Eduardo Antonio Diaz Guerrero
Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Antonio Diaz Guerrero
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Téngase por recibido, con sus anexos, el oficio 13445/2021 que vía interconexión remite la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 441/2021-VI del índice de este órgano jurisdiccional, que se envió a efecto de notificar al quejoso **************, el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso y requerirlo en los términos ahí indicados. Se hace innecesario generar el correspondiente acuse de la comunicación oficial de que se trata, al haber sido enviada de manera electrónica. Dese de baja el referido exhorto, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.
- Principal
Téngase por recibido, el oficio que remite el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, a través del que remite la demanda de amparo promovida por Eduardo Antonio Díaz Guerrero, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital y otra autoridad; con apoyo en el punto 5 de la Circular SECNO/13/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 697/2021-VI. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: La resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado dela Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, dentro del toca 357/2021 de su índice, la cual aduce le fue notificada mediante buzón electrónico el veinte de ese mes. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).", así como de lo advertido en el oficio remitido por la responsable se desprende que: 1. El quejoso se duele de la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, dictada por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, dentro del toca 357/2021 de su índice. 2. Que dicha determinación le fue notificada por la responsable mediante buzón electrónico el veinte de agosto de dos mil veintiuno. 3. Que el nueve de septiembre del año en curso, el quejoso presentó ante la sala responsable, la demanda de amparo indirecto que se acuerda. 4. Que mediante oficio 2518 de diez de septiembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, remitió vía correo el escrito original de la demanda de amparo y copias de traslado. 5. Que el veintidós de septiembre de dos mil quince, fue recibida dicha demanda en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el juez de distrito competente, comenzó para el quejoso a partir del día siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, a partir del veinticuatro de agosto del año en curso, y le feneció el trece de septiembre de dos mil veintiuno, dado que según la propia manifestación del quejoso la determinación recurrida le fue notificada mediante buzón electrónico por la responsable el veinte de agosto de dos mil quince. Lo anterior, sin que obste el hecho de que el quejoso haya presentado su demanda de amparo indirecto ante la autoridad responsable el nueve de septiembre del presente año, dado que no se está en ninguna de las excepciones que establece el artículo 159 de la Ley de Amparo, ni tampoco se advierte que el promovente haya incurrido en equivocación en la vía de impugnación, ya que el quejoso planteó su demanda como amparo indirecto y la dirigió al Juez de Distrito en turno de este circuito, por lo que la presentación de su demanda de amparo resulta extemporánea. Lo antes aseverado encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, localizable con el número VI.2o. C. J/289, en la página 1282, tomo XXVI, materia común, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI NO EXISTE EQUIVOCACIÓN EN LA VÍA DE IMPUGNACIÓN. La presentación de la demanda de amparo indirecto, ante la autoridad responsable, no interrumpe el término de quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para el ejercicio de la acción constitucional. Lo anterior es así ya que si el quejoso en su demanda con toda claridad alude al amparo en la vía indirecta o biinstancial, e incluso dicho escrito lo dirige al Juez de Distrito en turno, no hay razón para que lo presente por conducto de la autoridad responsable porque no hay disposición legal que lo permita; por tanto, al no haber equivocación en la vía de impugnación no se interrumpe el término para interponer la demanda de amparo indirecto." Así como, la jurisprudencia emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 42, Tomo VI, Octubre de 1993, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA RESPONSABLE NO INTERRUMPE EL TERMINO PARA SU INTERPOSICION. Si del escrito de demanda de amparo se viene al conocimiento que la quejosa siempre tuvo la convicción de promover un juicio de amparo indirecto, en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, porque la propia quejosa aludió a que su demanda satisfacía los requisitos del artículo 116 de dicha ley reglamentaria, que se refiere a los requisitos que toda demanda de amparo biinstancial debe reunir para ser eficaz, señalando como acto reclamado una sentencia interlocutoria, la cual no es de los actos que puedan reclamarse en amparo directo, por no ser una sentencia definitiva o una resolución que ponga fin al juicio; debe concluirse, que la recepción de la demanda por la autoridad responsable, en la especie, no produce efecto legal alguno en relación con el término para la interposición del juicio de garantías indirecto, por que la intención de la peticionaria fue la de promover el juicio de amparo indirecto previsto en el título correspondiente a su tramitación en la ley de la materia, y no pretender seguir el procedimiento relativo al juicio de amparo directo, en el que sí se permite presentar la demanda relativa a través de la autoridad responsable, como lo prevé el numeral 163 del ordenamiento citado, único caso en el que esa autoridad está facultada para recibir la demanda de amparo, con lo cual se interrumpe el término respectivo." Consecuentemente, se reitera que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió en exceso, ello tomando en consideración que el aludido plazo se computó a partir del día hábil siguiente al en que le surtió efectos la notificación de la resolución reclamada, esto es, el veinticuatro de agosto del año en curso, y le feneció el trece de los actuales. De ahí que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por el quejoso fue consentido tácitamente por la recurrente. Es aplicable, lo dispuesto por la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, página 202, que a la letra reza: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA.- Es correcto el actuar del Juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el Juez de Amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el Juez Federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el Juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, página 235, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Toda vez que el quejoso señala como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en el número 18 del *************, capital; en términos de lo dispuesto en los artículos 26, fracción I, inciso j) y 27 fracción II, ambos de la Ley de Amparo, así como 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, gírese atento exhorto electrónico al Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, para que notifique el presente proveído a la parte quejosa; asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga de este proveído, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad de Celaya, Guanajuato; con el apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aun las que tuvieran que ser de carácter personal, se le practicarán por lista que se fija en los estrados de este tribunal, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, en razón de que obra su cédulas *********, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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