Eduardo Ampudia Fraustr

Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
302/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Fraustr
  • Jaime León Flores
  • Eduardo Flores Castro
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual adjunta copia certificada de la ejecutoria dictada en la queja penal 275/2022, de la que se advierte que los Magistrados integrantes del citado Tribunal, al resolver, declararon infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, confirmando el auto recurrido que desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, y archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Por recibido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio que remite el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; por tanto, estese en espera de que el mencionado Tribunal remita copia de la resolución que pronuncie al respecto.

  3. Principal

    Por recibido vía interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en Ciudad de México, por el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 119/2022-V6, orden 124/2022-V6, del índice de este Juzgado. Ahora bien, vista la manifestación que realiza la parte quejosa, en la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, asentada por el Actuario adscrito al juzgado exhortante, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, téngase al quejoso interponiendo recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, toda vez que el recurso de queja se interpone contra el auto donde se desechó la demanda de amparo y, por ende, no se dio intervención a las demás partes que pudieran actuar en el juicio de amparo, no resulta procedente ni necesario notificarlas de la interposición del recurso de queja; por tanto, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase copias certificadas del expediente en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Ríndase el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado de Distrito, dictó el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós. Finalmente, tomando en consideración que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento realizado por auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, pues no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de esta zona conurbada, que comprende los Municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en el Estado de Tamaulipas, tal como lo prevé el artículo 27, fracción II, en relación con el 29 de la Ley de Amparo, con fundamento el artículo citado, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto en cita, y se ordena que las notificaciones personales que le resulten en el presente asunto, se practiquen por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la zona conurbada que comprende Altamira, Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas.

  4. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, de cuya lectura se advierte que mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 38 de la Ley, dicho homologo federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y de otras autoridades, radicada en ese Juzgado con el número de juicio de amparo 151/2022-IV. este Juzgado de Distrito acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; hágase la anotación de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente y regístrese el asunto con el número de juicio 302/2022-V6. Acúsese recibo. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto de la suspensión de plano de los actos reclamados, en razón a que la autoridad declinante ya proveyó lo correspondiente de conformidad a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa reclama como actos destacados, Al respecto, debe indicarse que la calificación de la urgencia de los actos reclamados es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto de los establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral 15 de la Ley de la Materia. Analizada la demanda de derechos fundamentales y atendiendo a la narrativa de la misma, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa no se ubica en la hipótesis normativa a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo; lo anterior, puesto que de su escrito de demanda se advierte que los directos quejosos no están incomunicados, ni reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ello, puesto que refieren dichos quejosos se encuentran en el interior de su centro de reclusión. Consecuentemente, dado que los actos reclamados no se ubican entre los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo y ante la falta de firma electrónica de los directos quejosos, es que no existe la manifestación de su voluntad para instar el presente asunto, por tanto, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación en los numerales 3°, 5° y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En otro aspecto, dado que Carlos Alberto Angelino Barrón, Juan Manuel Espinoza González, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Ampudia Fraustro, Eduardo Flores Castro, Renan Hidalgo Echazarreta y Hugo Melchor Nieto, se encuentran internos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado; arábigos 107 a 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; envíese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el lugar de reclusión de los directamente quejosos, y les notifique el presente acuerdo; asimismo, los requiera a fin de que en el término de tres días, computado legalmente, señalen domicilio en la zona conurbada que comprende los Municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, Estado de Tamaulipas, donde oír y recibir notificaciones, apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, les serán hechas por lista de acuerdos, conforme con lo previsto en el artículo 27, fracción III, de la Ley invocada. Se hace saber que por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, e inserto al oficio 14654/2018, en el que precisó que los juzgadores exhortantes tienen a su cargo la obligación de señalar con claridad el objeto de las diligencias que encomiendan, así como proporcionar todos los elementos necesarios para que se puedan llevar a cabo, y por su parte, los juzgadores exhortados en el ejercicio de sus funciones, más allá de la duda, incertidumbre o falta de certeza que pudieran provocarles alguna circunstancia relacionada con la diligencia encomendada, que pudiera incidir en su auxilio judicial, se encuentran aptitud de solicitar de manera inmediata, a través de todos los medios que se encuentran a su alcance, la aclaración de ciertos aspectos relacionados con la encomienda, la remisión de los documentos que considere faltantes, o bien, de cualquier elemento que estime imprescindible para dar cumplimiento al encargo que se le solicita; y como consecuencia de ello, las autoridades exhortantes estarán en posibilidad de ordenar se realicen las gestiones necesarias para que de manera puntual y con la celeridad debida, se desahoguen las interrogantes, las faltas advertidas o las peticiones formuladas sean cumplidas, trascendiendo esa colaboración y auxilio institucional en beneficio de los justiciables, para con ello respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de su competencia, de conformidad con el artículo 1º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117, 118, 123, 124, 125 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo señalado en los artículos 1, 2, 3, 6, 14, 15, 19, 25, 26 y demás relativos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, nueve de mayo de dos mil dieciséis y nueve de septiembre de dos mil diecinueve, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. Conforme con lo establecido el artículo 3 de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente electrónico. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el ordenamiento aplicable para la operación de este órgano jurisdiccional es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021 y 1/2022, esto es, del tres de agosto de dos mil veinte al uno de mayo de dos mil veintidós, con las limitantes impuestas en dichos acuerdos. Se exhorta a las partes continúen la actuación dentro del presente juicio mediante el esquema de "Juicio en Línea", conforme a lo establecido en los artículos 22 y 28 del referido Acuerdo General.

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