Eduando Sanchez Villagomez

Expediente 1575/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1575/2016
Año
2016
Actuaciones
14
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Eduando Sanchez Villagomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la siguiente indicación: El presente asunto es susceptible de depuración, pues en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). A consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo normativo aludido. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    III) Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Eduardo Sánchez Villagómez, contra la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, de quienes reclamó: .- De la Legislatura del Estado de México, se reclama La discusión, aprobación, expedición, del decreto por el cual se creó el artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 2.- Del Gobernador Constitucional del Estado de México; se reclama la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del decreto por el cual se creó artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 3.- Del Secretario General de Gobierno del Estado de México, se reclama la firma y refrendo del decreto por el cual se creó el artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 4.- Del C. Director Técnico del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", del Estado de México; se reclama la publicación del decreto por el cual se creó artículo 95 fracción 1,inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 5.- Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama el primer acto de aplicación de los preceptos señalados en párrafos precedentes consistente en la recepción del pago de derechos de inscripción por concepto de compra venta adquisición o transmisión de propiedad o posesión más de $431,773 efectuado el veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, en cumplimiento del artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). Luego, mediante sentencia dictada por este juzgado, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió lo siguiente: "primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Eduardo Sánchez Villagómez, en contra de las autoridades y acto precisados en los considerando quinto, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Sánchez Villagómez, en contra de la autoridad referida para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución Los efectos sobre los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal consistieron en: No se aplique en perjuicio del impetrante del amparo el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, pero sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota mínima a pagar (en términos de lo establecido en el punto 1 de la tarifa respectiva). En la inteligencia de que el efecto de la sentencia que concede el amparo contra una norma, protege a la parte quejosa de su aplicación presente y futura, en tanto no sea modificada, reformada, adicionada o abrogada. B. En términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, se devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte de la diferencia entre la tarifa pagada y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente; devolución que deberá realizarse en forma actualizada, con independencia de que la legislación estatal pueda o no establecer que deba ser realizada en esos términos. En la inteligencia de que la actualización de mérito, debe calcularse a la fecha concreta en que se acredite efectivamente el pago realizado, sin que comprenda el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Inconforme a dicha resolución la Directora Técnico Jurídica y representante legal del instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre del dos mil dieciséis, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Admirativa del Segundo Circuito con residencia en Naucalpan, el cual desecho mediante sesión de dieciocho de julio del dos mil diecinueve. Así como el auto de dos de agosto se tuvo por recibida copia certificada de dicha ejecutoria, los autos originales de este juicio de amparo y se proveyó respecto del requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Expuesto lo anterior, mediante oficios presentados el nueve de agosto del año en curso el Subdirector Jurídico y Delegación de la Dirección General del Instituto de Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de un cheque que ampara la cantidad de $17,339.46 (diecisiete mil trecientos treinta y nueve pesos 46/100), suscrito a nombre de Eduardo Sánchez Villagómez; además, manifestó que no se aplicará el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    SE LISTA CITATORIO DE LA QUEJOSA III) Toluca, Estado de México; veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve; en consecuencia, este Juzgado Federal procede a realizar el estudio de las constancias que integran el presente juicio para verificar el cumplimiento dado al fallo protector. En tal virtud, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal examina si el fallo protector está o no cumplido. Al caso, es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo contenido es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio de amparo se promovió por Eduardo Sánchez Villagómez, contra la Legislatura del Estado de México y otras autoridades, de quienes reclamó: .- De la Legislatura del Estado de México, se reclama La discusión, aprobación, expedición, del decreto por el cual se creó el artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 2.- Del Gobernador Constitucional del Estado de México; se reclama la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación del decreto por el cual se creó artículo 95 fracción I, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 3.- Del Secretario General de Gobierno del Estado de México, se reclama la firma y refrendo del decreto por el cual se creó el artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 4.- Del C. Director Técnico del Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", del Estado de México; se reclama la publicación del decreto por el cual se creó artículo 95 fracción 1,inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). 5.- Del Director del Instituto de la Función Registral del Estado de México, se reclama el primer acto de aplicación de los preceptos señalados en párrafos precedentes consistente en la recepción del pago de derechos de inscripción por concepto de compra venta adquisición o transmisión de propiedad o posesión más de $431,773 efectuado el veinticuatro de mayo del dos mil dieciséis, en cumplimiento del artículo 95 fracción 1, inciso C, rango 6 de la tarifa, vigente para el año dos mil dieciséis (por lo que hace al pago de los derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción del acto de compraventa, al que más adelante me referiré). Luego, mediante sentencia dictada por este juzgado, el siete de diciembre de dos mil dieciséis, se resolvió lo siguiente: "primero. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Eduardo Sánchez Villagómez, en contra de las autoridades y acto precisados en los considerando quinto, del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Eduardo Sánchez Villagómez, en contra de la autoridad referida para los efectos precisados en el considerando octavo de la presente resolución Los efectos sobre los cuales se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal consistieron en: No se aplique en perjuicio del impetrante del amparo el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis, pero sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota mínima a pagar (en términos de lo establecido en el punto 1 de la tarifa respectiva). En la inteligencia de que el efecto de la sentencia que concede el amparo contra una norma, protege a la parte quejosa de su aplicación presente y futura, en tanto no sea modificada, reformada, adicionada o abrogada. B. En términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, se devuelva a la parte quejosa la cantidad que resulte de la diferencia entre la tarifa pagada y la prevista como monto mínimo con motivo del servicio correspondiente; devolución que deberá realizarse en forma actualizada, con independencia de que la legislación estatal pueda o no establecer que deba ser realizada en esos términos. En la inteligencia de que la actualización de mérito, debe calcularse a la fecha concreta en que se acredite efectivamente el pago realizado, sin que comprenda el pago de intereses indemnizatorios, pues éstos no integraban el patrimonio del quejoso y, por tanto, no forman parte del restablecimiento de la situación que prevalecía antes de la violación. Inconforme a dicha resolución la Directora Técnico Jurídica y representante legal del instituto de la Función Registral del Estado de México, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el siete de diciembre del dos mil dieciséis, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Admirativa del Segundo Circuito con residencia en Naucalpan, el cual desecho mediante sesión de dieciocho de julio del dos mil diecinueve. Así como el auto de dos de agosto se tuvo por recibida copia certificada de dicha ejecutoria, los autos originales de este juicio de amparo y se proveyó respecto del requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Expuesto lo anterior, mediante oficios presentados el nueve de agosto del año en curso el Subdirector Jurídico y Delegación de la Dirección General del Instituto de Función Registral del Estado de México, comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de un cheque que ampara la cantidad de $17,339.46 (diecisiete mil trecientos treinta y nueve pesos 46/100), suscrito a nombre de Eduardo Sánchez Villagómez; además, manifestó que no se aplicará el numeral 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciséis. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 16/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época , publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Materia Común, página 122, cuyo contenido es: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de agosto de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Subdirector Jurídico y Delegado de la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, a través del cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, remite copia certificada de un cheque que ampara la cantidad de $ 17,339.46 (diecisiete mil trescientos treinta y nueve pesos 46/100), suscrito a nombre de Eduardo Sánchez Villagomez. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor dese vista a la parte quejosa con el oficio suscrito por la autoridad oficiante y con las copias certificadas que adjunta, a efecto de que en el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, apercibido que en caso de omisión se resolverá lo conducente con base en los elementos aportados por la responsable y las constancias de autos. Se invoca por analogía de razón la jurisprudencia 247, publicada en las páginas 203 y 204 de la actualización 2002, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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