Eduardo Alfonso Velázquez Gutiérrez

Expediente 345/2017 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
345/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/05/2017

Partes del expediente

  • Eduardo Alfonso Velázquez Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto por el que se desechó demanda de garantías; este expediente es susceptible de destrucción transcurrido el término de cinco años; toda vez que este asunto no se considera de relevancia documental; transcurrido tres años, transfiérase al Centro Archivístico Judicial.- Toda vez que obra documental se previene a la parte quejosa a fin de que en el plazo de noventa días, comparezca ante este Juzgado a recoger documental que trajo a juicio, apercibida que de no hacerlo, se destruirá con el expediente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE 12 DE MAYO DE 2017 EMITIDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 345/2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: Causa estado auto en que se desechó la demanda de amparo.- Archívese el asunto como concluido.- el expediente es destruible lo que deberá verificarse transcurrido el término de cinco años.- Toda vez que obra en el expediente un documento original exhibido por la parte quejosa se le da vista para que, si a su interés conviene, comparezca por dicho documento dentro del plazo de noventa días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo apercibido que de no hacerlo ese documento tendrá el mismo destino que el expediente y se procederá a su destrucción.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 25 DE ABRIL DE 2017, QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Vista la demanda de amparo signada por ***, apoderado legal de ***, contra actos de la Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 345/2017-VIII. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Amparo, este juzgado tiene la obligación de examinar la demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deberá desechar de plano, de conformidad con el artículo 113 del citado ordenamiento legal, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. El acto reclamado consiste en: a) El acuerdo emitido por la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, en el que determinó que a fin de tener embargado un inmueble es necesario exhibir certificado de propiedad con antigüedad menor a seis meses. b)La diligencia de requerimiento de pago y embargo llevada a cabo el dieciocho de abril de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral ***, en la cual no se embargó el inmueble señalado como propiedad del demandado. En ese contexto, este juzgado advierte que en relación a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XVIII. El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. Ello obedece a que los procesos de impugnación tienen como finalidad brindar seguridad jurídica a las partes en conflicto, la cual, en el ámbito del proceso jurisdiccional, se traduce en garantizar al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si estos llegan a producirse, le será protegido y reparado en la lesión que se cause a sus derechos; medida que impone la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo dispone [.]: Como se aprecia, la legislación en materia laboral otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar o modificar un auto dictado en ejecución de laudo, por la Presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y las actuaciones de los actuarios; esto es, el recurso de revisión. Por lo que hace a los actos reclamados, se advierte que se encuentran en el supuesto establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; por lo que el solicitante de amparo debió interponer en tiempo y forma el recurso de revisión que prevé el citado numeral, antes de acudir a esta instancia de control constitucional. Lo anterior, tomando en consideración que los medios de impugnación, para efectos del juicio de amparo, son considerados como recursos ordinarios o medios de defensa que: a) tienen por objeto que el promovente pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses; b) están establecidos en la ley correspondiente; y, c) tienen un procedimiento para su resolución. Además, en este caso, no operan las excepciones al principio de definitividad:a) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como incorporación forzada a las fuerzas armadas. b) No se trata de orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad provisional bajo caución, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. c) No se trata de actos en que sea tercero extraño a juicio, en virtud de que el quejoso manifiesta ser parte actora en el expediente laboral del que deriva el acto reclamado, lo que se corrobora con la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de veintiocho de mazo de dos mil dieciséis, emitida por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente laboral ***. d) La procedencia del recurso de revisión está debidamente previsto en la legislación aplicable al caso, por tanto, no existe insuficiencia normativa que precise la procedencia de tal medio de defensa. En tales condiciones, se desprende que, en el caso, como requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse previamente el recurso de revisión que prevé la Ley Federal del Trabajo, para cumplir con el principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Acorde con lo antes expuesto, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por *** por conducto de su apoderado legal ***. Téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ***, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a [.]. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos. Por último, con apoyo en los artículos 6, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

  4. Principal

    Por presentada demanda de amparo y analizada la misma, al actualizarse causal de improcedencia, se DESECHA de plano por notoriamente improcedente la misma.- Se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer datos personales y de identificación de las partes.

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