Eduardo Ampudia Flaustro

Expediente 866/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
866/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ampudia Flaustro

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Juzgado informa. Agréguese al cuaderno de antecedentes el oficio firmado de manera electrónica por el secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, por medio del cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por esta operadora jurídica. En ese sentido, indicó que dicho asunto fue radicado con el número 1392/2023, de su índice; y, además, acusa recibo de las constancias remitidas. Asunto concluido. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, trasferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 -en adelante sólo Acuerdo General- ; el presente expediente constituye un asunto concluido. Valoración documental. Con base en la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, y 12, del Acuerdo General; se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del Acuerdo General. 1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Además, en términos del ordinal 19, fracción I inciso b), del Acuerdo General; se determina que este sumario constitucional es susceptible de destrucción, una vez cumplidos seis meses de haberse dictado este acuerdo. Resguardo del expediente en el archivo de trámite. En consecuencia, este juicio deberá resguardarse en el archivo de trámite de este juzgado, durante el lapso de seis meses. Una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá destruirse. Devolución de documentos a las partes. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes cuya devolución sea necesaria (originales irremplazables), se deja de proveer al respecto. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque en el proveído inicial esta autoridad se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Carátula del juicio de amparo. Se instruye al secretario encargado de la conclusión de este expediente que, a través de sus oficiales judiciales, realice las anotaciones correspondientes en la carátula del juicio de amparo; ello, conforme a los sellos autorizados para tal efecto. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial "A", realice las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer. Aunado a que, si la parte quejosa deseara conocer el estado de este juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte desea conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, recibida en forma electrónica, sin evidencia criptográfica, presentada por *, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente electrónico, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto de la suspensión de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, por lo siguiente: Los quejosos reclaman de manera destacada actos que, de primera impresión, pudieran calificarse como crueles, inhumanos, degradantes o de tortura; sin embargo, al señalarlos utilizan expresiones genéricas que impiden a esta juzgadora identificarlos con precisión y, esa inexactitud impide el pronunciamiento sobre la medida cautelar desde este momento. Ahora, lo que sí es posible identificar con claridad consiste en el hecho de que los quejosos afirman que su traslado, asignación o reubicación en determinados dormitorios ha desembocado en el señalamiento estigmatizador por ser defensores de los derechos humanos, promotores y miembros de la comunidad LGBTTTIQ, lo que a su vez ha desencadenado una diversidad de actos que atentan la dignidad de los quejosos como personas. Sin embargo, esas consecuencias no pueden ser materia de la suspensión de oficio y de plano, pues todos esos actos (malos tratos) derivan de las condiciones en que los mantienen internos en el centro penitenciario; de ahí que, no son de los previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando así se afirme en la demanda de amparo. Aunado a lo anterior, se tiene que en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con las ordenes de traslado, donde se precisó, particularmente, en el considerando cuarto de dicho acuerdo: ".Se propone la modificación del precepto del Acuerdo General aludido para que los asuntos en los cuales se impugnan las órdenes de traslado, no sean considerados asuntos urgentes para turno, en tanto que corresponde a la autoridad administrativa su determinación en situaciones que resulte necesario hacerlo de forma urgente, y no requerir autorización previa del juez. Además dicha determinación puede ser recurrida, y en su caso confirmada o revocada, conforme al artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal...". De ahí que, derivado de esa reforma, los asuntos relacionados con las órdenes de traslado no resulten de tramitación urgente. Además, acorde con ese razonamiento, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé diversos medios de control para que las personas privadas de su libertad personal puedan inconformarse con las condiciones de su internamiento, inclusive en cuestiones de carácter urgente * Bajo esa perspectiva, las órdenes de traslado y las cuestiones de internamiento no constituyen, para efectos del juicio de amparo, un supuesto de hecho de tramitación urgente; pues, las personas privadas de su libertad personal tienen a su alcance un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Entonces, si los impetrantes de amparo reclaman, entre otros, la reubicación de dormitorio dentro del centro penitenciario de su reclusión y la orden de traslado a diversos lugares de reclusión, así como cuestiones que sólo atañen a las condiciones de su internamiento, es evidente que, esos actos no se ubican en los supuestos previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Entonces, si los restantes actos que se reclaman en la demanda de amparo, se plantean como resultado del traslado, la posible reubicación de dormitorio y cuestiones relativas a las condiciones de su internamiento, es evidente que, esos actos también resultan cuestiones cualitativas de internamiento, esto es, a pesar de que la parte quejosa alegue que se erigen como actos de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación, en realidad son cuestiones que hacen derivar de los actos preponderantes (traslado y reubicación). Tanto es así, que como se dijo al inicio de este proveído, en la demanda de amparo no se establecen elementos objetivos que permitan deducir que los quejosos están siendo objeto de intimidación, discriminación, tortura o incomunicación; incluso, la demanda de amparo fue presentada, al parecer, por los propios quejosos y no en representación de estos. En suma, después de un juicio valorativo de la demanda de amparo en su integridad, es posible deducir que, en el caso particular, no se está frente a un asunto de atención prioritaria o urgente, motivo por el cual se descarta emitir un pronunciamiento respecto de la suspensión de plano solicitada. Representación común. Se observa en la demanda de protección que los quejosos designaron un representante común: Entonces, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común al señalado. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Debido a que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera y, por ello, no se integrarán al expediente los acuerdos que emita este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico-. Declaración de incompetencia. De una revisión integral a la demanda de amparo es posible advertir que, la acción constitucional se endereza contra la titular de este juzgado y otras autoridades. Por lo que se carece de competencia legal para conocer de la referida demanda. De igual modo, tampoco son competentes para conocer de la misma, los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, porque también fueron señalados con el carácter de autoridades responsables. Asimismo, los promoventes señalaron como autoridades responsables a los jueces de distrito de amparo en materia penal en la ciudad de México, del primero al décimo sexto, Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa y Civil de la Ciudad de México, del primero al décimo séptimo, Jueces de Distrito de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Zacatecas. Pero no a los de Sonora, Baja California y Baja California Sur (pues no los nombró en la demanda). En tales condiciones, de conformidad con los artículos 381 y 482 de la Ley de Amparo, se determina que este juzgado carece de competencia legal para el conocimiento de la referida demanda. * Remisión de los autos al juez que se estima con competencia legal. En ese sentido y en virtud de la cercanía con este órgano jurisdiccional, remítase el expediente al Juzgado de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, en turno -a quien se estima competente-, pues de los órganos jurisdiccionales que no fueron señalados como autoridades responsables, son los que se ubican en la circunscripción territorial más próxima. De conformidad con el artículo 82 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a cualquiera de los actuarios para que remita el oficio que se genere de este proveído, a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, para que a su vez sea remitido al juzgado de distrito en turno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el uso de su firma electrónica vigente y reconocida por el Poder Judicial de la Federación Además, a fin de que el juzgado de distrito al que por turno toque conocer, esté en aptitud de acceder a todas las constancias integrantes de este asunto, se facilita el acceso pleno a dicha información, para lo cual, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes habilite en el expediente electrónico de este juicio de amparo, la pestaña correspondiente a "vincular con otro órgano", a fin de que el homólogo esté en oportunidad de consultarlo de manera íntegra. Se solicita al juez de distrito que reciba el presente asunto, informe sí aceptó la competencia legal declinada; y de ser así, remita el acuse de recibo * Además, se puntualiza: la determinación contenida en este acuerdo implica una declaración de incompetencia legal, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad habrá de archivarse como juicio concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Cuaderno de antecedentes. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias recibidas. Anotaciones internas. Se ordena a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice las anotaciones correspondientes a la declinación de competencia legal, así como a la vinculación del expediente para su consulta. Además, se hace notar que la declaración de incompetencia legal representa un egreso, motivo por el cual deberá realizarse la baja del asunto en la estadística; y en su oportunidad deberá archivarse este juicio como definitivamente concluido -si se acepta la competencia legal declinada-. Domicilio procesal de la parte quejosa. La parte quejosa no señaló domicilio ni autorizado para oír y recibir notificaciones. Sin embargo, de conformidad con el Código de Procedimientos Civiles aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, las partes, en su primer escrito, deben designar casa ubicada en la población en que tenga su sede el tribunal, para que se les hagan las notificaciones personales y cuando no se cumpla tal requisito, las notificaciones personales se realizaran conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, esto es: por lista. De ahí que este acuerdo habrá de notificarse por lista, al representante común de los quejosos. Habilitación de días y horas inhábiles. Por otro lado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hago saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Vista a la agente del Ministerio Público Federal adscrita. Por último, constituye un hecho notorio4 para esta autoridad, que han sido múltiples las demandas presentadas por los mismos quejosos y contra los mismos actos reclamados, donde también esta autoridad ha sido señalada como responsable. Existiendo en todos los casos, sólo alguna modificación respecto de los Jueces de Distrito (exclusión de algunos) que se señalan como autoridades responsables, pero atribuyendo tal carácter a todos los pertenecientes al circuito donde se presenta la demanda. Ante ese escenario, y teniendo presente el contenido del artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a fin de que conforme a sus facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determine si es procedente iniciar una investigación penal, ante la posible comisión de un hecho ilícito.

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