EDNA LORENA CADENA ESTRADA y Otros.
Expediente 1130/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1130/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- EDNA LORENA CADENA ESTRADA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Ahora bien, en atención al escrito remitido por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza al usuario "*******", para el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarla, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, a veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de *********, Juez de Control adscrito al Juzgado de Procedo y Procedimiento Penal Oral del Décimo Segundo Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E., con el número de juicio 1130/2023. ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 1º, fracción I; 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, se admite a trámite la demanda. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Tramítese por separado cuaderno único del incidente de suspensión del acto reclamado. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado, dentro del plazo de QUINCE DÍAS y en el caso que los actos reclamados sean ciertos, deberá remitir a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlos. Además, si advierte la actualización de alguna hipótesis de improcedencia del presente juicio o que ocurran causas notorias de sobreseimiento deberá informarlo a este Juzgado, en términos de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley de Amparo. Al respecto, con fundamento en los artículos 117 y 260, fracción II, de la Ley aplicada, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de no rendir su informe justificado en los términos ya precisados, se le podrá sancionar con una multa por el valor de cien Unidades de Medida y Actualización, lo anterior en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija objetivamente, atendiendo a la carga de trabajo de este Juzgado y disponibilidad en la Agenda de Audiencias. TERCERO INTERESADO Asimismo, se observa que le asiste el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, a la víctima de identidad resguardada *******, representada por el Procurador Municipal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en Coatepec, Veracruz, quien deberá ser emplazada mediante oficio que al efecto se libre, con copia autorizada de la demanda de amparo. No obstante lo anterior, por cuanto hace a la persona o personas a quienes les asista el carácter de terceros interesados, resérvese proveer lo conducente, hasta en tanto se cuente con los informes justificados requeridos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Por otra parte, se faculta como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, debido a que si bien no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, lo cierto es que sí tiene su cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico que proporciona y el número de teléfono que indica, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Notifíquese la radicación del presente juicio a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante oficio, anexando copia simple de la demanda, de conformidad con el artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo y désele la intervención que legalmente le corresponde. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia constitucional, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a las autoridades para comunicarles acuerdos como el diferimiento de la audiencia constitucional, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se indica a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. EXHORTACIÓN A TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este expediente. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Incidental
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de lo establecido en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con lo ordenado en el proveído dictado en esta fecha en el juicio principal, con copia del escrito de demanda se da trámite al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1130/2023, promovido por **********, contra actos del *******, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Segundo Distrito Judicial de Coatepec, Veracruz. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138, 140, 163 y 166 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, anexándoles para tal efecto copia del escrito de demanda. Se apercibe a la autoridad responsable que la falta de informe en el plazo indicado no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, sino que además origina la imposición de una multa conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley aplicada. AUDIENCIA INCIDENTAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia incidental. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Para proveer sobre la medida cautelar, corresponde al juzgador de amparo fijar los efectos y condiciones de la suspensión que se solicita. Es aplicable, en lo conducente, la tesis de rubro y texto siguientes: "Registro No. 223497 Localización: Octava Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Febrero de 1991 Página: 130 Tesis: I. 4o. A. J/8 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa, Común SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRECISAR SU ALCANCE. En atención a la naturaleza jurídica de la suspensión definitiva que el Juez de Distrito otorga al quejoso, respecto de los actos reclamados atribuibles a las autoridades responsables, éstas, así como cualesquiera autoridad, están obligadas a respetarla, sin que estén facultadas para dejar insubsistente dicha medida cautelar mientras se encuentre vigente y corresponde al Juez de Distrito precisar su alcance, pues considerar lo contrario, a título de que se trata de actos nuevos, se prestaría a dejar en manos de la propias autoridades determinados efectos y alcances de la suspensión definitiva, lo que equivaldría a delegar indebidamente funciones constitucionales que están reservadas al Poder Judicial Federal y no a dichas autoridades, con lo que se desnaturalizan los efectos de la suspensión en el juicio de amparo." HIPÓTESIS NORMATIVA Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse. b) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa). c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme con los artículos invocados, el Juez de Distrito tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales atendiendo, además, a la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Así, para conceder la suspensión se requiere que los actos o resoluciones reclamados causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica de la solicitante de la medida y que con el otorgamiento de ésta no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien evitarle alguna desventaja o trastorno. En ese sentido, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. HECHOS De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintitrés dictada en el proceso penal número *********, en la cual se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el lapso de un año. Asimismo, se advierte que las quejosas se encuentran recluidas en el Centro de Reinserción Social número 1 de la Congregación Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz. También se observa que las quejosas solicitan la suspensión del acto reclamado para que se deje sin efectos la orden restrictiva de libertad reclamada. CONCLUSIÓN Para dar respuesta a la solicitud de suspensión formulada por las impetrantes de amparo, conviene citar el contenido de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 163. Cuando el amparo se pida contra actos que afecten la libertad personal dentro de un procedimiento del orden penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166 de esta Ley, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento." "Artículo 166. Cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad, dictadas por autoridad competente, se estará a lo siguiente: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación; II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión sólo será el establecido en la fracción I de este artículo. Si el quejoso incumple las medidas de aseguramiento o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En el caso de órdenes o medidas de protección impuestas en cualquiera de las etapas de un procedimiento penal se estará a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 128." Del análisis de tales preceptos se advierte que cuando el acto reclamado afecte la libertad personal dentro de un procedimiento de orden penal, la suspensión del acto reclamado tendrá como efecto: I. Que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, en cuanto hace a su libertad. II. Que quede a disposición de la autoridad responsable, para la continuación del procedimiento. De igual forma, disponen en forma expresa que cuando verse sobre una medida cautelar que implique privación de la libertad, la suspensión del acto reclamado producirá los efectos siguientes: a) Si el delito amerita prisión preventiva oficiosa, los efectos consistirán en que el quejoso quede a disposición del órgano de amparo en el lugar que éste señale, por lo que respecta a su libertad personal, y a disposición de la responsable para la continuación del procedimiento penal. b) Si el delito de que se trata no amerita prisión preventiva oficiosa, se otorgará la suspensión del acto reclamado para que no sea detenido el quejoso, para lo cual, será el propio órgano de amparo quien decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para que el imputado no evada la acción de la justicia y se presente al proceso para su continuación. c) Si ya se encuentra materialmente detenido, porque el juez responsable determinó la procedencia de la prisión preventiva, o el imputado esté siendo procesado, el efecto de la suspensión del acto reclamado será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo donde éste señale, por cuanto a su libertad personal, y a disposición de la autoridad para continuar el procedimiento penal, esto es, para los mismos efectos que el inciso a). En el caso particular, se estima que en el caso concreto, las justiciables se ubican en el supuesto enunciado bajo el inciso c), pues indicaron que el Juez de Control responsable les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada con motivo de la resolución que señala como acto reclamado y que actualmente se encuentran privadas de su libertad. Sin embargo, en el caso no es procedente otorgar la suspensión con efectos restitutorios, atento a las consideraciones siguientes: En principio, es importante destacar que en tratándose de actos privativos de la libertad, los parámetros para la suspensión en el juicio de amparo en materia penal están previstos taxativamente en los dispositivos transcritos, es decir, la Ley de Amparo es clara cuando establece cuáles serán los efectos de la suspensión para los actos reclamados que versen sobre privación de libertad. Respecto a las disposiciones generales de la suspensión del acto reclamado, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión procederá en los casos en que sea solicitada por la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 129 de la ley de la materia, de forma enunciativa y no limitativa, establece los casos en que no procede la concesión de la medida cautelar. Excepciones o salvedades que obedecen a la necesidad de privilegiar en todo momento el interés social y las disposiciones de orden público, por encima de los intereses de los particulares. Por lo tanto, la suspensión del acto reclamado a petición de parte, si bien constituye una regla general a efecto de salvaguardar la materia del juicio principal con la consumación del acto reclamado; lo cierto es que encuentra excepciones y salvedades, justificadas en razones de orden público e interés social, así como la salvaguarda de la seguridad e integridad de las personas y la ejecución de técnicas de investigación o medidas cautelares ordenadas por autoridad judicial. Ahora bien, la Primera Sala determinó en la contradicción de tesis 397/2016 que dio origen a la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2015310 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 50/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 483 Tipo: Jurisprudencia "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, demanda la existencia de una garantía eficaz de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de las garantías principales de estos derechos. La suspensión del acto reclamado, como medida cautelar, es un instrumento para garantizar la eficacia del juicio de amparo, porque conserva su materia y evita daños irreparables o difícilmente reparables a los derechos del quejoso. Ahora bien, la segunda parte de la sección tercera, del capítulo I, del título II, de la Ley de Amparo, sobre la suspensión en materia penal, establece un conjunto de normas relativas a la medida cautelar de clases específicas de actos que, por su recurrencia e incidencia en la libertad personal, el legislador consideró necesario regular de manera especial. Sin embargo, esto no implica que los actos en materia penal distintos de los expresamente regulados en ese apartado, no sean susceptibles de suspenderse, ya que en estos casos también debe garantizarse el derecho fundamental a un recurso efectivo. En consecuencia, para decidir sobre la suspensión en estos casos, deben aplicarse las disposiciones sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte ("reglas generales") de esa sección de la Ley de Amparo, que permiten, en principio, ponderar la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social." Que entre los instrumentos jurídicos con que se garantiza la efectividad del recurso se encuentran las medidas cautelares, como la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto. De ahí, su carácter instrumental en relación con la efectividad del juicio de amparo, como garantía jurisdiccional por antonomasia de los derechos humanos, pues de llegar a consumarse irreparablemente la violación a éstos durante el transcurso del juicio o causarse daños difícilmente reparables, el juicio de amparo sería un instrumento inútil para garantizar una tutela jurisdiccional efectiva. En este sentido, explicó, todo acto reclamable en juicio de amparo, es susceptible de ser suspendido, pues esta susceptibilidad deriva directamente del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, para determinar si un acto reclamado específico debe o no ser suspendido, además de que su naturaleza lo permita, debe hacerse una ponderación entre distintos elementos, como la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la afectación al interés social. Respecto a la suspensión del acto reclamado en materia penal, prosiguió el Máximo Tribunal, debe considerarse la segunda parte, de la sección III, del título segundo de la Ley de Amparo; que contiene, entre otras cosas, las reglas que aplicará el juez que reciba la demanda; y los efectos específicos de la suspensión en los siguientes actos: ? Se trate de una orden de deportación, expulsión o extradición; ? El traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro; ? Una orden de privación de la libertad o prohibición de abandonar una demarcación geográfica; ? Se afecte la libertad personal dentro de un procedimiento penal; ? Se afecte la libertad del quejoso y esté a disposición del ministerio público; ? Y cuando se trate de orden de aprehensión o reaprehensión o de medida cautelar que implique privación de la libertad. Además, que se determina en qué casos podrá ser revocada la libertad otorgada con motivo de una resolución suspensional; qué se tomará en cuenta para fijar el monto de la garantía; y los casos en que el órgano jurisdiccional de amparo, podrá hacer comparecer a la autoridad responsable. Sobre la persistencia de los principios de cada apartado en los asuntos de materia penal, la Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 397/2016, determinó que: ?Derivado del derecho a un recurso efectivo, esos actos deben considerarse, en principio, susceptibles de suspensión, pues también en estos casos podría quedar el juicio sin materia y el quejoso resentir daños a sus derechos de difícil o imposible reparación. ?Del proceso legislativo se advierte que la finalidad de establecer un epígrafe especial para la materia penal, no fue excluir de la suspensión a los actos reclamados en materia penal que no estuvieran expresamente contemplados en la misma, sino una diversa; a saber, dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en materia penal que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, sin que esto implique, en modo alguno, que los actos reclamables en materia penal se limitan a los allí previstos, ya que existe una cantidad indeterminada de actos reclamables en materia penal que no están regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. ?De una lectura sistemática del capítulo de la suspensión del acto reclamado, se advierte que no existe norma alguna que prohíba o excluya que los actos en materia penal, distintos de los expresamente regulados en la sección especial, sean susceptibles de suspensión. ?Pero no sólo no existe esa prohibición, sino que, incluso, el propio artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, inmerso en el apartado relativo a la suspensión en materia penal, remite expresamente a las disposiciones generales sobre la suspensión, en concreto, al penúltimo párrafo del artículo 128 de la ley de la materia, para proveer sobre la suspensión de órdenes o medidas de protección dictadas durante el procedimiento penal; lo que evidencia, sin lugar a dudas, que el propio legislador admite la posibilidad que algunos actos en materia penal puedan ser analizados, para efectos de la suspensión, en términos de la parte general de la sección respectiva. ?Por ende, los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, cuando establecen que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público; admiten una lectura según la cual deben ser aplicables para decidir sobre la suspensión de cualquier acto reclamado en materia penal que no esté expresamente regulado mediante alguna norma del apartado especial, a fin de garantizar, también en estos casos, la vigencia del derecho a un recurso efectivo. ?Con base en lo anterior, se concluyó que las normas establecidas en el apartado relativo a la suspensión en materia penal son aplicables a los actos que de forma expresa ahí se establecen, porque tales disposiciones obedecen a circunstancias específicas, valoradas a priori por el legislador ordinario y que consideró especialmente relevantes para darles una solución específica. ? Sin embargo, esto no implica, en modo alguno, que los actos reclamados en materia penal, distintos de los expresamente establecidos en el apartado precisado, no sean susceptibles de suspenderse, sino únicamente que el legislador no los incluyó en la clase de actos que merecían una regulación especial. Es decir, cualquier acto en materia penal que no esté expresamente contemplado en el apartado especial de la Ley de Amparo, debe ser analizado, para efectos de la suspensión, con base en las normas de la parte general que regulan la suspensión del acto reclamado. ?Pensar lo contrario implicaría el establecimiento de una prohibición implícita que restringiría, sin justificación, el derecho fundamental a un recurso efectivo, lo que sería incompatible con el espíritu protector del juicio de amparo y violatorio del principio pro persona establecido en el artículo 1 constitucional, que ordena procurar la solución más favorable al derecho humano en cuestión. ?Por tanto, los actos reclamados en materia penal distintos de los expresamente regulados por la segunda parte, de la sección III, del capítulo I, del título segundo de la Ley de Amparo, correspondiente a la suspensión en materia penal, son susceptibles de ser suspendidos en términos de las disposiciones generales sobre la suspensión del acto reclamado, previstas en la primera parte de esa sección. Conforme a lo anterior, cuando el acto reclamado no se encuentre dentro de los actos penales que expresamente están regulados en esta segunda parte de la suspensión de la Ley de Amparo; procede aplicar la parte general, debe verificarse si se cumplen los requisitos para concederla o negarla, es decir: (i) la petición de parte; (ii) la existencia del acto reclamado; (iii) la naturaleza del acto reclamado; (iv) afectación al interés jurídico o legítimo; y (v) la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. En esa medida, al haberse reclamado un acto dentro de procedimiento penal que afecta la libertad personal del quejoso (prisión preventiva justificada impuesta como medida cautelar), el juez de Distrito debe ajustar su proceder al contenido de los numerales 163 y 166, de la ley de la materia, los cuales disponen que la suspensión producirá el efecto que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional que conozca del amparo, solo en lo que se refiere a dicha libertad, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, para la continuación del procedimiento. Ello, porque en el caso estamos en presencia de un acto que se rige por las reglas específicas que en materia penal prevé la Ley de Amparo. Es decir, no establece que el efecto restitutorio de la suspensión sea imponer diversas medidas cautelares con el fin de poner en libertad al solicitante del amparo, ya que la Ley de Amparo es clara en establecer los efectos cuando el amparo se solicita en contra de actos que afecten la libertad dentro de un procedimiento del orden penal. Es decir, en el caso, el efecto de la suspensión se encuentra previsto de forma específica en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo [parte especial en materia penal], por lo que no es dable aplicar las normas de la parte general [la libertad del quejoso como efecto restitutorio], conforme con lo expuesto en la jurisprudencia 1a./J. 50/2017 (10a.), ya transcrita. No se inadvierte la contradicción de tesis 442/2016 de la que emanó la jurisprudencia 15/2018, de rubro: "SUSPENSIÓN EN MATERIA PENAL. ES POSIBLE QUE TENGA EFECTOS RESTITUTORIOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LA CITACIÓN PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA INICIAL DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN O RESPECTO A LA NEGATIVA DE DESAHOGAR PRUEBAS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA", en la que la Primera Sala estableció que la Ley de Amparo no hizo excepción a si la suspensión en materia penal (en su parte general o especial) podía tener efectos restitutorios. Sin embargo, se estima respetuosamente que la jurisprudencia 50/2017 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente citada, interpretada a contrario sensu, es la que resuelve el tema en el sentido que la suspensión de los actos precisados en el artículo 166 de la Ley de Amparo, como ocurre con la medida cautelar de prisión preventiva justificada, se rige por ese apartado especial y no por el general de la Ley de Amparo, por lo que hay que estar a los efectos específicos que señala la ley de la materia. Máxime que en la contradicción de tesis 442/2016 se analizaron actos cuyas reglas para conceder la suspensión, no están en la parte especial de la materia penal. Tampoco se soslaya el contenido de la acción de inconstitucionalidad 62/2016, que estableció que el párrafo tercero del artículo 128 de la Ley de Amparo constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo pero pueden existir excepciones, y compete al juzgador de amparo analizar cada caso para determinar si, en lo que interesa, alguna medida cautelar puede o no ser suspendida. No obstante, nuevamente se considera que las excepciones que se contienen en el artículo 166 de la Ley de Amparo respecto de la suspensión en materia penal, tuvo como finalidad dar un tratamiento unitario a las clases de actos reclamados más recurrentes en esta materia que -en general- pudieran incidir directa o indirectamente en la libertad personal, es decir, el efecto suspensional ya está regulados específicamente por el apartado respectivo de la Ley de Amparo y que, sin embargo, como cualquier otro acto, son susceptibles de generar los efectos que pretenden evitarse mediante la suspensión: dejar sin materia el juicio y causar daños irreparables o difícilmente reparables. Y si bien en la acción de inconstitucionalidad referida, se dijo que podían existir excepciones a la regla general que estipula, entre otras, el artículo 166 de la Ley de Amparo, debe ser bajo un análisis muy riguroso, tomando en cuenta además, que tratándose de una medida que incidiera en la medida cautelar, esta podría no referirse directamente a ella, lo que en el caso no acontece. Cabe señalar que en otras ocasiones el suscrito ha resuelto sobre peticiones similares en distinto sentido, sin embargo, una nueva reflexión conlleva a considerar que debe respetarse el criterio contenido en la jurisprudencia 50/2017 de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA DECIDIR SOBRE LA SUSPENSIÓN DE ACTOS RECLAMADOS NO PREVISTOS EN LA PARTE ESPECIAL DE LA LEY DE AMPARO ("EN MATERIA PENAL"), DEBEN APLICARSE LAS NORMAS DE LA PARTE GENERAL, QUE PERMITEN PONDERAR LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, EL PELIGRO EN LA DEMORA Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL.", pues es esta la que aborda el caso concreto. No obstante lo anterior, procede CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL a *******, para el efecto establecido en el artículo 166 de la Ley de Amparo; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal ******* que se les instruye, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades de la Jueza responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad. La suspensión que se otorga surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva respecto de la suspensión definitiva y sin necesidad que la parte quejosa otorgue garantía alguna, con motivo de los efectos para los cuales se concede. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Se requiere a la autoridad responsable para que informe en el término de tres días sobre el cumplimiento que dé a la concesión de la suspensión, apercibida que en caso de no cumplir, se puede actualizar la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERO INTERESADA Notifíquese la presente determinación a la parte tercero interesada, para los efectos legales procedentes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, ubicado en esta ciudad. Por otra parte, se faculta como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, debido a que si bien no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, lo cierto es que sí tiene su cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO" DATOS DE CONTACTO Se toman como datos de contacto el correo electrónico que proporciona y el número de teléfono que indica, para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL JUICIO EN LINEA Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo cual deberán informar a este Juzgado mediante escrito en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Lo anterior, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo. En ese orden, resulta suficiente que los acuerdos que no deban notificarse obligadamente de manera personal conforme al artículo invocado, se publiquen en la lista de acuerdos del órgano jurisdiccional, tal es el caso, por ejemplo, del diferimiento de la audiencia incidental, el cual no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí, que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado. Similar razonamiento se hace en torno a las partes a quienes se notifica mediante oficio, pues ésta forma de notificación se equipara a la que de manera personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del incidente, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario librar oficio a la autoridad para comunicarle acuerdos como el diferimiento de la audiencia incidental, ya que la nueva fecha que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Derivado de lo anterior, hágase saber a las partes que en caso que se difiera la audiencia incidental, la notificación de dichos autos se realizará únicamente a través de lista de acuerdos, la cual, como se dijo, puede ser consultada a través de la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal, o bien, en los estrados de este juzgado. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, signifíquese a las autoridades responsables que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente incidente de suspensión, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con relación a la expedición de copias del presente proveído, dígase a las partes que se encuentran en aptitud de consultarlo y descargarlo a través del expediente electrónico, ya que al incluir la evidencia criptográfica se consideran como copias certificadas electrónicamente, en términos de lo establecido en los artículos 22, párrafo segundo y 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo Y para quienes no tengan autorizado el juicio en línea, se encuentran en aptitud de generar un usuario en la página: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, hecho lo anterior, solicitar el acceso al expediente electrónico de este juicio, proporcionando el nombre del usuario respectivo, para acceder a las actuaciones del expediente electrónico y obtener las copias que requiera a través de dicho Sistema. No obstante, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a la parte que lo solicite copia certificada de este proveído. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo y el diverso 22 del Acuerdo General 12/2022 antes invocado, digitalícense las promociones que se reciban en forma física en la oficialía de partes de este Juzgado, para su integración al expediente electrónico de este juicio. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · 5,349 expedientes
- Edgar Romero Rodriguez941/2018
- Edgar Ulises Ramirez Alvarez240/2020
- Edgar Xavier González Juan705/2021
- Edilia Ortiz Domínguez542/2018
- Edith Villareal Leal550/2023
- Edith Viveros Hernández629/2018
- Ednita Rosario Nambo Arano675/2020
- Edson Landa López374/2022
- Edson Rafael Aparicio Rosas y Otros.981/2014
- Eduardo Abud Ramos201/2020
- Eduardo Antonio Hernández Monfil517/2023
- Eduardo Aranda Delgado797/2023