Eduardo Aguayo Mar

Expediente 228/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 1 actuación registrada, la última del 24 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
228/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
24/05/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Aguayo Mar

Actuaciones

  1. Principal

    con fundamento en el artículo 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal del promovente, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del proveído de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica al PROMOVENTE que dice...Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Eduardo Aguayo Mar, a través del cual desahoga la prevención realizada en proveído de dieciséis de mayo del actual; por lo que se provee: DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 ó 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por el quejoso, consistente en: El cobro que realiza la Comisión Federal de Electricidad, en el aviso-recibo referente al DAP, mismo que se refiere al cobro por alumbrado público, que realiza el municipio al cobrar el impuesto predial del periodo de veintiocho de enero al veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo:. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. [El énfasis es propio] De la cita que antecede, se aprecia que la oportunidad para la presentación de la demanda, refiere a la exigencia de presentarse dentro del plazo de los quince días computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; ello tratándose de los casos fuera de las excepciones previstas en las fracciones I a la IV del artículo 17 citado. Ahora bien, la hipótesis - acto reclamado- sujeta a estudio en el presente juicio, no cumple con la oportunidad temporal fijada por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, exigida para la presentación de la demanda de amparo indirecto. Lo anterior, se concluye toda vez que, si bien el quejoso no precisa la fecha en la que le fue notificado el acto reclamado, -cobro del derecho de alumbrado público- de las constancias que adjunta a su escrito de demanda, se advierte, que el aviso recibo correspondiente al periodo veintiocho de enero a veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, fue pagado el nueve de marzo de la presente anualidad (foja 61), por tanto, ésta es la fecha en que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que en esta vía reclama. En tal sentido, si el solicitante del amparo tuvo conocimiento de los actos que reclama, el nueve de marzo de dos mil dieciséis, el término de quince días para promover el juicio de amparo indirecto, empezó a contar al día siguiente de esa fecha. De tal suerte, que de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el trece de mayo de dos mil dieciséis, ya había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el numeral invocado, los que se deben contar a partir del día siguiente en que el hoy quejoso tuvo conocimiento de los actos reclamados, es decir, del diez al treinta de marzo del presente año, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de marzo de la presente anualidad, por ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar. En este contexto, si el quejoso presentó su demanda de amparo fuera de los plazos legales se entiende que consintió tácitamente el acto reclamado en estudio, lo que hace improcedente el juicio constitucional; por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Eduardo Aguayo Mar, por considerarse manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo.

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