Eduardo Arturo Ponce Martínez
Expediente 773/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/05/2018
Partes del expediente
- Eduardo Arturo Ponce Martínez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete y confirmada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Tesorero Municipal de Puebla: ".devuelva las cantidades que por concepto de derecho de alumbrado público pagó por lo que hace al mes de enero de dos mil diecisiete, así como las subsecuentes que hubiera enterado por el mismo concepto en cumplimiento a la norma reclamada; sólo por lo que hace a los servicios de energía eléctrica que tenga celebrados por los inmuebles que dicha quejosa tenga en el municipio de Puebla, Puebla. Asimismo, mediante oficio recibido el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de siete de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a la parte quejosa con tal documento, mismo que se le notificó el once de mayo del año en cita. Asimismo, la parte quejosa dio contestación a dicha vista, manifestando su conformidad con el cumplimiento dado por la autoridad responsable. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Del examen de las documentales exhibidas por el Jefe de Departamento de lo Contencioso y de lo Consultivo de la Dirección Jurídica de la Tesorería Municipal de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió realizó la transferencia electrónica a favor de la pate quejosa moral denominada "Man Digital", Sociedad Anónima de Capital Variable, de la cantidad erogada por concepto de derecho de alumbrado público correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil diecisiete. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta que antecede, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a dicha legislación según su artículo 2º, se declara que dicha sentencia que AMPARA Y PROTEGE ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de amparo, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en el considerando sexto de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, el veintisiete de marzo del presente año, misma que le fue notificada el dos de abril de dos mil dieciocho, a través del oficio 8171/2018; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional) atento a la actualización publicada en el propio diario, el diez de enero de dos mil dieciocho; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar con el procedimiento de inejecución respectivo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Incorpórese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, visto su contenido, agréguese para que obre como legalmente corresponda, atento a lo acordado por auto de dieciocho de abril del año en curso (vista-cumplimiento). NOTIFÍQUESE.
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