Eduardo Aguirre Nungaray
Expediente 3200/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3200/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/01/2019
Partes del expediente
- Eduardo Aguirre Nungaray
- Magistrado de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley, archívese este expediente por estar concluido, es susceptible de destrucción, se considera no relevante.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado de Distrito, el dieciocho de septiembre del año en curso, en la que por un lado se sobreseyó el juicio de amparo y por el otro se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos ley. La circunstancia anterior, hágase del conocimiento de las partes. Ahora bien, cabe mencionar que en la citada resolución, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Federal, para los efectos siguientes: "(.)procede conceder el amparo solicitado, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa, la obligación que impone la fracción I, incisos a), del anotado numeral secundario 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y, por ende, que no se le aplique en el presente y lo futuro, mientras tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad advertido en esta resolución; a este respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 112/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, pagina 19, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia que la concesión otorgada implica que se deje insubsistente el pago realizado por la parte quejosa, documentado en el recibo oficial número A 39857009, motivado por la inscripción de la escritura pública número cincuenta y cuatro mil noventa y ocho, que no se aplique en el presente y en lo futuro el artículo 16, fracción I, inciso a) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho y, por ende, le sea devuelto el monto del entero por el concepto previsto en dicho inciso, es decir, deberá reintegrar el excedente de la cantidad de $450.00, la cual es la cifra mínima a pagar, prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo tildado de inconstitucional, así como el excedente de cuatro veces la Unidad de Medida y Actualización correspondiente, numerario que se indica por concepto de la contribución analizada en este asunto y, en su lugar, se emita otro recibo por el pago de derechos por el mismo concepto, pero absteniéndose de aplicar el artículo declarado inconstitucional, por ende, respetando las garantías constitucionales aquí ponderadas. Tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 29/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Mayo de 2012, página 1244, que establece: "DERECHOS POR SERVICIOS. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE PREVÉ EL MECANISMO DE CÁLCULO DE LA TASA QUE FIJA EL PAGO DE AQUÉLLOS. Por regla general, la concesión del amparo respecto de una ley fiscal tiene como efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional, y que se le restituyan las cantidades enteradas. Ahora bien, atento al criterio sustentado por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 62/98, de rubro: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA.", se concluye que cuando en la ley se prevea un vicio subsanable en el mecanismo de cálculo de la tasa a pagar por concepto de derechos por servicios, el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva. Consecuentemente, cuando la disposición declarada inconstitucional fija derechos por registro de documentos a partir de un porcentaje sobre el valor de la operación comercial que les dio origen, pero previendo también una cantidad fija mínima a pagar, la restitución en el goce de la garantía individual violada sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa porcentual, pero sin relevarlo de la obligación de enterar dicha cuota fija mínima, ya que esta suma es igual para todos los contribuyentes sin considerar el tipo de operación contenida en el documento a registrar, con lo cual se respeta el criterio del Tribunal Pleno plasmado en la jurisprudencia P./J. 121/2007, de rubro: "SERVICIOS REGISTRALES. LOS ORDENAMIENTOS LEGALES QUE ESTABLECEN LAS TARIFAS RESPECTIVAS PARA EL PAGO DE DERECHOS, SOBRE EL MONTO DEL VALOR DE LA OPERACIÓN QUE DA LUGAR A LA INSCRIPCIÓN, VULNERAN LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA(.)". Por tanto, respecto a las autoridades responsables denominadas Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector. Así es, pues a dichas autoridades se les reclama, la discusión, aprobación, expedición, promulgación y, refrendo de la fracción I, incisos a), del anotado numeral secundario 16 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; precepto legal que no puede quedar insubsistentes, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por ende, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, lo que conduce a este juzgador a tener por cumplida, respecto de tales autoridades, en apoyo a los siguientes criterios jurisprudenciales: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (Tesis P. CXXXVII/96, Tomo IV, Noviembre de 1996, Página 135, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". (Tesis 230, Tomo I, Parte SCJN, Página 197, Apéndice 1995, Instancia Pleno). "REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad.". (Página 81, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así como por las razones que la informan la tesis 2a. CXV/97, que se lee en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.". Con el anterior pronunciamiento, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de inconformarse con la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria dictada en autos parcialmente. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. De ahí que, en la sentencia respectiva se estimó que los artículos reclamados transgreden la Constitución, entonces, el efecto inmediato será nulificar su validez jurídica en relación con la parte quejosa, así como la de los actos de aplicación de dicha norma. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 201, publicada en la página 195, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". También es aplicable, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. XIV/97, publicada en la página 347, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, remitiendo constancia fehaciente de ello; bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a cada una de las omisas, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. De igual forma, en términos del párrafo tercero del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, para que en su carácter de superior jerárquico de la citada autoridad, ordene a está a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá, a cada una de las omisas, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente.
- Principal
Visto el oficio signado por el Actuario Adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1904/2017, e informa que se formó para tal efecto el recurso revisión principal 483/2018; al respecto, agréguese a los autos el oficio de cuenta y con su contenido se ordena dar vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MARTHA GLORIA GOMEZ HERNANDEZ LOS ACUERDO DEFECHA DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO NUEVE DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO Y DIEZ DE AGOSTO Y EL ACUERDO DEFECHA DOS DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECIOCHCO QUE A LA LETRA DICE : Vista la certificación de cuenta, se advierte que dentro de los autos del juicio de amparo 2187/2018, del cual deriva el presente incidente de suspensión con esta fecha se tuvo como terceros interesados a Ana Elena Tostado Malacón, María Carmela Chávez Galindo, Roberto Mendoza Cárdenas, Eugenio Rodrigo Ruiz Uribe, Ángel Zamora Estrada, Martha Gloria Gómez Hernández, Pablo Alejandro Prado Medina, Reynaldo Díaz Arias, Luis Gerardo Sandoval Fernández, Rafael Vargas Moreno, Abelardo Sánchez Castellanos, Jaime Eduardo Natera López, Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, Carlos Márquez Rico, Eduardo Sánchez Acosta y José Raúl Vázquez Brambila; por ende, con fundamento en los artículos 125 y 139 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a la parte quejosa que la suspensión otorgada mediante auto de dos de agosto de dos mil dieciocho, sigue surtiendo efectos, pero dejará de surtirlos sin necesidad de hacer pronunciamiento alguno respecto de la parte que afecta a los terceros interesados; esto es de la porción en que se concedió la medida cautelar para que "no se concluya el procedimiento administrativo para la selección de notarios para el Estado de Jalisco, y no se emita la fecha de inicio del ejercicio de la función notarial de las personas que resultaron electas en el proceso, respecto de los municipio a los cuales aspiró el quejoso", si la parte quejosa, no exhibe dentro del término de cinco días fianza en cualquiera de las formas establecidas en la ley, por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100, moneda nacional), por cada uno de los terceros interesados. Dicha garantía deberá presentarse en cualquiera de las formas establecidas en la ley y cumpliendo además con lo dispuesto en los artículos 28 y 32 del Acuerdo General número 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que a la letra dicen: "Artículo 28. Inserción de las condiciones del depósito. La institución depositaria deberá emitir documento en el que conste cuando menos el monto de la cantidad depositada, que el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante y cualquier otro dato que se convenga con la institución depositaria."Artículo 32. Autorización para consulta de información. Las personas que constituyan los depósitos ante los Órganos Jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior. Con la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión provisional concedida a Raúl Robles Yeme, respecto de los actos reclamados en el incidente de suspensión 2187/2018". Es aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1386 del Tomo XXXIII, Enero de 2011 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dispone: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. LOS ARTÍCULOS 28 Y 32 DEL ACUERDO GENERAL 17/2007 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, NO ESTABLECEN MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA EXHIBIR LA GARANTÍA CON EL PROPÓSITO DE QUE AQUÉLLA SURTA SUS EFECTOS. De la interpretación sistemática del referido Acuerdo General 17/2007, frente al objetivo perseguido con la creación del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, dispuesto en el título décimo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deriva que en tanto el propósito del Fondo es mejorar la administración de justicia y los recursos financieros que lo forman, las previsiones dispuestas por ese Acuerdo se orientan a normar la recepción y manejo de esos ingresos, en relación con la actuación de los entes que interactúan en esa dinámica, distintos del justiciable. Por eso, los artículos 28 y 32 del citado Acuerdo, que prevén ciertos requisitos formales que deben contener los certificados o billetes de depósito que como garantía se exhiban ante los órganos jurisdiccionales (monto de la cantidad depositada; no generación de intereses para el depositante y la autorización para que se solicite y reciba información del depósito a la institución crediticia), no establecen mayores requisitos que los dispuestos por la Ley de Amparo para que surta efectos la suspensión, porque lejos de representar una potencial carga para el quejoso en la exhibición de la caución respectiva, constituyen parámetros para el control y manejo de tales documentos, que sólo trascienden en la relación existente entre el órgano jurisdiccional, la institución depositaria y el Fondo de Apoyo, a quienes les resulta obligatoria su observancia". Por otra parte, téngase por recibido del oficio de cuenta, suscrito Jaime González Campos, autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en atención al requerimiento de nueve de agosto pasado, exhibe las copias solicitadas del recurso de queja interpuesto en contra del proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho, dictado en los autos del incidente de suspensión en que se actúa, para ser distribuidas entre las partes. En consecuencia, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I y 99 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo dicho medio de impugnación, por tanto, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente acuerdo, remítanse copias certificadas de la demanda de garantías y de las constancias que se tomaron en consideración para emitir el acuerdo impugnado, así como el original y copia del escrito de interposición del recurso de queja, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en Turno, para su substanciación, previo desglose que se efectúe al respecto. En razón de lo anterior, distribúyanse entre las partes las copias del escrito por el cual se interpone el recurso de queja y agréguese una de éstas a las presentes actuaciones. Sirve de apoyo la Jurisprudencia de la Primera Sala número 26/2017, Décima Época, derivada de la contradicción de tesis 318/2016, aprobada en sesión de quince de marzo de dos mil diecisiete, pendiente de publicación que dice: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL. El precepto citado prevé que el recurso de queja procede en amparo indirecto contra las resoluciones que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional. Ahora bien, este medio de defensa es de sustanciación urgente, como lo demuestra la brevedad de los plazos en que debe interponerse (do días hábiles) y resolverse (cuarenta y ocho horas), conforme a los artículos 98, fracción I, y 101, párrafo quinto, de la Ley de Amparo. Por esta razón, aun cuando el recurso mencionado quedó exceptuado de la regla general contenida en el artículo 101, párrafo primero, de la propia ley (cuando se impugnen resoluciones que concedan o nieguen aquella medida), conforme a la cual, el órgano jurisdiccional notificará las demás partes su interposición para que el en el plazo de tres días señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al que deba resolver, ello no altera el sentido de su párrafo segundo, en cuanto dispone que en los supuestos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de la materia, el órgano jurisdiccional notificará a las partes e inmediatamente remitirá al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda copia de la resolución, el informe materia de la queja, las constancias solicitadas y las que estime pertinentes. En este último caso, aun cuando las acciones consistentes en notificar la interposición del recurso y remitir las constancias a la superioridad, no son sucesivas, sino simultaneas, ello no altera ni elimina la previsión concreta de notificar a las partes y enviar de inmediato las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito para el trámite del recurso de queja, de ahí que si la única forma de corroborar el cumplimiento de la obligación señalada es a través de la verificación de los comprobantes de la notificación a las partes, entre ellas al recurrente, ello constituye una formalidad insoslayable. Sin que aquélla altere la naturaleza urgente de dicho recurso, pues una vez integradas las constancias relativas e inmediatamente remitidas al órgano revisor, éste cuenta con el plazo legal para resolver lo procedente. Consecuentemente, el trámite del recurso de queja aludido está supeditado a que el Juez de Distrito remita inmediatamente las constancias respectivas al Tribunal Colegiado de Circuito, acompañando los comprobantes de notificación a las partes del auto en el que se tuvo por interpuesto el recurso.". Por otra parte, se ordena notificar personalmente las resoluciones de dos y nueve de agosto del año en curso a los terceros interesados, corriendo traslado con el oficio de agravios mediante el cual la autoridad responsable interpuso recurso de queja. Notifíquese personalmente, corriendo traslado a los terceros interesados con el escrito de queja interpuesto por la parte quejosa. ACUEROD DEFECHA DOS DE AGOSTO 2018 Se admite a trámite la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Pídase a las autoridades señaladas responsables que rindan su informe justificado en término de quince días contados a partir de que surta efectos la presente notificación. Tramítese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión. Hágase saber a las partes que si cesan los efectos de los actos reclamados u ocurren causas notorias de sobreseimiento deben manifestarlo así. Dese a la agente del ministerio público federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Se admite a trámite la demanda de amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TRES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. Pídase a las autoridades señaladas responsables que rindan su informe justificado en término de quince días contados a partir de que surta efectos la presente notificación. Tramítese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión. Hágase saber a las partes que si cesan los efectos de los actos reclamados u ocurren causas notorias de sobreseimiento deben manifestarlo así. Dese a la agente del ministerio público federal adscrita la intervención que legalmente le corresponde.
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