Eduardo Ampudia Flaustro

Expediente 1381/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1381/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Flaustro
  • Enrique Mejia Bello

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Estado desechamiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió el proveído de quince de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y archívese el presente asunto como concluido. Valoración del expediente. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo; quince de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve***, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1381/2023-6-B. Estudio de la demanda. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgador considera que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción I, 6 y 3 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.". El artículo 6 de la ley en la materia, transcrito en líneas que anteceden, establece que el juicio constitucional siempre se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, que como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde con relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, lo que implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, por lo tanto, el interés del impetrante de amparo sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le causa molestias en su esfera jurídica. Asimismo, que la parte quejosa es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la Ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica. De igual forma, que las promociones en el juicio de amparo podrán presentarse de forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firme Electrónica, por ser ésta el medio para ingresar al portal del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos de la firma autógrafa. Por consiguiente, al recibir una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgador respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en el entendido de que, no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino solo aquel que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la firma autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma al ruego. Bajo ese contexto, tratándose de la tramitación electrónica del juicio de amparo el artículo 3° dispone que la Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se destaca el contenido de los artículos 45, 46, 47, 52 y 53 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que prevén: "Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda." "Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." "Artículo 47. El número de folio electrónico vinculado al acuse de recibo podrá utilizarse para consultar en el Portal de Servicios en Línea, el órgano jurisdiccional al que fue turnado el escrito de demanda y el número de expediente asignado. No obstante, para consultar el Expediente electrónico será necesario que se haya formulado la solicitud respectiva y que ésta se haya acordado favorablemente, conforme a lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del presente Acuerdo General." "Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente." "Artículo 53. Los órganos jurisdiccionales podrán recibir electrónicamente de las autoridades públicas interconectadas, todo tipo de promociones y recursos, a través del Sistema Electrónico del PJF. Lo anterior generará un acuse electrónico de recepción que contendrá la denominación de la autoridad emisora y receptora, la fecha y hora de recepción, el número de expediente asignado al procedimiento jurisdiccional, así como el nombre de los archivos electrónicos y si éstos cuentan con evidencia criptográfica de Firma Electrónica. El acuse electrónico generado por el sistema electrónico de las autoridades públicas interconectadas servirá como constancia de recepción e interrumpirá los plazos que estuviesen corriendo, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 48." De los numerales transcritos se advierte que para presentar una demanda de amparo vía electrónica, con excepción de los casos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es necesario que el promovente ingrese su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generó al momento de registrarse conforme al artículo 64 del citado Acuerdo General Conjunto o, bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad; asimismo, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo y agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente a efecto de enviar su demanda. De igual forma, el último de los numerales citados indica que cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica. Ahora, en el caso concreto, si bien, la demanda fue presentada a través del Portal de Servicios en Línea respectivo, se obtiene que ésta carece de evidencia criptográfica, firma electrónica o signo gráfico, a nombre de los quejosos, así, si conforme a la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica a que hacen referencia el artículo 3 de la Ley de Amparo, el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales regulan los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, para presentar demandas, recursos, promociones y documentos, recibir comunicaciones, notificaciones oficiales y consultar expedientes, acuerdos, resoluciones y sentencias relacionados con los asuntos de la competencia de los órganos jurisdiccionales a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, no implicaron soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvieron como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, al otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, sin la firma electrónica (FIREL) de la parte quejosa, no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte. Bajo ese tenor, siendo que la firma es el signo gráfico material eficaz y apto para que una persona respalde promociones por escrito, para que el suscriptor se responsabilice de su contenido, de ahí que la falta de evidencia criptográfica, firma electrónica o signo gráfico, tiene como consecuencia que el referido escrito no constituya demanda y no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, acorde a lo que establece el artículo 6 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, el juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por el acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, y la única manera de que el particular inste al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, es presentando la demanda de amparo externado su voluntad, signado y respaldando lo ahí contenido. Bajo esa premisa, un escrito de demanda presentado sin esas características, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar ningún acto procesal tendente a darle curso legal, pues su falta de firma, en lugar de ser una deficiencia que pueda ser corregida, constituye una ausencia en la expresión de la voluntad de presentar su libelo constitucional. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 5, Libro 62, Enero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE». Así como, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 79, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de título siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO». Sin que pase desapercibido para este Juzgador que los quejosos hayan promovido la demanda de amparo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, sin embargo, de su lectura es patente, que no se trata de aquéllos descritos en la última norma citada, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, ataquen su libertad personal fuera del procedimiento, permitieran su incomunicación, su deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De ahí, que no pueda apreciarse aun indiciariamente que se ubiquen en los supuestos establecidos en tales normas, aunado a que los actos que se reclaman resultan ser imprecisos. En efecto, del análisis de la demanda de amparo se desprende que los justiciables reclaman cuestiones administrativas relativas al lugar en el cual se encuentran recluidos, como la reubicación de dormitorio en área y en vía de consecuencia consideran que se pondría en riesgo su vida integridad y dignidad, circunstancia que hace patente -a su consideración- la actualización del artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Por otra parte, también aluden actos como discriminación por condición, inaplicabilidad de criterios internacionales pro homine y violación a dicho principio hominem, empero, no se trata de actos reclamados en sí mismos, sino calificativos en vía conceptos de violación en contra de la reubicación que argumentan, lo cual se debe plantear ante el juez de ejecución correspondiente. Orden de traslado. Por otro lado, para combatir actos relacionados con las cuestiones de internamiento la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación. En ese sentido, la citada legislación nacional, prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad, impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas; en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. Por tanto, si los promoventes reclaman el traslado que señalan se pretende realizar a un diverso centro de reclusión y, en consecuencia, el riesgo que el mismo pudiera representar en su salud, así como la posible repercusión que ocasionaría en su dignidad, previo a acudir al amparo, tenían la obligación de agotar el medio ordinario de defensa que se encuentra establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 116, 117, 122, 123, 124, 127, 131 y 132. De los dispositivos normativos antes referidos, se advierte el derecho de los internos a plantear controversia ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, en el momento de la notificación, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de su libertad no hubiese sido notificada previamente, tratándose de aspectos relacionados con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, visible a página 230, del rubro siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL." Así, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto; con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y, sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En caso de tratarse de los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la acción o el recurso jurisdiccional, el Juez de Ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelve en definitiva. Incluso, en la citada legislación nacional que es la que rige los actos ahora reclamados, se prevé en su capítulo VI, específicamente en el artículo 131, la posibilidad de recurrir el auto o resolución que resuelva o de por concluida la controversia judicial, mediante la interposición del recurso de apelación, el cual tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla; sin perjuicio que contra esa determinación pueda acudirse a la vía constitucional. Sirve de orientación a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de Vigésimo Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2017653, que dice lo siguiente: "ACTOS IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN. CUÁLES SON EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 114 Y 115 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL." Ahora, resta por corroborar que cuando se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no se actualicen las hipótesis de excepción al principio de definitividad contempladas en la fracción XX invocada, es decir, que la orden de traslado urgente o excepcional, no carezca de fundamentación, no implique una violación directa a la Constitución y que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que lo contemple la Ley Nacional de Ejecución Penal. Supuestos que no se configuran en el caso, porque las hipótesis para su procedencia están previstas en dicha ley especial y, por tanto, se tratan de actos que emite una autoridad legalmente competente dentro del correspondiente procedimiento. Esto es, el traslado de que se trata y las condiciones de internamiento, no son actos que carezcan de fundamentación, porque están previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, concretamente, por lo que hace al traslado, en su artículo 52, que faculta a la autoridad administrativa penitenciaria para ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de su libertad, sin autorización judicial previa, cuando se actualice alguna de las hipótesis específicas que se prevén en las diversas fracciones de dicho numeral: tratándose de casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, cuando exista riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad y cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. Así, la fundamentación de la resolución administrativa penitenciaria que ordena un traslado urgente o excepcional, se encuentra prevista en dicha disposición normativa; y la legalidad de su aplicación, se corroborará una vez que la determinación se somete al control de la autoridad jurisdiccional, luego de ejecutada la medida. Máxime, que actualmente se cuenta con un modelo de reinserción social y de judicialización del régimen de penas; a partir del cual, se ejerce un verdadero control judicial del sistema penitenciario, por lo que las autoridades de ese ramo, ya no pueden decidir discrecionalmente sobre las medidas de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, pues esa facultad le corresponde ahora a las autoridades judiciales en materia penal; en especial, a los Jueces de Ejecución, quienes controlan las diversas situaciones que acontecen dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de las penas, así como de las decisiones que sobre esa ejecución adopte la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen. En ese orden de ideas, si bien es cierto que la orden de traslado urgente o excepcional, se emite y ejecuta por una autoridad administrativa sin autorización judicial previa; ello no pugna con la judicialización del régimen penitenciario, porque la legalidad de esa determinación, finalmente la califica un Juez de Control o un Juez de Ejecución, según sea el caso. Lo que se corrobora con lo dispuesto por el citado artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que en los supuestos específicos de la excepción al traslado voluntario, la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar esa medida, con el único requisito de notificar a las citadas autoridades judiciales, dentro de las veinticuatro horas de haber realizado el traslado, para el efecto de que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, se califique la legalidad de la determinación administrativa del traslado. En ese sentido, el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. Además, como ya se señaló, el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que ahora se cuenta con un medio ordinario de defensa denominado controversia judicial, a través del cual, la actuación de la autoridad administrativa puede ser confrontada con el objeto de corroborar que no exista afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de su libertad en un centro de reclusión, sin perjuicio de que también se realice un ejercicio de verificación sobre la actualización de las hipótesis legales que autorizan el dictado de una orden de traslado urgente o excepcional. Lo que significa que será el Juez de Control o el Juez de Ejecución, según sea el caso, quien finalmente determine la legalidad del traslado y, en general, de las condiciones de internamiento, a través de una resolución que constituya la culminación del correspondiente procedimiento, en respeto al derecho a un debido proceso. Por tanto, la orden de traslado urgente o excepcional por parte de la autoridad administrativa, no constituye una violación directa a la Constitución Federal, pues es un acto dentro del procedimiento, y al respecto, existe un medio ordinario de defensa con el cual la determinación judicial que al efecto se dicte puede ser combatida. De ahí que no se actualice ninguno de los supuestos de excepción que prevé el artículo 15 de la Ley de Amparo con relación a la orden de traslado reclamada. Sirve de sustento a lo anterior, el criterio con registro digital: 2023190, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época, con número de tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), cuyo rubro es: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD." Reubicación fuera de procedimiento Ahora bien, dentro del régimen de condiciones de internamiento, se ubica el acto reclamado consistente en la orden de reubicación, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en los artículos 30, 31, 41, 46, 47 y 48. Para salvaguardar lo anterior, prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria, contra los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, entre ellos la atención médica deficiente, en términos de lo que establecen los artículos 107, 108, 109 y 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, a las personas privadas de su libertad, podrán imponérseles sanciones disciplinarias entre las que se encuentra la reubicación temporal a otro dormitorio o dentro de espacios del mismo centro. Dicha sanción, deberá ser notificada por escrito por el Comité Técnico, quien precisará el tiempo de duración, las condiciones de ésta, así como el derecho a impugnarla dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, sobre la que procederá la revisión ante el Juez de Ejecución, quien suspenderá la sanción hasta que resuelva en definitiva sobre el medio de impugnación. Así, la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta Ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. Por su parte, el artículo 115, de la Ley Nacional de Ejecución establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que en todo caso, la parte quejosa tendría la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que los actos que pretende combatir en esta instancia son susceptibles de modificarse a través del medio de defensa previsto en la Ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, aunado a que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva la ley de la materia, ni plazo mayor para su otorgamiento, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al Juicio de Amparo. Desechamiento. En consecuencia, por notoriamente improcedente, debe desecharse de plano la demanda de amparo atento a las consideraciones vertidas en líneas que anteceden. Lo anterior, guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de derechos y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable a página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Así como la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, Tomo XXIV, Junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Materia Común, de rubro: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA". Forma de notificación de la parte quejosa. En congruencia con lo antes expuesto, y dado que en el caso que se analiza, no se advirtió la voluntad de promover juicio de amparo de quienes aparecen como quejosos, es decir, no hay instancia de parte, pues la demanda de amparo que dio origen a este asunto carece de firma electrónica; por tanto, no ha lugar tener como domicilio procesal el lugar en el que se encuentran recluidos y se ordena que las notificaciones derivadas de este juicio, incluso las de carácter personal, se practiquen por medio de lista. 8

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