Eduardo Alcaráz Bedolla
Expediente 1329/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Alcaráz Bedolla
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del diez al dieciséis de diciembre del año en curso; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental ; asimismo, dígasele a la parte promovente que de no comparecer dentro del término de tres días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, con identificación fehaciente a recoger las copias que exhibió de su demanda, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Delegado Administrativo de la Secretaría de Educación en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Antes, se precisa establecer que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que, aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ***Así, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrían la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". En la especie el quejoso, hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: ".De la autoridad señalada como responsable y que se identifica con el número 1, le reclamo la entrega o la posible entrega, depósito u otorgamiento del recurso, la prestación monetaria, económica o el beneficio que corresponde al programa "Estimulo al Desempeño Docente de las Escuelas Normales del Estado" a sus destinatarios o posibles beneficiarios sin que se haya revisado la constitucionalidad de los actos sufridos por éste quejoso. 2. De la autoridad señalada como responsable y que se identifica con el número 2, le reclamo la omisión de vigilar y promover de manera correcta el procedimiento del Estímulo al Desempeño que se llevó a cabo en la Escuela Normal para Educadoras, lo que provocó la comisión de actos infundados y discriminativos en contra del suscrito quejoso. 3. De la autoridad señalada como responsable y que se identifica con el número 3, le reclamo la omisión de vigilar y promover de manera correcta el procedimiento del Estímulo al Desempeño que se llevó a cabo en la Escuela Normal para Educadoras; así como las acciones llevadas a cabo que provocaron la comisión de actos infundados y discriminativos en contra del suscrito quejoso. 4. De la autoridad señalada como responsable y que se identifica con el número 4, les reclamo la acción discriminatoria de anular, restringir mis derechos humanos y limitar la igualdad de oportunidades reales del suscrito, al desechárseme y no recibírseme la documentación correspondiente a la preparación, antigüedad, entre otras, con las cuales éste quejoso estaba en condiciones de ser favorecido con el beneficio que otorga el programa "Estímulo al Desempeño Docente". Así como el infundado y carente de motivación escrito de ratificación a mi impugnación de fecha 5 de noviembre del año 2019. (aunque el oficio diga fecha 5 de octubre de 2019) 5. De la autoridad señalada como responsable y que se identifica con el número 5, les reclamo la acción discriminatoria de anular, restringir mis derechos humanos y limitar la igualdad de oportunidades reales del suscrito, al emitir un escrito de ratificación a mi impugnación, carente de fundamento y motivación de fecha 7 de noviembre del año 2019.". De conformidad con lo establecido por los artículos 103 constitucional y 1º de la Ley de Amparo, el juicio de garantías procederá contra actos de autoridad, atento a lo cual, es preciso determinar el contenido y alcance de ese concepto. En ese sentido, la evolución del concepto de autoridad responsable inició con el texto del artículo 11 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, abrogada por la divulgada en el propio medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, el cual establecía que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De esa definición legal derivó una primera interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que para los efectos del juicio de amparo, son autoridades responsables todas aquellas personas que disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias de hecho o de derecho y que están en posibilidad de ejercer actos públicos, por ser de esa naturaleza la fuerza de que disponen. Con posterioridad, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó ese criterio en atención a la amplitud de atribuciones de que gozan los órganos del Estado, que en su actuación pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, y estableció que el juzgador de amparo debe analizar, en cada caso particular, si el acto que se reclama es de autoridad para los efectos del juicio de garantías, tomando en cuenta la norma legal que lo faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente al gobernado, que deban exigirse mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades. Ahora bien, del análisis del contenido del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador acogió el concepto de autoridad responsable, previamente aludido, para los efectos del juicio de amparo, que ha desarrollado el Máximo Tribunal del País a través de su labor interpretativa. En efecto, de acuerdo con el citado numeral, es autoridad responsable para efectos del juicio constitucional, la que, con independencia de su naturaleza formal, realice un acto u omisión que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, por lo que al igual que se establece en las tesis de jurisprudencia anteriormente citadas, es en la relación jurídica de supra a subordinación en la que, al colocarse el gobernado como titular de derechos fundamentales frente a los actos unilaterales de la autoridad, como limitantes o restricciones jurídicas a su poder de imperio, se materializa el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo. Ello, sin perjuicio de que el párrafo segundo de la fracción II del precepto en análisis establezca que los particulares también tienen la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, dado que el legislador estableció que para que tal supuesto se actualice, es necesario que la actuación del particular esté determinada por una norma general y que el acto que realice sea equivalente y tenga los mismos efectos a los de una autoridad, en los términos de la redacción del primer párrafo de tal porción normativa. Por tanto, como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Del contenido de los artículos antes mencionados, de las características que debe reunir un particular con calidad de autoridad se desprende que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al supuesto de que los hechos que en el mismo se reclamen provengan de un acto de autoridad, o bien, de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, y que además afecten los derechos supremos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos; de ahí que aquellos actos emanados de relaciones de supra ordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares, cuando en estas últimas, la relación surja entre un particular y una autoridad, pero en un mismo plano de coordinación como particular, tales actos no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. Lo anterior, lleva al conocimiento que, en efecto, los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque derivan del procedimiento que las autoridades señaladas como responsables realizan para calificar o determinar el derecho que tiene el personal docente de la Escuela Normal para Educadoras que refiere el quejoso, para que les sea o no otorgado el beneficio de "Estimulo al Desempeño Docente de la Escuelas Normales del Estado", establecido en el artículo 46 del Reglamento que regula ese programa, el cual precisa la documentación requerida para que los evaluadores califiquen al personal que se considera candidato a recibirlo; procedimiento del cual el aquí quejoso se duele al considerar que no fue elegido para que le fuera otorgado y por ello reclama la falta de vigilancia sobre el correcto procedimiento para calificar a las personas que deban recibir tal estímulo. Por tanto, tales actos surgen en una relación de coordinación, entre el ahora quejoso y las autoridades que señala como responsables, es decir, de igual a igual, atento a que el aquí quejoso es empleado de la Secretaría de Educación en el Estado, en específico, docente de la Escuela Normal para Educadoras "Profesor Serafín Contreras Manzo" de esta ciudad, con clave presupuestal 691900.0 E7209100005 Asociado "B", como lo acredita con copia certificada del formato único de personal número 1400088, expedido por la Secretaria de Educación en el Estado y con el último talón de cheques, que exhibió con su demanda, lo que conduce a establecer que al perteneciente a esa secretaría y reclamar actos relacionados con el procedimiento para determinar a quién corresponde otorgar el estímulo de referencia, respecto del cual se duele que no fue elegido, es evidente que tales actos derivan de la relación patronal que tiene la Secretaría de Educación con el aquí quejoso, esto es, los actos aquí reclamados derivan de una relación burocrática-laboral, cuyos conflictos derivados del cumplimiento parcial o del incumplimiento de los requisitos que se deban o no reunir para obtener tal estímulo, lo cual debe resolverse en la jurisdicción ordinaria, a través de la acción burocrática-laboral correspondiente. Es así, porque los actos reclamados proviene de la aplicación del reglamento que regula el procedimiento para otorgar tal estímulo, que se insiste, deriva únicamente de su relación laboral con la parte patronal que reglamentan precisamente los requisitos y procedimiento para que esos docentes presenten su documentación en los términos que establece aquél reglamento, como empleados de esas escuelas normales. Lo que pone de manifiesto que los actos reclamados no cumplen con los requisitos necesarios para considerar que la actuación u omisión de las responsable impliquen un acto equivalente a los de autoridad para efectos del amparo, pues emana precisamente de la relación de coordinación que existe entre el peticionario del amparo y la Secretaría de Educación, con motivo de que le fue conferida una clave presupuestal para desempeñarse como empleada de dicha dependencia; en el entendido de que las consecuencias de tales actos reclamados no tienen los mismos efectos que los de un acto de autoridad, precisamente porque no obligan a terceros. Esto es, el análisis de los actos reclamados permite conocer que, esencialmente, consisten en el procedimiento realizado para calificar a la persona que son candidatas al "Estímulo al Desempeño Docente de las Escuelas Normales", respecto del cual, el quejoso se duele de que no fue elegido, lo que, se insiste, pone en evidencia que efectivamente se trata de una situación inherente a una relación laboral, en un plano de coordinación entre las partes, que por lo mismo, desprovee su actuación del carácter de autoridad, en los términos que lo exige el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que las relaciones de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán y sus trabajadores se rigen por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, en términos de sus artículos 1° y 3°, por lo que corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, dilucidar los conflictos que se susciten entre dichas partes; tal como aparece de la tesis CII/99, del rubro y texto siguientes: **Además, en el proceso ordinario ante la autoridad jurisdiccional laboral burocrática, el quejoso puede hacer efectivos los derechos fundamentales que estima vulnerados, ya que la protección de derechos fundamentales no sólo puede hacerse valer en un plano vertical, esto es, en relaciones de supra a subordinación, sino también en un plano de horizontalidad, en el entendido de que conforme a lo dispuesto por el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, queda evidenciado que los actos reclamados son de naturaleza laboral; por ende, la relación entre el peticionario y las citadas autoridades responsable se ubica en un plano de coordinación entre trabajador y patrón, ya que las normas de esa naturaleza son las que se encargan de regular cualquier situación derivada de la prestación del trabajo, entre ellas el otorgamiento de beneficios laborales, tales como el estímulo al desempeño docente, ya que tal aspecto se relacionaría, en todo caso, con la vulneración a sus derechos laborales, motivo por el cual aquéllas no resultan ser autoridades para efectos de este juicio de amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de garantías y por ende, lo que procede es DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Morelos Sur, número 1107, colonia Ventura Puente, en esta ciudad, autorizando para el mismo efecto a Sebastián Alfonso Alcaraz Chávez, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a la cédula profesional número 7261655, que acredita al referido autorizado como licenciado en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa y únicamente para recibirlas a Karla Jassayra Hernández Cortés y Diana Ríos Alcántar, toda vez que en esos términos fueron autorizadas. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. ***Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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