Eduardo Aguilar Astudillo
Expediente 1651/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1651/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Eduardo Aguilar Astudillo
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. En atención al escrito presentado por ****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el auto de nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Por tanto, con fundamento en los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido que es cierto que este Juzgado Federal emitió el acuerdo de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, en el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, dicho informe, junto al original y copia del escrito de agravios, así como copia certificada de este expediente, para la substanciación de dicho recurso. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las demás partes la interposición del medio de impugnación en cita; toda vez que, no hay partes en el asunto, en razón al estado procesal en que se encuentra el mismo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Con la demanda de cuenta, téngase al quejoso ****, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1 y 17 de la Constitución Federal; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1651/2019. En el presente asunto el quejoso, en esencia, reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, la toma de nota de comité directivo relativo a la Integración del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH). Al respecto, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se considera que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior en atención que del contenido de los artículos 353, J, K, L, M, N, Ñ, O y P 356 al 377 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que se reconoce a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, el derecho de asociarse en una sola organización sindical, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes, la cual se regirá por lo que establezcan sus estatutos internos. Que una vez que soliciten y obtengan su ingreso, no podrán dejar de formar parte de ella, salvo que fueren expulsados por las causas o motivos estipulados en sus estatutos, siguiendo los procedimientos que en el mismo se establecen. Que la organización sindical será registrada en la Junta de Arbitraje y para obtener el registro deberá presentar, por duplicado: acta de la asamblea constitutiva autorizada por la directiva de la agrupación; los estatutos de la organización; acta de la sesión en la que se haya designado la directiva; y lista de miembros de que se compone la organización sindical, con la indicación del nombre, estado civil, edad y empleo que desempeñan. La Junta de Arbitraje al recibir la solicitud de registro, comprobará la veracidad de los datos, satisfechos dichos requisitos, concederá el registro. Que son obligaciones de la organización sindical, entre otras, proporcionar los informes que en cumplimiento de este ordenamiento le sean solicitados por la Junta de Arbitraje; comunicar a la Junta de Arbitraje, dentro de los diez días siguientes a cada elección, los cambios que ocurrieren en su directiva, las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufran los estatutos; y patrocinar y representar a sus miembros ante las autoridades superiores y ante el Tribunal de Arbitraje cuando así le fuere solicitado. Respecto del tema de que se trata, cabe señalar que al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 14/2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en atención a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, al derecho a la libertad sindical establecido en el artículo 123, apartados A, fracción XVI, y B, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, se podía concluir que la exacta dimensión de la facultad de la autoridad laboral, en sede administrativa, consiste en confrontar los lineamientos establecidos en los estatutos que se haya dado el sindicato o, subsidiariamente, a los previstos en la Ley Federal del Trabajo, con lo que conste en las actas debidamente requisitadas que se exhiban ante aquélla, lo que significa que se trata de una verificación formal, un cotejo entre las etapas o pasos básicos del procedimiento de elección y la mera confirmación de su realización en las actas relativas, para otorgar certidumbre de lo ahí asentado, sin que la autoridad pueda realizar investigaciones (de oficio o a petición de parte) de irregularidades de los hechos mencionados en dichas actas o pronunciarse sobre su validez, lo cual, en su caso, puede controvertirse por vía jurisdiccional por quien considere afectados sus derechos. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 32/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 7, que establece: "SINDICATOS. LA AUTORIDAD LABORAL ESTÁ FACULTADA PARA COTEJAR LAS ACTAS DE ASAMBLEA RELATIVAS A LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, A FIN DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES QUE RIGIERON EL PROCEDIMIENTO CONFORME A SUS ESTATUTOS O, SUBSIDIARIAMENTE, A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 86/2000). . Es importante destacar que la facultad establecida en los artículos 365, fracción III, 371 y 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, tiene como objetivo que mediante el cotejo de las actas y documentos se verifique el cumplimiento de los aspectos formales del procedimiento que señalan los estatutos, tanto para la elección o cambio de dirigentes, como para la expulsión de los miembros; empero, tal facultad no entraña la posibilidad de que la autoridad registradora resuelva acerca de cuestiones de hecho que algunos inconformes hagan valer como determinantes de la nulidad de la elección, como pudieran ser la falta de identificación de los trabajadores; que la asamblea en realidad no se realizó; que votaron personas que no tenían derecho a sufragar; entre otras, pues la declaración de nulidad o anulación no compete a la autoridad laboral registradora, sino a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en caso de que se promueva un juicio laboral; es decir, una contienda entre partes, en la que éstas tengan la oportunidad de deducir sus pretensiones y proponer pruebas en defensa de sus correspondientes intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis I.15o.T.10 L, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1921, registro digital 175757, que establece: "SINDICATOS. TOMA DE NOTA. LA AUTORIDAD REGISTRADORA SÓLO DEBE REVISAR ASPECTOS FORMALES DE LA DOCUMENTACIÓN ANEXADA PARA TAL EFECTO, NO CUESTIONES DE HECHO COMO CAUSALES DE NULIDAD DE LA ELECCIÓN. . En esas condiciones, al resolver la contradicción de tesis 183/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si bien era cierto que existe norma expresa que establezca el procedimiento para la toma de nota, prevista en el artículo 377, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del mismo ordenamiento, el cual dispone que ante la falta de disposición expresa en la ley, se considerarán, entre otros supuestos, sus disposiciones que regulen casos semejantes; en consecuencia, que como el registro de un sindicato y la toma de nota de cambio de directiva son situaciones semejantes, por ser cuestiones referentes al reconocimiento de la personalidad de aquél, diferenciándose únicamente por un aspecto temporal, podía concluirse que a la toma de nota le es aplicable, por analogía, el procedimiento previsto en el artículo 366, último párrafo, de la propia Ley Federal del Trabajo, que prevé los plazos y consecuencias legales a seguir para el registro de un sindicato, pues el registro y la toma de nota de cambio de directiva sindical implican la actualización de situaciones de hecho y de derecho que la autoridad encargada debe verificar para salvaguardar el derecho de seguridad jurídica. El criterio del que se habla se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 109/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 452, del rubro y texto siguientes: "TOMA DE NOTA DE DIRECTIVA SINDICAL. ES APLICABLE ANALÓGICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 366, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. .. Las anteriores consideraciones llevan a entender la figura de la toma de nota y los alcances de esa facultad por parte de la autoridad laboral al llevarla cabo, con la precisión de que, en el caso concreto, al tratarse de la Junta de Arbitraje, como se vio, en éste se concentra la atribución de la toma de nota y, en su caso, de sustanciar la controversia correspondiente, que pretenda se declare su invalidez. Atento a lo anterior, y con base en las disposiciones invocadas, así como en los criterios jurisprudenciales citados, si en la especie, el acto reclamado se hace consistir en la toma de nota, dicho acto debe ser controvertido en la vía jurisdiccional, ante la citada Junta de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas, de conformidad con lo establecido en los artículos 700, fracción VI de la Ley Federal del Trabajo, y no en amparo indirecto, como se pretende. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis XXXI.4 L (10a.), sostenida por Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, octubre de 2012, página 2624, que es del tenor siguiente: "JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DADA LA DUALIDAD DE SUS FUNCIONES SON COMPETENTES PARA CONOCER, VÍA JURISDICCIONAL, DE LA CANCELACIÓN TANTO DEL REGISTRO DE UN SINDICATO, COMO DE LA TOMA DE NOTA DE UNA NUEVA MESA DIRECTIVA. .. De igual forma, se estima aplicable al caso, la tesis I.6o.T.24 L (10a.), sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, agosto de 2012, página 1992, del rubro y texto siguientes: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL. . Asimismo, se considera aplicable la tesis I.6o.T.434 L, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 164899, Novena Época, Tomo XXXI, Marzo de 2010, página 3070, del rubro y texto siguientes: "SINDICATOS BUROCRÁTICOS. LA ANULACIÓN DE LA TOMA DE NOTA DE SU DIRECTIVA, DEBE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL. De la interpretación de los artículos 67, 72, 73, 77 y 124 . Además, no se advierte la actualización de alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber, no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco, se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de un auto de vinculación a proceso, de la resolución que niega la libertad bajo caución o que establece los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de una persona extraña al procedimiento. Se suma a lo anterior que, la procedencia de la vía jurisdiccional, no requiere de mayor interpretación, dado que de los artículos 369, con relación al 700, fracción VI, Ley del Federal Trabajo, expresamente establece que la junta de Arbitraje es competente para conocer de los conflictos sindicales, específicamente, sobre las irregularidades cometidas en el proceso de elección o cambio de directiva del sindicato. En ese sentido, al no haberse agotado la vía ordinaria, a fin de obtener la cancelación de la toma de nota de los nuevos miembros que conforman el Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Chiapas (SPAUNACH), el juicio de amparo intentado deviene improcedente, en términos de lo que impone el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ende, con fundamento en artículo 113 de la misma ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de resultar inexacto, las notificaciones del presente proveído y las subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de la materia. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que señala en su demanda, sin necesidad de acreditar que estén autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho, por ser laboral el juicio de donde deviene el acto reclamado y ser la parte trabajadora quien acude al amparo. Con fundamento en el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo, así como en el incidente de suspensión. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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