Eduardo Alvarez Nicasio
Expediente 1057/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1057/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/08/2016
Partes del expediente
- Eduardo Alvarez Nicasio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintinueve de agosto de dos mil dieciséis. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de diez de agosto de dos mil dieciséis (fojas 23 a 26), en la que se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. El original y el duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción (punto vigésimo, inciso III del ya citado Acuerdo), pues se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1057/2016-V, promovido por Eduardo Álvarez Nicasio, contra actos del Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciséis (fojas 20 a 7), ante el Secretario Encargado de recibir demandas urgentes adscrito a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en la Ciudad de Toluca, Eduardo Álvarez Nicasio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades responsables que a continuación se precisan: "1. C. DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION Y READAPTACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. 2. C. DIRECTOR DE SEGURIDAD Y OPERACIONES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO. Se señalan como autoridades responsables EJECUTORAS 1. C. DIRECTOR DEL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN SOCIAL DENOMINADO "SANTIAGUITO". IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo de las autoridades señaladas como responsables la orden de traslado del hecho de que pretendan trasladarme a otro penal, dormitorio o celda diversa al que me encuentro recluido, sin existió razón legal alguna para justificar tan arbitraria e injustificada pretensión, ya que no he cometido falta alguna, al reglamento interno interdisciplinario, durante el tiempo que tengo de reclusión y no existe Orden Judicial que justifique el traslado pretendido y por lo tanto no existe tampoco riesgo de alterar la seguridad de este Centro Preventivo y de Readaptación Social o el orden interno. " (SIC). SEGUNDO. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que los actos de autoridad que combate, vulneran en su perjuicio sus derechos fundamentales y las garantías, contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Mediante acuerdo de once de julio de dos mil dieciséis (fojas 80 a 10), se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; los puntos tercero y cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aunado a que el acto reclamado constituye una omisión por parte de autoridades responsables que tienen su residencia dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía constitucional consisten, en: - La orden de traslado del Centro de Prevención y Readaptación Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México, a diverso Centro de reclusión, dormitorio o celda, así como su ejecución. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." No representa un obstáculo a lo anterior, el hecho de que la jurisprudencia antes invocada interprete la legislación de amparo abrogada, de diez de enero de mil novecientos treinta y seis, pues aquélla no es contraria, ni se contrapone con las disposiciones de la actual Ley de Amparo -dos de abril de dos mil trece- así como tampoco lo son las demás tesis aislada y jurisprudencia que serán citadas en esta sentencia, que atiendan o hagan referencia a la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con lo establecido en el Sexto Transitorio de la legislación de amparo vigente. TERCERO. El Director General de Seguridad y Operación en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el Director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez y el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno, todos del Estado de México, al rendir su informe justificado (fojas 16, 17 y 20 respectivamente), negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin que el peticionario de amparo haya desvirtuado, con prueba en contrario, tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia 310, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, del Tomo VI, del Apéndice de 1995, primera parte, Sexta Época, materia común, con número de registro 394266, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En esa tesitura, al haber señalado la autoridad responsable que no existe el acto reclamado; y al no haber aportado el quejoso ningún medio de prueba idóneo, encaminado a desvirtuar la negativa de la referida autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la tesis aislada, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 6673, del Tomo LXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 324127, que establece: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia Ley." En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 372, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, de diciembre de 1992, materia común, Octava Época, con número de registro 217823, que establece: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA NIEGA EL ACTO RECLAMADO Y LA EJECUTORA LO ACEPTA, SIN PRECISAR QUIEN LO ORDENO. Acertadamente el juez de Distrito con fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo sobresee en el juicio cuando las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, niegan categóricamente el acto reclamado sin que el quejoso haya ofrecido prueba alguna para desvirtuar tal negativa, y el hecho de que la autoridad ejecutora reconozca que sí es cierto el acto reclamado, pero no precisa quién lo ordenó, por lo que si esta autoridad fue señalada como ejecutora y no como ordenadora y al negar éstas el acto reclamado decretando el juez Federal el sobreseimiento, lógico es que también debe dictarse respecto de la autoridad ejecutora." Atento al razonamiento vertido en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 335, Núm. 22-24, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de octubre-diciembre de 1989, con número de registro 226555, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en los artículos 61 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Eduardo Álvarez Nicasio, contra el acto reclamado, autoridad responsable y motivos expuestos en esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma el licenciado Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con el licenciado José Mauricio Neira villarreal, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta a través del cual el Director General de Prevención y Readaptación Social del Gobierno del Estado de México, rinde informe justificado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con dicho informe, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Mauricio Neira Villarreal, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
UNICO.- SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.
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