Eduardo Alfonso Solana Meixueiro
Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 395/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Alfonso Solana Meixueiro
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Se agrega oficio. Incorpórese el oficio número 882 signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en este Municipio, con el que remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria por videoconferencia de trece de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja número ********************/2023 de su índice. Acúsese el recibo de estilo respectivo. Ahora bien, toda vez que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por el autorizado legal de la parte quejosa, contra el acuerdo de veintiséis de abril de esta anualidad, hágase ello del conocimiento de dicha parte procesal. Datos personales. Aunque la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, conforme a los artículos 6o, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, dese cumplimiento a lo dispuesto por los numerales 113, 117 y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, 14, 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción IV, del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones relativas en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad correspondiente.
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Incorpórese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, por el que la Presidencia de dicho Tribunal, acusa recibo de la diversa comunicación con la se remitió el recurso de queja que interpuso la parte quejosa. Asimismo, en lo que interesa, informa admitió dicho medio de impugnación, radicándolo con el número 169/2023. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
"San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintitrés. Incorpórese a los autos el escrito electrónico de **********************************, autorizado legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, se acuerda: Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase al promovente interponiendo recurso de queja en contra del proveído de veintiséis de abril de esta anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. Por tanto, se ordena agregar impresión del escrito de interposición del recurso y expresión de agravios a este expediente; y al efecto, ríndase informe sobre la materia de la queja. Asimismo, dado que dicho medio de impugnación se interpuso vía electrónica, únicamente remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimotercer Circuito, en turno, 1) una impresión del ocurso de cuenta, así como 2) la certificación en la que se haga constar que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución que integran este juicio. Luego, a fin de que la superioridad se imponga de las constancias que integran este juicio de amparo, se ordena hacer disponible el presente expediente, a efecto de que dicho órgano jurisdiccional realice la vinculación correspondiente del expediente electrónico. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito a este Juzgado, para que realice las gestiones necesarias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para cumplir con lo anterior. Notifíquese personalmente vía electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Registro de demanda Con la demanda de amparo turnada de manera electrónica a este órgano jurisdiccional el veinticinco de abril de esta anualidad, que promovió E***, por propio derecho, contra actos de la Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Fiscalía General del Estado, llevadora de la carpeta de investigación número 8229/FMUJ/UDNA/2023 y otra autoridad; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 395/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales2 , se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Desechamiento. El artículo 1133 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 624 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 198, con registro digital 221353, que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. COMO AUTORIDADES ORDENADORAS Y EJECUTORAS: 1.- LA MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, LLEVADORA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 8229/FMUJ/UDNA/2023 . 2.- LA C. ALBA LIDIA AQUINO RODRÍGUEZ EN SU CARÁCTER DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA, LLEVADORA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 8229/FMUJ/UDNA/2023 . 3.- LA TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN A DELITOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA." Lo siguiente: ".IV. ACTO RECLAMADO. Reclamo de las autoridades responsables la negativa a dar acceso a la carpeta de investigación número 8229/FMUJ/UDNA/2023 y la violación al derecho humano a una defensa adecuada en la etapa de investigación inicial dentro del procedimiento penal. La omisión de dictar acuerdo respecto de la solicitud de acceso a la carpeta de investigación número 8229/FMUJ/UDNA/2023 y la violación al derecho humano a una defensa adecuada en la etapa de investigación inicial dentro del procedimiento penal. La tortura psicológica a la que he sido expuesto por las autoridades responsables. Las consecuencias y efectos de los actos reclamados." Asimismo, la parte quejosa hace valer como conceptos de violación los siguientes: "VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PRIMERO. - CONTRAVENCIÓN A LOS ARTÍCULOS 20 APARTADO B FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 1.- Tal y cómo lo narré en los hechos de la presente demanda, fui objeto de un acto de molestia y de recepción de mi entrevista. 2.- Con fecha 24 de marzo del año 2023, solicité acceso a la carpeta de investigación 8229/FMUJ/UDNA/2023 ante las ahora responsables. Sin que hayan dado una respuesta. 3.- En ese sentido, los artículos 20 apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 218 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de defensa; Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La victima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. 4.- En ese sentido, es clara la violación al derecho a una defensa cuada del suscrito, dado el acto de molestia por parte de las autoridades responsables. (.)". De lo anterior se conoce que la parte quejosa se duele esencialmente en esta instancia, de la omisión de las autoridades responsables de permitirle al acceso a la carpeta de investigación ***. Acto respecto del cual, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5° y 6° (éste último interpretado "contrario sensu"), ambos de la referida ley, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; preceptos que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.)" CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.)". De la anterior transcripción, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo, el quejoso deberá demostrar ser titular de un interés jurídico o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple. A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado el tema a estudio, indicando que el interés jurídico y legítimo tiene que acreditarse fehacientemente, no inferirse con base en presunciones, conforme a sus elementos, a saber: El interés jurídico para su demostración requiere que la parte quejosa sea titular de un derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecte ese derecho. El interés legítimo, requiere de la acreditación de la existencia de una norma constitucional en la que se tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado transgreda tal interés, de manera individual o colectiva; y, que el quejoso pertenezca a esa colectividad. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias(s): Común, Registro digital: 2019456, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el promovente acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el caso, el acto reclamado no afecta el interés jurídico y legítimo de la parte quejosa, por las siguientes consideraciones, El artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone: "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme. El numeral transcrito establece un derecho fundamental del que goza el imputado, por la posible comisión de un delito, consistente en que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; sin embargo, dicho derecho fundamental, no es absoluto, sino que tiene sus restricciones; esto es, para que el imputado tenga acceso a la carpeta de investigación que se sigue en su contra, deben cumplirse los siguientes requisitos: 1. El imputado se encuentre detenido y puesto a disposición del ministerio público en flagrancia. 2. Sea citado para comparecer como imputado dentro de la carpeta de investigación. 3. Sea sujeto de un acto de molestia. Por tanto, los datos de la investigación se encuentran reservados a toda persona (inclusive al que en el futuro será imputado), esto en tanto no se actualice alguna de las hipótesis referidas en el párrafo anterior, es decir, si aún no existe un acto de molestia concreto, los datos de la carpeta se deben preservar en sigilo. La primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 2/2022, sostuvo que la estricta reserva de la indagatoria obedece a la protección del interés público y a la salvaguarda del derecho a la seguridad, que constituyen, indudablemente, fines legítimos en virtud de que las actuaciones del Ministerio Público contienen hechos que, al ser del conocimiento público, ponen en peligro la investigación y eficacia en la persecución de delitos. Que el derecho de acceder a la carpeta de investigación se justifica en el hecho de que el imputado debe conocer las razones de su acusación y, a partir de ello, preparar su estrategia de defensa. Sin embargo, el derecho subjetivo en mención surgirá hasta tanto existan signos plausibles que hagan presumir que el quejoso cuenta con la calidad de imputado, lo cual se puede presumir únicamente cuando es detenido, citado a comparecer o existe un acto de molestia similar encaminado a recabar su entrevista. En la especie, de las manifestaciones de la parte quejosa, narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que no se actualiza ninguna de las hipótesis que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; pues para ello, resulta indispensables que se encuentre detenido, que sea citado para comparecer, o que sea sujeto de un acto de molestia con el propósito de recibir su entrevista, como imputado dentro de la carpeta de investigación . Si bien, la parte quejosa para justificar el acto de molestia señala que: "Con fecha 21 de abril del año 2023, acudí a las oficinas de la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la mujer por razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, ubicada en la Calle de Armenta y López número 700, Colonia Centro, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en compañía de mi esposa ***** para preguntar por el escrito presentado respecto del acceso a la carpeta de investigación número ****3 y copia de esta. Sin embargo, no nos dejaron ingresar y nos pidieron esperar, después de unos minutos salió una persona del sexo femenino que no se identificó pero manifestó ser la ministerio público llevadora de la carpeta de investigación número **** quién en ese acto nos dijo que ya habían dictado medidas de protección en mi contra por parte de la ahora tercero interesada y que en ese momento me requería para que no me acercara a la señora *** y a su domicilio, sin que nos dieran alguna resolución por escrito, aunado a que me insistió en que iban a hacer todo lo posible para que el suscrito fuera a la cárcel y dado que, el asunto tiene "línea", lo mejor era que me entregara y rindiera entrevista o declaración en ese momento. Por lo que, traté de explicarle la situación y que lo único que quería era acreditar que, en todo momento había cumplido con mi obligación alimentaria, dado que la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro no había remitido las constancias completas del expediente número ***, configurando con la omisión de dicha juzgadora la "supuesta" omisión de pago de alimentos por parte del suscrito. Lo anterior, generando el acto de molestia requerido por los artículos 113 y 218 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales y una tortura psicológica por las determinaciones de las ahora responsables. Sin embargo, dicha circunstancia por sí misma no puede considerar como un acto de molestia por parte de las autoridades responsable con el propósito de recibir su entrevista, como imputado dentro de la carpeta de investigación, pues fue el propio quejoso quien acudió ante la Fiscalía Especializada para la atención a Delitos contra la mujer por razón de Género de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para preguntar por el escrito en el que solicitó el acceso a la carpeta de investigación que refiere, y estando ahí fue que la persona que refiere le indicó que lo mejor era que se entregara y rindiera entrevista o declaración, sin que de ello se derive como ya se dijo la existencia de un acto de molestia concreto como una orden de detención o comparecencia. Por tanto, es inconcuso que el acto reclamado no afecta el interés jurídico o legítimo del quejoso. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 95/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2817, Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, Materias(s): Común, Penal, Registro digital: 2025272, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa". Lo resaltado es propio. En esas condiciones, al quedar actualizada de manera notoria e indudable la causal de improcedencia advertida de oficio por este órgano jurisdiccional, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 5° y 6° (éste último interpretado "contrario sensu"), todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; SE DESECHA DE PLANO la demanda origen de este juicio, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Es aplicable, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX del Septiembre de 2004, página 1631, Materia(s): Común, con registro digital 180663, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". Debe decirse que la actualización de la causal de improcedencia en estudio, no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia reconocidos en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente el derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, se podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo. Por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis aislada 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Enero de 2010, página 324, Materia(s): Común, con registro digital 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA"5 . Domicilio, autorizados y consulta de expediente. Téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Alberto Porras Arellano, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "sistema computarizado, para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito", y por así haberse solicitado. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como medio para oír y recibir notificaciones los usuarios electrónicos que indica. Por lo anterior, en términos del artículo 57, párrafo cuarto del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta de expediente electrónico del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de los usuarios "***" y "***", a fin de que puedan realizar la consulta correspondiente; asimismo, para que se tengan por practicadas las notificaciones por ese medio. En consecuencia, se instruye al Oficial Judicial "A", para que proceda a realizar los trámites respectivos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en párrafos precedentes. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública6 , hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notificación. Se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Notifíquese personalmente vía electrónica.
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