Eduardo Ávila Martínez
Expediente 1182/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1182/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/11/2023
Partes del expediente
- Eduardo Ávila Martínez
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad y con los anexos que adjunta al mismo; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. En relación con la documental que se recibe con el informe de cuenta, se tiene a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. Asimismo, téngase a la citada autoridad remitiendo disco versátil digital "DVD" que contiene la audiencia inicial celebrada dentro de la carpeta procesal CP/0124/2023, mismo que adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, por lo que en términos del dispositivo 119 de la ley de la materia, es admitido y desahogado por su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Este proveído tiene apoyo en la jurisprudencia 1a/J.43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página setecientos tres, Tomo I, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del mes de agosto de dos mil trece, la cual establece: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en el proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a la tercera interesada María Lomelí Guevara, en representación de su mejor hija, sin embargo, en la diligencia de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, llevada a cabo por la actuaria adscrita (foja 27), la referida persona indicó que su nombre correcto es Mariela; por tanto, se hace la aclaración del nombre de la mencionada, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede a********************, la suspensión definitiva solicitada conforme a lo expuesto en el considerando único de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
- Incidental
atamoros, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el cuaderno principal en acuerdo de esta fecha, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la ********************ey Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos ********exicanos, con copia simple del escrito de demanda tramítese el incidente de suspensión único relativo al juicio de amparo 1182/2023-VII, promovido por los licenciados ********y********************, en su carácter de defensores particulares de ********************, contra actos del Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial perteneciente a la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Conforme a los artículos 138, fracción III y 140 de la ********************ey Amparo, con copia simple del escrito de demanda, pídase a la responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que reciba el oficio que derive de este proveído, en el que se concretará a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuyen; además, podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir su informe previo en el plazo requerido, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia. Con fundamento en el numeral 138, fracción II, de la referida legislación, se cita a las partes a la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las nueve horas con diez minutos del trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase a la parte quejosa señalando como tercera interesada a ********************, en representación de su menor hija********************, con domicilio en calle ********************, número ********************, entre ******************** y ********************, del fraccionamiento Arboledas, en esta ciudad, por lo que, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, se le tiene como reconocido tal carácter; consecuentemente, se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el referido sitio, y notifique éste proveído a la parte tercera interesada de mérito. De igual manera, Con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso e), de la ********************ey de Amparo, se tienen como terceros interesados a los licenciados ********************, Asesor Jurídico del Instituto de Atención a Víctimas y ********************, Agente del ********************inisterio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad General de Investigación Tres, ambos con asiento en esta ciudad, por lo que mediante oficios se notifiquen del presente acuerdo. Toda vez que en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación con su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, toda vez que darle el mismo trato que a los mayores de dieciocho años de edad, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente y con fundamento en los artículos 1, primeros tres párrafos, y 4 párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos ********************exicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores" puntos 6 y 7 del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en los Casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de resguardar la identidad de la menor, se determina como medida para proteger su identidad, en lo subsecuente, se suprima de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarla; de ahí que, en lo subsecuente se procederá a identificarla por sus iniciales******************** Enseguida, se provee sobre la medida cautelar solicitada. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa señaló como acto reclamado, lo siguiente: "Reclamamos al Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial perteneciente a la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ********************ic. ********************, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dictada dentro de la continuación de la Audiencia Inicial, de fecha ********************, en la carpeta procesal ********************, que se sigue en contra del quejoso, por el delito de Abuso Sexual."(Sic) Igualmente, cabe señalar, que la parte doliente solicita la suspensión del acto reclamado para los siguientes efectos: ".solicitamos se conceda la suspensión provisional del acto reclamado y la definitiva en su oportunidad..." (Sic) Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver los casos Txompaxtle Tecpile y otros Vs ********************éxico y García Rodríguez y otro Vs ********************éxico estableció que la prisión preventiva oficiosa vulnera los derechos humanos a la libertad personal y presunción de inocencia; sin embargo, también lo es que dicha medida cautelar constituye una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normativa internacional debe ser una medida excepcional para su imposición. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 32/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la ********************ederación, Undécima Época, ********************ateria Penal, ********************ibro 13, ********************ayo de 2022, Tomo III, registro 2024608, página 2838, que enseguida se transcribe: "PRISIÓN PREVENTIVA O********************ICIOSA. PROCEDE REVISAR SU DURACIÓN EN E******************** P********************AZO DE DOS AÑOS, A QUE SE RE********************IERE E******************** ARTÍCU********************O 20, APARTADO ********************, ********************RACCIÓN IX, CONSTITUCIONA******************** Y, EN SU CASO, DETER********************INAR SI CESA O SE PRO********************ONGA SU AP********************ICACIÓN. Hechos: Una persona fue vinculada a proceso por el delito de privación de la libertad para cometer el delito de robo; consecuentemente, se le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa. Durante el desarrollo del procedimiento, la defensa solicitó audiencia para debatir el cese y sustitución de la medida cautelar, al haber transcurrido más de dos años sin que le fuera dictada sentencia; la Jueza de Control determinó negar la petición, lo que fue confirmado en apelación. En contra de la anterior determinación, la defensa promovió juicio de amparo indirecto, el cual se negó por el Tribunal Unitario de Amparo bajo el argumento de que no puede analizarse el párrafo segundo, de la fracción IX, apartado ********************, del artículo 20 de la Constitución General sin considerar lo que a su vez establece el diverso 19 del mismo ordenamiento, respecto a tal medida excepcional y la justificación de la prisión preventiva oficiosa, cuya imposición obedece a diversos factores tales como el tipo de delito cometido y los medios comisivos. Criterio jurídico: ********************a Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que de la exposición de motivos que permite conocer el origen causal de la creación de la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 constitucional, así como de la interpretación que esta Primera Sala ha fijado respecto al artículo 20, apartado ********************, fracción IX, constitucional, no se advierte impedimento constitucional o legal alguno para que la prisión preventiva, impuesta oficiosamente por un Juez de Control en el sistema penal acusatorio, pueda ser revisada en el plazo de dos años posterior a su aplicación, para el efecto de que dicha autoridad determine su cese o prolongación. Justificación: ********************ajo el entendimiento de que la prisión preventiva oficiosa es una restricción constitucional a la libertad personal, que bajo la normatividad internacional debe ser una medida excepcional para su imposición, se puede afirmar que ni el legislador de la Constitución ni el legislador ordinario propiciaron distinción alguna de aquella figura en cuanto a la posibilidad de su revisión, cese o prolongación, a los dos años de su imposición. Por tanto, en caso de que el plazo de duración de la prisión preventiva oficiosa deba prolongarse, esta decisión de la autoridad jurisdiccional deberá estar sujeta a un escrutinio elevado en justificación, que evitará que esta medida cautelar se extienda innecesariamente. De conformidad con los estándares internacionales y los precedentes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutinio, las autoridades respectivas tomarán en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y, c) la conducta de las autoridades. En el entendido de que corresponde al ********************iscal la carga de probar ante la autoridad judicial que, en el caso concreto, se actualizan dichos elementos, esto es, que el asunto es complejo, que la actividad procesal del interesado es la detonante de la dilación para la culminación del proceso y que la conducta de las autoridades ha sido diligente en la conducción del proceso. Y, en su caso, el ********************inisterio Público deberá acreditar la necesidad de que continúe la medida cautelar. ********************a consecuencia de no demostrar debidamente lo anterior, será el cese de la prisión preventiva oficiosa y dará lugar, entonces, a que se debata en la audiencia respectiva la imposición de otra u otras de las medidas cautelares que prevé el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todo ello conforme a lo establecido en el artículo 161 y demás aplicables de dicho código procesal. ********************a prisión preventiva (en cualquier modalidad) es profundamente restrictiva del derecho a la libertad personal de los imputados en el proceso penal acusatorio y, por tanto, debe ser revisable." Igual cabe señalar que el Pleno del máximo tribunal del País ha determinado que cuando en la Carta ********************agna exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se estará a lo que indica la norma constitucional, dado que el principio que le brinda supremacía comporta el encubrimiento de la constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con ella, tanto en un sentido formal como material. Si alguno de los deberes de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica desconocer una restricción constitucional, ésta debe prevalecer; máxime que por constituir el aludido numeral 19 una disposición integrante del ordenamiento mayor del orden jurídico mexicano no vulnera derechos humanos. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la ********************ederación, Décima Época, ********************ateria Constitucional, ********************ibro 5, abril de 2014, Tomo I, registro 2006224, página 202, que a continuación se reproduce: "DERECHOS HU********************ANOS CONTENIDOS EN ********************A CONSTITUCIÓN Y EN ********************OS TRATADOS INTERNACIONA********************ES. CONSTITUYEN E******************** PARÁ********************ETRO DE CONTRO******************** DE REGU********************ARIDAD CONSTITUCIONA********************, PERO CUANDO EN ********************A CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA A******************** EJERCICIO DE AQUÉ****************************************OS, SE DE********************E ESTAR A ********************O QUE ESTA****************************************ECE E******************** TEXTO CONSTITUCIONA********************. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado ********************exicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos ********************exicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Igualmente, la tesis P. XVI/2015 (10a.) del ********************áximo Tribunal del País, publicada en el propio medio de difusión, ********************ibro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, registro 2010000, página 237, que señala: "SENTENCIAS DE ********************A CORTE INTERA********************ERICANA DE DERECHOS HU********************ANOS. DIRECTRICES PARA ESTA****************************************ECER Y CONCRETAR ********************AS O****************************************IGACIONES QUE DE********************E CU********************P********************IR E******************** PODER JUDICIA******************** DE ********************A ********************EDERACIÓN TRATÁNDOSE DE RESTRICCIONES CONSTITUCIONA********************ES. ********************a jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es aceptada por el Estado ********************exicano y, en esa medida, en tanto se esté frente al incumplimiento de obligaciones expresamente contraídas por éste, no corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por aquel organismo internacional es correcta o no, lo que debe entenderse en forma unímoda y dogmática, ya que la competencia del ********************áximo Tribunal Constitucional del país, como garante de la supremacía constitucional, descansa ontológica e inmanentemente en su actuación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos ********************exicanos. Por tanto, para establecer y concretar las obligaciones que debe cumplir el Poder Judicial de la ********************ederación en atención a las sentencias internacionales, se estima necesario analizar siempre: (I) los débitos que expresamente se desprenden de tales fallos para el Poder Judicial de la ********************ederación, como parte del Estado ********************exicano; y, (II) la correspondencia que debe existir entre los derechos humanos que estimó vulnerados la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con los reconocidos por la Constitución General de la República o los tratados internacionales celebrados por el Estado ********************exicano y que, por tanto, se comprometió a respetar. En el entendido de que si alguno de los deberes del fallo implica desconocer una restricción constitucional, ésta deberá prevalecer, en términos de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) (*)." En el entendido de que los precitados criterios jurisprudenciales no han sido abandonados ni interrumpidos; de ahí que resulten de aplicación obligatoria para este tribunal colegiado de conformidad con el artículo 217 de la ********************ey de Amparo; mientras que la tesis aislada, aunque no obligatoria, sí es un criterio orientador. Sobre lo dicho, el artículo 166, fracción I, de la ********************ey de Amparo, dispone: "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el ********************inisterio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." ********************o anterior, porque en términos del dispositivo transcrito, tratándose de delitos de prisión preventiva oficiosa conforme al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos ********************exicanos, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el proceso penal para los efectos de su continuación. Y así, aunque en razón de los asuntos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda deducirse la inconvencionalidad del artículo 166, fracción I de la ********************ey de Amparo, dada la restricción constitucional que prevalece sobre la prisión preventiva oficiosa, no es posible inaplicar dicho dispositivo legal. En consecuencia, es improcedente conceder la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos que fue solicitada, mismos que quedaron transcritos con antelación. Por lo que se concede la medida cautelar para el único efecto de que el agraviado ********************, quede a disposición del juez de Distrito en cuanto a su libertad personal en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del órgano jurisdiccional responsable para la continuación del procedimiento iniciado en su contra, de conformidad con el artículo 166, fracción I de la legislación de amparo. El anterior criterio fue extraído de la resolución emitida el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dentro del incidente en revisión 174/2023 Penal, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. En cuanto a las pruebas documentales ofrecidas por la parte agraviada, con fundamento en lo establecido en el numeral 143 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas desde este momento por su propia y especial naturaleza. Téngase a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda. Notifíquese personalmente a la tercera interesada ********************, en representación de su menor hija********************; por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa, así como a la Agente del ********************inisterio Público de la ********************ederación adscrita; y, por oficio a la autoridad señalada con el carácter de responsable, así como a los representes sociales terceros interesados. Así lo acuerda y firma el licenciado ********************rancisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en ********************aterias de Amparo y Juicios ********************ederales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por Andrés Arturo Gallegos de la Fuente, Jorge García Silguero, Martín Monrreal Pérez y Ricardo Estrada Guzmán, en su carácter de defensores particulares de Eduardo Ávila Martínez, contra actos del Juez de Control del Cuarto Distrito Judicial perteneciente a la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad; regístrese con el número 1182/2023-VII. Por otro lado, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al no advertirse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de derechos fundamentales. Con apoyo en el ordinal 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 5º, fracción IV, de la ley de la materia, dése la intervención que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este tribunal. De conformidad con lo establecido por el numeral 128 de la Ley de Amparo, fórmese por separado expediente único del incidente de suspensión que se solicita, sin necesidad de integrarse cuaderno duplicado físico, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. En términos del artículo 117 de la legislación en cita, pídase el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo y, de ser cierto el acto reclamado por la parte quejosa, remitir las constancias necesarias; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido o no remitir la copia certificada completa y legible de las citadas constancias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional); lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En el entendido de que además el juez responsable deberá rendir su informe justificado atendiendo a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 117 de la citada legislación, es decir, acompañar un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Asimismo, requiérase a la parte agraviada y a la autoridad responsable, para que informen oportunamente a este tribunal, si cesaron los efectos del acto reclamado o si ocurren causas notorias de sobreseimiento como lo prevé el artículo 64 de la ley de la materia, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con sustento en el numeral 251 de la legislación de la materia, se les impondrá una multa por la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos con veinte centavos, moneda nacional), equivalente a treinta veces el valor diario de la indicada unidad de medida. Se cita a la audiencia constitucional, misma que se llevará a cabo a las diez horas con treinta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, téngase a la parte quejosa señalando como tercera interesada a María Lomelí Guevara, en representación de su menor hija M.F.B.L., con domicilio en calle Santos Degollado, número sesenta y seis (66), entre Sándalos y Cerezos, del fraccionamiento Arboledas, en esta ciudad, por lo que, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la ley de la materia, se le tiene como reconocido tal carácter; consecuentemente, se comisiona a la actuaria adscrita para que se constituya en el referido sitio, y emplace a la parte tercera interesada de mérito, a la presente contienda constitucional, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, a fin de que si es su deseo se apersone a hacer valer lo que a su interés legal convenga. De igual manera, Con fundamento en el numeral 5°, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a los licenciados Jesús Enrique Flores López, Asesor Jurídico del Instituto de Atención a Víctimas y José Rey Erasmo Carlos Jiménez, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio, adscrito a la Unidad General de Investigación Tres, ambos con asiento en esta ciudad, por lo que se ordena su llamamiento a este conflicto constitucional mediante oficios, a los que se les deberá anexar copia simple de la demanda; lo anterior, a fin de que si es su deseo, se apersonen a hacer valer lo que a sus intereses convenga. Toda vez que en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad y que los niños, niñas y adolescentes son personas diferentes a un adulto, en relación con su desarrollo cognitivo, emocional y moral, resulta indispensable brindarles una atención especializada, toda vez que darle el mismo trato que a los mayores de dieciocho años de edad, supone colocarlos en una situación desigual en el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que de conformidad con el principio del interés superior del niño, niña o adolescente y con fundamento en los artículos 1, primeros tres párrafos, y 4 párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos del Capítulo III "Reglas y Consideraciones Generales para las y los Juzgadores" puntos 6 y 7 del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en los Casos que involucren Niños, Niñas y Adolescentes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el propósito de resguardar la identidad de la menor, se determina como medida para proteger su identidad, en lo subsecuente, se suprima de este juicio su nombre, dirección o cualquier otra información que pudiera servir para identificarla; de ahí que, en lo subsecuente se procederá a identificarla por sus iniciales M.F.B.L. Por otra parte, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 de la Ley de Amparo, solicítese al titular del Juzgado de Control del Cuarto Distrito Judicial perteneciente a la Tercera Región del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, para que con su informe justificado remita copia certificada de las constancias que acreditan a los licenciados Andrés Arturo Gallegos de la Fuente, Jorge García Silguero, Martín Monrreal Pérez y Ricardo Estrada Guzmán, como defensores particulares del aquí quejoso Eduardo Ávila Martínez, dentro de la carpeta procesal 0124/2023, de su índice. En cuanto a las pruebas documentales ofrecidas por la parte agraviada, con fundamento en lo establecido en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas desde este momento por su propia y especial naturaleza. En otro contexto, una vez que se declare concluida la etapa intermedia en la carpeta procesal que se sigue ante el juez responsable, éste deberá suspender el procedimiento en lo que corresponde al aquí quejoso Eduardo Ávila Martínez, hasta en tanto sea notificado de la resolución que recaiga en este asunto; lo anterior, en términos del artículo 61, fracción XVII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Ténganse a los promoventes señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la tercera interesada María Lomelí Guevara, en representación de su menor hija M.F.B.L., por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa y por oficio a la autoridad señalada con el carácter de responsable, así como a los representes sociales terceros interesados. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Edgar Ulises González González, Secretario que actúa y da fe.
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