Edna Villanueva Zamora
Expediente 1254/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1254/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Edna Villanueva Zamora
Actuaciones
- Principal
°San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que concede el artículo 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, que sobreseyó en este juicio de amparo que promovió**** (única parte a quien puede afectar dicha determinación), sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que, si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Archivo. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 21, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
(NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA TODA VEZ QUE NO SE PRESENTÓ EN EL JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NI SUS AUTORIZADOS, A PESAR DEL AVISO JUDICIAL QUE SE LES DEJÓ CON ANTERIORIDAD)VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 1254/2021, promovido por ***; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, ***, solicitó el amparo y protección respecto de los integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los poderes del Estado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo se turnó a este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veintiuno; por auto de once de noviembre de ese mes y año, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó a la responsable su informe justificado, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la adscripción; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Previo trámite, en auto de nueve de diciembre de dos mil veintiuno se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual se celebró, en sus fases de pruebas y alegatos, como consta en el acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que los actos reclamados versan sobre la materia laboral y tienen ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, toda vez que el acto de ejecución tiene lugar en esta localidad. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, informe justificado y constancias remitidas como justificación del mismo, se advierte que la parte quejosa reclama: A la Junta de Arbitraje para los Empelados al servicio de los Poderes del Estado. La dilación procesal en el trámite del juicio laboral relativo al expediente 209/2019, del índice de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio del Estado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta de Arbitraje para los Empelados al Servicio de los Poderes del Estado. Lo anterior, no obstante que esa autoridad refirió que lo acepta parcialmente, pues de las manifestaciones que vierte y de las constancias que adjuntó se aprecia que hasta el doce de noviembre emitió el auto de calificación de pruebas. Orienta a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Registro: 211004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, Materia Común, visible en la página 391, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Sustenta lo anterior, la tesis emitida en la Séptima Época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 91-96 Tercera Parte, página 7, que dispone lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." CUARTO. Causales de improcedencia. Previo estudio de las cuestiones de fondo expuestas por la parte quejosa, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al análisis oficioso de la procedencia del juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna hará imposible el pronunciamiento de la litis planteada. En el presente caso, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." Del citado dispositivo se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, es decir, si aquéllos quedaron revocados o destruidos. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para actualizar el motivo de improcedencia en cuestión es insuficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya los efectos de aquél en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación constitucional, con los efectos que tendría conceder el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o si la irrumpió, con la cesación no hubiere dejado huella. El criterio anterior está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." La cesación de efectos se actualiza por dos hipótesis, a saber: a) por revocación, y b) por sustitución. La primera se surte cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica; en tanto que la segunda, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incida en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Las anteriores consideraciones derivan de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso particular, como se precisó la parte quejosa señala como acto reclamado la dilación procesal en la tramitación del expediente laboral 209/2019. Como antecedente de lo anterior, se tiene que por acuerdo de doce de julio de dos mil diecinueve la autoridad responsable admitió a trámite la demanda presentada por la quejosa, y ordenó el emplazamiento del ayuntamiento demandado (foja 18) Posteriormente, una vez que fue emplazada la parte demandada, por auto de veinte de enero de dos mil veinte, se tuvo al ayuntamiento demandado dando contestación a la demanda instaurada en su contra, y se ordenó turnar el expediente auxiliar para el dictado del auto de calificación de pruebas, siendo ésta la última actuación con fecha anterior a la presentación de la demanda (diez de noviembre de dos mil veintiuno). Ahora bien, de las constancias que acompañó la autoridad responsable, se advierte que el doce de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable emitió el auto de calificación de pruebas, y señaló fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, en virtud de que se reanudó el procedimiento, al haberse suspendido los plazos y términos procesales; y reiniciándose los mismos en su totalidad a partir del seis de septiembre de dos mil veintiuno. De lo narrado se hace evidente que cesaron jurídicamente en sus efectos la omisión reclamada por la parte quejosa a la autoridad responsable, toda vez que, emitió el auto de calificación de pruebas el doce de noviembre de dos mil veintiuno, fecha posterior a la presentación de la demanda, con lo cual se dio continuidad al trámite en su siguiente etapa procesal al expediente laboral 209/2019. Por lo cual es que ya no subsiste la omisión reclamada; así, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se materializa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, debe sobreseerse de conformidad en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que, obste a lo anterior, que la quejosa hubiera señalado como acto la dilación procesal en la emisión del laudo, toda vez que, ello implicaría el análisis de una diversa etapa procedimental en la que se sitúa actualmente el procedimiento laboral. Es ilustrativa a lo anterior, por las razones que contiene la tesis CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, página 732de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. También apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 63, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se, RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ***. SEGUNDO. Dese cumplimiento al último considerando. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, incorpórese a los autos el oficio y anexo, signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; por el cual rinde su informe justificado. En términos del numeral 119 de la ley invocada, se le tiene ofreciendo como prueba documental de su parte, las copias certificadas que adjunta a su oficio, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza, y que será tomada en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Asimismo, se toma nota del correo electrónico que proporciona para los efectos legales conducentes. Con el informe de cuenta, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. En tanto que, con el fin de que transcurra el término de ocho días entre la vista con el informe justificado y la audiencia constitucional, como lo establece el precepto 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el diez de diciembre del año en curso y se fijan las TRECE HORAS VEINTICUATRO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración, vía remota. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de noviembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con el contenido del oficio SEADS/1093/2021, suscrito por el encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Titular de este Juzgado será el Juez Víctor Manuel Jaimes Morelos, lo que se comunica para los efectos legales a que haya lugar. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO". Notifíquese por lista electrónica.
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