Eduardo Avalos García
Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/06/2021
Partes del expediente
- Eduardo Avalos García
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en el término que se le otorgó; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a dictar resolución en la que se declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Por tanto, este órgano jurisdiccional declara que LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar concluido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció a las partes el plazo legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo solicitado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por tanto, con fundamento en los artículos 77, último párrafo, 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Actuario Notificador adscrito a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo y remita constancia fehaciente de ello, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido que el amparo fue concedido para los siguientes efectos: "SEXTO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a fijar los efectos de la concesión del amparo. A fin de asegurar el estricto cumplimiento a la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable, deberá: Demostrar que se constituyó en el domicilio de la parte demandada a fin de notificar, con la anticipación debida, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; o en su caso, demostrar el impedimento legal o material que tenga para ello. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del procedimiento laboral, sin comprender los actos subsecuentes, lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL AUTO DE 10 DE MAYO DE 2021, QUE DICE: Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de dos de marzo de dos mil veinte, se reservó la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa, hasta en tanto, se encontraran emplazadas la totalidad de las partes, a lo que ya aconteció; se provee: Es conveniente tener en cuenta el contenido de los artículos 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicen: Artículo 79. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. --- Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Artículo 85. Ni la prueba, en general, ni los medios de prueba establecidos por la ley, son renunciables. Artículo 86. Sólo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres en que se funde el derecho. Del contenido de estos preceptos legales, se desprende que, para conocer la verdad, el juzgador puede valerse de cualquier prueba que esté reconocida por la ley y tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Esto último, es decir, la necesidad de que la prueba ofrecida tenga relación inmediata con los hechos litigiosos constituye una regla lógica que cabe aplicar supletoriamente en el juicio de amparo porque en éste, existiendo sistema probatorio, no aparece el principio de pertinencia o idoneidad de la prueba. El principio de la idoneidad de la prueba, es recogido por el ya transcrito artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles; por tanto, debe considerarse que toda prueba debe tener relación inmediata con los hechos controvertidos, como establece el referido artículo, pues sería contrario a la lógica y aun al sentido común que se admitieran y mandaran preparar pruebas como por ejemplo la inspección judicial, cuando de los puntos sobre los cuales versaría la citada prueba, se viera, desde luego y sin dudas, que nada tiene que ver con la litis. Pues en el caso, la parte quejosa pretende acreditar con la prueba testimonial que los quejosos son propietarios de la finca ubicada en la calle Independencia, número sesenta y nueve, colonia Centro de Colotlán, Jalisco, así como la situación jurídica del inmueble. Al respecto, la prueba testimonial no es la prueba idónea para acreditar la propiedad, que es un derecho y no un hecho que pueda demostrarse con el testimonio de terceros. Tiene apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, materia común, Tomo I, Segunda Parte-2, enero-junio de 1988, página 800, de rubro y texto: PROPIEDAD, DERECHO DE, NO SE ACREDITA CON LA PRUEBA TESTIMONIAL. La prueba testimonial no es idónea para acreditar la propiedad, que es un derecho y no un hecho que pueda apreciarse por los sentidos. Por tanto, se desecha por falta de idoneidad la prueba testimonial que pretende ofrecer la quejosa. Al respecto, cabe invocar la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochenta y uno, tomo dieciocho, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: PRUEBAS INCONGRUENTES.- Es cierto que el tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley, según lo establece en su primera parte el artículo 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles; pero también lo es que sólo deberán de recibirse aquellas que conforme a la ley tengan tal carácter, es decir, procedentes para el objeto que se propusieron y no las que sean incongruentes con los hechos que se controvierten o se promuevan de modo indebido.. Tiene aplicación, en forma análoga, la jurisprudencia P./J. 41/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de tesis, visible en la página ciento cincuenta y siete, Tomo XIII, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de abril de dos mil uno, que dice: PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. De igual manera, es sustentable lo anterior, en la tesis aislada, del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2, enero-junio de mil novecientos ochenta y nueve, página seiscientos veintiunos, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: PRUEBAS INCONDUCENTES. DEBEN DESECHARSE POR SER CONTRARIAS AL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL. En materia procesal destaca el empleo por parte del juzgador de diversos principios generales del derecho, entre los cuales se hallan lo de preclusión, exhaustividad, buena fe, congruencia, eventualidad y el de economía procesal. Precisamente por efecto de este último, es deber del órgano jurisdiccional asegurarse de la celeridad de los procedimientos y de la pronta decisión de los pleitos ante él ventilados. Y resulta evidente que dichos propósitos no se cumplirían si durante el juicio de amparo se admitieran pruebas ofrecidas por las partes que no condujeran a acreditar los extremos de la acción y excepciones deducidas en el proceso, pues su rendición y desahogo retrasaría injustificadamente el dictado de la resolución final, por lo cual, resulta ajustado a derecho el desechamiento que de estas pruebas se decrete por razones de economía procesal. Son aplicables las jurisprudencias y tesis citadas con anterioridad, toda vez que las mismas no se oponen a la Ley de Amparo que se encuentra vigente, de conformidad con lo dispuesto en su artículo Sexto Transitorio. Por otra parte, mediante proveído de cuatro de agosto de dos mil veinte, se reservaron proveer las pruebas testimoniales y de inspección judicial ofrecidas por la parte tercera interesada, a lo que se provee: No ha lugar a tenerlas por anunciadas, toda vez que su derecho para hacerlo precluyó, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 119, tercer párrafo de la Ley de Amparo, el ofrecimiento debe hacerse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, lo que en el caso no acontece, dado que presentó el escrito el diecisiete de marzo del dos mil veinte, y la audiencia constitucional se encuentra señalada para las diecinueve de marzo de dos mil veinte. Ciertamente, el anuncio y ofrecimiento de las pruebas propuestas, acorde con el artículo 119, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, debió hacerse cinco días hábiles previos a la audiencia, excluyendo por tal motivo, aquellos días que inhabilitan las leyes expedidas por la autoridad legislativa; es decir, los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de tales medios de prueba, son aquellos que por disposición legal están previstos como tales. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 19/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dieciséis, tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: DÍAS INHÁBILES PARA EL ANUNCIO DE LAS PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL E INSPECCIÓN OCULAR EN EL AMPARO. SÓLO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ESTABLECIDOS EN DISPOSICIONES GENERALES EXPEDIDAS POR EL ÓRGANO LEGISLATIVO, SIN INCLUIR LOS DÍAS EN QUE SE SUSPENDAN LAS LABORES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL POR ACUERDO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL O DEL PROPIO TRIBUNAL O JUZGADO. Los artículos 23, 24, 26 y 151, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los artículos 281, 282, 286 y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, establecen cuáles son los días hábiles para la realización de las actuaciones judiciales, determinando asimismo cuáles son los inhábiles y, por ende, en los que no deben realizarse tales actuaciones; estos preceptos dan certeza a los litigantes para conocer de antemano cuáles son los días inhábiles que deben deducir del cómputo de los plazos legales previstos para la realización de cualquier actuación procesal; además de esos días predeterminados, hay otros que alteran esa previsión legal, en cuanto provocan modificaciones del plazo respectivo, que por regla general, favorece a los gobernados dado que prolonga en su beneficio el plazo con que originalmente contaban para efectuar determinado acto procesal, los cuales pueden provenir de un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal o de los propios Tribunal Unitario de Circuito o Juzgado de Distrito que conozca del juicio, originados por caso fortuito o fuerza mayor, supuestos en los que el órgano jurisdiccional autoriza administrativamente la suspensión de labores, lo que trae como consecuencia que ese día se considere inhábil conforme a lo previsto en el artículo 26 de la Ley de Amparo, provocando casi siempre la prolongación del plazo respectivo; empero, para salvar cualquier eventual confusión cuando la inhabilitación de un día provoca la reducción del plazo, como ocurre verbigracia, respecto al anuncio de las pruebas testimonial, pericial e inspección ocular que habrán de rendirse en el amparo, acto procesal que debe efectuarse cinco días hábiles antes de celebrarse la audiencia constitucional, la autoridad que conozca del amparo no debe deducir del plazo los días en que se haya acordado la suspensión laboral con motivo de los acuerdos referidos, puesto que en este caso la consecuencia que sufre el gobernado le produce perjuicio, dado que ese hecho futuro, incierto e imprevisible puede provocar la deserción de tales pruebas por el anuncio inoportuno, lo que evidentemente resulta injustificado; de ahí que los únicos días que en todo momento pueden considerarse como inhábiles para el anuncio de dichos medios de prueba, son aquellos que previenen las disposiciones legales, en la medida en que su inhabilitación es producto de una decisión adoptada por el legislador, cuya observancia general deriva del conocimiento que tienen los gobernados por haberse publicado en los medios de difusión autorizados, en este caso en el Diario Oficial de la Federación. (Subrayas ajenas al texto). De lo que resulta incuestionable que el ofrecimiento de dicho medio de convicción resulta extemporáneo, pues dicha circunstancia no ocasiona estado de indefensión a la parte quejosa, atendiendo a que tuvo oportunidad de hacer uso de su derecho y no lo ejerció, operando por tanto la preclusión de éste en su perjuicio, sin que de autos se advierta que con esos medios de convicción se pretendan probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por la parte tercera interesada con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, dado que fue debidamente emplazada desde el seis de marzo de dos mil veinte. Se acata por obligatoria, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por reiteración 2a./J. 107/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página mil veintinueve, Libro 33, Tomo I, agosto de dos mil dieciséis, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes. Asimismo, tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia por contradicción sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, P./J.7/96, en la página cincuenta y tres, febrero de mil novecientos noventa y seis, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA. Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.- Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el período posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal. (Subrayas ajenas al texto). Al margen de las anteriores consideraciones para desechar las pruebas testimoniales y de inspección judicial ofrecidas por la parte quejosa y tercera interesada, debe decirse que la parte quejosa reclama, en esencia, el acuerdo de ocho de enero de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 759/2018, a través del cual se ordenó poner en posesión a los terceros interesados, por conducto de su albacea del bien inmueble ubicado en la calle Independencia, número sesenta y nueve, en la ciudad de Colotlán, Jalisco, así como el acta de diligencia para poner en posesión. Luego, la parte quejosa estima violado su derecho de propiedad en relación al bien inmueble referido, ya que aduce que forma parte de la masa o caudal hereditario del juicio testamentario *******, del índice del Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Por lo que, las pruebas testimoniales y de inspección judicial no son las pruebas idóneas para acreditar la propiedad, que es un derecho y no un hecho que pueda apreciarse por los sentidos, ni por la declaración de terceras personas. Por otra parte, la parte tercera interesada mediante escrito registrado con el número de promoción 4827, recibido el diecisiete de marzo de dos mil veinte, objetó la eficacia de las pruebas documentales que acompañó la parte quejosa; se le tiene objetando en cuanto a su alcance y valor probatorio, en términos de la jurisprudencia 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD., en el que se determinó que el artículo 153 de la Ley de Amparo (abrogada) autoriza a objetar de falsos los documentos presentados por alguna de las partes; y, en su párrafo segundo, precisa los alcances o la materia de esa objeción, al señalar que lo dispuesto en el propio precepto legal sólo da competencia al ente judicial para apreciar, dentro del juicio de amparo, la autenticidad en relación con los efectos exclusivos de dicho juicio, precisión que de por sí indica que la objeción de falsedad del documento debe referirse a su autenticidad, es decir, a su continente y no a su contenido, pues esto último será materia de análisis al emitirse la sentencia correspondiente con base en los elementos probatorios aportados por las partes y demás constancias de autos. Sin que sea oportuno requerir a la parte quejosa para que manifieste si es su voluntad señalar a *******y *******, con el carácter de terceros interesados, ya que su calidad no depende de la voluntad del quejoso, sino de que se actualice alguna de las hipótesis del artículo 5 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página mil ciento treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación, que al rubro dice: TERCERO PERJUDICADO. SU CALIDAD NO DEPENDE DEL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO NI DEL RECONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO, SINO DE QUE SE ACTUALICE ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO. Por otra parte, se advierte que transcurrió a la parte quejosa el plazo de quince días otorgado en proveído de veintiuno de febrero de dos mil veinte, para que manifestara su voluntad de ampliar la demanda de amparo, respecto de los autos emitidos dentro del expediente 759/2018, sin que lo hubiese hecho; por tanto, el presente juicio de amparo se resolverá conforme a los actos reclamados inicialmente planteados. Finalmente, para dar lugar a que las partes se impongan de la presente determinación, la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy, se difiere y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa, a través de sus autorizados y su albacea provisional, así como a la parte tercera interesada.
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