Edsson Enrique Hernández Cantú

Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
66/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
24/05/2021

Partes del expediente

  • Edsson Enrique Hernández Cantú

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se ordena destruir la presente pieza de actuaciones. No obran documentos originales. Archívese y remítase al lugar de su guarda.

  2. Principal

    Se agrega escrito. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito signado por el quejoso ********************, a través del cual pretende cumplir con el requerimiento formulado en proveído de catorce de abril del año en curso, sin que haya lugar a hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de seis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo al quejoso cumpliendo con dicho requerimiento y se desechó su libelo de amparo.

  3. Principal

    León, Guanajuato, seis de mayo de dos mil veintiuno. I. Defensor público federal realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito signado por ********************, defensor público federal del quejoso, mediante el cual desahoga la vista conferida en proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, para lo cual realiza diversas manifestaciones, de lo que se toma el debido conocimiento, para los efectos legales conducentes. II. Quejoso cumple con requerimiento. Ahora bien, del estado de autos se advierte que en proveído de catorce de abril del año en curso, se tuvo al impetrante cumpliendo con uno de los requerimientos formulados en proveído de dieciséis de febrero de la presente anualidad, para lo cual aclaró los actos que reclama ante la presente instancia constitucional; por su parte, vistas las manifestaciones realizadas por el quejoso en la constancia de notificación personal de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, se obtiene que el mismo cumple con el diverso requerimiento formulado en proveído de dieciséis de febrero y catorce de abril, ambos de dos mil veintiuno; por tanto, se provee: III. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancia de notificación personal de diecisiete de abril del año en curso, se obtiene que el quejoso señala como actos reclamados: la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo y su ejecución, así como su convalidación por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, y sus consecuencias jurídicas. Lo anterior evidencia la existencia de motivos manifiestos e indudables de improcedencia y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Puntualizado lo anterior, se advierte que respecto a los actos reclamados consistentes en la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo y su ejecución, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la interpretación del precepto legal invocado, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber, por revocación y por sustitución procesal. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en éstos, ya sea que la autoridad responsable haya revocado el acto materia de la litis, cuando éste tenga el carácter de positivo o negativo; o bien, cuando realice la acción que se le reclama, en el caso de los de índole omisivo, de tal forma que el acto ya no agravia a la parte quejosa; por su parte, el segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Acotado lo anterior, se determina que en el presente asunto cesaron los efectos de los actos reclamados, al haberse configurado la sustitución de actos procedimentales, lo que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente, es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad. Ello es así, en razón a que el quejoso se duele de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo y su ejecución; empero, el propio imperante asevera, bajo protesta de decir verdad, que dicha orden de traslado fue convalidada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. Por tanto, se estima que la orden de traslado emitida por autoridades administrativas y su ejecución, fue sustituida por la determinación de la referida autoridad jurisdiccional, con motivo del análisis de legalidad que realizó de la misma, toda vez que dicha orden de traslado fue convalidada en su legalidad en sede judicial. En consecuencia, se advierte que la orden de traslado emitida por las autoridades administrativas y su ejecución, ya no surte efectos con motivo de la sustitución procesal que se actualizó con la calificación de legalidad emitida en sede judicial por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey. De ahí que resulte improcedente el estudio de la orden de traslado reclamada y su ejecución, ante la existencia de la actuación judicial que convalidó la misma. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis I.9o.P.167 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2507, Libro 47, octubre de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EMITIDA POR RAZONES DE SEGURIDAD POR EL TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y EXISTE PRONUNCIAMIENTO POSTERIOR DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, YA SEA CONVALIDÁNDOLA O REVOCÁNDOLA, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO Y, POR ENDE, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, en sus artículos 9o., fracción XII y 64, fracción XI, establece que corresponde al Juez de ejecución autorizar las órdenes de traslado de un centro penitenciario a otro. Autorización que no necesariamente es previa, sino que, de ponerse en riesgo la seguridad integral del centro penitenciario, la del sentenciado o por urgencia médica, podrá ser posterior. En estos casos, si se promueve el amparo indirecto contra la orden emitida por la autoridad penitenciaria (titular de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México) y existe pronunciamiento posterior de la autoridad judicial, ya sea convalidando o revocando el traslado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos de aquel acto cesaron al haber quedado sustituido procesalmente por el emitido por el Juez, sin que puedan estudiarse las posibles violaciones del primero, sin afectar el nuevo contexto generado por el segundo, que es el que materialmente afectaría la esfera jurídica del quejoso. Es así, porque el nuevo y posterior acto de autoridad judicial, incide en la vigencia y ejecución del ordenado por la autoridad penitenciaria, ya que, acorde con la legislación citada, la autoridad tiene la facultad de convalidarlo, lo que implica ratificar o mantener el traslado ejecutado o, en su caso, revocarlo, lo cual implica que fue ordenado ilegalmente, e impediría su continuación, devolviendo al quejoso al primer centro de reclusión de donde fue trasladado. Por lo que, ante la actualización de dicha causal, debe sobreseerse en el juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia." Así como, en lo conducente, la tesis I.2o.P.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2546, Tomo IV, Libro 38, enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA." Esto es así, en razón a que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar los derechos de la parte impetrante, lo que implica la detención definitiva de los actos de autoridad, así como la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna que amerite ser reparada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2ª/J59/199910, de la Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Materia: Común, Página: 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." De lo que se colige que la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y que se traduce en obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para resolver el fondo del juicio de amparo, cuando no se puede alcanzar el objetivo protector de esta institución de justicia constitucional, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, al ser sustituido procesalmente por el nuevo acto que es el que rige su situación jurídica, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación carezca de materia. Por otro lado, se determina que respecto a los diversos actos reclamados, consistentes en la convalidación de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, por parte del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, así como sus consecuencias jurídicas, se actualiza de manera indudable la causal prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (...)." Para arribar a tal aserto conviene acotar que el juicio constitucional, de conformidad con la fracción I del artículo 107 constitucional, se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica la manifestación de la voluntad expresa del gobernado de combatir determinada actuación de la autoridad responsable que estima violatoria de sus derechos fundamentales, a fin de que el órgano de control constitucional entre a su estudio y determine si los actos reclamados son o no inconstitucionales. Conforme a la porción normativa transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha realizado manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, al exteriorizar en el mundo fáctico determinada conducta con la que se presume que ha consentido la práctica del acto que refiere le causa perjuicio. De lo que se obtiene que dicha causal de improcedencia tiene por objeto evitar que los gobernados promuevan juicios de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ellos mismos desplegaron de manera libre y espontánea. Así las cosas, a efecto de justificar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, se advierte que de las manifestaciones realizadas por el quejoso en su demanda de amparo, escrito aclaratorio y constancia de notificación de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, se desprende que con antelación a la presentación de la demanda de amparo, su defensa interpuso recurso de apelación en contra de la convalidación de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey; empero, con posterioridad se desistió de dicho medio de impugnación, al habérsele informado que su traslado únicamente podía autorizarse al Centro de Reinserción Social ubicado en Apodaca, Nuevo León, de lo que se colige que el impetrante consintió el acto reclamado, consistente en la convalidación de la orden de traslado. Ello es así, en virtud de que el quejoso se duele de la convalidación de la orden de traslado del Centro de Reinserción Social número 3 "Cadereyta" en el Estado de Nuevo León al Centro Federal de Readaptación Social número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, así como sus consecuencias jurídicas; empero, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha convalidación y posteriormente desistirse de dicho medio de impugnación, es inconcuso que consintió en forma expresa los actos reclamados, lo que torna improcedente el juicio de amparo. Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie las causas de improcedencia previstas en las fracciones XXI y XIII, ambas del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que atento a lo que señala el numeral 63, fracción V y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe. Angélica

  4. Principal

    León, Guanajuato, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. I. Defensoría pública informa. Agréguese a los autos el oficio firmado digitalmente por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, informa que no es posible acceder a la solicitud de cambio de asesor jurídico y/o defensor público solicitada por el quejoso, por los motivos que expone; lo anterior, hágase del conocimiento tanto del defensor público federal Héctor Hugo Gallardo Cruz, como del peticionario del amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que obste a lo anterior que el oficio de cuenta carezca de firma autógrafa, ya que al encontrarse firmado digitalmente y haberse remitido vía correo electrónico institucional, en razón a la contingencia derivada del virus COVID-19, se acuerda su contenido. II. Se proveen escritos de defensor público federal. Por otro lado, glósense a los autos los escritos signados por Héctor Hugo Gallardo Cruz, defensor público federal del quejoso, mediante los cuales desahoga la vista formulada en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, para lo cual realiza diversas manifestaciones respecto a la asesoría jurídica brindada al aquí impetrante, de lo que este Juzgado Federal toma debido conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto a su solicitud en el sentido de que se suspenda el término de cinco días conferido en auto de catorce de abril pasado, a efecto de que entable comunicación directa con el quejoso y le brinde la asesoría jurídica necesaria, para que esté en condiciones de cumplir con la prevención formulada en autos; se determina que dicho plazo comenzará a computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. III. Se da vista a defensor. Finalmente, toda vez que del estado de autos se advierte que en proveído de veintidós de abril pasado, se reservó acordar lo conducente, en relación a las manifestaciones formuladas por el quejoso en la constancias de notificación personal de diecisiete de abril pasado, hasta en tanto la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato, capital, se pronunciará respecto a la solicitud de cambio de defensor público y/o asesor jurídico solicitada por el quejoso, lo que a la fecha ya aconteció; en consecuencia, con copia de dicha constancia de notificación personal, dese vista al licenciado Héctor Hugo Gallardo Cruz, defensor público y/o asesor jurídico del quejoso, por el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, a fin de que manifieste lo que a su representación legal convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en el término concedido, en su oportunidad, este juzgado acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente al quejoso y al defensor público y/o asesor jurídico Héctor Hugo Gallardo Cruz. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.

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