Eduardo Alonso Merlo

Expediente 1813/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1813/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
13/12/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Alonso Merlo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    L. 6 San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 21 inciso b) del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Comparecencia. Vista la comparecencia de veinticinco de noviembre del año en curso, se advierte que la parte quejosa ratificó el escrito registrado con el número de promoción 24040, mediante el cual desahogó en tiempo la prevención formulada en auto de once de octubre del año en cita; por lo que se provee: DEMANDA DE AMPARO Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. ****. B.- Tercero interesado. 1.- No existe. C.- Autoridades responsables. 1.- Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Puebla (DPRIS). 2.- Verificador adscrito a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Puebla. D.- Acto reclamado. Acuerdo y/o motivación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo (principio de definitividad). Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esa Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa Ley. Señala además que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Esto es, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo consagra el principio de definitividad y la improcedencia del juicio de amparo en materia administrativa. Conforme a los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para determinar si se surte la causa de improcedencia, se deben satisfacer estos requisitos: 1.- Que el acto reclamado sea pronunciado por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas; 2.- Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio, conforme a las leyes que lo rijan, o bien, que en su contra proceda recurso, juicio o medio de defensa; 3.- Que a través del recurso, juicio o medio de defensa pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; 4.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa permita suspender los efectos del acto reclamado; 5.- Que la norma que regule el recurso, juicio o medio de defensa no se exijan mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; y, 6.- Que no exista excepción al principio de definitividad. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: 1.- El acto reclamado fue emitido por una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es decir, por autoridades administrativas, en específico, por la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios del estado de Puebla (DPRIS). 2.- El acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 4°, apartado A, fracciones I, V y IX, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que señalan: 3.- A través del juicio de nulidad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado. En efecto, el artículo 108 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla señala que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada o indicar, cuando así corresponda a la pretensión deducida, los términos en que la autoridad debe dictar su resolución. 4.- El Titulo II, Capitulo VIII "De las Medidas Cautelares", artículos 50 a 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del (los) acto(s) impugnado(s) en el juicio de nulidad. 5.- La Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva del (los) acto(s) reclamado(s), al efecto basta remitirse al contenido del numeral 55 de la ley en cita para corroborarlo, el cual dispone: De lo que se obtiene que el artículo 55, fracción III, inciso c), de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla, establece un plazo idéntico al artículo 112 de la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional, es decir, 24 horas. En consecuencia, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no establece un plazo mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: 6.- No existe excepción al principio de definitividad. I.- Cuando los actos afectan a personas extrañas al procedimiento del cual emanan. No se actualiza la excepción porque el juicio de amparo indirecto no es promovido por persona extraña al procedimiento administrativo en el cual se emitió la resolución administrativa relativa al recurso de inconformidad, de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente sanitario 19-AL-2100-06421-CV, mediante la cual se confirma la multa equivalente a $23,657.20 (veintitrés mil seiscientos cincuenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), por infracciones a la legislación sanitaria. II.- Los actos que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación. El acto reclamado no es intraprocesal, sino definitivo, de modo que no podría constituir actos procesales de imposible reparación, en atención a que es derivado de la resolución administrativa relativa al recurso de inconformidad, de cinco de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente sanitario 19-AL-2100-06421-CV. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la irreparabilidad del (los) acto(s) reclamado(s) no constituye, por sí misma, una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. III.- Los actos administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del (los) acto(s). IV.- Los actos que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. El acto reclamado es de naturaleza administrativa, no penal, por lo que no puede existir una transgresión al artículo 16 constitucional en materia penal, y no se aduce alguna violación de derechos contenidos en los numerales 19 y 20 constitucionales. V.- Las leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación. La parte quejosa no reclama leyes, tratados internacionales, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, de modo que no se actualiza está excepción. VI.- Los actos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Tampoco se actualiza el supuesto, debido a que no se reprocha alguna de las conductas citadas. VII.- Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Titulo II, Capitulo VIII "De las Medidas Cautelares", artículos 50 a 56 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo de Estado de Puebla establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución del acto impugnado en el juicio de nulidad. VIII.- Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción porque el quejoso se duele precisamente de las consideraciones emitidas por la responsable para sustentar la emisión de la resolución reclamada, así como de la falta de observancia a la legislación que rige el procedimiento que originó la resolución reclamada. De lo que deriva que la parte quejosa conoce los fundamentos de los actos, lo que revela que el perjuicio que hace valer estriba en una indebida y no en una falta de fundamentación. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. IX.- Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a un ordenamiento secundario, es decir, violaciones de legalidad a los artículos contenidos en la Ley General de Salud, en los cuales se sustenta el quejoso para reclamar sus pretensiones, por lo que tampoco se actualiza la hipótesis de excepción. X.- Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio de nulidad está previsto en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Puebla y no en un reglamento. En resumen, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad en virtud de que no acudió al juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad y, en consecuencia, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente con fundamento en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada 2a. LVI/2000: Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    4.- Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha, la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, no ha dado cumplimiento a la sentencia de amparo. .. Acuerdo En consecuencia, se requiere a la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, informe las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remita las constancias que así lo acrediten. Apercibimiento. Finalmente, hágase de su conocimiento que subsisten los apercibimientos decretados en autos para el caso de incumplimiento al fallo protector. Notifíquese. ..

  4. Principal

    Téngase por recibido el escrito presentados por la quejosa ****, por medio del cual pretende desistirse del juicio de amparo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, se tienen por hechas las manifestaciones de la quejosa en relación a que es su deseo desistirse de la tramitación del presente juicio de amparo. No obstante a fin de satisfacer el principio de instancia de parte agraviada y tener la certeza de la voluntad de la parte quejosa de desistirse del juicio constitucional, es necesario que manifieste de viva voz su voluntad. Por tal motivo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, a fin de que la quejosa, se presente en el local de este Juzgado Federal con identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), a fin de que ante la presencia judicial manifieste su voluntad para desistirse del juicio constitucional, y ratifique el contenido del ocurso de cuenta. Túrnense los autos al actuario de la adscripción a fin de que realice la citación respectiva, haciendo del conocimiento de la parte quejosa *****, que deberá comparecer a la localidad de este juzgado el día y hora señalados, en el entendido que tendrá que exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta para debida constancia legal. En ese sentido, se apercibe a la parte quejosa que de no comparecer a la diligencia de ratificación, o de no realizar manifestación alguna, en el término señalado, se continuará con el trámite del presente asunto.

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