Eduardo Alfonso Montoya Espinoza
Expediente 1146/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1146/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Eduardo Alfonso Montoya Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva al quejoso.
- Incidental
INFORME PREVIO. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación, en apoyo de la responsable Titular de la Célula I-4 "Casos Transversales", del Equipo de Investigación y Litigación I en León, Guanajuato; con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo informe previo, con el que se ordena dar vista y relacionarlo en la audiencia incidental.
- Principal
cumplase
- Principal
Notifíquese personalmente SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Del análisis de la demanda se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, que consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra resoluciones respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas. En el caso, el quejoso señaló como actos reclamados los siguientes: 1. La omisión o negativa por parte del Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-4 León, de la Unidad de Asuntos Transversales, dependiente de la Fiscalía General de la República, con residencia en esta ciudad, de expedirle copias certificadas gratuitas del acuerdo de devolución en depositaria del inmueble que aduce es de su propiedad; las cuales afirma solicitó de manera escrita el veinticinco de agosto del año en curso; y 2. La omisión de dar respuesta a la petición realizada de forma escrita el veinticinco de agosto actual, mediante la cual solicitó información respecto del estado que guarda la carpeta de investigación FED/GTO/LEON/0003271/2021, así como los trámites que en su caso se habían realizado para la extinción de dominio del inmueble que refirió es de su propiedad. Ahora bien, de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que en contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, la víctima u ofendido cuentan con un medio de defensa para impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días posteriores a que sean notificados de las mismas; en cuyo caso, el Juez de Control citará a las partes a una audiencia en la que escuchará y resolverá en definitiva. En ese sentido, la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por tanto, previamente a promover la acción de amparo, deben agotar ese medio de impugnación. En efecto, el artículo 258 de la codificación en comento, prevé un medio de defensa idóneo para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones que expresamente regula. Esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En ese orden, las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien revise la legalidad de las mismas. Ahora bien, las determinaciones emitidas por el órgano investigador no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral, esto es, abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las actuaciones inherentes a la omisión de expedir copias certificadas o de dar respuesta a una petición dirigida a conocer el estado que guarda una carpeta de investigación en concreto, encuadran en este supuesto, ya que dichas conductas suponen la prosecución de su función investigadora. Además, la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esta manera, tratándose de actuaciones ministeriales en la etapa de investigación, la autoridad judicial rectora puede ordenar que se practiquen las diligencias necesarias, y en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente. Asimismo, debe destacarse que el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el derecho de la víctima u ofendido a impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, debe hacerse valer en los términos previstos en el mismo código y en las demás disposiciones legales aplicables. De ahí que el medio de defensa previsto en el citado artículo 258 sea el idóneo para impugnar las actuaciones u omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. De lo antes expuesto, se puede advertir que en la fase de investigación, el encargado de la misma debe investigar y practicar todas aquellas diligencias y actos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos denunciados, respetando en todo momento los derechos de las partes y el debido proceso; sin que la investigación que realice pueda suspenderse o interrumpirse, salvo los casos previstos legalmente. Establecido lo anterior, de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se encuentran íntimamente ligados con actuaciones verificadas por parte del Ministerio Publico en la realización de la investigación e integración de la carpeta, razón por la que previo a promover el juicio de amparo, se debe agotar el recurso analizado, al tratarse de actuaciones cometidas por el agente del ministerio público, durante la integración de la carpeta de investigación. En función de lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio. SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha señalada para la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con tres minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. QUEJOSO SOLICITA APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito firmado electrónicamente por el quejoso Eduardo Alfonso Montoya Espinoza, por medio del cual solicita la suspensión del acto reclamado; a lo que se acuerda: INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Tramítese el incidente de suspensión para acordar lo procedente respecto a la medida cautelar solicitada.
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