Edson Guzmán Juárez -privado de la libertad-

Expediente 914/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
914/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/09/2022

Partes del expediente

  • Edson Guzmán Juárez -privado de la libertad-

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el ocho de los cursantes, este órgano jurisdiccional ordeno el archivo del presente expediente al haber causado estado el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que a la fecha obre la constancia de notificación personal del quejoso ***, quien se encuentra privado de su libertad. Por tanto, se ordena notificar al quejoso el proveído de ocho de los cursantes, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se aprecia que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diez de agosto del año en curso; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Comuníquese lo anterior a la parte quejosa y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), del mencionado Acuerdo General, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el diez de los cursantes, este órgano jurisdiccional desecho la demanda de amparo, sin que se proveyera respecto del domicilio que el quejoso señalo en su libelo de demanda. Por tanto, se tiene como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el que índica en su ocurso de demanda; asimismo, se ordena notificar al quejoso el proveído de diez de los cursantes, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 914/2022-F. En primer término, es dable invocar como hecho notorio el diverso juicio 767/2022-C del registro de este juzgado federal, que en concatenación con el análisis integral de la demanda de amparo promovida por el quejoso, se advierte que el origen de la omisión reclamada es el siguiente: 1. El dieciocho de enero del año en curso, la Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, dictó al quejoso, auto de vinculación a proceso dentro de la causa judicial *** de su índice por el hecho que ley señala como delito de homicidio, en el cual fijó un término de cuatro meses para la investigación complementaria, feneciendo el dieciocho de mayo de dos mil veintidós. 2. Mediante escrito presentado el dos de febrero del año en curso ante el Agente del Ministerio Público, el impetrante, solicitó la realización de diversos actos de investigación para que obtuviera información relativa a una cuenta bancaria de la ***. 3. En atención a dicha petición, el Agente del Ministerio Público, hizo de su conocimiento que mediante oficio *** de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós a solicitud de su superior jerárquico Subprocuradora de Operaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se había solicitado la información requerida al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 4. No obstante, ante la falta de la información solicitada, la defensa del quejoso solicitó al juez de la causa, prórroga de investigación por otros dos meses, feneciendo el dieciocho de julio del año en curso, pues aun cuando se ha insistido respecto a dicha información, el Agente del Ministerio Público, se ha limitado a expresar que no le ha sido proporcionada, sin que realice gestión alguna para su obtención; lo anterior, puesto que, a su apreciación, dicha información resulta útil para el cierre de la investigación complementaria decretada dentro de la causa judicial ***, del índice del Juzgado de Control y de Juicio Orales del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer del Estado de Tlaxcala, el cual fenece el dieciocho de julio de este año. Ahora bien, tomando en consideración que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se considera que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, toda vez que el acto combatido en esta vía de amparo a la misma, no puede ser materia de estudio constitucional, en tanto que el medio de control de la constitucionalidad intentado procede sólo contra actos u omisiones de autoridad o de particulares cuando éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad; circunstancia que en la especie no se actualiza, atento a las siguientes consideraciones. El objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad o de particulares en los casos señalados en la propia ley, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Cabe precisar que en relación con el concepto de autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha estimado que para efectos del amparo, lo constituye aquélla que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. En ese tenor, se tiene que el acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar la información respecto de la cuenta bancaria *** de la Institución Bancaria ***., a nombre del quejoso, a requerimiento del Agente del Ministerio Público, mediante oficio *** de fecha cuatro de febrero de dos mil veintidós, no le reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad, pues su conducta es efectuada únicamente en el carácter de auxiliar en la administración de justicia. Se sostiene lo anterior, en razón de que la obligación de proporcionar dicha información, emana de un requerimiento formulado por el Agente del Ministerio Público, dentro de una investigación, quien además cuenta con las medidas de apremio establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para hacer cumplir sus requerimientos de información dentro de una investigación. De lo anterior, se desprende que el Ministerio Público -entre otros- podrá imponer medidas de apremio para el cumplimiento de los actos que ordene en el ejercicio de sus funciones, tales como la amonestación, multa, uso de la fuerza pública y arresto. Además, en su numeral ***, el Código Nacional de Procedimientos Penales, impone también a toda persona o servidor público la obligación de proporcionar oportunamente la información requerida por el Ministerio Público y la Policía en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. Por lo que no puede atribuirse con el carácter de autoridad cualquier abstención, omisión o dilación en que pueda incurrir el Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en virtud del requerimiento hecho por el Ministerio Público durante la fase de investigación complementaria, lo anterior, ya que el Ministerio Público tiene a su alcance las medidas de apremio que estime conducentes para hacer valer sus determinaciones. En este sentido, el Ministerio Público cuenta con las medidas de apremio establecidas, para hacer cumplir sus requerimientos de información dentro de una investigación, como acontece en lo particular; por lo que, no se puede instar la vía constitucional, por la conducta omisiva que le atribuye la parte quejosa al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dentro de la investigación complementaria. Máxime que la omisión y/o dilación en torno a la solicitud de actos de investigación, por sí sola, no causa perjuicio alguno al quejoso, en razón de que no constituye un acto que resuelva definitivamente la no ejecución de los actos de indagación propuestos, pues acorde con el artículo 333 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el disconforme, hasta antes de presentada la acusación, puede exponer ante el Juez de Control los motivos por los cuales considera necesario que se realicen los actos de investigación formulados y que, de manera previa, el fiscal investigador dilató o rechazó, ya que, en todo caso, la decisión final la tomará el juzgador si resulta procedente o no ordenar la reapertura de la investigación en términos del precepto mencionado. En mérito de lo expuesto, se desecha de la demanda por lo que hace al acto y autoridad apuntados. Por otra parte, toda vez que el quejoso no señala domicilio para oír y recibir sus notificaciones, sin embargo refiere encontrarse privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social Regional de Tlaxcala, Tlaxcala. Atento al contenido del numeral antes transcrito, las notificaciones al quejoso privado de su libertad deben hacerse en forma personal y en cualquiera de los siguientes lugares: En el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio. En el lugar de su reclusión. En el domicilio designado para oír notificaciones. En este contexto, se ordena notificarle al quejoso el presente proveído y las subsecuentes determinaciones de carácter personal que se emitan en el presente asunto con motivo de su substanciación, en el lugar de su reclusión, esto es, en el Centro de Readaptación Social Regional de Tlaxcala, a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios a ***, al tener su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. De igual forma, en atención a lo preceptuado por el artículo 2°, fracción XIX del Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por la parte quejosa, a efecto de que por dichos medios, este juzgado establezca comunicaciones no procesales en los casos que se estime necesario, sin que ello implique que dicho contacto sustituya las notificaciones que, en su caso, se practiquen. Se autoriza a cualquier secretario o actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio.

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