Edmundo Sosa López

Expediente 545/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
545/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • Edmundo Sosa López

Actuaciones

  1. Principal

    ...ha causado estado... archívese como concluido...

  2. Principal

    ...., requiérase vía correo electrónico al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", con residencia en Hermosillo, para que en el término de quince días, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, informe en qué etapa del procedimiento preoperatorio se encuentran o en su caso, si ya se realizó la cirugía al quejoso y remita copia certificada de las constancias que corroboren su dicho, es decir, de los estudios que se le hayan practicado y las valoraciones correspondientes; o bien, informe las medidas que decrete para tal efecto, debiendo en tal caso, comunicar a este Juzgado de todos los acuerdos u oficios que emita o reciba tendentes al cumplimiento del fallo. A fin de agilizar el procedimiento, comuníquese a la referida autoridad que podrá remitir la información solicitada vía telegrama, vía fax al número 01 2281410644 de este Juzgado, o bien, al correo electrónico institucional: 1jdo7cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que de no hacerlo y abstenerse de justificar tal circunstancia se impondrá a Guillermo Montoya de la Torre, Director General del citado penitenciario, una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 258 de la Ley de Amparo, misma que equivale a $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 moneda nacional), según el valor diario determinado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para la Unidad de Medida para el año de dos mil dieciocho. Lo anterior, sin perjuicio de que pueda remitirse el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  3. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE OCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de junio de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Miguel Ángel Ramírez Díaz, en su carácter de apoderado legal de Edmundo Sosa López -personalidad que acredita con el reconocimiento hecho por la autoridad laboral-, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 545/2018/II-B. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K , del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda que se analiza se advierte que el acto que en la especie se reclama se hace consistir en la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio laboral 502/VI/2017 del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, donde se declara incompetente para conocer del expediente en cuestión y ordena remitirlo al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, también residente en esta ciudad. Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 con los diversos 62 y 107 , fracción V, aplicada a contrario sensu, de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, que el juicio de amparo resulta improcedente cuando se promueve en contra de actos que no ocasionan daños a las personas o a las cosas, cuya reparación sea imposible. Cabe precisar que la irreparabilidad de un acto se hace consistir en que la afectación que se causa con la actuación de la autoridad trae consecuencias jurídicas que inciden de manera directa sobre alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la Constitución Federal a través de las garantías individuales, en el entendido de que dicha afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con la pronunciación de una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. Esto es, los actos de imposible reparación recaen en la infracción de los derechos sustantivos del gobernado, lo que no ocurre en la especie, ya que como ha quedado precisado el acto que se combate en esta vía consiste en la resolución de tres de mayo de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio laboral 502/VI/2017 del índice de la Junta señalada como responsable, mediante la cual se declaró incompetente para conocer del mismo, ordenando remitir dicho juicio laboral al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, acto que de ninguna manera causa una afectación directa a los derechos sustantivos de la parte promovente. Ello, en virtud de que la afectación que produce incurre únicamente sobre los denominados derechos adjetivos o procesales, que en la especie pueden ser modificados cuando el órgano a quien se le declinó la competencia, emita resolución o acuerdo en el que determine si la acepta o la rechaza, pues lo cierto es que la Litis, se ciñe a la cuestión de competencia, máxime que como se vio, incide únicamente en la esfera jurídica de las partes, cuando el órgano jurisdiccional a favor de quien se emite, la acepta o rechaza, y en el caso, no se observa haya sido así, aunado a que de la lectura integra de la demanda de garantías no se advierte que el Tribunal de que se trata haya emitido el auto correspondiente. En otras palabras, la resolución en el que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, declina su competencia en favor del Tribunal de Conciliación de referencia (como ocurre en el presente asunto) no constituye un acto definitivo ni de imposible reparación, sino que sólo lo será cuando la autoridad a la que se declaró competente, acepte o no el conocimiento de la misma, por lo que será su resolución, en caso de que proceda, la que le puede causar algún perjuicio. En razón de lo expuesto y con apoyo en el artículo 113, en relación con el diverso 107, fracción V, este último, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el precisado en el proemio de su demanda y como su autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Ramírez Aragón y Uriel Juventino Ramírez Aragón, toda vez que no tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe. ...

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