Eduardo Arvizu Mendez

Expediente 827/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
827/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
15/12/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Arvizu Mendez
  • C.M. En C. Ana Luisa Rosa Figueroa Carranzam En Su Caracter de Directora Regional Noroeste Y Alto Golfo de California de la Conanp, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Hermosillo Sonora.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    SE R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eduardo Arvizu Méndez, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables 1) Encargada del Área de Protección de Flora y Fauna, 2) Supervisor Público, 3) Directora y 4) Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California, todos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, residentes en Hermosillo, Sonora; 5) Capitán de Puerto Regional, 6) Vicealmirante CG. DEM. RET. José Ángel Treviño Núñez, Capitán de Puerto de la Secretaría de Marina, Región de la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa y 7) Jefe de los Oficiales de Resguardo Marítimo de Capitanía de Puerto, todos con asiento en esta localidad, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta resolución. SEGUNDO. Cúmplase con lo ordenado en el considerando sexto de esta resolución.

  2. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen recibidos los oficios 1662/2022 y 1663/2022, signados por las autoridades responsables Vicealmirante C.G. DEM. RET. Capitán de Puerto Regional de Mazatlán, Sinaloa y Jefe del Departamento de Resguardo Marítimo Federal de la Capitanía de Puerto Regional, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales rinden su respectivo informe justificado. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio y delegados señalados por las responsables, se deberán estar a lo acordado en auto de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en el que se proveyó al respecto.

  3. Principal

    Téngase recibido el escrito signado por el quejoso Eduardo Arvizu Méndez, a través del cual ofrece videograbaciones como medio electrónico de prueba contenido en un dispositivo de almacenamiento USB; con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se recibe la prueba documental, sin perjuicio de hacer nueva relación de éste en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo, en el entendido de que es carga de la oferente la viabilidad de la reproducción del dispositivo de que se trata. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, se tiene al quejoso formulando manifestaciones, las que podrán ser tomadas en consideración en la audiencia constitucional respectiva, atento a lo establecido en el ordinal 124 del ordenamiento legal en cita. Finalmente, en relación a su solicitud en el sentido de que se dé vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; con fundamento en lo dispuesto por el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que si éste considera que la conducta desplegada por parte de las autoridades responsables de que se trata o cualquiera de las partes es constitutiva de algún ilícito, deberá hacerlo valer ante las autoridades competentes, por lo que tiene expedito su derecho para que acuda ante las mismas, sin mediación de este Juzgado.

  4. Incidental

    El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Natali Valdez Ramos, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este incidente con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. A continuación la Secretaria, procede a dar lectura a las constancias que obran en autos: copia simple del escrito inicial de demanda; acuerdos de treinta de septiembre y veinte de octubre de dos mil veintidós, en los que se negó la suspensión provisional solicitada, e informes previos rendidos por las autoridades Jefe del Departamento de Navegación, de la Capitanía del Puerto, en suplencia del Vicealmirante CG. DEM. RET, (i) Capitán de Puerto Regional, con sede en esta ciudad; Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la (ii) Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; y de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la (iii) Encargada de dicha área de protección; Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; y de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del (iv) Supervisor Público y de la Directora, ambos adscritos a la citada Dirección, Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; y de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la (v) Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado, todas con residencia en Hermosillo, Sonora; (vi) Vicealmirante C.G. DE. RET. Capitán de Puerto y (vii) Jefe del Departamento de Resguardo Marítimo Federal, ambos adscritos a la Capitanía de Puerto Regional, con residencia en esta ciudad, Acto seguido, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias que antecede y de conformidad con el numeral 140 de la ley de la materia en cita, por rendidos los informes previos de referencia. Abierto el período de pruebas: la secretaria hace constar que no se ofrecieron pruebas, por ninguna de las partes del presente incidente de suspensión, por tanto se cierra la etapa probatoria Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, como tampoco el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar la resolución. Visto para resolver el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto número 827/2022, promovido por Eduardo Arvizu Méndez; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por acuerdo de treinta de septiembre del año en curso, se formó el incidente de suspensión en que se actúa, derivado del juicio de amparo indirecto 827/2022, promovido por Eduardo Arvizu Méndez, contra actos de la Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con sede en Hermosillo, Sonora, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, que hizo consistir en las resoluciones de doce de septiembre del año en curso, en donde le desechan los trámites por los cuales solicitó realizar actividades para la prestación de servicios turísticos tripulando sus dos embarcaciones menores; la primera de nombre "LALITO", con número de matrícula 25033362143, y la segunda "LALITO BRAVO", con número de matrícula 25033625142. En proveído de veinte de octubre del año en curso, se tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda por cuanto hace a las autoridades i) Vicealmirante CG. DEM. RET. José Ángel Treviño Núñez y ii) Jefe de los Oficiales de Resguardo Marítimo de Capitanía de Puerto, ambos con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Se requirió informe previo a las autoridades responsables y el día de hoy tuvo verificativo la audiencia incidental, la que se desahogó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Las autoridades responsables (i) Capitán de Puerto Regional, con sede en esta ciudad; Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la (ii) Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la (iii) Encargada de dicha área de protección; Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; y de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación del (iv) Supervisor Público y de la Directora, ambos adscritos a la citada Dirección, todas con residencia en Hermosillo, Sonora; (vi) Vicealmirante C.G. DE. RET. Capitán de Puerto y (vii) Jefe del Departamento de Resguardo Marítimo Federal, ambos adscritos a la Capitanía de Puerto Regional, con residencia en esta ciudad, negaron la existencia del acto reclamado al rendir sus respectivos informes previos. En consecuencia, como la parte quejosa no aportó prueba en contrario tendente a desvirtuar dichas negativas, por falta de materia procede NEGAR la suspensión definitiva solicitada, respecto a las citadas autoridades. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia VI.20.J/19, visible en la página ciento treinta y tres, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, julio de mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguientes: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." SEGUNDO. ESTUDIO DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Los aspectos que el Juzgador debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que los quejosos deben reunir para su procedencia, se encuentran contemplados tanto en la norma constitucional citada, como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, los cuales han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.). Establecido lo anterior, se analizará si en el caso se reúnen los mencionados requisitos para conceder la suspensión a la parte quejosa. 1. Solicitud expresa del quejoso. Este requisito contenido en la fracción I del numeral 128 de la Ley de Amparo, se tiene por satisfecho con la demanda de amparo y la solicitud de la medida cautelar en el capítulo de suspensión. 2. Existencia del acto cuya suspensión se solicita. La autoridad responsable Subdirector de Asuntos Contenciosos Regional en su carácter de representante legal de la Dirección del Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California y Delta del Rio Colorado; y de la Dirección Regional Noroeste y Alto Golfo de California, Unidades Administrativas adscritas a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en representación de la Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California y Delta del Rio Colorado, con sede en Hermosillo Sonora, admitió la existencia del acto reclamado. 3. Que el acto reclamado sea susceptible de suspensión. El primero de los aspectos que se tienen en cuenta para proveer sobre dicha medida cautelar lo constituye el análisis de la naturaleza del acto que será suspendible, tomando en consideración el criterio que informa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página trescientos doce, del Tomo XI, de junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." De conformidad con lo anterior, es menester indicar que la suspensión definitiva es una institución de naturaleza procesal, que tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, para que de esta manera no llegue a resultar inútil la protección de la Justicia Federal que se pretende pues, en algunos casos, si se llevare a cabo su ejecución definitivamente durante la secuela del juicio de amparo, de nada serviría la eventual sentencia que llegare a pronunciarse a su favor. En este tenor, el objeto de la suspensión definitiva es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consumen destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan detrimentos de difícil o imposible reparación a la parte quejosa, ello sólo mientras se decide sobre la suspensión definitiva y se notifica la resolución respectiva a la responsable. Lo anterior, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite la parte quejosa, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, debiendo el juez de distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. Sin embargo, la medida cautelar no puede tener efectos constitutivos de derechos, por lo que la medida opera únicamente para mantener las cosas en el estado en que se encuentren mientras se notifica a la responsable sobre la suspensión definitiva, lo que implica que a través de aquélla no pueden destruirse los efectos o consecuencias ya producidos del acto reclamado. Consecuentemente, de estimarse procedente conceder la suspensión definitiva, el juez de distrito debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden y tomar las medidas que estime convenientes para evitar perjuicios a los interesados o que se defrauden derechos de terceros, hasta donde sea posible, en la inteligencia de que de considerar que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla. En ese sentido, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, consistente en las resoluciones de doce de septiembre del año en curso, en donde se le desechan los trámites por los cuales solicitó realizar actividades para la prestación de servicios turísticos, esto es, la negativa de otorgarle un permiso para la prestación de servicios turísticos, no es dale conceder la medida cautelar solicitada. En efecto, la tesis de jurisprudencia 70/2019 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, indica que si bien la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Sin embargo, también destaca que lo importante para que la medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. El referido criterio es localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, pagina 286, Decima Época, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior. A su vez, el artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, establece que el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá´ tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda. En tal virtud, otorgar la suspensión solicitada a fin de que la autoridad conceda los permisos que la parte quejosa solicita, agotaría o dejaría sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo; y conforme al criterio transcrito, esto va más allá´ de los efectos suspensorios que puedan actualizarse momento a momento; además de que tendría efectos constitutivos de derechos el ordenar a las autoridades responsables a resolver sus escritos de solicitud de determinada manera, los cuales son propios de la sentencia que, en dado caso, otorgue la protección de la Justicia Federal, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo I, Junio de 1995, página 368, de rubro: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA.". Asimismo, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, página 1059, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. CARECE DE EFECTOS CONSTITUTIVOS DE DERECHOS." No pasa inadvertido que la parte quejosa remite en copia certificada de las autorizaciones con las que contaba anteriormente emitidas el diez de junio de dos mil veintiuno, por la Directora Regional Noroeste y Alto Golfo de California de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con sede en Hermosillo, Sonora, de las que se advierte que Eduardo Arvizu Méndez cuenta con permiso de las embarcaciones "LALITO" y "LALITO BRAVO", para realizar las actividades consistentes en visitas guidas incluyendo el aprovechamiento no extractivo de vida silvestre y recreación en vehículo acuático en la Isla Venados; sin embargo, como se asienta de los referidos permisos, se otorgaron por el periodo comprendido de la fecha de expedición hasta el diez de junio de dos mil veintiuno, por lo que, resulta inconcuso que de permitir el funcionamiento de las embarcaciones sin contar con los permisos vigentes, además de lo anterior, seguiría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, infringiendo con ello la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo; lo que impide que al amparo de la medida cautelar solicitada se permita la continuidad de una actividad reglada sin contar con permisos vigentes, anteponiendo el interés personal del solicitante de la tutela constitucional al general; aun cuando con ello se genere un acto de molestia al gobernado. Por las consideraciones anteriores, este juez concluye que no es procedente la solicitud de la medida cautelar, para los efectos solicitados, y por tanto, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se ÚNICO. SE NIEGA a Eduardo Arvizu Méndez, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos que reclama a las autoridades precisadas en los considerandos primero y segundo de esta resolución, por las razones expuestas en éstos. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa; ante la licenciada Natali Valdez Ramos, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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