, autorizado de la parte quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y en atención a sus peticiones, se provee: Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se difiera la audiencia señalada para las diez hora con diez minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de esa misma data; toda vez, que se tuvo al Coordinador General de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de junio del año en curso y señalándose como nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil veintidós. AUTORIDAD CUMPLE REQUERIMIENTO Agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador General de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General del Estado de Puebla, con anexo, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, informa a este órgano jurisdiccional que giró oficio número FGE/CGSC/DSC/448/2022, a la Directora de Servicios a la Comunidad para que indicara si la información proporcionada al quejoso en relación a su solicitud de proporcionarle constancia de antecedentes no penales la hizo de manera verbal o por escrito, la cual le hizo saber que la información proporcionada fue hecha de manera verbal, de lo que toma conocimiento el suscrito juez de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. PRUEBAS Por tanto, con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia constitucional. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A fin de dar margen a lo anterior, es decir, que transcurra el término previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el quejoso se imponga del contenido del oficio con anexo de cuenta, procede diferir anticipadamente la audiencia señalada para las diez horas con treinta minutos de la presente data, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa. Al respecto, es de invocarse la jurisprudencia número 54/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.

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