Edna Martinez Ramirez
Expediente 1125/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Edna Martinez Ramirez
Actuaciones
- Principal
Como del estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha FENECIÓ el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja en contra del proveído de quince de octubre pasado, en el que DESECHÓ la demanda de amparo promovida por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se desechó la demanda de amparo. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar de este Distrito Judicial. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16, constitucionales. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese en el libro de juicios de amparo, con el número III-1125/2019-L, y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número de expediente electrónico en mención. ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la quejoso reclama el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez responsable, en los autos del juicio ordinario familiar número 866/2019 de reconocimiento de paternidad de la menor Renata Sofía Cárdenas Martínez, seguido por Fernando Ángeles Mascote, contra Edna Martínez Ramírez, y el emplazamiento realizado por el actuario adscrito a dicho juzgado. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA De la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado reviste efectos de naturaleza intermedia dentro del procedimiento, que no le resulta de imposible reparación, por lo tanto, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con relación al 107, fracción V, del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este casos los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Ahora bien, de la demanda de garantías, se advierte que se reclama el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez responsable, en los autos del juicio de reconocimiento de paternidad juicio oral familiar 866/2019, seguido por -, contra -, en el cual se dio trámite se ordenó el emplazamiento. En tal virtud, el acto que reclama la parte quejosa en el presente juicio de garantías, no los deja sin defensa ni constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos intraprocesales dentro de la tramitación del contradictorio de origen en el que aún no se ha dictado sentencia, toda vez que no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de los quejosos que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que no se causa un gravamen de imposible reparación; existiendo por ende la posibilidad de que pueda obtener una sentencia favorable a sus intereses, y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama, y en caso contrario, tal acto es factible de impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que en su caso, pueda promover en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen. Apoya por identidad de razón, la jurisprudencia número 244, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Página 164 que al rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS".- Y, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia VI.2o.C.J/231, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1186, Tomo XVII, mayo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE". Así las cosas, cabe precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoció la existencia de principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación de paternidad. Estos principios son: a) No discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio; b) Verdad biológica; c) Incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas; y, d) Protección del interés del hijo; que consisten en lo siguiente: A) El principio de no discriminación. Este principio comprende de manera fundamental a los hijos, sin que quepa efectuar distinciones en cuanto a sus derechos según hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada el diez de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se estableció la equiparación de la filiación matrimonial y la extramatrimonial. Dicha fórmula está protegida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 17, inciso 5, de la siguiente manera: "Artículo 17. Protección a la familia" (...) "5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del mismo." La Primera Sala estimó que, en principio, sería discriminatorio que la acción de investigación de paternidad pudiera ejercerse únicamente por los hijos nacidos fuera del matrimonio, pues se estaría realizando una distinción entre las personas únicamente en razón a si nacieron dentro o fuera de un vínculo matrimonial. Lo mismo tendría que decirse respecto del reconocimiento de paternidad por la simple razón de que en el acta de nacimiento de la quejosa ya tiene un registro de una madre legal y, por tanto, se le considerara hija de matrimonio. Un obstáculo así de llano sería, sin lugar a dudas, violatorio del artículo 17 de la Convención Americana. B) El principio de verdad biológica. Dentro de un vínculo familiar es imprescindible que la persona sepa quién es, cuál es su nombre, cuál es su origen, quiénes son sus padres, a fin de ejercer su derecho a la identidad biológica. El artículo 7, inciso 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho del niño a conocer a sus padres en la medida de lo posible, y el artículo 8, inciso 1, dispone que los Estados se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. El artículo 8, en su inciso 2, establece que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad, los estados deberán prestar entonces la asistencia y protección apropiadas para restablecer con rapidez su identidad. Lo anterior significa que cuando la realidad de un vínculo biológico no se encuentra reflejada en el plano jurídico, debe reconocerse el derecho de la persona (sea mayor o menor de edad) a lograr el estado de familia que corresponde con su relación de sangre, y para ello, deberá contar con las acciones pertinentes tanto para destruir un emplazamiento que no coincide con dicho vínculo como para obtener el emplazamiento que logre la debida concordancia. En este sentido, debe enfatizarse que constituye un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible. La tendencia, es que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica. Dicha coincidencia no siempre es posible, bien por la propia realidad del supuesto de hecho o, porque el ordenamiento hace prevalecer en el caso concreto otros intereses que considera jurídicamente más relevantes. En el primer grupo de supuestos cabe mencionar a la filiación adoptiva, en la que, por definición, no existe el lazo biológico, o en las procreaciones asistidas por donación de gametos. En estos casos, es la propia legislación la que establece la filiación sin que exista el vínculo genético. El segundo grupo lo conforman, por ejemplo, algunas de las normas que se ocupan de la determinación extrajudicial de la filiación o que privilegian un estado de familia consolidado en el tiempo, dando preeminencia a la seguridad jurídica, la estabilidad de las relaciones familiares y el propio interés superior del menor por encima del vínculo biológico. Aun reconociendo la existencia de estos supuestos, la verdad biológica se erige como uno de los principios rectores en materia de filiación que alienta, a su vez, la libre investigación de la paternidad. La consideración de estos principios, conduce a una conclusión preliminar en el sentido de que la preservación de la estabilidad del matrimonio no puede ser un fin legítimo para la restricción de la actividad probatoria en un juicio de investigación de la paternidad. En otros términos, el interés jurídico protegido debe ser el hijo y su derecho a conocer a su padre, no así el vínculo entre los esposos. Incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas. Los efectos del establecimiento de una relación jurídica de filiación no se agotan en el conocimiento de los propios orígenes, sino que implica la adquisición de un cúmulo de derechos por parte del hijo (como es la determinación de los apellidos, derechos alimentarios y derechos sucesorios), así como la asunción de ciertas obligaciones por parte de los padres, por lo que la filiación debe considerarse como el centro de imputación de diversos derechos y deberes. Ahora bien, debe decirse que no en toda acción de investigación de paternidad se solicita un desplazamiento filiatorio. En ocasiones, la pretensión del actor se limita al conocimiento del nexo biológico sin que ello implique ni la nulidad del acta de nacimiento ni una modificación en su estado de familia. Otras veces, la pretensión del actor consiste justamente en el reconocimiento de paternidad que trae aparejados todos los derechos y obligaciones que conlleva la filiación (la determinación de los apellidos, derechos alimenticios y sucesorios, patria potestad, custodia, entre otros). Es decir, en este último supuesto no únicamente se pretende descubrir la filiación biológica sino establecer una filiación jurídica con el demandado. Dependerá, entonces, de las pretensiones del actor señaladas en su demanda, así como de la consecuente integración de la litis, que la sentencia definitiva impacte o no en el estado de familia del menor. En los casos en los que la pretensión del actor es establecer una nueva filiación jurídica, debe decirse que mientras que el propio ordenamiento no permita o reconozca la escisión y distinción de este cúmulo de relaciones jurídicas, la seguridad jurídica y el propio interés superior del menor exigen que sea uno solo el vínculo paterno-filial que les da origen. Así, la restricción hermenéutica consistente en que se impida la admisión de la prueba pericial en genética en un juicio de investigación de la paternidad, bajo el argumento de que previamente el menor debe destruir o dejar sin efectos una filiación matrimonial establecida extrajudicialmente, persigue un fin legítimo consistente en evitar la acumulación de estados de familia incompatibles entre sí. Sin embargo, la restricción no resulta idónea, ya que la relación entre el medio y el fin no atiende a la lógica de causalidad. Lo anterior es así ya que debe tenerse presente que la mera admisión de la probanza no se traduce automáticamente en el desplazamiento filiatorio. En efecto, la admisión de la demanda de reconocimiento de paternidad. De continuarse con el trámite no significará necesariamente que se modifique la filiación jurídica del niño o niña, pues dependerá de otros factores -como son la integración de la litis, el resto del caudal probatorio aportado durante el juicio y de manera preeminente, el interés superior del menor-, que deberán ser valorados por el juez atendiendo a las circunstancias particulares del caso, ejercicio cuyo resultado, además, se reflejará hasta el momento de dictar sentencia definitiva. Para ello, es necesario aludir a otro principio rector en materia de filiación, que constituye una proyección del mandato previsto en el artículo 4 de la constitución federal. Así las cosas, por lo que hace al interés superior del menor, cabe precisar que el principio de protección de interés del hijo, paradójicamente, conduce en ocasiones a prescindir de la verdad biológica. En otros términos, resulta enteramente posible que surjan colisiones entre el principio que privilegia el nexo biológico con aquel que resguarda el interés de la infancia, debiendo ceder el primero frente al segundo. En un caso específico, la determinación judicial de la filiación privilegie un estado de familia consolidado en el tiempo, dando preeminencia a la estabilidad de las relaciones familiares y el propio interés superior del menor por encima del vínculo biológico. Cualquier decisión, entonces, sobre el estado filiatorio de un niño o una niña, deberá tomar en cuenta las premisas fácticas que rodean el caso concreto y resolverse atendiendo siempre a lo que se estime que sea mejor para el menor. Sin embargo, este principio tampoco podría servir como justificación para impedir la admisión del juicio ordinario familiar número 866/2019, toda vez que -se insiste-, no es un acto de imposible reparación. Lo que sí podría acontecer es que el desahogo de la prueba ya generara un daño al menor, es decir, que el conocimiento del resultado de la prueba produjera un perjuicio en la construcción de su identidad. De ahí que el juez, deba analizar cuidadosamente si la comunicación del resultado al niño o niña armoniza con su interés superior. Para ello, en aras de resguardar la protección del interés de hijo, dependiendo de las circunstancias particulares y una vez ponderada cuidadosamente la situación familiar del menor, el juez podría dictar las medidas necesarias a fin de mantener el resultado de la prueba pericial en genética en sigilo respecto del niño o niña, hasta en tanto no se emitiera una resolución definitiva sobre su filiación, de ser el caso. De esta forma, el juzgador de estimarlo conveniente, ordenaría el sigilo mencionado a fin de resguardar la estabilidad emocional y familiar del niño o niña en cuestión hasta el dictado de la sentencia definitiva, a fin de impedir que la constatación del hecho biológico produzca al hijo más inconvenientes que los inevitables. De manera que este juzgador estima, desechar la demandad de amparo, pues debemos tener presente que la acción principal de donde deriva el acto aquí reclamado, denominado juicio de reconocimiento de paternidad, incide directamente en la acción de investigación de paternidad respecto del aquí quejoso. Ello, porque en el procedimiento natural, se ha puesto en tela de juicio la paternidad respecto de la menor, y por ello, se ha generado un estado de incertidumbre sobre ese tópico; de ahí que, de no desahogarse la prueba, se limitaría el derecho de éste a la identidad y traería como consecuencia su desprotección. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia, con número de registro 2007454, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, tomo I Septiembre de 2014, Materia Civil, a página 566, de rubro siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. NO ES OBSTÁCULO PARA SU ADMISIÓN EN UN JUICIO DE INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD QUE OBRE EN EL ACTA DE NACIMIENTO DEL ACTOR EL REGISTRO DE UN PADRE LEGAL (LEGISLACIONES CIVILES DE SINALOA Y EL ESTADO DE MÉXICO)". Robustece a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 1a. CXVI/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia Constitucional, a página 1034, de rubro siguiente: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS". Así, resulta claro que en el presente caso se surte la causa de improcedencia invocada, pues el acto que se reclama no tiene una ejecución de imposible reparación que afecte la esfera de la quejosa en sus derechos sustantivos consagrados como garantías por la Constitución. En otro aspecto, del diverso acto reclamado consistente en el emplazamiento que se realizó la actuaria adscrita al juzgado responsable a la quejosa Edna Martínez Ramírez, dentro del juicio ordinario familiar 866/2019, también deviene improcedente. Al actualizarse la causa prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la ley de Amparo. El artículo y fracción en comento disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativos o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número I. 4o. C. J/25, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en página trescientos sesenta y uno, tomo VI, segunda parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN". De igual forma, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en página mil ochocientos dieciséis, tomo XXIII, marzo de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que al rubro dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA". Ahora, respecto del acto que ante esta instancia se reclama, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte quejosa no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. En este contexto, se tiene que el artículo 758 del Código Familiar del Estado, prevé el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio civil, para combatir la notificación impugnada, con el que se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto nulificar lo actuado a partir de la notificación que se considere lesiona los intereses de los quejosos, con efectos similares a una revocación, respecto de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a la prevenida en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez de origen; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 172 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Por lo anterior, es inconcuso que la parte solicitante de la protección constitucional, al ser parte demandada en el juicio natural, debió agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudo haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretende. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que al rubro dispone: "RECURSOS ORDINARIOS". De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada consultable en el Tomo XIII, Febrero de 1994, página 307, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Sin que en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte promovente de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: 1. La determinación reclamada, no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2. Asimismo, no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del menor quejoso, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. La quejosa no tiene la calidad de tercero extraño, pues es la parte demandada en el juicio de origen. 4. No se trata de un auto de vinculación a proceso. Expuesto lo anterior, es claro que la promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado los medios ordinarios previstos por el Código Familiar para el Estado en tratándose de la nulidad de actuaciones a partir de una falta o indebida notificación, como lo alega la parte promovente. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia aludidas, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de garantías. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia, que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica, y por autorizado al profesionista que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, pues tienen debidamente registradas sus cedulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXVIII/2007, registro 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXVI, octubre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." Así como, el criterio V.2o.64 C, registro 194829, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 833, Tomo IX, Enero de 1999, Materia Civil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)." CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber a la quejosa que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes
- Edith Romero Rodriguez1169/2017
- Edmar Adrian Martinez1055/2022
- Edmigdio Gomez Huerta41/2018
- Edmundo Adrian Iturbide Mejia679/2017
- Edmundo Sistos Gonzalez1151/2022
- Edna Bucio Calderon23/2020
- Edson Jovany Esquivel Rodriguez417/2014
- Edson Rogelio Ayala Garcia616/2022
- Edson Rogelio Ayala Garcia617/2022
- Edson Rogelio Ayala Garcia858/2022
- Eduardo Aguilar Hernández901/2019
- Eduardo Aguilar Hernandez595/2021