Edoardo Flores Valay

Expediente 1738/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1738/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
01/02/2023

Partes del expediente

  • Edoardo Flores Valay

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del escrito de cinco de septiembre de dos mil veintidós y acuerdo de siete de diciembre de dos mil veintidós, dictados dentro del expediente laboral 197/E01/2014. Tal acuerdo se notificó al quejoso Edoardo Flores Valay por conducto de su autorizada legal Diana Elena Kuri Rivera el catorce de diciembre de dos mil veintidós y al tercero interesado Gobierno del Estado de Tamaulipas el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de tres de noviembre de dos mil veintidós, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ".Pronunciarse de inmediato sobre el escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 197/E01/2014.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable se desprende que el siete de diciembre de dos mil veintidós, dictó el acuerdo dentro de los autos del expediente laboral número 197/E01/2014, mismo que recayó el escrito de cinco de septiembre de dos mil veintidós. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dictó el acuerdo correspondiente al expediente laboral de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por el licenciado Pascual Velázquez Martínez, autorizado de la parte quejosa, a través del cual solicita cause ejecutoria la sentencia y se requiera el cumplimiento a la autoridad responsable; atento a su contenido, se acuerda lo siguiente: Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: "Pronunciarse de inmediato sobre el escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente 197/E01/2014." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda, el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, en virtud de que en tres de los corrientes, se dictó la sentencia correspondiente en el presente juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informó que giro oficio a la Secretaria de Egresos, para que tenga bien contemplar para el pago en el próximo presupuesto de Egresos para el Estado de Tamaulipas dos mil veintitrés, el pago de laudo por la cantidad de $99,969.19 pesos (noventa y nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos 19/100 M.N.), cantidad determinada a favor de Beatriz Galván Guzmán. En efecto, tratándose de una sentencia de amparo, cuyo cumplimiento implica el pago de una suma de dinero, si la autoridad vinculada originalmente al acatamiento del fallo protector y sus superiores jerárquicos, acreditan la insuficiencia de la partida presupuestal aplicable para el pago de esas sentencias, se debe determinar si es excusable el incumplimiento por falta de fondos y si se está en el caso de requerir a las autoridades que puedan disponer de los recursos presupuestarios correspondientes. Por tanto, resulta indispensable que la citada autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia de amparo (Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas), informe la fecha exacta en que estará a disposición del peticionario de amparo, el documento mercantil correspondiente al pago del crédito laboral a que fue condenado el demandado dentro del expediente laboral número 206/E/2015. Asimismo, requiérasele al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales y en el plazo concedido, se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, materia de ejecución en el presente juicio de garantías; asimismo, para que INFORME cuál es el estado de las gestiones que ha realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe las anteriores circunstancias. Asimismo, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, deberá acreditar de manera fehaciente, las gestiones que se encuentra realizando para efecto de incluir el pago de $99,969.19 (noventa y nueve mil novecientos sesenta y nueve 19/100) a favor de la quejosa Beatriz Galván Guzmán, en el siguiente presupuesto de egresos dos mil veintitrés, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 38 de la Ley del Trabajo para Servidores Públicos al Servicio del Estado de Tamaulipas, y la fecha exacta de pago. Aunado a lo anterior, deberá justificar haber realizado los trámites necesarios a fin de que se dé cumplimiento al fallo proteccionista, así como haber instrumentado los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. Apercibido que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Ténganse como delegados de la autoridad oficiante a los profesionistas que se indican en el oficio que se provee, en términos del artículo 9 de la Ley de la Materia. Finalmente, en torno a la solicitud del acceso al expediente electrónico, dígasele a la autoridad vinculada que el usuario "jarcia 76" señalado para tal fin, no se encuentra registrado dentro del Portal de Servicios en Línea Reporte de Autorizados para consultar Expediente Electrónico. Por tanto, se le requiere a la citada autoridad vinculada, para que en el plazo de tres días, proporcione el nombre correcto del usuario, a fin de estar en condiciones de otorgar materialmente el acceso a dicho expediente electrónico. Notifíquese.

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