Edmundo Tiro Moranchel

Expediente 508/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
508/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2023

Partes del expediente

  • Edmundo Tiro Moranchel

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se recibe y agrega:Oficio 16397/2023 signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Saltillo, Coahuila.Informa que por auto de doce de junio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo ***, se aceptó la competencia declinada y acusa recibo de los autos del juicio de amparo al rubro citado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el que se establecen las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se instituye que el presente asunto es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, fracción II, de referido Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se declinó competencia a diverso juzgado, y en su momento se destruirán las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el Capítulo Decimosegundo, artículo 34 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Documentos originales. Se advierte que no hay documentos originales; entonces, no ha lugar a dar vista a las partes.

  2. Principal

    Escrito de demanda firmada por ****, en favor de ***. Se ordena formar expediente físico, únicamente con las constancias presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escritos o solicitudes). La documentación recibida por vía electrónica (demandas, recursos, promociones etc.) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas), constará únicamente en el expediente electrónico, en términos de los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre siguiente, no así en el expediente impreso. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes, como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad del expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 15, 20, 37, 107, 109, 125, 126, y relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 508/2023 la demanda de amparo que promueve ****, en favor de ***, contra actos del Director del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila". Ahora, del análisis al escrito de demanda se advierte que la promovente de esta instancia constitucional señaló como acto reclamado, entre otros, aquellos de los prohibidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son: Tortura, Incomunicación, y Actos que importan peligro a la vida. Ahora, tomando en consideración que los actos reclamados consistentes en la tortura, incomunicación, y los actos que importan peligro a la vida, son consideradas como penas inusitadas y trascendentales, y por ende, prohibidas por el artículo 22 de la Constitución Federal de la República, de conformidad con los artículos 125, 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, de oficio se concede la SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cesen de inmediato. Se requiere a la autoridad responsable para que en un término no mayor de veinticuatro horas informe el cumplimiento dado a esta determinación (suspensión de plano), apercibida que si al hacerlo afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 247, fracción V, del Código Penal Federal, reformado el doce de noviembre de dos mil veintiuno. Comuníquese a la autoridad que a efecto de que esté en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento urgente hecho por esta autoridad, tiene a su disposición el número telefónico de guardia 2224593590 y el correo electrónico institucional 1jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I. 3o. A. J/7, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que en el término fijado en párrafos que anteceden, remita la constancia de donde se advierta que el quejoso ha tenido, en su caso, comunicación con sus familiares, abogado o persona alguna, debiendo tomar las medidas necesarias que estime pertinentes a efecto de salvaguardar la salud tanto de la solicitante de amparo como de sus visitantes, hecho bajo su más estricta responsabilidad, previniendo a las responsables que la violación de este mandato entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, según lo establece el numeral 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. (...)." Así también, hágase del conocimiento de las responsables que en el supuesto de no rendir el referido informe en el término fijado, se les impondrá multa de cien días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cien días de salario; lo anterior, con fundamento en el artículo 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la autoridad responsable también deberá proporcionar algún correo electrónico o número telefónico a efecto de entablar comunicación con motivo de la pronta tramitación e integración del presente asunto. A fin de dar una comunicación efectiva, en términos del artículo 126, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se ordena notificar de manera inmediata el contenido de esta resolución a la autoridad responsable. Ahora, toda vez que el directo quejoso está interno en Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila, C.P.25901, esto es fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, de conformidad con los artículos 3°, 116, párrafo segundo, 27, fracción I, de la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a aquélla, en términos de su numeral 2°, así como Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en Turno, para que en auxilio de la justicia federal ordene a quien corresponda: Notificar el oficio que se genere de esta determinación judicial a la autoridad responsable Director General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila. Notificar el presente auto al directo quejoso en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila. Dar fe de manera pormenorizada de su estado físico visible, así como de todas aquellas circunstancias transcendentes para la resolución del asunto y que se generen durante el desarrollo de la diligencia encomendada. Se faculta al fedatario adscrito al juzgado exhortante para que en caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir el oficio que se envía, deberá proceder en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, haciendo saber al encargado de la oficina que se tendrá por hecha la notificación si insiste en negarse a recibir y que en términos del artículo 245 de la ley citada, se le impondrá al encargado, como a la autoridad responsable, multa de mil días de salario, calculado conforme a la unidad de medida y actualización establecida en el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, actualizada conforme a la publicación del Diario Oficial de la Federación de diez de enero de dos mil veintitrés, con vigencia a partir de uno de febrero siguiente, el cual equivale a $103,740.00 (ciento tres mil setecientos cuarenta pesos), que es el resultado de multiplicar $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), por cien días de salario, todo lo cual el fedatario asentará razón en autos; además, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación con tales hechos, mismos que son constitutivos de delito. Se estima procedente el apercibimiento por el máximo de mil días a que se refiere el artículo 245, porque la notificación de este acuerdo es urgente al contener medidas cautelares de ejecución inmediata que tratan de salvaguardar los derechos fundamentales de la parte quejosa, de manera que cualquier obstaculización se estima gravemente dolosa, y por ende, sancionable con la máxima prevista en la ley. En otro orden de ideas, vista la petición de amparo que realiza la promovente ***, en favor del directo quejoso ***, por derecho propio, contra actos del Director General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila; se acuerda: Toda vez que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio está obligado el juez de Distrito, previo a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal, se analizará este. En ese entendido, estudiada la demanda se advierte que la promovente en favor del directo quejoso Edmundo Tiro Moranchel, señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Director General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila. ACTO RECLAMADO "1.- La tortura del interno de nombre *** por parte del personal del referido centro penitenciario. 2.- La incomunicación y comunicación adecuada con su defensa y el mundo exterior del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario. 3.- La falta de alimentación adecuada del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario. 4.- La falta de comunicación con familiares y el mundo exterior del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario. 5.- La omisión de asistencia médica adecuada del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario. 6. La negativa de ingreso a familiares, en particular a su hermana de nombre ***, del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario. 7.- Actos que importan peligro a la vida del interno de nombre *** en el referido centro penitenciario." (sic). Se aprecia que el directo quejoso está recluido en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila. En ese orden de ideas, se precisa que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. - - - Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. - - - Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal precepto se aprecia que es juez competente para conocer de un asunto: 1. Aquel en cuya Jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, será competente; y 3. Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, cuando ésta no requiera ejecución material. Así, el artículo 37 de la Ley de Amparo, determina de manera clara la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio, con base al lugar en el que el acto reclamado tendrá materialidad sin importar la naturaleza de éstos. Asimismo, se advierte que, en las hipótesis mencionadas, existe un elemento común entre ellas, dicho elemento lo es la acción de ejecución del acto que por vía se combate, toda vez que la competencia de un juez de Distrito para conocer de un juicio está determinada por el lugar en que tendrá verificativo la ejecución del acto reclamado en caso de que ésta exista de manera positiva, o bien, (de manera específica) si dicho acto no requiere de ejecución material, tal como lo contempla la última de las hipótesis, lo que en su caso acontece, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En el presente asunto, como antes se indicó, se advierte que el quejoso está recluido en el Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila; en tales condiciones, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda planteada, en virtud de que el acto reclamado se está ejecutando en Ramos Arizpe Coahuila, esto es, fuera de la circunscripción territorial donde este Órgano de Control Constitucional ejerce jurisdicción. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida en favor del directo quejoso ***, contra actos del Director General del Centro Penitenciario Federal 18 "CPS Coahuila", en carretera a Paredón Km. 16, Ex Hacienda de Mesillas, Ramos Arizpe Coahuila, y la declina en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, en Turno, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, se ordena remitir el original del escrito de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, para que por su conducto remita el presente juicio al órgano que por razón de turno corresponda, solicitando acuse de recibo. Una vez que el juez de Distrito a quien le corresponda conocer de la incompetencia planteada comunique la resolución recaída al respecto, archívese el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, en términos de la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, visible a página 1253, del rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Se hace del conocimiento de las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceras interesadas, que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en este juzgado de Distrito, misma que podrá ser consultada directamente por dichas autoridades o por sus respectivos delegados o autorizados. Por otra parte, como lo establece el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, y tomando en consideración dicho fenómeno, a fin de salvaguardar la integridad física del público en general y del personal de este juzgado de Distrito, se invita a las partes a que: Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, proporcionen a este juzgado los datos necesarios para que este juicio se tramite bajo la modalidad "en línea", lo que lo hará aún más ágil. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos, números de teléfonos celulares y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicación no procesal. Finalmente, se hace notar que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también está sujeto a las disposiciones contenidas en la referida Ley, y a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, esta última publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis enero de dos mil diecisiete; por lo tanto, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV, y V, 25, 31, y demás disposiciones aplicables al caso de dicha normativa; esto es, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sean materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos.

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