Eduardo Alejandro Méndez Ortiz
Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/06/2019
Partes del expediente
- Eduardo Alejandro Méndez Ortiz
Actuaciones
- Principal
El acuerdo de diecisiete de mayo del año en curso, en el que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que aquél HA CAUSADO ESTADO. Dése el aviso correspondiente a las autoridades responsables y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
Vista la notificación realizada por el actuario judicial adscrito, de la que se advierte que el **************************, asentó lo siguiente; "Recibí copia no quiero tramitar amparo me desisto". Diligencia que adquiere valor probatorio pleno, toda vez que es incuestionable la voluntad del quejoso de desistirse, al haber sido expresada ante un funcionario con fe pública. En consecuencia, con fundamento en el numeral 6° de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto que reclamado, así como en el diverso 63, fracción I, del invocado ordenamiento, se decreta el sobreseimiento en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que estaba señalada para las nueve horas con cinco minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve.
- Principal
Vista la demanda de cuenta promovida por *****************************, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número *****************************. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló entre otros como acto reclamado, el siguiente:"C) Reubicación del dormitorio 5-I-II, al dormitorio 12". El cual, le endilga a las autoridades responsables: Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. En este sentido, cabe destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo. Lo indudable resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Expuesto lo anterior, en la especie, el juicio de amparo resulta notoriamente improcedente, respecto del acto reclamado consistente en la reubicación de dormitorio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo. De la porción normativa en comento, se advierte la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. c) Que por virtud de ese medio, la resolución impugnada pueda ser modificada, revocada o nulificada. Así, una vez contrastados el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se advierte de autos el acto reclamado fue dictado por una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En cuanto a la segunda hipótesis, el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, de conformidad con su artículo único transitorio. Bajo ese tenor, conforme al artículo 48, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la determinación reclamada, es susceptible de combatirse a través del recurso de revisión ante el Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Ciudad de México, quien suspenderá la ejecución una vez impuesto el recurso. Luego, si con motivo de la interposición del recurso de revisión el Juzgado de Ejecución respectivo le corresponde analizar la legalidad del acto en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o medida disciplinaria que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. En congruencia con lo anterior, debe atenderse a que el juicio de amparo es un mecanismo judicial de control constitucional, cuyo objeto es restituir a los gobernados, en sus derechos fundamentales transgredidos que se vean conculcados con motivo de los actos de autoridad, en relación con los perjuicios que generen en su esfera individual, razón por la cual, el legislador ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso se llegue a pronunciar, pueda concretarse y trascender sólo a la quejosa, circunstancia que no se puede materializar cuando existen recursos ordinarios previstos como un mecanismo de defensa contra los actos de autoridad. Explica esta consideración, la tesis I.6º.C. J/37, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, al indicar: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Aunado a que el acto reclamado consistente en el cambio de dormitorio, no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento; que la peticionaria de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. De ahí que, previo acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso de revisión previsto en el artículo el artículo 48 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, podría modificar, revocar o confirmar el acto reclamado; circunstancia que no aconteció. Por tanto, la quejosa, a fin de observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, debe agotar en contra del acto reclamado el medio de defensa ordinario, consistente en la revisión prevista en el artículo 48, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de no hacerlo así, conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el precepto 113, con relación al diverso 61, fracción XX, se desecha de plano la demanda únicamente por lo que hace a la orden de reubicación de dormitorio, por notoriamente improcedente. Con excepción de lo que fue materia del desechamiento que antecede, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de garantías promovida por ***************************** únicamente respecto a los actos consistentes en: la segregación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Sin que haya lugar a tener como acto reclamado el siguiente: ".A) DISCRIMINACIÓN." Lo anterior en virtud de que dicha manifestación constituye concepto de violación en relación con el acto reclamado en forma destacada, el cual será materia de escrutinio constitucional al momento de resolver el presente juicio. De ahí que el suscrito debe apreciar lo que quiso decir la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, y no únicamente lo que en apariencia dijo, al plasmar el referido acto en el apartado correspondiente intitulado como CUARTO.- ACTOS RECLAMADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; lo anterior, conforme el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, visible en la página 69, enero de 1991, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Octava Época, localizable con el número de registro 223603, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia.". Toda vez que el quejoso señala como actos reclamados: "B) Segregación y prohibidos por el artículo 22 constitucional.". Con fundamento en los dispositivos 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a la parte quejosa la SUSPENSIÓN DE PLANO de los reclamados consistentes en: la segregación o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional. En consecuencia, se ordena a las autoridades responsables que de INMEDIATO SE ABSTENGAN DE LLEVARLOS A CABO Y LOS HAGA CESAR con la misma prontitud en caso de que se estén verificando. Dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, las autoridades deberán comunicar a este juzgado los términos en los que hayan acatado la medida, en la inteligencia de que su violación entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los actos, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación. En la inteligencia de que la seguridad, custodia y salvaguarda de la integridad física del inconforme queda bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad a cuya disposición se encuentre, quien deberá tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. Ahora bien, para el caso de que se reciban informes de suspensión de plano ya rendidos con anterioridad, o bien, de forma posterior al dictado de la sentencia, se ordena a la Secretaría integrarlos al expediente sin mayor proveído. Sin que se tramite incidente de suspensión, en virtud de que en esta fecha se otorgó la medida de plano respecto de los actos de segregación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. Pídase el informe justificado a las autoridades responsables.
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