Edna Carolina Montoya Gaxiola

Expediente 1201/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1201/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Edna Carolina Montoya Gaxiola

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que remite el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual remite copia certificada del testimonio autorizado de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativo 117/2021; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 1201/2019- 7A, promovido por ******; acúsese de recibo al estilo correspondiente a la Superioridad. Ahora bien, por lo que hace a la materia de revisión se resolvió: ... Agréguese el cuaderno de antecedentes que quedó en su lugar, con excepción de las fotocopias obtenidas para abrir dicho cuadernillo, a fin de no engrosar excesivamente el presente expediente, de conformidad con el principio de economía procesal. ... NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a los autos el oficio que remite el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo de los autos del juicio de amparo 1201/2019-7A del índice de este órgano jurisdiccional, formándose el expediente de amparo en revisión 117/2021. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que se encuentran debidamente integrados, toda vez que las partes han sido notificados de la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en el juicio de amparo en que se actúa, así como del auto por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por ********, en su carácter de autorizado de la parte quejosa. Ahora, en aras de efectivamente tutelar los derechos fundamentales de la parte recurrente del acceso a una justicia pronta y expedita, consagrada en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, y en congruencia a lo ordenado en proveído de uno de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, así como el recurso de mérito al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en turno, a efecto de que se substancie dicho medio de impugnación. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Notifíquese.

  4. Incidental

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Como está ordenado en el expediente principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 138, 139 y 140, de la Ley de Amparo, con dos copias simples de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, tramítese por duplicado el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 1201/2019-7A, promovido por ********************, contra actos de las siguientes autoridades: Congreso del Estado de Baja California. Gobernador de Baja California. SE NIEGA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en: El Decreto 7, mediante el cual se reforman los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del título Quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; y El Decreto 10, mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en específico los artículos 1, 2, 3, fracción XI, 5, 6, fracción VIII, 9, fracción III, 14, fracciones III y XIII, 28, 29, 30, así como los artículos transitorios, primero, segundo, tercero, sexto, octavo y décimo. En relación con lo anterior, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada, pues los citados actos, al haber sido emitidos, adquirieron la naturaleza jurídica de consumados, contra los cuales resulta improcedente conceder la suspensión solicitada, ya que de concederse equivaldría a darles efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio en lo principal. Por lo que respecta a los efectos y consecuencias de los actos reclamados relativos al Decreto 7, mediante el cual se reforman los artículos 18, 22, 27, 40, 42, 49, 69, 70, 71, 72, 80, 93, 94, 110, así como la modificación del título Quinto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que la parte quejosa no acredita ubicarse en las hipótesis contenidas en los artículos citados, es decir, no acredita en el caso concreto que son sujetos de su aplicación. En efecto, basta con la simple lectura de dichos artículos para advertir lo siguiente: Como puede advertirse del citado análisis de dichos preceptos impugnados, no se advierte que la parte quejosa se encuentre en alguna de dichas hipótesis, puesto del anexo acompañado a su escrito de demanda se advierte que ostenta actualmente el puesto de policía, sin que hubiera una diversa prueba con la cual se acreditara lo contrario. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado a efecto de que no sea separado, ni removido de su cargo; sin embargo, como se constató ninguna de los citados artículos hace referencia con relación a algún procedimiento de separación o cargo de los elementos policiales, con relación a los efectos por los cuales solicita la medida cautelar. Por lo que respecta a los efectos y consecuencias del Decreto 10 mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, en específico los artículos 1, 2, 3, fracción XI, 5, 6, fracción VIII, 9, fracción III, 14, fracciones III y XIII, 28, 29, 30, así como los artículos transitorios, primero, segundo, tercero, sexto, octavo y décimo, se niega la suspensión provisional, toda vez que de concederse se contravendrían disposiciones de orden público e interés social. En efecto, basta con la lectura del artículo primero impugnado para advertir dicha circunstancia, pues nos hace referencia que dicha Ley Orgánica, es de orden público e interés social, así como indica que tiene por objeto establecer las disposiciones normativas sobre la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones del a Fiscalía general del Estado de Baja California. Por ende, en el caso concreto no se reúne el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 128, fracción II, en relación con el artículo 129, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que, la suspensión provisional sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. Ahora, el orden público y el interés social, han sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto debiendo tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo de una comunidad, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretenden evitar con esta institución. Por su parte, la fracción II del artículo 128, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, en la parte que interesa, lo siguiente: Asimismo, el artículo 129 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece, lo siguiente: En efecto, el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno; de igual forma, como disposiciones de orden público deben entenderse aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. Para una mayor comprensión del asunto en cuestión, es preciso transcribir -en lo que aquí interesa- los artículos 21, 73 fracción XXIII, 115 fracción III inciso h) y VII y 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 1 del Decreto 10, mediante el cual se crea la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, a saber: De los numerales transcritos, se evidencia que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia, así como comprende la prevención, la investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley. Asimismo, la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. De igual forma, que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estarán sujetos a bases mínimas, como son: La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. Establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las Instituciones de Seguridad Pública. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones de Seguridad Pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. Asimismo, que los miembros de las instituciones policiales, así como la Guardia Nacional, se regirán por sus propias leyes. Por tanto, como se vio con antelación, las medidas adoptadas en el Decreto 10 impugnado por la parte quejosa, tiene la finalidad de cumplir con los objetivos de seguridad pública planteados en la Constitución, por lo que de acceder la concesión de la suspensión pretendida por la promovente, se estaría vulnerando el interés de la colectividad. Por las razones apuntadas, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, en virtud de que no se colman los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, concretamente su fracción II, pues las disposiciones impugnadas son de orden público e interés social, que están por encima de los intereses de los gobernados. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Y REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, con fundamento en el artículo 138, de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad señalada como responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de la legal notificación del presente proveído; con el apercibimiento, que en caso de no hacerlo en el plazo establecido se les aplicará una multa de conformidad al artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Hágase saber a las partes que la audiencia incidental tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Por otra parte, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que en el presente juicio únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificará por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dicha autoridad o por sus respectivos delegados o autorizados. DOMICILIO DE QUEJOSO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que señala, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que precisa. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este incidente de suspensión; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17, Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal.

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