Eduardo Adrián Salazar Velázquez

Expediente 627/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
627/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Adrián Salazar Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno,Ciudad de México, a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el diverso 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en vigor a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, toda vez que se desechó la demanda y en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes, de conformidad con el numeral 21, inciso d, del acuerdo general en cita, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipula tal disposición. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Ciudad de México, a primero de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la diligencia actuarial de cuenta, se advierte que la licenciada **** aceptó y protestó el cargo conferido para asistir al quejoso **** en este controvertido. I. Ahora, del escrito de demanda, se advierte que el justiciable reclama: "(.) De las autoridades mencionadas como responsables señalo como acto reclamado, la restricción de ubicación al dormitorio... Acto(s) que atribuye(n) a las siguientes autoridades (.) Secretaria de Gobierno. - B) Subsecretaria del Sistema Penitenciario. - C) Director de la Penitenciaria de la CDMX. - D) Subdirectora de Apoyo Técnico de la Penitenciaria de la CDMX. - E) Jefe de la Oficina de C.O.C. de la Penitenciaria de la CDMX II. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio se analizará la procedencia de la acción constitucional, toda vez que se trata de una cuestión de orden público, cuyo estudio es oficioso y preferente. Dicho precepto, indica: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Al respecto, es conveniente precisar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.- Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.). Asimismo, es necesario citar los preceptos 107, 116, fracción I, y 117, Fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establecen "Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento". "Artículo 116. Controversias Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas con: I. Las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas;(.)." "Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: - I. Las condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas, en cuyo caso será requisito indispensable haber agotado la petición administrativa;(...)". Ahora, en torno al acto reclamado, se destaca que el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, al sustentar la jurisprudencia XXII.P.A. J/1 (10a.), publicada en la página 2187, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, Materia: Común, Penal, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, dispuso lo siguiente: "ACTOS EMITIDOS POR LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS EN RELACIÓN CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE EJECUCIÓN, POR LO QUE ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, EL SENTENCIADO PRIVADO DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR ESTOS MEDIOS DE DEFENSA PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. El juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, y está regulado bajo diversos principios, entre ellos, el de definitividad, el cual, de acuerdo con los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, obliga al quejoso, por regla general, a agotar previamente a la promoción del amparo indirecto, los medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece, a efecto de que, en su caso, pueda modificarse, revocarse o nulificarse. Por tanto, contra los actos emitidos por el personal del centro penitenciario en el cual el sentenciado compurga su pena, sin que se ubique en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad, es improcedente el juicio de amparo, pues no constituye una resolución definitiva, dado que, acorde con el artículo 9, fracción IX, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, dicha resolución es impugnable ante el director del centro en el que se encuentre recluida la persona privada de su libertad, mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sean cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, emisión de tarjetas informativas o reportes médicos, entre otros; y, si se trata de casos urgentes (como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentren en riesgo la vida e integridad física del interno), son impugnables por cualquier medio ante las instancias correspondientes; de modo que si la petición se resuelve en contra de los intereses del peticionario, o la autoridad penitenciaria omite atender la solicitud formulada por la persona privada de su libertad, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé su impugnación ante el Juez de ejecución, procedimientos que son tendentes a revocar o modificar el acto lesivo a los intereses de la persona privada de su libertad, y que atento al principio de definitividad, deben agotarse previo a la promoción del juicio de amparo". III. En tanto que en el presente asunto, los actos reclamados consisten en: "(.) De las autoridades mencionadas como responsables señalo como acto reclamado, la restricción de ubicación al dormitorio 10 zona 1 estancia 6 de acuerdo a los criterios de ubicación de esa zona 1, está siendo como un acto de discriminación por mi condición y mis preferencias sexuales, poniéndome en riesgo y vulnerando mi calidad de vida en reclusión". Por tanto, si el quejoso no impugnó el acto reclamado mediante el procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, como las que en el caso reclaman (cambio de módulos, estancias, dormitorios), de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, este juzgador considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del mismo ordenamiento. Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda. Finalmente, de la diligencia de cuenta, no se advierte que la defensora haya señalado algún domicilio para oír y recibir notificaciones, por tanto, notifíquesele por medio de lista el presente acuerdo, así como las subsecuentes determinaciones Notifíquese; y personalmente al quejoso

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso, y cúmplase.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.

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