Eduardo Alonso Te Solis

Expediente 167/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
167/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
19/05/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Alonso Te Solis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que se inconformaran con el proveído que declaró cumplida la ejecutoria federal; por tal motivo y en razón de que no ejercieron ese derecho, téngase a éstas conformes con el cumplimiento de la ejecutoria de mérito; por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo anterior, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es susceptible de depuración, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, siempre y cuando obren en el expediente físico en que se actúa, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte el oficio de cuenta, suscrito por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual se pronuncia respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria concesoria de amparo; asimismo, se desprende que mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con el oficio SSP/DJ/ME-18207/2023, y su anexo, para que en el término de tres días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por la responsable; por tanto, este Juzgado resolverá lo que legalmente corresponda respecto al cumplimiento de la resolución de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª./J.26/2000 bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En este sentido es importante asentar que, por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************Asimismo, por auto de doce de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria la citada resolución, requiriéndose a la responsable su debido cumplimiento; la cual estaba obligada a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS. DEL AMPARO. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública deje insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que decretó un arresto de treinta y seis horas contra el quejoso." Así, de las constancias que obran en este sumario, se advierte que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria, remitiendo el oficio SSP/DJ/ME-18207/2023, al cual adjuntó la copia certificada de la resolución de veinte de abril del año en curso, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, impuesta al quejoso, dejando sin efecto las horas pendientes por compurgar; de ahí que en el caso deba considerarse que la responsable dio cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, es evidente que, con ello, se le restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales por cuya infracción se concedió el amparo; en virtud de que la responsable dejó insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, y con ello, sus consecuencias derivadas de la misma; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, ha cumplido en su totalidad la sentencia de amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de abril de dos mil veintitrés. Visto los presentes autos, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 81, inciso e), de la Ley de la Materia, se declara que la expresada resolución que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente juicio y en el segundo resolutivo, la Justicia de la Unión Amparó y Protegió al quejoso Eduardo Alonso Te Solís, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación de este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados, en los términos siguientes: "SEXTO. EFECTOS. DEL AMPARO. En las relatadas circunstancias, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Eduardo Alonso Te Solís, para el efecto de que el Secretario de Seguridad Pública deje insubsistente la resolución de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que decretó un arresto de treinta y seis horas contra el quejoso." Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien unidades de medida y actualización, conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Finalmente, agréguese a estos autos el oficio signado por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjuntó, con el que, en atención al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que se aperturó el acta de investigación VFEDTTCID-GV/49/2023, en la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ******************** En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado el acta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de acta de investigación VFEDTTCID-GV/49/2023, ante la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes de la Fiscalía General del Estado, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio 2/2023, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, mediante el cual comunica que remitió las constancias que integran el presente asunto al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, a fin de que realice las indagatorias correspondientes, con motivo de las manifestaciones plasmadas ante el fedatario judicial de la adscripción, en relación a la detención que sufrió el aquí quejoso. Por tanto, requiérase al Fiscal General del Estado, para que en el término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo informe las gestiones que ha realizado en torno a la vista que le fue canalizada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, mediante oficio 02/2023, de nueve de febrero de dos mil veintitrés, con el apercibimiento que de no informar lo solicitado o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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