Eduardo Álvarez Domínguez

Expediente 1974/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1974/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Álvarez Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, e informa a este órgano jurisdiccional que aceptó la competencia planteada. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera se hace la aclaración que en el juicio de amparo en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados. Notifíquese.

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Huichapan de Villagrán, Hidalgo, y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 1974/2016; procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. INCOMPETENCIA. Al respecto se toman en cuenta las siguientes consideraciones; se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado y autoridades responsables las siguientes: Acto Reclamado: Todas y cada una de las actuaciones dentro del causa penal 41/2016, en particular el auto de formal prisión dictado el once de diciembre del año en curso, en contra del promovente *** Al respecto, cabe destacar que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, por lo que este juzgado de distrito procede a analizar si en la especie, es o no competente para conocer y resolver sobre la demanda de amparo. La competencia de los jueces de distrito, cuando actúan como jueces de amparo, está determinada en la fracción VII, del artículo 107 constitucional, que dispone: Como se ve del precepto constitucional transcrito, es el criterio de la ejecución del acto reclamado el que preponderantemente determina a qué juzgado de distrito compete el conocimiento de un juicio de amparo. De lo anterior, se pone de manifiesto que, conforme a lo que disponen los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, carece de competencia legal para conocer del libelo en cuestión y estima que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, por los motivos siguientes: Primeramente, es necesario traer a glosa el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". De la transcripción de este artículo, se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito donde se haya presentado la demanda. Para establecer la competencia en el conocimiento del juicio de amparo, es menester tener en cuenta, ante todo, la naturaleza de los actos reclamados, a fin de apreciar si los mismos requieren de ejecución material o no. Así, en este caso el promovente ***reclama el auto de formal de formal prisión dictado el once de diciembre del año en curso, en la causa penal 41/2016, así como todas las actuaciones de este, por parte de la autoridad responsable señalada anteriormente como ordenadora, cuya residencia se encuentra en el Estado de Hidalgo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, se desprende que la parte quejosa narró en el capítulo de hechos, que ante el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Huichapan de Villagrán, Hidalgo, se le instruye un proceso por el delito de robo calificado, el cual está registrado bajo el consecutivo 41/2016. Fue así que, el dieciséis de diciembre del año actual, le fue notificado el auto de formal prisión -acto que en esta instancia reclama- emitido dentro de la causa penal señalada anteriormente. Atento a lo anterior, la incompetencia deriva de que el acto reclamado se ejecutó en el Estado de Hidalgo. El artículo 107 Constitucional establece la competencia por razón de territorio de los jueces de distrito, en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o en donde las autoridades tengan jurisdicción para cumplimentar la ejecución del acto que se les reclama. Así pues, como regla general en tratándose de actos que por su naturaleza entrañan ejecución: La competencia se determina de acuerdo con el lugar en que residan las autoridades en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. No obstante, se contempla la excepción del caso cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. De igual manera, atendiendo a la excepción del artículo 37 de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el acto reclamado por su naturaleza no requiere de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En la especie, este órgano jurisdiccional asume la actualización de la hipótesis legal estipulada tratándose de actos que se que ya se ejecutaron en diversa entidad federativa a aquélla en que esta resolutora federal ejerce competencia por razón de territorio. En efecto, del análisis integral de la demanda de amparo, se estima que el acto que reclama en esta instancia puede reputarse como un acto que tiene efectos materiales que modifican una situación jurídica, susceptible de fincar la competencia del juez de distrito de la entidad federativa en se ha venido verificando. Lo anterior es así, pues atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto, es decir ante la potestad del juez de la causa. Por tanto, este órgano jurisdiccional determina que la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, en turno, por lo que se declina la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En síntesis, se actualiza el supuesto estipulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se está en la hipótesis de que el acto reclamado que se ejecutó en el Estado de Hidalgo; consecuentemente, por lo expuesto y fundado, este Juzgado Federal SE DECLARA INCOMPETENTE LEGALMENTE, para conocer y decidir de la demanda de amparo. En consecuencia, remítase el original de la demanda y sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno, a quien se estima competente para conocer de la demanda que promueve Eduardo Álvarez Domínguez. Ahora bien, conforme al contenido del artículo 48 de la Ley de Amparo, en razón de la notoria incompetencia decretada con antelación, y al no reclamarse actos del artículo 15 de la Ley de Amparo, no es el caso ordenar la apertura del cuaderno incidental, por tanto, remítase de plano la demanda y copias de la misma, al Juez de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, en turno. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las constancias que se estimen necesarias y solicítese tenga a bien acusar recibo e informar si acepta la competencia declinada, en términos del segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese.

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