Edna patricia Rangel Ortiz

Expediente 932/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
932/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • Edna patricia Rangel Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    agréguese el oficio número 5206/2021 que remite el Actuario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, y en atención a su solicitud, infórmesele que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, como lo solicita, envíese copia certificada de todo lo actuado y téngase por hechas las manifestaciones que en el mismo se contienen. Notifíquese.

  2. Principal

    De autos se advierte que mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la resolución de diez de noviembre de dos mil veinte en la que se desechó la demanda de amparo, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2019 de los Plenos de la suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente juicio de amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido en el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera: De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda de amparo. En el entendido que la referida regularización sólo comprende la valoración de este expediente, de ahí que el plazo de su destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió el auto de diez de noviembre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida ******************** contra actos del Juez Décimo Cuarto de Control y Oralidad del Primer Distrito Judicial del Estado y otras autoridades; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho proveído y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente ; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    Vista la demanda de cuenta promovida vía electrónica por ****, contra actos del Juez Décimo Cuarta de Control y Oralidad del Primer Distrito Judicial del Estado; anótese en el libro de gobierno y regístrese bajo el juicio de amparo que le corresponda. Ahora bien, previo a su admisión, este Juzgado Federal, procede a analizar la demanda de amparo para determinar su procedencia; y, El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable la desechará de plano." De ello se sigue que el suscrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resultan improcedentes. En la inteligencia que por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el suscrito se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la tesis jurisprudencial: I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: Ahora bien, el artículo 61, que contempla la procedencia del juicio de amparo, en su fracción XXIII, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Asimismo, los numerales 3 y 6 de dicha legislación federal, en lo conducente disponen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [...]" De los anteriores preceptos, se puede colegir que el juicio de amparo se rige, entre otros, por el principio de iniciativa o instancia de parte agraviada, esto es, a quien perjudica el acto o la ley que se reclame, que sin lugar a dudas exterioriza su voluntad a través de la firma autógrafa, firma electrónica, o huella dactilar estampada en la demanda de amparo, lo que constituye una formalidad indispensable para darle curso, así como para determinar la autenticidad de la propia demanda con sus consecuencias legales. También deriva en lo que interesa, que en el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito y que es optativo para la promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; que de elegir la última opción, se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, que es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Se establece que el Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. Por otro lado, los artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo, disponen: "Artículo 4. Toda persona física, incluyendo a los servidores públicos, que pretenda tener acceso a la FIREL deberá obtener el certificado digital respectivo, conforme a lo siguiente: a) El certificado digital sólo podrá ser solicitado y autorizado a personas físicas, con independencia de que éstas sean representantes de personas morales públicas o privadas; b) Tendrá una vigencia de tres años contados a partir del momento en que es autorizado; c) La solicitud se realizará a través del portal del Sistema Electrónico; d) El solicitante llenará un formulario con datos para su identificación, al cual deberá anexar digitalizados y visibles, en archivo electrónico, su identificación oficial (credencial para votar, pasaporte, credencial expedida por la Suprema Corte, por el Tribunal Electoral o por el Consejo con resello autorizado, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar), copia certificada del acta de nacimiento o, de la Carta de Naturalización o, del documento de identidad y viaje, así como su comprobante de domicilio; e) Enviada la solicitud para la obtención de un certificado digital de firma electrónica, previa revisión del formulario y la claridad de los anexos por el servidor público respectivo, el sistema de registro le entregará al solicitante un acuse de recibo que contenga el número de folio que le corresponda, así como fecha y hora para su presentación a la Unidad respectiva; f) Realizado lo anterior, el solicitante acudirá a las Unidades de atención establecidas por la Suprema Corte, el Tribunal Electoral o el Consejo, con el acuse de recibo señalado en el inciso anterior, así como con la documentación original que ingresó al sistema electrónico y proporcionará al servidor público designado por el área competente de los órganos del Poder Judicial de la Federación el número de folio del acuse mencionado y la dirección de correo electrónico proporcionada en la solicitud de la firma electrónica; g) El servidor público autorizado cotejará los archivos electrónicos de la documentación que obra en el sistema con la que le presenta físicamente el solicitante y, previo registro de los datos que requiera el lector biométrico con el que contará cada sitio de atención, en su caso, autorizará la emisión del respectivo certificado digital de firma electrónica; h) Otorgada la autorización mencionada en el inciso anterior, el sistema informático enviará un correo electrónico a la cuenta señalada por el solicitante, en el cual le indique que su firma electrónica certificada ha sido aprobada así como las indicaciones a seguir para la obtención del certificado digital correspondiente; i) La renovación deberá efectuarse dentro de los treinta días anteriores a la conclusión de su vigencia. Si en ese lapso no se renueva el certificado digital de firma electrónica correspondiente, éste caducará y el interesado deberá formular una nueva solicitud; j) La Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, por conducto de la Unidad de Certificación que resulte competente en términos de lo señalado en el artículo 8 del presente Acuerdo General Conjunto, revocará un certificado digital de firma electrónica cuando así lo solicite el interesado a través del mismo medio por el que lo obtuvo, por causa de su muerte o por una causa que encuentre sustento en una disposición general, y k) Una vez revocado no podrá ser utilizado, por lo que si el interesado requiere de otro certificado digital de firma electrónica tendrá que solicitarlo de nueva cuenta conforme al procedimiento establecido en el manual respectivo" Artículo 5. Todas las demandas, promociones, recursos y cualquier escrito u oficio que envíen las partes en un juicio de amparo o en un diverso juicio de la competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación deberán ir firmados mediante el uso de la FIREL. (.). Artículo 6. Las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto. En el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. Las personas que no promuevan por su propio derecho podrán actuar dentro de los asuntos respectivos mediante el uso del certificado digital de firma electrónica que les fue asignado, siempre y cuando, mediante proveído judicial dictado en el expediente respectivo, previamente se les haya reconocido capacidad procesal para tal fin. Cuando mediante resolución judicial se tenga por revocado el acto del que derive la capacidad procesal de las personas indicadas en el párrafo segundo de este Punto, el Sistema Electrónico no les permitirá ingresar con su certificado digital de firma electrónica al expediente electrónico respectivo." El primero de tales artículos transcritos, establece el procedimiento para la obtención de la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); el segundo y tercero señalan que las demandas, escritos, recursos o cualquier escrito deben ir firmados mediante el uso de la FIREL, y que las personas físicas legitimadas en términos de la legislación procesal aplicable, podrán utilizar la FIREL para promover, por su propio derecho, cualquier asunto y que en el caso de las personas morales públicas o privadas, el certificado digital de firma electrónica para promover dichos juicios deberá corresponder a la persona física que legalmente las represente. En el caso particular, del análisis de la demanda de amparo se observa que ésta se promovió en forma electrónica; asimismo, se advierte que quien se ostenta como promovente es ***, sin embargo, no contiene la firma electrónica. Por tanto, es claro que la demanda de marras no contiene la firma electrónica de la promovente del amparo y, por ello, no se colma el requisito de iniciativa o instancia de parte agraviada exigido para entablar el juicio de amparo. En esas condiciones al no contener la demanda la firma electrónica de la promovente de la demanda de cuenta, no se cumple con el presupuesto contenido en la fracción I del numeral 107 Constitucional que dispone que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, disposiciones que relacionadas con el artículo 5 de la Ley de Amparo, llevan a la convicción de que en el presente caso no puede considerarse ejercida la acción constitucional, por ser la firma una formalidad esencial, que denota la voluntad de quien ha sido afectado en su interés jurídico, pues este medio de defensa se rige por el principio de instancia de parte agraviada, lo que se traduce en ausencia de voluntad para accionar la vía constitucional. Asimismo, cabe mencionar que la parte quejosa no se encuentra en el caso de excepción prevista en la última parte del artículo 3 de la Ley de Amparo, esto es, que la demanda se promueva contra actos de los contenidos en el artículo 15 de dicha Ley. Consecuentemente al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de garantías que se analiza. De conformidad con el Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como la circular SECNO/7/2020, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del seis de mayo de dos mil veinte, el presente expediente se podrá integrar con los acuerdos y determinaciones firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, toda vez que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. En ese tenor, toda vez que constituye un hecho público y notorio que la Secretaría de Salud ha dispuesto para esta entidad federativa de Durango el Semáforo de Riesgo Epidemiológico en color "rojo" con motivo de la pandemia COVID-19, por lo que con el propósito de evitar poner en serio riesgo a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional a contraer dicho virus con motivo de notificaciones personales, de conformidad con el numeral 21 del propio Acuerdo General, esta determinación deberá notificarse únicamente por lista de acuerdos electrónica (internet), misma que adicionalmente deberá ser remitida a la Administración de este Edificio Sede para que la publique en un espacio de fácil acceso para quienes acuden sin contar con cita previa. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que le concede la ley y, toda vez que mediante proveído de nueve de julio del año en curso, dictado en el cuaderno de varios que se lleva en este órgano jurisdiccional, se acordó el pedimento 03/2020, presentado por la licenciada Francisca Vega Rodríguez en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, en el que se autorizó la consulta de los expedientes electrónicos en trámite, a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, así como la notificación vía electrónica. En tal virtud, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo del Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la notificación electrónica a la fiscal de mérito, con el usuario "***". Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que dicho funcionario practique la referida diligencia y las subsecuentes notificaciones personales que deriven del presente juicio, así como también para que lleve a cabo todas las gestiones necesarias para realizar las mismas. Por otro lado, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Por lo expuesto, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha la demanda de amparo promovida por Edna Patricia Rangel Ortiz. Notifíquese personalmente al promovente.

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