Eduardo Antonio Aranda Alcocer

Expediente 1173/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 41 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1173/2021
Año
2021
Actuaciones
41
Última actuación
02/01/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Antonio Aranda Alcocer

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva; se determina que el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, son susceptibles de destrucción, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo, además de que se tomaron en consideración los lineamientos expuestos por la Dirección General de Archivos. Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por autorización otorgada en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5781/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de diciembre de dos mil veintidós.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte el oficio de cuenta, suscrito por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, con sede en Ciudad de México, mediante el cual se pronuncia respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, se desprende que mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable; por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."********************En este sentido es importante asentar que, por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a ******************** misma que en fechas veintiocho de febrero y catorce de marzo de dos mil veintidós, fue recurrida por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrito a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México.********************Ahora, se aprecia que, por ejecutoria emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 122/2021, confirmó la sentencia recurrida, asimismo, en su segundo punto resolutivo la Justicia de la Unión amparó y protegió al quejoso ******************** respecto de los actos y autoridades señaladas en la sentencia recurrida, y para los efectos precisados en el considerando sexto de la sentencia impugnada.********************Asimismo, el once de noviembre del año en curso, se requirió a la responsable su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes:******************** "SEXTO. Efectos. En esas condiciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto que las autoridades responsables desincorporen de su esfera jurídica los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, los cuales constituyen un sistema normativo, únicamente respecto a las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para el uso lúdico o autoconsumo de cannabis, porque son inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación expresa o tácita, presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.".********************Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 4/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de Nación, visible en la página 491, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto:********************"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. SU DIMENSIÓN EXTERNA E INTERNA. La libertad "indefinida" que es tutelada por el derecho al libre desarrollo de la personalidad complementa las otras libertades más específicas, tales como la libertad de conciencia o la libertad de expresión, puesto que su función es salvaguardar la "esfera personal" que no se encuentra protegida por las libertades más tradicionales y concretas. En este sentido, este derecho es especialmente importante frente a la actualidad. Ahora bien, la doctrina especializada señala que el libre desarrollo de la personalidad tiene una dimensión externa y una interna. Desde el punto de vista externo, el derecho da cobertura a una genérica "libertad de acción" que permite realizar cualquier actividad que el individuo considere necesaria para el desarrollo de su personalidad. En cambio, desde una perspectiva interna, el derecho protege una "esfera de privacidad" del individuo en contra de las incursiones externas que limitan la capacidad para tomar ciertas decisiones a través de las cuales se ejerce la autonomía personal. Al respecto, si bien en un plano conceptual puede trazarse esta distinción entre los aspectos externos e internos, resulta complicado adscribir los casos de ejercicio de este derecho a una sola de estas dimensiones. Ello es así, porque las acciones que realizan los individuos en el ejercicio de su autonomía personal suponen la decisión de llevar a cabo esa acción, al tiempo que las decisiones sobre aspectos que en principio sólo incumben al individuo normalmente requieren de ciertas acciones para materializarlas. En todo caso, parece que se trata de una cuestión de énfasis. Así, mientras que hay situaciones en las que el aspecto más relevante de la autonomía personal se aprecia en la acción realizada, existen otras situaciones en las que el ejercicio de la autonomía se observa más claramente a través de la decisión adoptada por la persona".********************Así como, la jurisprudencia número 1a./J. 3/2019 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la página 489, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto:********************"DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL. Esta Primera Sala entiende que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad permite, prima facie, que las personas mayores de edad decidan sin interferencia alguna qué tipo de actividades recreativas o lúdicas desean realizar, así como llevar a cabo todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar dicha elección. De esta manera, la elección de alguna actividad recreativa o lúdica es una decisión que pertenece indudablemente a la esfera de autonomía personal que debe estar protegida por la Constitución. Esa elección puede incluir la ingesta o el consumo de sustancias que produzcan experiencias que en algún sentido "afecten" los pensamientos, las emociones y/o las sensaciones de la persona. En esta línea, se ha señalado que la decisión de fumar marihuana puede tener distintas finalidades, entre las que se incluyen el alivio de la tensión, la intensificación de las percepciones o el deseo de nuevas experiencias personales y espirituales. Estas experiencias se encuentran entre las más personales e íntimas que alguien pueda experimentar, de tal manera que la decisión de un individuo mayor de edad de "afectar" su personalidad de esta manera con fines recreativos o lúdicos se encuentra tutelada prima facie por el derecho al libre desarrollo de ésta. Así las cosas, esta Primera Sala concluye que la prohibición contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, efectivamente incide en el contenido prima facie del derecho fundamental en cuestión, toda vez que constituye un obstáculo jurídico que impide ejercer el derecho a decidir qué tipo de actividades recreativas o lúdicas se desean realizar, al tiempo que también impide llevar a cabo lícitamente todas las acciones o actividades necesarias para poder materializar esa elección a través del autoconsumo de la marihuana: siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera".********************También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 9/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 496, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de texto:********************"PROHIBICIÓN ABSOLUTA DEL CONSUMO LÚDICO DE MARIHUANA. NO ES UNA MEDIDA PROPORCIONAL PARA PROTEGER LA SALUD Y EL ORDEN PÚBLICO. En la cuarta y última etapas del test de proporcionalidad, corresponde comparar el grado de intervención en el derecho fundamental frente al grado de satisfacción de la finalidad constitucional perseguida. En este contexto, en el caso de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana contenida en los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, corresponde contrastar la eficacia con la que el "sistema de prohibiciones administrativas" consigue proteger la salud de las personas y el orden público, frente al nivel de afectación que esa misma medida provoca en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Así, en claro contraste con las escasas afectaciones en la salud y el orden público que protege la prohibición aludida, se ubica la intensa afectación al derecho al libre desarrollo de la personalidad que supone dicha medida legislativa. Desde este punto de vista, la afectación al libre desarrollo de la personalidad que comporta este "sistema de prohibiciones administrativas" puede calificarse como muy intensa, pues consiste en una prohibición prácticamente absoluta para consumir la marihuana y realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de ésta, de tal manera que suprime todas las posiciones jurídicas en las que podría ejercerse el derecho. En tal sentido, la medida analizada no se circunscribe a regular la forma y lugar en que pueden realizarse dichas actividades atendiendo a las finalidades constitucionalmente válidas que efectivamente tienen esos artículos, como podría haberlo hecho el legislador, sino que directamente prohíbe todas esas conductas. Consecuentemente, el "sistema de prohibiciones administrativas" ocasiona una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación con el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que alcanza dicha medida".********************Y, la jurisprudencia número 1a./J. 8/2019 (10a.) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 486, del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación, que refiere:********************"DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras".********************Al respecto, es de precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo el criterio de que el sistema de prohibiciones administrativas declarado inconstitucional, requiere de la expedición de una autorización por parte de la Secretaría de Salud, a efecto de que las conductas que se realicen al amparo de protección constitucional decretada, no configuren los delitos contra la salud previstos por la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.********************De ahí que, por la naturaleza del sistema declarado inconstitucional, para lograr materializar plenamente la protección decretada, se requiere de una autorización por parte de la autoridad competente; y si bien pudiera propiciarse un registro de ello, el orden jurídico nacional establece normas reglamentarias para salvaguardar el derecho humano a la protección de datos personales, tutelado por los artículos 6°, apartado A y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************En razón de lo anterior, la concesión del amparo conlleva que la autoridad competente de la Secretaria de Salud, expida al quejoso la autorización correspondiente a que se refieren los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), conforme a los lineamientos precisados que atienden a los criterios jurisprudenciales emitidos y ejecutorias dictadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.********************Esto es, tal y como lo señaló la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe quedar precisado que la concesión de amparo, no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas; que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros; y, que corresponderá a la autoridad de salud competente establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a esta resolución en el presente o futuro.********************Y con la finalidad de hacer efectivo el cumplimiento de esta ejecutoria de amparo, conviene destacar que en términos de los artículos 1 y 3, fracción I, inciso j, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, corresponde a dicha Comisión, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, con autonomía técnica, administrativa y operativa, el ejercicio de las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitarios en los términos de la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.********************Así, entre las atribuciones que tiene a su cargo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, está la de ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios, que en términos de las disposiciones aplicables corresponden a la Secretaría de Salud en materia de químicos esenciales, precursores químicos, estupefacientes y psicotrópicos.********************Por tanto, la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, corresponde otorgarla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a través de la unidad que corresponda; sin que obste el que las porciones legales que causan perjuicio al quejoso, fueran controvertidas por su sola entrada en vigor y no se hubiese atribuido acto alguno a dicha autoridad, porque al ser el cumplimiento de las ejecutorias de amparo una cuestión de orden público, todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en ello, se encontrarán obligadas a acatar las acciones que les sean requeridas por los juzgadores de amparo, en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, tal y como se establece en la jurisprudencia 1a./J. 57/2007, de la Primera Sala de la SCJN, de rubro y texto:********************"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.********************Por tanto, el efecto de la concesión de amparo, implica que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a través de la unidad que corresponda, expida al quejoso la autorización a que se refieren los artículos 235 y 247 de la Ley General de Salud, lo anterior con el fin de restituirlo el pleno goce de los derechos violados, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, respecto de lo cual resultan aplicables, por el sentido que informan, la jurisprudencia número 2a./J. 9/2016 (10a.) y la tesis número CII/2013, (10ª), sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD." y "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CUANDO LA REPARACIÓN DE UNA VIOLACIÓN PROCESAL SE CONSUMA EN UNA SOLA DILIGENCIA, LA RESPONSABLE DEBE DICTAR INMEDIATAMENTE LA SENTENCIA DE FONDO CORRESPONDIENTE."."****************************************Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que la representante del Director Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo el por oficio CAS/DEREPSQ/3054/2022, de nueve de junio de dos mil veinte, signado por el Director responsable, en el cual otorgó al quejoso la autorización correspondiente para sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como adquirir legalmente la semilla de cannabis (sativa, índice y americana), derivado del autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC".********************De igual manera, en el apartado de observaciones desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el contenido material de los artículos 235, último párrafo, 237, 245 fracción I, 247, último párrafo, y 248, todos de la Ley General de la Salud, sólo en las porciones que hace referencia.********************De ahí que en el caso deba considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio.********************Por tanto, es evidente que con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; cuenta habida que se emitió a favor del quejoso, la autorización relacionada con las actividades lúdicas y recreativas relativas a los estupefaciente y psicotrópico antes aludidos; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se determina que se ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto.********************Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables.********************Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda, el oficio remitido vía electrónica por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, con sede en Ciudad de México, sin que sea el caso dictar providencia alguna, ya que mediante auto de veinticinco de noviembre de la presente anualidad, se acordó lo relativo a la información que proporciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos el oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, con sede en Ciudad de México, con el que atiende el requerimiento realizado por este órgano de control constitucional e informa lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, con la documentación de cuenta, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido el plazo de referencia, dese cuenta con los autos para resolver si está cumplida la sentencia ejecutoria. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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