Eduardo Alfredo Contreras y Fernández

Expediente 1066/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 28 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1066/2021
Año
2021
Actuaciones
28
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Eduardo Alfredo Contreras y Fernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que obra en la caja de valores el billete de depósito número****, expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $****, que exhibió la parte quejosa para que surtiera efectos la suspensión provisional de los actos reclamados. Por tanto, y toda vez que a la fecha el presente juicio de amparo se encuentra concluido; se pone a disposición del quejoso el certificado de depósito que exhibió por el término de dos años, contados a partir de su notificación para que se sirva recogerlo, apercibido que de no hacerlo en ese plazo, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá en favor del Erario Federal. No es óbice a lo anterior, el hecho de que se ordene la devolución de la garantía que se exhibió aun y cuando no hayan trascurrido los seis meses posteriores a que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, toda vez que en el presente asunto no existió tercero interesado. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales aprobado por sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte; requiérase al agraviado, para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibido que de no hacerlo dentro de ese plazo, se procederá a destruirlos. A lo anterior, tiene aplicación la Tesis V.2o.P.A.9 K (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Junio de 2018, página 3059, Décima Época, con registro 2017122, que dispone: "GARANTÍA EXHIBIDA PARA QUE CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EN CASO DE QUE ÉSTE NO RESULTE CIERTO O NO EXISTA EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO ESPERAR A QUE TRANSCURRA EL PLAZO DE SEIS MESES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO PARA PROVEER SU DEVOLUCIÓN. De conformidad con el precepto citado, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión del acto reclamado, las partes deben promover el incidente de reclamación de daños y perjuicios, dentro del plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio de amparo; sin embargo, la necesidad de esperar el transcurso de ese plazo, antes de proveer de conformidad la devolución o cancelación de las garantías, sólo opera cuando se cumplan los siguientes requisitos, que: a) se haya concedido la suspensión -provisional o definitiva- del acto reclamado; b) éste o sus consecuencias jurídicas, efectivamente se hayan paralizado, suspendido o, incluso, cuando se haya restablecido provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado, en razón de la suspensión otorgada por el juzgador de amparo; y, c) el quejoso o el tercero interesado hubiese exhibido garantía o contragarantía, según sea el caso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, o bien, para que aquélla dejara de tener efectos y pudiera ejecutarse el acto reclamado; de suerte que, en aquellos supuestos en los que no resulte cierto el acto reclamado o no exista tercero interesado, es innecesaria esa espera, al resultar incuestionable que no existieron efectos que pudieron haberse visto paralizados en razón de la suspensión del acto reclamado decretada por el Juez de amparo; o bien, por no existir alguna persona a quien se le pudo parar perjuicio y que tenga legitimación para promover el incidente mencionado." Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó el juicio de amparo. Asimismo, es susceptible de depuración el original del incidente, pues en él se otorgó la medida cautelar, por ende se ordena glosar el mismo al expediente en que se actúa y una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General señalado. Notifíquese.

  3. Principal

    Por lo antes expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Alfredo Contreras y Fernández; por propio derecho, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero de esta sentencia, por los motivos indicados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese el escrito del quejoso Eduardo Alfredo Contreras y Fernández, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y ofrece pruebas. Al respecto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, mismos que podrán ser tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la documental que adjuntó a su escrito; así como instrumental de actuaciones. Ahora bien, por lo que respecta a la inspección judicial que solicita se practique en su domicilio ubicado en calle Carrizos número sesenta y dos, también conocido como carrizos Mz 110, Lt 39, fraccionamiento Lomas de San Mateo, municipio de Naucalpan, Estado de México, código postal 53200, con la finalidad de acreditar que permanece sin energía eléctrica y por tanto desvirtuar la negativa de las autoridades responsables al rendir su informe con justificación. Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero artículo 119 de la Ley de Amparo, dígase que no ha lugar a admitir la prueba de mérito, por haberla anunciado en forma extemporánea. Se estima lo anterior, ya que el precepto legal invocado establece que el término para anunciar dichas probanzas es de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia (sin que éste se pueda ampliar con motivo de su diferimiento, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos novedosos), circunstancia que en la especie no aconteció si se toma en cuenta que la fecha señalada en el auto admisorio para la celebración de la audiencia de ley (veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno), se difirió. Ahora, se debe precisar que en el caso concreto se toma como referencia para proveer conforme lo dispone el artículo 119 de la Ley de Amparo, la data señalada, toda vez que lo que pretende probar a través de la citada prueba (corte de suministro eléctrico), es desvirtuar la negativa de las autoridades responsables sobre hechos que indefectiblemente la parte quejosa conocía desde la presentación de la demanda y no se advierte ningún hecho novedoso; sobre todo, porque desde la demanda de amparo señaló que empleados de la Comisión Federal de Electricidad se constituyeron en su domicilio a realizar el "corte"; esto es, el acto que pretende acreditar a través de esa prueba ya lo conocía desde la presentación del juicio de amparo, sin que ello implique se le deja en estado de indefensión, porque habiendo tenido la oportunidad de hacer uso de su derecho, no lo ejercitó eficientemente, operando la preclusión en su perjuicio. Sobre este aspecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 107/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, página 1029, de la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL DERECHO A UNA ADECUADA DEFENSA. El citado precepto establece que el plazo para el ofrecimiento de las pruebas pericial, testimonial o de inspección judicial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas. Por tanto, si la oferente conocía el hecho cuya certeza trata de probar o impugnar con anterioridad a la audiencia constitucional, entonces tuvo la oportunidad de ejercer tal derecho y, de no haberlo hecho así, opera la preclusión en su perjuicio. Lo anterior no viola el derecho a una adecuada defensa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que no limita la capacidad probatoria, ya que la norma concede a las partes la oportunidad de ofrecer, aportar y rendir las pruebas que estimen pertinentes, mientras que fijar un plazo prudente o periodo determinado para ejercer tal derecho, obedece al principio de expeditez procesal que rige en el juicio de amparo. Además, el precepto legal indicado también es congruente con el principio de igualdad procesal, el cual implica que se deben dar a las partes las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo que permitir el ejercicio de un derecho después del momento procesal oportuno para ello, redundaría directamente en perjuicio de las demás partes". Finalmente, con relación a su petición de que se dé vista al Ministerio Público para los efectos de la fracción V del artículo 247 del Código Penal Federal. Atento a su contenido, dígase que este juzgado de distrito se encuentra imposibilitado para dar vista a la representación social federal adscrita, en razón de que es parte en el presente sumario constitucional, por lo que se encuentra al tanto de todas las actuaciones que en éste se dicten; sin embargo, queda expedito su derecho para hacerlo valer por la vía y autoridad correspondiente. Notifíquese.

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