Edmundo Rojas Hernández
Expediente 710/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Edmundo Rojas Hernández
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio 6176/2021, firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, deducido del recurso de queja administrativa 148/2021, derivado juicio de amparo 710/2021-5, promovido por ***, por conducto de su representante legal ***, contra el auto de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, emitido por la Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria virtual de veintiuno de octubre del dos mil veintiuno, la cual en sus puntos resolutivos establece: "UNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, contra el proveído de dieciséis de junio del dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 710/2021. Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. Hágase saber lo anterior al promovente de amparo y realícense las anotaciones en el libro respectivo. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un desechamiento. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado de Vigésimo Noveno Circuito. En atención a su contenido, téngase al Tribunal de Alzada acusando de recibo los autos del juicio de amparo indirecto 710/2021-5; asimismo, informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, quedando registrado bajo el número de recurso 148/2021. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En atención a su contenido, téngasele desahogando la vista ordenada en proveído de veinte de abril actual, por lo que, realiza diversas manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en su atención, dígasele que las mismas serán tomadas en consideración al momento del estudio de dicho cumplimiento. Con lo antes manifestado gírese copia autorizada a la responsable para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés convenga en relación al escrito que se provee, apercibido que se no manifestar nada al respecto, s ele hará efectivo el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de junio del año en curso. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***, representante legal de **, contra actos de la Oficina Grandes Clientes y Gobierno, consistentes en el aviso de manera verbal de corte de suministro de energía eléctrica. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 710/2021-5, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar al justiciable el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Ahora bien, el acto reclamado que se precisa en el escrito de demanda es: Es decir, que consiste en el aviso de manera verbal de corte de suministro de energía eléctrica. Al escrito de demanda se anexó impresión de recibo expedido por la Comisión Federal de Electricidad a nombre del quejoso ***, mismo que se escanea para mejor comprensión del asunto. Precisado lo anterior, debe decirse que la presente demanda de amparo es notoria e indudablemente la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la misma legislación, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.) De los artículos citados, se desprende que el juicio de amparo, única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que con fundamento en una norma legal, dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar, el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que; por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro 2016656, de rubro y texto siguientes: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. Lo que permite concluir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares a excepción de aquellos actos que tengan efectos equivalentes a los de autoridad con los que se afecten los derechos de la parte quejosa y esas funciones están determinadas en la ley. Ahora bien, en el caso el acto reclamado lo constituye, se reitera, el aviso de manera verbal del corte de suministro de energía eléctrica. En ese sentido, lo que el quejoso reclama no es un acto de autoridad para efectos del amparo, debido a que tienen su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que los vínculos existentes entre el quejoso y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. De ahí que, no existe la relación de supra a subordinación, sino que el acto combatido es consecuencia de la misma relación contractual relativa al servicio de energía eléctrica, cuya relación entre los intervinientes es de coordinación. A mayor abundamiento, se tiene en cuenta lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, los cuales establecen: Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: (.) V. Las empresas de abastecimientos y suministros; (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. (.) Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales. Así, debe entenderse que el suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se traduce en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. De ahí que es incuestionable que la orden o apercibimiento del corte del suministro de energía eléctrica deriva una relación de coordinación entre Comisión Federal de Electricidad, empresa productiva del Estado, y los usuarios del servicio, en virtud de un contrato de suministro de energía eléctrica. Por tanto, la Comisión Federal de Electricidad, así como los diversos departamentos o cargos que la integran, no actúan en ejercicio de una potestad administrativa que le otorguen atribuciones de tal magnitud, que actualicen una relación de supra subordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. Sirve de apoyo la tesis XLII/2015 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 1183, registro 2009410, que dice: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. Por tal motivo, no se encuentran satisfechos los requisitos necesarios para determinar que el reclamo constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues la relación que guardan las partes (usuarios y el organismo) es de coordinación y no de supra a subordinación, dado que se ubican en un mismo plano como partes contratantes con la finalidad, por un lado, de prestar el servicio y por otro, de obtener el suministro de energía eléctrica. No pasa inadvertido que el accionante del amparo hace depender la procedencia del juicio en la tesis aislada I.10o.A.81 A (10a.) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: AMPARO CONTRA LA SUSPENSIÓN O CORTE DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CUANDO ESOS ACTOS PONGAN EN RIESGO EVIDENTE LA VIDA, LA SALUD O LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN VULNERABLE O ESTÉN IMPOSIBILITADAS PARA PROVEER SU SUBSISTENCIA, EL JUZGADOR DEBE ALLEGARSE DE ELEMENTOS PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO Y NO DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, AL ESTIMAR QUE LA VÍA PROCEDENTE PARA DIRIMIR EL CONFLICTO ES LA ORDINARIA MERCANTIL [APLICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN CONTENIDA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 30/2018 (10a.)], en la que se establece que si bien cuando se reclamen actos relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, la multicitada empresa productiva del Estado no debe considerarse como autoridad responsable en el amparo, el Alto Tribunal hizo hincapié en una excepción amplia, relativa a cuando esta realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado, es decir, cuando la suspensión o corte del servicio ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia; y que por tanto, en esos casos, no se actualizaría un motivo notorio y manifiesto de improcedencia que lleve al desechamiento de plano de la demanda de amparo; pues el juzgado de distrito deberá allegarse de mayores elementos para verificar la procedencia del juicio, conforme a las particularidades del caso. Sin embargo, la suscrita considera que dicho criterio no es aplicable en el caso que nos ocupa; ya que el Alto Tribunal emitió jurisprudencia, la cual resulta de observancia obligatoria para este juzgado, de conformidad con el diverso 217 de la ley de la materia, en la que determinó que es factible el desechamiento de la demanda de amparo como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando la naturaleza de los mismos se encuentre definida mediante jurisprudencia del Máximo Tribunal, pues esta es de observancia obligatoria para todos los órganos de menor jerarquía y, por tanto, está vedado para los mismos efectuar una nueva interpretación de temas ya resueltos por el Máximo Tribunal. Tal criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, divulgada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 532, registro 2019230, de rubro y texto siguientes: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. Por lo que, si como se precisó con antelación, existe pronunciamiento por parte de la Segunda Sala del Alto Tribunal, en el sentido de que la Comisión Federal de Electricidad opera como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica y que los actos que lleva a cabo a virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, lo que permite arribar a la conclusión de que no es autoridad responsable para efectos de la procedencia de juicio de derechos fundamentales, es indudable que se actualiza una causa notoria y manifiesta de improcedencia que permite desechar la demanda de cuenta. Se afirma de ese modo, ya que el promovente del amparo refiere ser usuario del servicio de suministro de energía eléctrica y exhibe copia simple de diverso recibo de pago de dicho servicio, con lo que pretende acreditar esa circunstancia. De ahí que el acto que reclama constituye una controversia suscitada en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica que el quejoso celebró con la Comisión Federal de Electricidad; por tanto, se actualiza la hipótesis motivo de análisis en la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue transcrita en párrafos que anteceden. Por lo anteriormente expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, aplicado a contrario sensu, de la misma legislación, procede desechar la demanda de amparo promovida por ***. Sin perder de vista que el mismo quejoso ya había promovido demanda contra actos de la misma naturaleza, correspondiéndole el número de juicio de amparo indirecto 1532/2019 y se desechó por las mismas razones jurídicas que ahora nos ocupa y el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, por así haberlo solicitado expresamente en su escrito de cuenta. USUARIO Se tiene a la parte quejosa designado el medio en línea para recibir notificaciones personales y para la consulta del expediente en línea, a través del usuario "enflores", por lo anterior de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dé el trámite correspondiente a efecto de que se pueda consultar vía internet el expediente en que se actúa. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19 EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO EN LÍNEA De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que, deberán solicitar a este Juzgado de Distrito, la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma, u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente
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