Eduardo Aguilar Vargas
Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Eduardo Aguilar Vargas
- Eduardo Aguilar Vargas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el oficio 1190/2023, a través del cual la autoridad responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidenta, informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, este Juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Previamente, conviene destacar que el imperativo constitucional previsto en el artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; este precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende ejecutar es un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto precisamente tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infringieron en su perjuicio los derechos públicos subjetivos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la especie aconteció. En congruencia con lo dispuesto en el texto constitucional en comento, en los artículos del 192 al 198 de la Ley de Amparo, se establecen diversos procedimientos tendentes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo, e inclusive se estableció en el citado artículo 214 de la ley invocada, que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. Conforme a lo anterior, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Ahora bien, la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, tiene como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realice lo siguiente: ".decrete de inmediato el cierre de instrucción y, en lo subsecuente, dicte el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 372/2021, de su estadística. ." Bajo los lineamientos de la sentencia ejecutoriada de amparo, la autoridad responsable informó a este órgano jurisdiccional el cumplimiento a la misma y, al efecto, remitió copia certificada de lo siguiente: Del auto de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual el secretario de acuerdos de la Junta responsable entregó a los representantes obrero-patronal, un tanto del proyecto de resolución en forma de laudo; Del auto emitido el veintinueve de marzo del presente año, mediante el cual citó a los representantes obrero-patronal a la audiencia de discusión y votación del proyecto de laudo; Del acta de discusión y votación celebrada el doce de abril de dos mil veintitrés; y, Del laudo emitido el doce de abril del año en curso, dentro del expediente laboral de origen 372/2021. Documentales a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con lo anterior, se dio vista a las partes a efecto de que manifestaran su conformidad, o no, con el cumplimiento respectivo, sin que a la fecha hayan desahogado la vista otorgada. Por lo antes expuesto, es claro que la responsable de mérito ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, sin que se advierta que se incurrió en exceso o defecto; conclusión a la que se arriba al tomar en cuenta que cumplió a cabalidad con los términos de la ejecutoria de amparo, lo que conlleva a establecer que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Es aplicable al tema precedente, la jurisprudencia 2a./J.201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 301, del Tomo XXX, relativo a diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por tanto, con fundamento en los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se concedió el amparo; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en el penúltimo párrafo, del artículo 18, del acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contados a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventa días, este juzgado deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde el archivo y los documentos que resulten indispensables, en su caso. Terminado el proceso de depuración solicítese la transferencia correspondiente.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1190/2023, signado por la autoridad responsable, Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa lo relativo al cumplimiento de la sentencia ejecutoria de amparo, remitiendo diversas constancias a fin de acreditar su dicho. Por tanto, tomando en consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes el oficio de mérito y anexos, por el plazo de tres días, computado a partir del siguiente al en que surta efectos legales la notificación del presente auto, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que de no desahogar la vista otorgada, este juzgado de amparo se pronunciará sobre el particular. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado Mario Alberto Lara Escalante, que autoriza y da fe.ADRO
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el plazo de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil veintitrés, haya sido recurrida por las partes legitimadas para tal efecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que amparó, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, tomando en consideración que la sentencia dictada en el presente concedió el amparo y protección a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del que quede legalmente notificado del presente acuerdo, informe a este órgano de control constitucional la forma y términos en que haya dado cumplimiento a la sentencia de mérito, acompañando las constancias con las cuales lo acredite.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, y el diez de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama actos negativos de una autoridad circunscrita a la jurisdicción de este juzgado, y cuya demanda se presentó en esta localidad. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Igualmente, la tesis P. VI/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 181810, que dispone: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Con base en dichas premisas, se tiene que el acto reclamado consiste en: Omisión de decretar el cierre de instrucción y dictar laudo dentro del expediente laboral 372/2021. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como presuntivamente cierto el acto que se atribuye a la responsable Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; lo anterior, en virtud de que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante que le fue oportunamente solicitado y notificado el oficio de su requerimiento, como se advierte del acuse de recibo, del que se advierte que dicho oficio fue recibido por la responsable el trece de febrero de dos mil veintitrés, el cual obra glosado en autos. CUARTO. Causales de improcedencia. Las causas de improcedencia son de orden público, por lo que deben ser analizadas previamente al estudio de fondo del asunto, aun cuando las partes lo aleguen o no, en términos del último párrafo del numeral 62 de la Ley de Amparo. En el caso, quien esto resuelve no advierte de oficio alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, así como tampoco fue invocada una por las partes; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son sustancialmente fundados por las razones que a continuación se expresan. En el caso, se reclama una conducta omisiva, que se traduce en negativa de decretar el cierre de instrucción y dictar el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 372/2021. El artículo 17 de la Constitución Federal, cuyo segundo párrafo fue interpretado por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de la Nación, concluyendo sustancialmente que: 1) El precepto superior garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, entre ellos se encuentra el relativo a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales, sin que baste el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso debe ser efectivo en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva su pretensión; y, 2) La impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a ella, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes. De manera que ese precepto protege a los gobernados del retardo o entorpecimiento en la función del estado al administrar justicia; por tanto, las autoridades están constreñidas a despachar los negocios en que intervengan, en forma expedita, de conformidad con los plazos que señala la ley secundaria, y su desacato implica la violación al derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia. No obstante, respecto de las omisiones verificadas dentro de un juicio laboral, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." Según la cual, la regla general es que, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque tales actos no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones adjetivas, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite; lo anterior, con la excepción de que, cuando el juez de amparo advierta que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. Concepto el anterior (abierta dilación), que puede entenderse en los supuestos en que exista una dilación de más de cuarenta y cinco días naturales después de la fecha en que debieron emitirse los actos (como estándar mínimo objetivo), como lo señaló la propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en la sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, que integró la jurisprudencia de rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS.", en cuya ejecutoria, en lo que interesa precisó: "...Conforme a lo anterior, tampoco puede adoptarse la interpretación del artículo 8o. constitucional para instituir un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral ha incurrido en una demora que, prácticamente, constituya una verdadera interrupción arbitraria del proceso, surgiendo entonces una violación autónoma que justifique la promoción del amparo indirecto, en tanto ya no se trate solamente de una mera inobservancia de las normas que rigen el procedimiento, sino de una auténtica denegación de justicia, no solo contraventora del precepto citado, sino también de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece ... . No obstante todo lo anterior, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, ..." (Énfasis propio) A mayor abundamiento, en la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, la Sala de referencia señaló que la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia una violación irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio. Ahora bien, los artículos 885, 886, 887, 888, 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo (antes de su derogación en la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve), establecen: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas." "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." "ARTÍCULO 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes: (.) III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el resultado." "ARTÍCULO 889. Si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Si al proyecto se le hicieran modificaciones o adiciones, se ordenará al secretario que de inmediato redacte el laudo, de acuerdo con lo aprobado. En este caso, el resultado se hará constar en acta." "ARTÍCULO 890. Engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes." De las anteriores disposiciones se advierte que el proceso laboral contempla, diversos actos procedimentales a efectuarse una vez que el secretario haya certificado que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, lo cual de suyo implica, la presunción de que la fase de ofrecimiento-desahogo probatorio ha fenecido. Así, los términos de tres días (para inconformarse con la certificación), ocho días eventuales (en caso de que faltare el desahogo de algún medio de prueba), veinticuatro horas (para presentar alegatos), diez días (para que el auxiliar decrete el cierre de la instrucción y emita el proyecto de laudo), cinco días (para que los integrantes de la junta soliciten la práctica de diligencias), ocho días (para que desahogar las pruebas no desahogadas o diligencias solicitadas), diez días (para la discusión y votación del proyecto de laudo), conforman los lapsos ordinarios para la emisión del laudo; es decir, alrededor de cuarenta y cinco días después de la certificación del secretario en el sentido de que ya no quedan pruebas por desahogar. Lo anterior se dice, pues acorde a los artículos 889 y 890 de la Ley Federal del Trabajo, una vez aprobado el proyecto se firmará de inmediato; o, de haber modificaciones, del mismo modo se redactará el laudo de acuerdo con lo aprobado, y hecho lo anterior, se turnará el expediente para que el actuario de inmediato lo notifique a las partes. Empero, no debe perderse de vista que cuando los integrantes de la Junta no hagan uso de las facultades de prueba a que refiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, en estricto sentido, la actuación no corresponde a las partes procesales sino al Auxiliar de la junta, pues conforme al artículo 885 de dicho código obrero, a él corresponde, de oficio, declarar cerrada la instrucción y dentro de los diez días siguientes formular el proyecto de laudo, es decir, a él corresponde poner el juicio, formalmente, en estado de resolución. Desde esa perspectiva, en los casos en que el secretario de acuerdos, ha certificado que ya no quedan pruebas por desahogar, y a la vez, los integrantes de la Junta han turnado los autos al Auxiliar para la formulación del proyecto de laudo, se genera la presunción de que dichos integrantes han prescindido de solicitar la práctica de más diligencias (a que refiere el artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo), y si pasado el plazo de ley (diez días) no se ha emitido el proyecto de laudo, es evidente que la paralización del procedimiento es atribuible a dicho Auxiliar, pues él debió cerrar la instrucción y emitir el proyecto respectivo. No obstante, es la Junta quien tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez; por tanto, también la obligación de exigir al auxiliar el cumplimiento de su deber de hacer el proyecto y de sancionarlo si no lo hace, como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 45/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido. "LAUDO. SI EN EL AMPARO SE DEMANDA DE LA JUNTA EL RETRASO EN LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO DEL LAUDO, NO PROCEDE SOBRESEER AUNQUE NO SE HAYA SEÑALADO COMO RESPONSABLE AL AUXILIAR. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracciones XX y XXXI de la Constitución Federal, 616, 625, 685, 686, 840, 841 y 885, entre otros, de la Ley Federal del Trabajo, compete a las Juntas de Conciliación y Arbitraje, la aplicación de las leyes del trabajo, fundamentalmente, conocer de los juicios por diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, a través de la función jurisdiccional que les corresponde llevar a cabo, mediante la realización de los actos procesales necesarios que culminan con el pronunciamiento del laudo que dirime en definitiva la controversia planteada, con la concurrencia de otros funcionarios, entre los que se encuentran los auxiliares, que dependen jerárquicamente de aquellos órganos colegiados. La Ley Federal del Trabajo les impone a las Juntas la obligación de tomar las medidas necesarias para desarrollar el juicio con economía procesal, concentración y sencillez, así como ordenar que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, incluyendo, desde luego, las omisiones o retrasos en que incurra el auxiliar a quien le corresponde formular el proyecto de laudo y turnarlo a la Junta. Por tanto, cuando en la demanda de amparo sólo se señala como responsable a la Junta y como acto reclamado la omisión de formular el proyecto del laudo, no cabe sobreseer en el juicio aduciendo que no se llamó al auxiliar, porque aplicando el criterio de que el juzgador de amparo debe apartarse de formalismos y tecnicismos estrictos y resolver lo realmente planteado, se entiende sin esfuerzo que lo reclamado es la omisión, por parte de la Junta, de dictar el laudo, de modo que aunque no se haya señalado como responsable al auxiliar, éste, en su caso, debe ser apremiado administrativamente por la Junta, la que tiene facultades para sancionarlo." - CASO PARTICULAR. En el caso que nos ocupa, de las pruebas que adjuntó la parte quejosa a su escrito de demanda, se advierte que la autoridad responsable mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, declaró que no quedaban pruebas pendientes por desahogar y dio vista a las partes por el término de dos días para que formularán los alegatos que a sus intereses convengan, y señaló que una vez agotado dicho plazo se acordaría lo conducente al cierre de instrucción. Documentales en copia simple que allegó la parte quejosa, a su escrito inicial de demanda, que concatenada con la certeza de la existencia del acto, evidencian un retraso en el procedimiento, toda vez que a la fecha no se advierte que la autoridad responsable haya dado continuidad a lo establecido en el referido proveído (veintiocho de octubre de dos mil veintidós), aunado a que fue omisa en rendir su informe justificado, lo que pone en manifiesto lo reclamado por la parte quejosa. Así, no basta que se haya permitido la parte quejosa instar un proceso ante la Junta, sino que el acceso a la justicia debió ser efectivo, en la medida en que aquél cumplió con impulsar el procedimiento hasta que se declaró la conclusión del período probatorio, y desde aquella conclusión, sólo está en espera obtener el fallo que resuelva su pretensión. Desatender las circunstancias particulares del expediente de origen, sería un despropósito de los fines tuitivos del artículo constitucional de referencia, al ser un supuesto en el que evidentemente se ha dilatado la resolución del juicio por omisiones exclusivamente inherentes a la autoridad responsable, pudiendo convertir en ilusoria la promoción del juicio de amparo. Por lo tanto, resulta patente la dilación de los actos encaminados a dictar el laudo, lo que tuvo como consecuencia que no se haya pronunciado, ni siquiera a la fecha de la emisión de la presente sentencia, pues la junta no ha informado lo contrario. En las relatadas circunstancias y con la finalidad de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Eduardo Aguilar Vargas, para el efecto de que la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, decrete de inmediato el cierre de instrucción y, en lo subsecuente, dicte el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 372/2021, de su estadística. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo, así como en el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se: Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Eduardo Aguilar Vargas, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese.
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