Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.

Expediente 7/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
7/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Fraustro y Otros.
  • Enrique Mejía Bello
  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I EL AUTO DE CINCO DE ENERO DE DO MIL VEINTIDÓS HA CAUSADO ESTADO. SE ORDENA EL ARCHIVO

  2. Principal

    MESA I Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite la demanda de amparo presentada por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y otros, relativa al juicio de amparo 4/2022, de su índice; ya que mediante acuerdo de cinco de enero actual, se acordó lo conducente.

  3. Principal

    MESA I Agréguese el oficio signado por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual remite la demanda de amparo presentada por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN y otros, contra actos del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, relativa al juicio de amparo 4/2022, de su índice; por tanto, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los numerales, 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, dé la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 3, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo; 12, del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federa) (FIREL) y al Expediente Electrónico; 42, 43, 46 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 7/2022. COMPETENCIA Con fundamento en los artículos 37 de la Ley de Amparo, y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda; acúsese recibo. DESECHAMIENTO Resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con las características en que descansa la improcedencia del juicio de amparo, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890 que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sentado lo anterior, de la demanda que se provee se advierte que los quejosos señalan como actos reclamados: "Agresión de custodios del tercer turno de nombres Arenas y Alfaro Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo que generan angustia y dolor síquicos que ponen en riesgo grave la vida salud dignidad y la integridad personal sicofísica y sicocmocional de los quejosos Castigo ilegal de Juan Manuel Espinosa González en el módulo nueve de la penitenciaria de la ciudad de México cuando el fue el agredido por otro interno quien ayuda al personal de seguridad con consentimiento de custodios Sesión 1/2022 de comité técnico interdisciplinario de la penitenciaria de la ciudad de México Castigo ilegal ya que no ha habido audiencia previa de comité técnico interdisciplinario ya que agredieron a Juan Manuel Espinosa González con consentimiento de custodios del tercer turno (certificado médico dos de enero de dos mil veintidós) Traslado (ataque a la libertad personal art 61 fracc XVIII ley de amparo) de los quejosos de la penitenciaria de la ciudad de México a otro centro diverso fuera o dentro de la ciudad de México con fines intimidatorios discriminatorios equiparados a tortura sicoemocional y sicofísica que actualiza actos prohibidos artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo y genera angustia y dolor síquicos y por la vida salud dignidad y la integridad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos Reubicación (ataque a la libertad personal art 61 fracc XVIII ley de amparo) de Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinosa González y Irvin o Edwin Daniel Guerra Cordova del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa o módulo diverso con fines intimidatorios y discriminatorios equiparados a tortura sicoemocional y sicofisic actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo y genera ponen en riesgo grave la vida salud dignidad y la integridad personal sicofisica quejosos Reubicación (ataque a la libertad personal art 61 trace XVIII ley de amparo) de Luis Gabriel Jop Corzo del dormitorio cuatro zona uno estancia cinco a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa o diverso de castigo con fines intimidatorios y discriminatorios equiparados a tortura sicoemocional sicofísica que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo angustia y dolor síquicos y ponen en riesgo grave la vida salud dignidad y la integridad sicoemocional de los quejosos Reubicación (ataque a la libertad personal art 61 fracc XVIII ley de amparo) de Alejandro Díaz Madrid y Diego Issac Hernández González del dormitorio cuatro zona uno estancia nueve a otro dormitorio diverso módulo diverso o área diversa o módulo diverso de castigo con fines intimidatorios y discriminatorios equiparados a tortura sicoemocional y sicofísica que actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo y genera angustia y dolor síquicos y ponen i salud dignidad y la integridad personal sicofísica y sicoemocional de los quejosos. (.) Violación al principio pro persona Inaplicabilidad de criterios internacionales pro persona" (sic). Ahora bien, se advierte que la demanda de amparo fue promovida a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, que carece de evidencia criptográfica de la firma electrónica de los quejosos CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ, EDWIN DANIEL GUERRA CORDOVA, ALEJANDRO DÍAZ MADRID, DIEGO ISSAC HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CHÁVEZ, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO, ENRIQUE MEJÍA BELLO, EDUARDO FLORES CASTRO, EDUARDO AMPUDIA FRAUSTRO y RENAN HIDALGO ECHAZARRETA. Sobre el particular, resulta relevante el contenido de los numerales 2, fracciones XV y XVI y 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, los cuales señalan: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por:.- XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación.- XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o 'e.firma' (antes firma electrónica avanzada o 'FIEL'), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico." "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el 'Nombre de Usuario y Contraseña' que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente.- Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional.- Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda.". De las anteriores disposiciones normativas, se deduce que la "firma electrónica vigente" o FIREL, es la forma de autenticar los escritos y promociones que se presenten a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Por lo cual, de suscitarse la ausencia de dicho requisito en la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, es evidente que la consecuencia procesal sea la misma que tratándose de firma autógrafa. En congruencia con lo anterior, tomando en consideración que el juicio de amparo debe promoverse a instancia de parte agraviada, tal y como lo establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6 de la Ley de Amparo, la demanda de amparo debe contener la manifestación expresa de la voluntad de instar el juicio por la persona agraviada. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6 de la Ley de Amparo y 107, fracción I, constitucional, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.". En efecto, la firma del promovente es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos cuya promoción por escrito se requiere y a partir del cual válidamente puede establecerse si es voluntad o no de la parte quejosa en instar la acción constitucional de amparo. De modo que, la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación constituye un requisito esencial para dar validez a un documento ingresado a través del Portal de Servicios en Línea, por lo que resulta indispensable que en la demanda o promoción que se formula conste la voluntad directa de quien promueve mediante el uso de firma electrónica vigente. En tales condiciones, al no existir en la demanda evidencia criptográfica de la firma electrónica de las personas que se consideran afectadas en sus intereses jurídicos, ni de quien dijo promover en su representación, no puede considerarse ejercida la acción constitucional y, por ende, no se cumple en la especie la instancia de parte agraviada para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable, por los motivos que la conforman, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 96, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 175-180 Sexta Parte, con número de registro 249481, cuyo rubro y texto rezan: "FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE. EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA ES CORRECTO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO, POR SER UNA MANIFIESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo firmada por la parte quejosa. Un escrito de demanda presentado sin firma, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendiente a darle curso legal, pues la falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad del actor de presentar la demanda. El obligar al Juez a otorgar al promovente el término de tres días para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Por tanto, resulta correcta la conducta del Juez de Distrito al desechar de plano la demanda presentada sin firma de la parte quejosa". Así, como por las razones que contiene, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 72, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 115-120, Sexta Parte, con número de registro 252200, cuyo rubro y texto es: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO SIN. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO. Según tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un escrito sin firmar, de cualquier naturaleza, a nadie obliga, pues para que tenga validez debe estar firmado o autorizado por alguien que aparezca como responsable de su contenido. De acuerdo con lo anterior, es lícito desechar una demanda de amparo que carece de la firma del solicitante, sin que sea óbice el que haya firmado un ocurso por el que exhibió la demanda, porque es precisamente en ésta en la que debe constar la firma del quejoso puesto que en la demanda es en la que se solicita la protección constitucional y en la que se expresan los elementos necesarios para que la solicitud sea eficaz". Además, de la lectura integral de la demanda no se advierte que CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ, EDWIN DANIEL GUERRA CORDOVA, ALEJANDRO DÍAZ MADRID, DIEGO ISSAC HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CHÁVEZ, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO, ENRIQUE MEJÍA BELLO, EDUARDO FLORES CASTRO, EDUARDO AMPUDIA FRAUSTRO y RENAN HIDALGO ECHAZARRETA se encuentren en alguna de las hipótesis previstas en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional. No obstante que, además del traslado combatido, los aludidos indicaron como actos reclamados "...Actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 de la ley de amparo que generan angustia y dolot (sic) síquicos que ponen en riesgo grave la vida salud dignidad y la integridad personal sicofisica y sicoemocional de los quejosos" y "agresión de custodios del tercer turno". Ello, en virtud de que de la demanda se desprende que no los controvirtieron de manera autónoma, sino como consecuencia de la eventual reubicación de la que se duelen, la cual se trata de un acto futuro y de realización incierta, basada en conjeturas carentes de sustento fáctico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XC, página 762, Quinta Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS INDETERMINADOS Y FUTUROS, AMPARO IMPROCEDENTE. Tratándose de actos indeterminados y futuros, no es posible apreciar el interés jurídico que por ellos pueda resultar afectado en perjuicio del quejoso, y por tal motivo debe sobreseerse en el juicio de garantías con relación a dichos actos, de conformidad con los artículos 73, fracción VI, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.". Aunado que de la propia demanda se desprende que la agresión de referencia, se le atribuye a otro interno, con consentimiento de los custodios y no propiamente de las autoridades penitenciarias de donde se encuentran internos, ya que, incluso, de esa conducta omisiva hacen derivar la sanción que también se combate; lo que revela que los inconformes no atribuyen actos proscritos en los precitados numerales a las responsables. En consecuencia, toda vez que, se insiste, la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica carece de la firma electrónica de los presuntos quejosos, procede su desechamiento de plano, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el juicio no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda presentada de forma ordinaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, abril de dos mil diecinueve, Tomo I, página 79, Décima Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada' previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 6, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, constitucional; de conformidad con el diverso 113 del ordenamiento legal citado en primer término, SE DESECHA DE PLANO la demanda de referencia, promovida aparentemente por CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, JUAN MANUEL ESPINOSA GONZÁLEZ, EDWIN DANIEL GUERRA CORDOVA, ALEJANDRO DÍAZ MADRID, DIEGO ISSAC HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LUIS GABRIEL JOP CORZO, JOSÉ ANTONIO CONTRERAS CHÁVEZ, JOSÉ OTHÓN RAMIRO HERNÁNDEZ LIMA, ENRIQUE ALVARADO SAUCILLO, ENRIQUE MEJÍA BELLO, EDUARDO FLORES CASTRO, EDUARDO AMPUDIA FRAUSTRO y RENAN HIDALGO ECHAZARRETA. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Libro 62, enero de dos mil diecinueve, Tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE. La implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3o. de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de 'instancia de parte agraviada contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, firmada electrónicamente con la FIREL de la persona que el quejoso señala como su autorizado en el escrito de demanda, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano". Lo que de ninguna manera implica obstaculizar los actos necesarios para la defensa de la parte quejosa, ni trastocar sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, así como de las tecnologías de la información, ya que los mecanismos implementados en la reforma constitucional y legal respectivas, fueron con el objeto de permitirle a los justiciables un uso más eficiente y eficaz de las tecnologías de la información disponibles para el logro de que toda persona obtenga justicia de forma pronta, completa e imparcial; empero, no para trastocar los principios fundamentales que rigen en el juicio de amparo, como lo es la obligación de que la demanda sea signada por quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, por su propio derecho-salvo las excepciones establecidas en la propia Ley de Amparo-. Aunado a lo anterior, este juzgado estima que aun cuando se hubiere colmado la exigencia atinente al principio de instancia de parte agraviada en mención, en el caso, se actualizaría la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el traslado combatido, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. [.]". La fracción transcrita alude a uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, consistente en el principio de definitividad, el cual atañe a la obligación asignada a la parte quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de amparo que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa. Así, por disposición legal expresa en la norma preindicada, el juicio de amparo es improcedente respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, teniendo como excepciones al citado principio, las siguientes: a) Cuando las leyes ordinarias no suspendan los efectos del acto reclamado, ya sea oficiosamente o a través de los juicios, recursos o medios de defensa que en las mismas se establecen; los alcances de esa suspensión, no sean los mismos que prevé la Ley de Amparo, o exija mayores requisitos que los que se consignan en dicha ley para la concesión de la suspensión definitiva, o un plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, con independencia de que el acto reclamado en sí mismo, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo; y, b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; se aleguen violaciones directas a la Constitución; o el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En ese orden es conveniente señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre la legalidad del traslado. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En virtud de lo anterior, si el traslado no se encuentra en etapa judicial, en tanto no hay evidencia de que una autoridad judicial lo haya convalidado, congruente es inferir que se trata de un traslado de tipo urgente o excepcional, que es regulado en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece: "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa". De lo anterior, se observa que respecto de esa determinación administrativa, proceden dos medios de defensa legal con los que puede ser combatida; el recurso de apelación y la controversia judicial; cuya procedencia, depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. En cambio, si la autoridad judicial es omisa en pronunciarse sobre la legalidad de la determinación administrativa que ordena el traslado dentro del término fijado, se actualizará la procedencia de la controversia judicial. En ese orden, el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que las personas privadas de su libertad, podrán accionar la controversia judicial respecto de cuestiones relacionadas con sus derechos en materia de traslados, que podrán ejercerse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente. Asimismo, se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente en contra de las resoluciones que se pronuncien respecto de los traslados de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión, de manera que en caso de estar inconformes con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento de la controversia judicial, tales personas cuentan con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Aspectos de definitividad que indudablemente inciden en la improcedencia de la demanda que dio origen al presente juicio. Ello, dado que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y medios de defensa para controvertirla en la Ley Nacional de Ejecución Penal; por lo que, constituye un acto dictado dentro del procedimiento. De esta forma, si el mandamiento de que se trata está regulado en la citada ley y, en ella se encuentran previstos medios de impugnación para sujetar a revisión el actuar de quien hubiere realizado o autorizado el traslado -controversia judicial y apelación-, resulta evidente que los recluidos no quedan sin defensa ante la ejecución de aquél. De lo anterior se concluye que los justiciables deben agotar los indicados medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento; previo a instar la acción de amparo, lo que no realizaron en el particular, ya que de la demanda se aprecia que acudieron directamente a la sede constitucional a ventilar su reclamo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 27/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ORDEN DE TRASLADO Y PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ANTES DE PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SE DEBE AGOTAR LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.- Hechos: Un Tribunal Colegiado consideró que los traslados involuntarios de un centro penitenciario a otro en los que no interviene la autoridad judicial constituyen una violación directa a la Constitución, razón por la cual puede promoverse amparo indirecto sin agotar previamente el recurso ordinario. A diferencia de ese Tribunal Colegiado, uno diverso consideró que en contra de una posible orden de traslado emitida sin intervención judicial, procede un recurso ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que debe agotarse dicho recurso antes de promover el amparo, de lo contrario éste será improcedente por no cumplirse con el principio de definitividad.- Criterio jurídico: La orden de traslado de un centro penitenciario a otro que se emite sin intervención judicial es un acto que se dicta dentro del procedimiento; por lo tanto, antes de promover juicio de amparo indirecto en su contra, se debe agotar la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal.- Justificación: El artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por otra parte, el juicio de amparo, si bien puede promoverse contra actos de autoridad que vulneren los derechos de los gobernados, debe observar el principio de definitividad, según el cual, el amparo no procede contra violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé un remedio legal por el cual puedan repararse, tal como sucede en el caso de las controversias judiciales establecidas en el ordenamiento penal en cita. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo." Máxime que contra sanciones disciplinarias y cambios de dormitorio también señalados como reclamados, la parte quejosa debe agotar el medio ordinario de defensa, previo a instar el juicio de amparo; lo que denota que igualmente se actualizaría su improcedencia. Tiene sustento lo anterior, en la tesis III.2o.P.135 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con número de registro digital 2016370, que dice: "ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, ES NECESARIO AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN SU CONTRA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 a 115, 122 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; además, disponen la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la ley citada, señala que si la solicitud fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de dicha resolución, o bien, en cualquier tiempo, si los efectos del acto son continuos o permanentes; asimismo, prevén la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender esas solicitudes, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, los promoventes podrán acudir ante el Juez de ejecución competente y demandar esta omisión; de igual manera, el interno tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 indicados, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. En esa virtud, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de su libertad, es necesario agotar el procedimiento administrativo, así como los medios de impugnación previstos en su contra en la ley referida, atento al principio de definitividad." REPRESENTANTE COMÚN Téngase como representante común de la parte quejosa a CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se publican en los estrados de este juzgado, al no haber señalado uno para tal efecto. EXHORTO A LAS PARTES Conforme a lo previsto en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General plenario 21/2020 se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y para que proporcionen algún medio de contacto, como correo electrónico, número telefónico fijo o celular y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, por lo que, si las partes los indican, ténganse por señalados los correspondientes sin mayor proveído, únicamente para el efecto de entablar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días para que los actuarios de la adscripción, practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los secretarios, oficiales y actuarios judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e), del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales, así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena a la Secretaria supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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