Edna Acosta Pineda

Expediente 1130/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1130/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Edna Acosta Pineda
  • Juez Noveno de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Al tratarse de un asunto totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la protección constitucional, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo General. Por otra parte, el cuaderno original del incidente de suspensión el cual es depurable, según lo dispone el numeral 18 fracción I, inciso a), del acuerdo en cita, debiéndose conservar la determinación que concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados a la parte quejosa; en cuanto al duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. En diverso aspecto y toda vez que ha concluido el presente juicio constitucional, resulta innecesario conservar las copias certificadas que remitió el Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, con las que se formó un tomo de pruebas por separado relativas al expediente 281/2015, de su índice. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase el cuaderno probatorio referido a la autoridad responsable mencionada; y retírese la carátula de identificación que se formó con motivo del presente juicio de amparo. Finalmente, en conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la Oficina de Correspondencia Común que les presta servicio; se les comunica a las partes que a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/jkgt

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...

  3. Principal

    A las nueve horas del treinta de octubre de dos mil veinte, quien suscribe licenciado Héctor Hugo Fernández Tafoya, actuario adscrito al juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo dictado(s) en diecinueve de octubre de dos mil veinte, a la parte tercero interesado ********, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Tijuana, Baja California, diecinueve de octubre de dos mil veinte Vista la certificación de cuenta, se advierte que, como medida de contingencia ante el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó suspender las actividades ordinarias de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, del dieciocho de marzo hasta el dos de agosto de dos mil veinte. Por tanto, comuníquese a la totalidad de las partes que se reanudan los términos y plazos suspendidos en el juicio de amparo en que se actúa, con motivo de dicha medida de contingencia, cuyo cómputo se reiniciará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído. En consecuencia, se faculta al Actuario de este Juzgado para que, en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, notifique personalmente el presente proveído a la totalidad de las partes a fin de que se impongan de su contenido. En el entendido de que para llevar a cabo tales diligencias, podrá hacer uso de medios electrónicos, debiéndose recabar las constancias necesarias que permitan verificar la entrega a su destinatario. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las once horas con veinte minutos del treinta de diciembre de dos mil diecinueve, Alexis Manríquez Castro, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido de Claudia Lizette González González Secretaria con quien actúa, declara abierta la audiencia constitucional señalada para esta hora y fecha en el juicio de amparo 1130/2019-V, sin la comparecencia de las partes. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que obran en autos siendo éstas: a) escrito de demanda; b) constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; c) informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y pruebas documentales que obran en un tomo de pruebas por separado; y, d) constancia de emplazamiento a juicio realizada a la parte tercero interesada Banco Mercantil del Norte sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero Banorte. A lo que el Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias. Enseguida, el Juez declara abierto el periodo probatorio en el que se hace constar que la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, ofreció las documentales que obran en un tomo de pruebas que se formó por cuerda separada. A lo que el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia naturaleza las pruebas de referencia; con lo anterior, se cierra el periodo probatorio y se abre el de alegatos en el que se hace constar que las partes no realizaron manifestación alguna. A lo que el Juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se declara igualmente cerrado este periodo. Concluidas las etapas de referencia se levanta la presente acta para constancia, procediendo el Titular a dictar la resolución correspondiente. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1130/2019-V, promovido por Edna Acosta Pineda, por su propio derecho, contra actos del Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad y de otra autoridad. R E S U L T A N D O: Primero. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, Edna Acosta Pineda, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que a continuación se precisan: Autoridades responsables: Juez y Actuario adscritos al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad. Actos reclamados: ".a).- DEL JUEZ NOVENO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE TIJUANA, reclamo todas las actuaciones dentro del juicio especial hipotecario seguido en mi contra por este Juzgado, en el expediente 281/2015, por una ilegal notificación de emplazamiento del inicio del juicio y en especial el incumplimiento a la obligación que tienen de examinar escrupulosamente y bajo su más estricta responsabilidad si las citaciones o notificaciones dentro del juicio antes señalado fueron de manera legal, prevista en el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California. b).- Del ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL reclamo el ilegal emplazamiento del juicio especial hipotecario seguido ante el Juzgado NOVENO dentro del expediente 281/2015, por no cumplir con las formalidades previstas en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. Tercero. El seis de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 1130/2019-V; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal que en derecho le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó a la parte tercera interesada; y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: Primero. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, constitucionales; 1º, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda y su aclaración, se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: El emplazamiento realizado a la aquí quejosa Edna Acosta Pineda, en el juicio 281/2015, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil con residencia en esta ciudad; y, por consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento y su ejecución. Tercero. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez y Actuario adscritos al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Certeza que quedó corroborada con las documentales exhibidas por la Juez responsable, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio especial hipotecario 281/2015, de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia y, de oficio, este órgano jurisdiccional no advierte la actualización de alguna, por lo que se procede al análisis de los motivos de inconformidad respectivos. Quinto. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sexto. Son fundados y suficientes para conceder la protección constitucional, los motivos de disenso que esgrime el quejoso. En una porción de su motivo de inconformidad identificado como primero, la parte quejosa sostiene, en esencia, que la diligencia de emplazamiento contraviene el principio de legalidad, en virtud de que no reúne los requisitos previstos en el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California y, por ende, no tuvo conocimiento de la existencia del juicio seguido en su contra, lo que se tradujo en una violación a su derecho de audiencia; ello, ya que -refiere- en el citatorio no se asentó el órgano jurisdiccional que la emitió y los términos precisos del apercibimiento en caso de no atender el citatorio. Como se adelantó, los conceptos de violación son fundados ya que el emplazamiento al juicio natural de la aquí quejosa, no se realizó con las formalidades que para tal efecto establece el artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, en cuanto a que la Actuaria omitió fijar en el citatorio la diligencia a practicar, el órgano judicial que ordenó la diligencia a practicar, así como los términos precisos del apercibimiento, para el caso de que la interesada no atienda al citatorio. Para avalar la postura anterior, es oportuno reproducir el artículo citado en el párrafo que antecede, que regula la figura del emplazamiento, que es del tenor siguiente (énfasis añadido): "Artículo 117. En las notificaciones de emplazamiento, deberán cumplirse las siguientes reglas: I. El emplazamiento debe hacerse según los casos, a las personas que a continuación se indica: A). Si se tratare de personas físicas directamente a la parte a quien se va a emplazar, a menos de que carezcan de capacidad procesal, pues en este caso se hará el emplazamiento a su representante legal. Sólo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del Tribunal y la persona emplazada radique fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y el emplazado en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazado. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación. A petición del apoderado y según las circunstancias, el Juez podrá ampliar el término para contestar el emplazamiento hasta por treinta días más, si el apoderado necesitare recabar instrucciones de su mandante. B). Tratándose de personas morales, asociaciones, agrupaciones, instituciones o bien de dependencias o servicios de la Administración Pública, el emplazamiento se hará por conducto de las personas u órganos que las representen. Si los representantes fueren varios, el emplazamiento se tendrá por válido cuando se haga a cualquiera de ellos. Si la representación corresponde a una junta o colectividad, bastará que se haga a la persona que la ostente. II. El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, que deberá ser precisamente el lugar en que habita el emplazado, si es persona física, y si se trata de persona jurídica en el domicilio social, y en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios, salvo que se trate de establecimientos o sucursales, en que lo será el del lugar de tales establecimientos o sucursales, si cuentan con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por o con intervención de estos. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente en la diligencia los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; III. El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio, además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en las diligencias. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con las personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que se le recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare a hacerlo, se pondrá razón de la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Si se informare al notificador que el emplazado está ausente del lugar del juicio se hará constar esta circunstancia a efecto de que el juez determine lo que proceda. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; IV. Cuando la persona a quien deba emplazarse no radique en el lugar del juicio, pero sí dentro del mismo distrito judicial, se aplicará lo dispuesto por los Artículos 105 y 106 de este Código. Si se halla en otro partido distinto o fuera del Estado pero dentro de la República, y fuere conocido su domicilio, el emplazamiento se le hará por despacho o exhorto de acuerdo con la forma prevista en el Capítulo anterior. Si una vez despachado el exhorto sobreviniere un cambio de domicilio de la persona a quien se pretende emplazar, dentro de la jurisdicción del Juez requerido, éste se entenderá facultado para hacer el emplazamiento en el nuevo domicilio, sin necesidad de nuevo exhorto, bastando que así lo pida la parte interesada ante el Juez exhortado; V. Si la persona emplazada radica en el extranjero, el emplazamiento podrá hacérsele mediante carta rogatoria o exhorto, o por correo certificado con acuse de recibo, contándose en este último caso el emplazamiento como hecho a partir de la fecha en que se reciba en el Juzgado, de la Oficina de Correos, el acuse de recibo debidamente firmado por el interesado; En todos los casos de emplazamiento, los Jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que el emplazamiento se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este Artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado, y tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites, imponiendo una corrección disciplinaria al Actuario cuando aparezca responsable." Del numeral transcrito, en lo conducente, se advierte que el citatorio que preceda a la diligencia de emplazamiento, cuando en la primera búsqueda no se encuentre al demandado, debe contener los siguientes requisitos: Dejarse para hora fija y hábil del día siguiente (siguiendo las reglas de la lógica y tomando en cuenta las circunstancias manifestadas). El nombre de la persona a quien va dirigido. La diligencia a practicar. El órgano judicial que emite el acto a notificar. Los términos precisos del apercibimiento para el caso de que el interesado no acuda a la cita. Ahora bien, conviene destacar que los anteriores requisitos fueron incorporados al Código de Procedimientos Civiles de Baja California, mediante reforma publicada el diecinueve de octubre de dos mil siete, en el Periódico Oficial de la referida Entidad Federativa, y en la exposición de motivos se asentó lo siguiente: "En el caso de la fracción III, del artículo 117, ha existido una omisión en precisar el contenido del citatorio judicial, ya que no se establecen los requisitos que debe de contener, es de explorado derecho que el emplazamiento es el acto más importante del procedimiento, pues llamar a juicio a una persona es un acto trascendental del que dependen las garantías individuales de audiencia y defensa, y en él debe de sujetarse el mismo. Quedando a discreción del funcionario ejecutor los mismos, usualmente en cada juzgado tienen preformas que diseñan pero no hay expresamente en la ley definido su contenido, por lo que se hace imperativo adecuar ese vacío legal y adicionar esa fracción los requisitos de legalidad que son el órgano emisor, persona a quien se dirige, diligencia a realizarse, fundar y motivar la hora exacta en que se espera y precisar los términos del apercibiendo que se le hace de no atenderlo, esto con el interés de no provocar que se viole la garantía de audiencia del gobernado, además precisando que dicho citatorio debe de obrar copia del mismo en autos para mayor constancia." De lo anterior se desprende que la finalidad que tuvo el legislador, de incorporar los requisitos precitados, fue evitar que las formalidades que revisten el emplazamiento -el acto más importante del procedimiento- quedaran a discrecionalidad de los notificadores y, que por ello, resultaba indispensable subsanar ese vacío legislativo. Luego, atendiendo a que la finalidad de la inclusión de los citados requisitos deriva de la necesidad de salvaguardar los derechos humanos de audiencia y defensa del gobernado, es inconcuso que su cumplimiento debe generar convicción en el juzgador de que el interesado efectivamente tuvo conocimiento de la cita que fijó el Actuario. En ese sentido, para verificar si el citatorio cumple o no los elementos de mérito, es menester determinar si su contenido, en efecto, genera la convicción de que el interesado tuvo conocimiento cierto de la diligencia que se iba a practicar y las consecuencias de no acudir a ella. Ahora bien, para mayor claridad se transcribe la constancia del citatorio que precedió al emplazamiento de la demandada Edna Acosta Pineda, aquí quejosa, que es del tenor siguiente. "ASUNTO: CITATORIO EXPEDIENTE NÚMERO 281/2015 C. Edna Acosta Pineda DOMICILIO: Avenida Loma Alta 13,833, interior 35 del Condominio Privada Loma el Durazno, Fraccionamiento Costa Blanca, Sección Loma Blanca, de esta ciudad Sírvase Usted esperar el día veinticuatro de septiembre del año dos mil quince, a las veinte horas con cincuenta minutos, a la Suscrita Actuaria en el domicilio arriba citado con una identificación oficial para la práctica de una diligencia de carácter civil; apercibido (a) que de no esperar a la suscrita Actuaria en el día y hora antes indicado, el EMPLAZAMIENTO se entenderá con quien se encuentre presente aún sin su identificación oficial, en los términos del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. El presente citatorio queda en poder de: quien dijo llamarse Martín y habitar en el domicilio previamente indicado a las diecinueve horas y treinta minutos. Tijuana, Baja California a veintitrés de septiembre del año dos mil quince. ATENTAMENTE LA C. SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA LICENCIADA BRENDA SUSANA RAMÍREZ CASTAÑEDA (Firma ilegible)" "CITATORIO.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diecinueve horas con treinta minutos del día veintitrés de septiembre de dos mil quince, la Suscrita Secretaria Actuaria adscrita al Juzgado Noveno de Primera Instancia de lo Civil de este Partido Judicial, Licenciada BRENDA SUSANA RAMÍREZ CASTAÑEDA, hago constar que me constituyo física y legalmente en compañía de la C. Licenciada NIDIA ISAMARA MENDOZA VILLA, quien tiene el carácter de abogada procuradora de la parte actora y se identifica plenamente ante la suscrita fedataria con Credencial Federal de Elector, en el domicilio ubicado en Avenida Loma Alta, número 13,833 interior 35 del Condominio Privada Loma El Durazno, Fraccionamiento Cuesta Blanca, Sección Loma Blanca de esta Ciudad, en busca de los demandados MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ y EDNA ACOSTA PINEDA, lo anterior a efecto de dar cumplimiento en sus términos al auto de VEINTISÉIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL QUINCE en estrecha relación con el diverso de fecha CUATRO DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO.- Acto seguido y cerciorada la suscrita de ser el domicilio correcto por así indicármelo el nombre de la Avenida y Fraccionamiento en cuestión rotulados en varios señalamientos públicos colocados en las esquinas de dicha vialidad, por el nombre del condominio antes indicado igualmente visible en un señalamiento público colocado en su exterior, además del número interior 35 visible sobre el buzón metálico que se encuentra colocado fachada del inmueble en que actúo, en donde luego de llamar a la puerta soy atendida por quien únicamente dice llamarse MARTÍN y refiere habitar en dicho domicilio, ante quien me identifico como Secretaria Actuaria y a su vez se niega rotundamente a identificarse plenamente ante la suscrita, procediendo a recabar su media filiación: sexo masculino, de aproximadamente cuarenta y cuatro años de edad, tez clara, complexión delgada, estatura aproximada de 1.73 metros, rostro ovalado, ceja poblada, a quien le requiero por la presencia de los codemandados MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ y EDNA ACOSTA PINEDA, a lo que manifiesta que los antes requeridos efectivamente habitan en este domicilio, solo que en este momento no se encuentran presentes pues generalmente regresan un poco más tarde de sus trabajos, en tal virtud, procedo a dejarle citatorio a quien me atiende para que el codemandado MARTÍN CRUZ GONZÁLEZ me espere a en este domicilio a las VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, así como un diverso citatorio para que la codemandada EDNA ACOSTA PINEDA me espere en este lugar a las VEINTE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, lo anterior para la práctica de una diligencia de EMPLAZAMIENTO de carácter civil, apercibidos que de no hacerlo, dicha diligencia se entenderá con quien se encuentre presente.- Finalmente, hago entrega de los citatorios en comento a quien me atiende, mismo que los recibe de conformidad pero se niega a firmar para constancia pues argumenta que no es su deseo hacerlo, dando con ello por terminada la presente diligencia. DOY FE. LA C. SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA BAJA CALIFORNIA LICENCIADA BRENDA SUSANA RAMÍREZ CASTAÑEDA (Firma ilegible)" De la reproducción que antecede, se obtiene que a las diecinueve horas con treinta minutos del veintitrés de septiembre de dos mil quince, la actuaria adscrita al Juzgado Noveno de lo Civil, en diligencia de primera búsqueda se asentó que se constituyó en el domicilio identificado como avenida Loma Alta, número trece mil ochocientos treinta y tres, interior treinta y cinco del condominio Privada Loma El Durazno, fraccionamiento Cuesta Blanca, sección Loma Blanca, de esta ciudad, en busca de la demandada Edna Acosta Pineda; sin embargo, al no encontrarla, procedió a dejar citatorio para que la esperara a las veinte horas con cincuenta minutos del día siguiente. Como se anticipó, del citatorio no se advierte que la notificadora hubiera asentado el órgano judicial que emite el acto a notificar, pues si bien se asentó que lo practicaba la "SECRETARIA ACTUARIA ADSCRITA AL JUZGADO NOVENO DE LO CIVIL DEL PARTIDO JUDICIAL DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA", así como se estampó el sello del Juzgado Noveno de lo Civil, lo cierto es que ello se considera insuficiente para cumplir con el requisito en comento, en razón de que la fedataria podría estar actuando en auxilio de un diverso órgano jurisdiccional, de ahí que no genere certeza de que la demandada tenía pleno conocimiento de quien emitió dicho acto a notificar. Asimismo, aun cuando se apercibió al demandado que de no esperar en el día y hora señalados para la práctica de una diligencia de carácter civil, se entendería en los términos de ley, lo cierto es que no se establecieron los términos precisos del apercibimiento en caso de que la interesada no acudiera a la cita. Se afirma lo anterior, toda vez que los señalamientos que efectuó la fedataria en el sentido de ".apercibido (a) que de no esperar a la suscrita Actuaria en el día y hora antes indicado, el EMPLAZAMIENTO se entenderá con quien se encuentre presente aún sin su identificación oficial, en los términos del artículo 117 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Baja California", resulta insuficiente para colmar el requisito establecidos en el código procesal referido. En este orden de ideas, lo asentado por la fedataria judicial no es apto para generar certeza de que, efectivamente, la demandada Edna Acosta Pineda, -aquí quejosa- tuviera conocimiento de que el emplazamiento realizado por la Actuaria adscrita al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, fue ordenado por dicho órgano jurisdiccional, asimismo, que la debía esperar a las veinte horas con cincuenta minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil quince, en el domicilio ubicado en avenida Loma Alta, número trece mil ochocientos treinta y tres, interior treinta y cinco del condominio Privada Loma El Durazno, fraccionamiento Cuesta Blanca, sección Loma Blanca, de esta ciudad, para la práctica del emplazamiento a dicho juicio, y que en caso de no acudir a la cita programada se le emplazaría por medio de cédula por conducto de la persona que se encontrara en el domicilio. Lo anterior -se itera- porque, en materia civil pueden existir infinidad de diligencias y según sea el caso, la omisión de acudir a la cita del actuario también puede conducir a diversas consecuencias conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California; de ahí que sea indispensable -para salvaguardar los derechos de audiencia y defensa de los gobernados- que en el citatorio correspondiente, se precise además del órgano jurisdiccional que la práctica, la diligencia a practicar y las consecuencias de no acudir a la cita fijada por el fedatario, esto es, que contenga todos los datos a que se refiere el artículo 117, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis aplicables al caso, cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO. A FIN DE SALVAGUARDAR LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y DEFENSA DEL GOBERNADO, EL CITATORIO CORRESPONDIENTE DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. De dicho numeral se advierte que el citatorio que preceda a la diligencia de emplazamiento, cuando en la primera búsqueda no se encuentre al demandado, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Dejarse para hora fija y hábil del día siguiente (siguiendo las reglas de la lógica y tomando en cuenta las circunstancias manifestadas); b) El nombre de la persona a quien va dirigido; c) La diligencia a practicar; d) El órgano judicial que emite el acto a notificar; y, e) Los términos precisos del apercibimiento para el caso de que el interesado no acuda a la cita. Debe destacarse que los anteriores requisitos fueron incorporados al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, con la finalidad de subsanar el vacío legislativo y, tomando en consideración la trascendencia del acto de emplazamiento, evitar que fuera discrecional para la autoridad determinar qué elementos debían contener los referidos citatorios. Luego, en atención a que la finalidad de la inclusión de los requisitos aludidos deriva de la necesidad de salvaguardar las garantías de audiencia y defensa del gobernado, es inconcuso que su cumplimiento debe generar convicción en el juzgador de que el interesado efectivamente tuvo conocimiento de la cita que fijó el actuario. En ese sentido, para verificar si el citatorio cumple o no los elementos de mérito, es menester determinar si su contenido, en efecto, genera la certeza de que el interesado ciertamente conoció qué tipo de diligencia se iba a practicar y las consecuencias de no acudir a ésta." (Época: Décima; Registro: 2005492; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III; Materia(s): Constitucional, Civil; Tesis: XXVI.5o. (V Región) 9 C (10a.); Página: 2361). "EMPLAZAMIENTO. EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA PREVÉ, COMO REQUISITO DE VALIDEZ PARA LA PRIMERA NOTIFICACIÓN PERSONAL, ENTRE OTROS, QUE EN EL CITATORIO EL ACTUARIO ASIENTE EL APERCIBIMIENTO PRECISO PARA EL CASO DE QUE EL DEMANDADO NO LO ESPERE PUES, EN CASO CONTRARIO, SE LE DEJARÍA EN ESTADO DE INDEFENSIÓN. El citado precepto en su fracción III, dispone: "...Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente, y se fijará atendiendo a las reglas de la lógica, tomando en consideración las circunstancias que se hayan manifestado para garantizar que el interesado tenga conocimiento real y efectivo del citatorio; además en el citatorio se fijará la persona a quien va dirigido, la diligencia a practicar, órgano judicial que lo emite, y los términos precisos del apercibimiento, para el caso que el interesado no atienda el citatorio, debiendo integrar la copia del mismo y levantar la razón del citatorio al momento de la diligencia. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. ...". De dicho numeral se advierte que el citatorio que preceda a la diligencia de emplazamiento, cuando en la primera búsqueda no se encuentre al demandado, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Señalar a la persona a quien va dirigido; b) Precisar la diligencia a practicar; c) Indicar el órgano judicial que lo emite; d) Dejarse para hora hábil del día siguiente; e) Los términos precisos del apercibimiento, para el caso en que el interesado no atienda al citatorio; f) Integrar copia de éste; y, g) Levantar la razón del citatorio; luego, si como se ve, el aludido precepto prevé como requisito de validez para la primera notificación personal, entre otros, que en el propio citatorio el actuario asiente el apercibimiento preciso para el supuesto de que de no esperar al notificador aquélla se hará por cédula entendiéndose la diligencia de emplazamiento con la persona que estuviera en el domicilio; de ahí que no basta que se asiente en términos genéricos que de no esperar en la fecha y hora señaladas, la diligencia se practicará en términos de ley, con la anotación "de emplazamiento", ya que el hecho de que el legislador haya incluido como requisito del citatorio que se asentara el apercibimiento preciso para el caso de que el demandado no esperara al notificador, fue con la finalidad de que el gobernado tuviera conocimiento de que se le iba a emplazar a un juicio, con el carácter de demandado, así como que de no esperarlo se practicaría la diligencia mediante cédula, con la persona que se encontrara en el domicilio, para de este modo decidir si esperaba o no al actuario el día y hora hábiles determinados, teniendo así el demandado la información suficiente para saber el alcance del citatorio y las consecuencias de no atenderlo pues, en caso contrario, se deja al demandado en estado de indefensión." (Época: Décima; Registro: 2010557; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV; Materia(s): Civil; Tesis: XV.5o.10 C (10a.); Página: 3523) Por tanto, al haber resultado fundados los motivos de inconformidad alegados por la parte quejosa, lo procedente es conceder la protección constitucional que solicitó contra los actos del Actuaria adscrita al Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, consistente en el emplazamiento al juicio 281/2015, del índice del Juzgado Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, así como todo lo actuado en éste. Concesión que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos a la autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, al no reclamarse su actuar por vicios propios, sino como consecuencia del emplazamiento analizado. En virtud de lo anterior, resulta innecesario analizar el resto de los conceptos de violación aducidos por el quejoso, pues aun de resultar fundados no obtendría mayor beneficio al ya precisado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y dos, volumen 175-180, cuarta parte, Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 240348, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS." Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional se concede para los efectos siguientes: La autoridad responsable Juez Noveno de lo Civil, con residencia en esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio 281/2015, de su índice, únicamente por lo que hace a la quejosa Edna Acosta Pineda, a partir de la diligencia de su emplazamiento. En el entendido de que para ello deberá tomar todas las medidas necesarias para dejar sin efectos las consecuencias que derivaron del juicio natural por lo que hace a la quejosa. Por lo antes expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. La Justicia Federal ampara y protege a Edna Acosta Pineda, contra de los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando sexto y para los efectos precisados en el último considerando de ésta. Notifíquese.

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