Eduardo Alan Manriquez Jáuregui

Expediente 979/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
979/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Alan Manriquez Jáuregui

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISEIS DE OCTBRE DE DOS MIL VEINTITRES Y LA SENTENCIA DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, DICTADA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGON EWN XALAPA, VERACRUZ: R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a XXX en el juicio de amparo 161/2023-I, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, contra el acto y la autoridad señalada en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas y para los efectos señalados en el diverso considerando séptimo de este fallo. SEGUNDO. Queda la presente sentencia a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, y se procede a su publicación en la versión pública, ordenándose de oficio la protección de los nombres y datos personales de las partes, en términos del considerando relativo de esta resolución.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 979/2023-VIII, promovido por Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades. R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el siete de agosto de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el ocho de agosto siguiente en este órgano de control constitucional, Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California. Fiscal Regional de Tijuana. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana. Jefa de Grupo de Aprensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, Baja California. Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Comandante Regional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Plaza Tijuana y Tecate. Actos reclamados ''1.- LA ORDEN DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, COMPARECENCIA, APREHENSIÓN, Y/O INVESTIGACIÓN, acto reclamado que tiene por objeto privarme de mi libertad personal, lo cual atenta contra mis derechos humanos fundamentales, mismos que se encuentran establecidos y protegidos por nuestra Carta Magna, y de los diversos Tratados Internacionales, donde el Estado Mexicano es parte, Máxime que hasta el día de hoy, no se me ha notificado que exista un procedimiento en mi contra, donde haya sido escuchado y vencido en juicio, tal y como lo establece el artículo 16 Constitucional, ni mucho menos he cometido delito alguno. 2.- Los efectos y consecuencias que se deriven de los actos reclamados señalados con anterioridad, ya sea que los lleven a cabo por sí o a través de sus subalternos o inferiores jerárquicos." Segundo. El quejoso señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El nueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 979/2023-VIII; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C o n s i d e r a n d o Primero. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII constitucionales, 1º, 33, 35, 37, 107, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La orden de aprehensión, detención, presentación, comparecencia o investigación, girada en su contra y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial en el Estado de Baja California, Fiscal Regional de Tijuana, Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, Jefa de Grupo de Aprensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, Baja California, Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y Comandante Regional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Plaza Tijuana y Tecate, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las responsables de que se trata, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Se presumen ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de estar notificada para ello desde el diez de agosto de dos mil veintitrés, según se advierte del acuse de recibo que obra agregado en las fojas treinta y cinco de autos. Quinto. No obstante que se tuvieron por presuntivamente ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando que antecede y, que en el caso, no se actualiza causa de improcedencia alguna; dado que los actos reclamados emanan de autoridad administrativa, la parte quejosa omitió aportar alguna prueba que demostrara que los actos reclamados eran violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior ya que el solo hecho de que se tengan por ciertos los actos reclamados, no conduce a tener por acreditada la inconstitucionalidad de éstos; sino que queda a cargo de la quejosa la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de derechos fundamentales en sí, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se cita en apoyo, la jurisprudencia 8/99, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194401, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." En esas condiciones, y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 117 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, le corresponde al quejoso acreditar que los actos reclamados referidos son inconstitucionales, esto es, sustentar probatoriamente que los motivos, datos o pruebas en que se hayan fundado son inconstitucionales y no solamente referirlo así en su demanda de amparo. Entonces, al no ofrecer prueba alguna para sustentar la inconstitucionalidad de los actos reclamados; no se cuenta con elementos probatorios para analizar si los actos vulneran derechos fundamentales del quejoso a la luz de los conceptos de violación que vierte en la demanda, o algún otro derecho fundamental que no hubiese invocado, supliendo la deficiencia de la queja. Lo anterior es así, ya que no aportó algún medio de convicción que revelara indiciariamente la existencia de probanzas, para que este órgano jurisdiccional procediera en términos del numeral 75 de la ley de la materia, lo cual constituye una carga de su parte conforme lo establece el artículo 117, tercer párrafo de la Ley de Amparo, puesto que dicho actos no son en sí violatorios de los derechos humanos de la parte quejosa, ya que provienen de una autoridad administrativa que cuenta con facultades para solicitar una orden privativa de libertad; de ahí, que la ilegalidad en cada caso depende de los motivos, datos o pruebas, en que se haya basado para realizar el acto combatido y al no contar con las constancias antes mencionadas, es evidente que este juzgador se encuentra imposibilitado para analizar tal determinación; en esas condiciones, procede negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita. Cabe señalar que en el caso, no se actualiza el supuesto que establece el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, el cual obliga recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable, no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, puesto que tal hipótesis no se actualiza cuando existe omisión en el rendimiento del informe justificado, ya que el párrafo cuarto del artículo 117 del citado ordenamiento legal, establece la carga de la prueba por parte de la parte quejosa, cuando las autoridades responsables son omisas en rendir informe justificado y a mayor abundamiento cabe señalar que la obligación de la parte quejosa de allegar las pruebas en que se funda la inconstitucionalidad de los actos que reclama, deriva precisamente de que la autoridad que emitió el acto sea omisa en rendir informe justificado; es decir, no se impone al promovente del amparo la carga de la prueba, si el acto reclamado es violatorio de derechos constitucionales en sí, sino cuando su constitucionalidad depende del análisis de las pruebas en que se haya basado la responsable para emitir el acto que se combate, evento éste en el cual resulta incuestionable que la carga de la prueba corresponda al impetrante. Tiene aplicación, por analogía y ya que no se opone a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, página 108, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En ese mismo sentido, cobra aplicación la jurisprudencia VI.2o. J/84, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 245, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. NO ES OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO RECABARLO DE OFICIO, CUANDO TANTO LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO EL QUEJOSO OMITEN EXHIBIRLO. Si bien es cierto que atento lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Amparo (cuya reforma fue publicada el diez de enero de mil novecientos noventa y cuatro en el Diario Oficial de la Federación), el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y las estime necesarias para la resolución del asunto, sin embargo, esta obligación opera cuando el Juez constitucional, previo el examen del acto reclamado, advierte que determinada constancia o constancias sirvieron de fundamento a la responsable para emitir dicho acto, o bien, cuando en el juicio de donde el mismo emana, obran pruebas que resultan indispensables para fallar el juicio de amparo; pero no ocurre así, cuando el Juez responsable y el quejoso omiten exhibir el auto combatido, es decir, no se trata de pruebas, sino del propio acto reclamado. Asumir un criterio contrario, equivaldría a ignorar lo expresamente establecido en el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, esto es, que ante la falta del informe justificado de la autoridad responsable, cuando el acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, corresponde al quejoso la carga procesal de demostrar su inconstitucionalidad, aportando por lo menos, el auto que reclama." En tales condiciones, al no advertirse violación manifiesta de la ley que deje en estado de indefensión al quejoso, que implique en su favor la suplencia de la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por lo que respecta a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el tercer considerando del presente fallo. Segundo. Se niega el amparo y la protección de la Justicia Federal a Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable precisada en el considerando cuarto, de la presente sentencia, en virtud de lo expuesto en la última parte considerativa de este fallo constitucional. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Marlene Hernández Pimentel, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 979/2023-VIII, promovido por Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, por su propio derecho, contra actos del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California y de otras autoridades. R E S U L T A N D O Primero. Según su correspondiente escrito de demanda, Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, por su propio derecho, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Fiscal Regional de Tijuana, de la Fiscalía General del Estado de Baja California, Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Especializada en Delitos Patrimoniales, Comandante Operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Regional de Tijuana, Baja California, Jefe de Grupo de Aprensiones de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Regional Tijuana, Baja California, Director de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California y Comandante de la Subdirección de Operaciones Policiales de la Comandancia Regional Tijuana de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, todos con sede en esta ciudad. Actos reclamados ''1.- LA ORDEN DE DETENCIÓN, PRESENTACIÓN, COMPARECENCIA, APREHENSIÓN, Y/O INVESTIGACIÓN, acto reclamado que tiene por objeto privarme de mi libertad personal, lo cual atenta contra mis derechos humanos fundamentales, mismos que se encuentran establecidos y protegidos por nuestra Carta Magna, y de los diversos Tratados Internacionales, donde el Estado Mexicano es parte, Máxime que hasta el día de hoy, no se me ha notificado que exista un procedimiento en mi contra, donde haya sido escuchado y vencido en juicio, tal y como lo establece el artículo 16 Constitucional, ni mucho menos he cometido delito alguno. 2.- Los efectos y consecuencias que se deriven de los actos reclamados señalados con anterioridad, ya sea que los lleven a cabo por sí o a través de sus subalternos o inferiores jerárquicos.''. Asimismo, la parte quejosa solicitó la medida cautelar para los efectos siguientes: "Con fundamento en los artículos 125, 126, 127, 128, 130, 159, 160, 161, 162, 163, 164165 y 166 así como de los relativos a la Ley de Amparo, SOLICITO SE ME CONCEDA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, Y EN SU MOMENTO DEFINITIVA, de los actos que se reclaman en el apartado respectivo, a efecto de que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de detenerme de manera ilegal al suscrito, pues atentaría en contra de mis derechos fundamentales, como lo es mi libertad personal sin motivo ni fundamento legal suficiente.'' Segundo. Por auto de nueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la referida demanda, formándose el incidente de suspensión, se pidió informe previo a las autoridades responsables y se citó a las partes a la celebración de la audiencia incidental, la cual se celebró el quince de agosto de dos mil veintitrés, en la que se resolvió respecto de las autoridades responsables Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, Comandante Regional de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana Plaza Tijuana y Tecate y Fiscal Regional Tijuana, todos con sede en esta ciudad y, se difirió respecto de las diversas Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad. C O N S I D E R A N D O Primero. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 140, 141 y 144 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 146 de la Ley de Amparo, y atendiendo al estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente: La orden de aprehensión, detención o presentación fuera de procedimiento, girada en su contra y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes previos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa. En ese tenor, toda vez que de autos no se advierte ni indiciariamente la existencia de los actos reclamados, lo procedente es negar la suspensión definitiva que se solicita. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Eduardo Alan Manríquez Jáuregui, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por los motivos ahí expuestos. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Con vista a las partes agréguense a los autos para que obren como corresponda los informes justificados rendidos por el Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, el Director General de Policía y Tránsito Municipal del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, designa delegada de su parte, en términos del artículo 9º del ordenamiento legal en cita. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Gabriela Romana Castorena Gutiérrez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy Fe. AMC/GRCG/Mjhm

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