Eduardo Alberto Oliva Martínez
Expediente 1530/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1530/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2016
Partes del expediente
- Eduardo Alberto Oliva Martínez
Actuaciones
- Principal
VII. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite los presentes autos y testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil dieciséis, cuyos puntos resolutivos son: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a DANIEL VANEGAS MARTÍNEZ, PEDRO GONZÁLEZ FRANCO JOSÉ ANTONIO MANUEL HUERTAY A RICARDO GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ, contra la orden de traslado adjudicada al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y Director General de Ejecución de Sanciones a Centros Federales de Readaptación Social Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación." Agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar; acúsese el recibo de estilo correspondiente; glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y original del incidente de suspensión relativo; asimismo, háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno. Dado que resulta innecesario y para un mejor manejo del expediente original, de las constancias con que se encuentra formado el cuaderno de antecedentes relativo, extráiganse únicamente las copias con las que se formó y glósense al presente las relativas al recurso de mérito y actuaciones de este resolutor en adelante; lo anterior, previa certificación que por el desglose de las citadas copias obre en autos. Ahora, en acatamiento a la ejecutoria de mérito y con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación; y Director General de Ejecución de Sanciones a Centros Federales de Readaptación Social Extranjeros, Indígenas y Traslados del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que dentro del plazo de tres días, establecido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, den cumplimiento a la ejecutoria, y remitan copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Apercibidas que de hacer caso omiso, o no informar la imposibilidad jurídica o material que tenga para dar cumplimiento al fallo protector dentro del plazo concedido, podrán hacerse acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con el 59, fracción I, del código adjetivo citado, así como de los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio con la finalidad de hacer cumplir sus determinaciones. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.54/2014 (10ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del Tomo l, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, de noviembre de 2014, con número de registro 2007918, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Tomando en consideración que de autos se evidencia que los quejosos han sido traslados a diversos centros federales en reiteradas ocasiones, a fin de evitar dilaciones procesales en la notificación del presente proveído, requiérase al Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para que dentro del término de tres días contados legalmente, haga del conocimiento el centro de reclusión en el que actualmente se encuentran internos los citados quejosos Daniel Vanegas Martínez, Pedro González Franco, José Antonio Manuel Huerta y Ricardo Gutiérrez Hernández; apercibido que en caso de ser omiso se impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con el 59, fracción I, del código adjetivo citado, así como de los preceptos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; entretanto, se reserva la notificación personal a los quejosos de la presente determinación. Finalmente, dada la voluminosidad del juicio de amparo en que se actúa, para un mejor manejo de las constancias que lo integran, se ordena formar el segundo tomo previa certificación se correspondiente.
- Principal
I.- Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió la vista otorgada a la tercero interesada por auto de diecinueve de los cursantes, para el efecto de que dentro del término de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la devolución del billete de depósito N158296, solicitada por el quejoso Gerardo García Gutiérrez, sin que al efecto ésta realizara manifestación alguna en ese sentido.Razón por la cual, se le hace efectivo el apercibimiento con el que se le conminó, en consecuencia, tomando en consideración que ha transcurrido el término para que la tercero interesada promoviera el incidente a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que al efecto haya ocurrido tal circunstancia, previa presencia en el local de este órgano jurisdiccional del quejoso Gerardo García Gutiérrez, con identificación oficial y vigente, devuélvasele el billete de depósito en comento, para lo cual deberá dejar en autos constancia de su recibo.
- Principal
Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1221/2016-VII promovido por Alberto Alonso Fierro, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y otras. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 138, 139 y 140 de la citada Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda. Se señalan las once horas con treinta minutos del veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión, además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Ahora bien, en el caso a estudio, los actos reclamados esencialmente, se hacen consistir en: Todo lo actuado en el incidente de pago de gastos y costas relativo al expediente 29/2014; La sentencia interlocutoria dieciocho de mayo dos mil dieciséis que resolvió el referido incidente; y, La ejecución de la resolución emitida en el incidente de liquidación derivado del expediente 29/2014, en específico el auto de veintiuno de junio del año en curso, en el que se ordena el embargo de bienes en caso de incumplimiento de dicha resolución. Precisado lo anterior, respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, cabe decir que el artículo 128 de la Ley de Amparo aplicable, exige como requisitos para su concesión los siguientes: a) Que la solicite el quejoso; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Por tanto, por lo que hace a los efectos y consecuencias de los actos reclamados citados, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se ejecute la resolución reclamada, hasta en tanto se comunique a las responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que ello implique la suspensión del procedimiento en aquél asunto, en términos del precepto 150 de la ley citada. En la inteligencia de que si con anterioridad a la emisión de la presente medida cautelar, se llevó a cabo dicha ejecución, la misma no tendrá efectos restitutorios. La medida cautelar se concede en virtud de que existe petición del quejoso, quien es demandado en el juicio de donde emana el acto reclamado, con lo cual acredita de manera presuntiva su interés jurídico; además de que con ello no se contravienen disposiciones de orden público, ni se afecta el interés social y que en caso de no concederse dicha suspensión, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso. Sólo que, dada la existencia de tercero interesada que puede resentir perjuicios con la suspensión concedida, de conformidad con lo previsto por el artículo 132 de la Ley de Amparo, los justiciables deberán otorgar dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, garantía a satisfacción de este juzgado de distrito, por el equivalente a la cantidad de $1051.73 (mil cincuenta y un pesos 73/100 moneda nacional). La cual, dio como resultado de la suma del cálculo de los daños y perjuicios derivados del otorgamiento de la suspensión definitiva otorgada en párrafos precedentes, a saber: Esto es, para fijar el monto de los daños se utilizó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), para lo cual se obtuvo la tasa de inflación porcentual promedio de los cuatro meses anteriores a la presentación de la demanda, tiempo tentativo para la duración del juicio de amparo, que se obtuvo de acuerdo a la materia del presente asunto y acorde con los datos estadísticos de ingresos y egresos que reporta el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que cuentan los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor, siendo ésta la cantidad de $119.06 (ciento diecinueve pesos 06/100 Moneda Nacional), misma que resultó de dividir el índice del mes de agosto de dos mil dieciséis por ser ésta la fecha final del periodo en comento, entre el índice del mes de abril de dos mil dieciséis que es la fecha inicial, menos uno, multiplicado por cien, según la fórmula que publica la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, por la cantidad líquida de la condena en el incidente en mención. Luego, para determinar los perjuicios, se multiplicó el monto total a que fueron condenados en el incidente de liquidación de gastos y costas relativo al expediente 29/2014, por el valor de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (4.70 según la página web del Banco de México, cuya dirección es identificada como www.banxico.org.mx/stdview.html?url=/portal-mercado valores/información-oprt), cantidad que fue dividida entre doce meses del año, multiplicada por cuatro meses, que como se dijo es el tiempo estimado para la duración del juicio de amparo, dando como resultado la cantidad de $932.67 (novecientos treinta y dos pesos 67/100 Moneda Nacional). Luego, tenemos que la cantidad obtenida de daños es de $119.06 (ciento diecinueve pesos 06/100 Moneda Nacional). Mientras que la cantidad obtenida por concepto de perjuicios asciende a $932.67 (novecientos treinta y dos pesos 67/100 moneda nacional). De ahí, que la suma de daños y perjuicios se obtiene la cantidad de $1051.73 (mil cincuenta y un pesos 73/100 moneda nacional), cantidad que tendrá que exhibir como caución para que surta sus efectos la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, en observancia a lo establecido por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Sustenta lo expuesto por las razones que la contienen la jurisprudencia 61/2004, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, octubre de dos mil cuatro Se precisa al quejoso que si optare por exhibir la garantía fijada en billete de depósito, podrá ser expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (BANSEFI), o si fuera por póliza de fianza, en su caso, la compañía afianzadora deberá expresamente someterse a la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Por otro lado, se requiere a la parte quejosa, para que de exhibir dicho billete en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 32 de Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 38/2007, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de noviembre de dos mil siete, artículo que establece: "Artículo 32. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. - - - En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior." En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se les tendrá como inexistentes y por ende no se les dirigirán comunicaciones procesales, además de que en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija hasta antes de la celebración de la audiencia incidental el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Atento a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ignacio Nava Colín, dado que se encuentra registrado en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del artículo en cita a la persona restante señalada por la quejosa en el escrito de demanda, por no contar con registro en dicho sistema. De conformidad con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa. Acorde con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente al tercero interesado la presente determinación, Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 176/2012, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 1253, libro XVI, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Décima Época, con número de registro 2002576, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión o ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en este Juzgado de Distrito. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada.
- Principal
V. Por recibido el ocurso de cuenta signado por la quejosa en el que solicita la devolución del billete de depósito exhibido en autos del incidente de suspensión derivado del presente juicio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y, dígase a la promovente que deberá estarse a lo acordado en auto de once de octubre actual; es decir, una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, se proveerá lo conducente previa solicitud por escrito.
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