Edmundo Olmedo Montealegre
Expediente 118/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 38 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 38
- Última actuación
- 21/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Edmundo Olmedo Montealegre
- ANTONIO GARCÍA CALIXTO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 38.
- Principal
Acapulco, Guerrero veintiuno de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que mediante auto de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y trascurrió el término de quince días que tenía la parte quejosa para inconformarse contra esa resolución, según el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, téngasele por conforme con dicha determinación. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como asunto concluido, en el entendido de que el presente juicio es susceptible de ser depurado, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintinueve de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, debiendo conservarse la demanda y sentencia respectiva; además se precisa que este expediente no es considerado de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero de Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su carátula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, veintisiete de junio de dos mil dieciséis. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa para hacer las manifestaciones que estimara convenientes en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo informado por la autoridad responsable, sin que lo hubiere hecho así; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si con las constancias que obran en autos se encuentra o no cumplida. La parte quejosa solicitó el amparo contra el Juez Octavo de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó el auto de veinte de febrero de dos mil quince, en el que se le fijó la cantidad total de $499,482.00 (cuatrocientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), a fin de que obtuviera el beneficio de su libertad caucional en la causa penal 06/2015-II, que se le instruye por los delitos de daños y lesiones. En la sentencia ejecutoria materia de esta resolución, se concedió el amparo para el efecto de que: "(.) el juez responsable: 1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, dictado en la causa penal 6/2015-II. 2. Emita otro en el que, en relación con la cantidad que fije por concepto de obligaciones procesales parta de la base de que se debe fijar una cantidad por todo el proceso penal y no por cada delito imputado. 3. Respecto a las diversas sumas que señale para garantizar la sanción pecuniaria, así como la reparación del daño, en relación con la primera explique cómo arribó a la conclusión de que debe fijarse con base en la sanción pecuniaria mayor a la mínima, y por la segunda (reparación del daño) indique cuáles son los miembros que como consecuencia de las lesiones se afectaron en el trabajo, oficio o arte, asimismo, precise cuál es el proceso que siguió para determinar las cantidades que deben garantizar ese concepto. Y con plenitud de jurisdicción resuelva conforme sus atribuciones" En cumplimiento a esa sentencia, el Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de seis de junio del año en curso dictado en la causa penal 6/2015-II, del que se advierte dejó insubsistente el diverso de veinte de enero del presente año, dictado en contra de Edmundo Olmedo Montealegre por el delito de daños y lesiones culposos en agravio de Antonio García Calixto y otros, y emitió nuevo auto en el que purgó los vicios por los que se concedió el amparo; esto es, por lo que ve a las obligaciones procesales a cargo del quejoso, fijó una cantidad por todo el proceso y no por cada uno de los delitos que se le imputan; por lo que a la posible sanción pecuniaria fijó la cantidad mínima que proveen los ordenamientos aplicables; por otro lado, en torno a la reparación del daño, la autoridad no fijó cantidad alguna al señalar que no se allegó a los autos medios de convicción idóneos para dilucidar sobre el particular; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, si la autoridad responsable llevó a cabo lo que la obligaba la ejecutoria de amparo, se considera que la parte quejosa, ha sido restituida en el goce del derecho vulnerado y, por tanto, procede declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; lo anterior, en la inteligencia de que la parte ofendida está en aptitud de allegar las pruebas que estime pertinentes para justificar la cantidad que sobre el particular deba exhibir el inculpado para disfrutar de su libertad caucional, de modo que la resolución en comento de ninguna manera excluye el derecho de las víctimas que con posterioridad se fije determinada cantidad para garantizar aquel concepto. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, nueve de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por El Juez Octavo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia de amparo anexando la constancia con lo que lo acredita; por tanto, con lo anterior, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no manifestar algo al respecto dentro del término de tres días, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, con lo informado por dicha autoridad y demás constancias que integren este expediente este juzgado federal resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero, treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio recibido en auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se tuvo a la autoridad judicial responsable informando el cumplimiento dado al fallo protector, con lo que se dio vista a la parte quejosa, quien por escrito recibido en proveído de tres de mayo actual la desahogó, sin que este juzgado de Distrito se haya pronunciado sobre el cumplimiento o no, a dicha ejecutoria, motivo por el cual se procede a dilucidar sobre el particular. Para estar en aptitud de resolver sobre lo anterior, es necesario recordar que en la ejecutoria relativa se otorgó la protección de la justicia federal para el efecto de que la responsable: "1. Deje insubsistente el acuerdo de veinte de enero de dos mil quince, dictado en la causa penal 6/2015-II. 2. Emita otro en el que, en relación con la cantidad que fije por concepto de obligaciones procesales parta de la base de que se debe fijar una cantidad por todo el proceso penal y no por cada delito imputado. 3. Respecto a las diversas sumas que señale para garantizar la sanción pecuniaria, así como la reparación del daño, en relación con la primera explique cómo arribó a la conclusión de que debe fijarse con base en la sanción pecuniaria mayor a la mínima, y por la segunda (reparación del daño) indique cuáles son los miembros que como consecuencia de las lesiones se afectaron y en qué consiste la incapacidad para desempeñar el trabajo, oficio o arte, asimismo, precise cuál es el proceso que siguió para determinar las cantidades que deben garantizar ese concepto. Y con plenitud de jurisdicción resuelva conforme con sus atribuciones". Ahora bien, mediante oficio de veintidós de abril del año en curso, el juez responsable remitió copia certificada del auto de veintidós de abril del año en curso, del que se advierte dejó insubsistentes diversos autos de veinte de enero, doce de agosto, once de septiembre, dos y diecinueve de octubre de dos mil quince, dictados en la causa penal 6/2015-II, por los que se le fijó caución al aquí quejoso Edmundo Olmedo Montealegre por los delitos de daños y lesiones culposos. Hecho lo cual, dicha responsable procedió a resolver sobre la caución solicitada por el inculpado por los injustos de referencia. Así, por lo que ve al concepto de obligaciones procesales, de forma conjunta y no por cada uno de los delitos, fijó al inculpado la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), por tal concepto, de lo que se sigue que este extremo sí se ajustó a los lineamientos señalados en la ejecutoria de mérito (punto número 2). Luego, por lo que ve al concepto de sanción pecuniaria por el delito de daños, la autoridad responsable tomó en consideración que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 249 del Código Penal del Estado de Guerrero vigente, dicho concepto se tasaba hasta por el monto total de los daños y perjuicios ocasionados. En ese orden de ideas, si se toma en consideración que la porción normativa provee a la autoridad judicial la facultad de que establecer el concepto de sanción pecuniaria dentro de un rango cuyo límite máximo se constituye por el valor del daño ocasionado, es inconcuso que se está frente a una facultad discrecional, la cual si bien no está exenta de ser fundada y motivada a efecto de que pueda exteriorizarse en la esfera jurídica del ciudadano, no menos verídico resulta que el estudio de su legalidad no tiene que ver necesariamente con parámetros rígidos contenidos en la norma, sino en las modalidades, naturaleza y demás particularidades especiales de cada asunto; es decir, la exigibilidad de los requisitos de fundamentación y motivación de aspectos como el destacado se analizan ya no bajo el prisma de medidas o cuantificaciones establecidas en un precepto legal, sino en la racionalidad -dentro del contexto personal, social, histórico, etcétera-, del acto emitido, a fin de establecer con cierto grado de certeza, sensatez y objetividad, si la decisión adoptada es proporcional a la magnitud que el caso representa. Por ende, si de la lectura del auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, se aprecia que la autoridad responsable tomó como referencia los datos generales que aportó el indiciado, y que los daños ocasionados por la comisión del delito de daños se encuentran pericialmente cuantificados en $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), de ello se sigue que la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) por concepto de sanción pecuniaria sí se encuentra ajustada a los lineamientos contenidos en la ejecutoria de amparo, pues al no contenerse un parámetro mínimo, la información destacada se torna idónea para establecer aquella cantidad, que como se dijo, su quantum pende de la ponderación de su racionalidad en función de las circunstancias del caso; esto es, es el resultado de una apreciación personal del juzgador sobre las condiciones del procesado en relación con la magnitud del daño ocasionado que le permiten establecer su mayor o menor gravamen. Por otro lado, respecto a los conceptos de sanción pecuniaria por el delito de lesiones, la autoridad judicial estableció las cantidades relativas en función de cada una de las víctimas, las cuales corresponden al equivalente de la suma mínima prevista en la norma penal por dicho concepto basado en salarios mínimos, por lo que es factible concluir que sobre ese aspecto la autoridad judicial responsable sí acató los lineamientos previstos en la ejecutora de amparo ya que al haber tasado de esa manera dicho concepto no le era exigible que expresada fundada y motivadamente tal proceder. Es aplicable por identidad jurídica, la jurisprudencia número XIII.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 1010, del Tomo VIII, Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE RAZONE SU IMPOSICIÓN NO VIOLA GARANTÍAS. Cuando la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, estima justo imponer la multa mínima contemplada en la ley tributaria aplicable, ello determina que el incumplimiento de los elementos para la individualización de esa sanción pecuniaria, como lo son: la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste, etcétera, resulte irrelevante y no cause violación de garantías que amerite la concesión del amparo, toda vez que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor, pero no cuando se aplica la mínima, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una menor a ésta." Luego, para verificar si la determinación de la autoridad responsable de fijar las cantidades que estableció por concepto de reparación del daño por los delitos de daños y lesiones se ajustó a los lineamientos establecidos en el fallo protector, debe tenerse presente que esa garantía tiene como finalidad proteger o salvaguardar en el proceso penal los derechos de la parte ofendida y, por ende, sólo puede exigirse al inculpado que solicita su libertad provisional, tratándose de delitos que producen resultado de daño, para que en el supuesto de una eventual condena, el juez pueda decidir sobre el resarcimiento de los daños o perjuicios ocasionados al ofendido. En concatenación con lo anterior, es factible concluir que su quantum sí tiene elementos susceptibles de ser valorados objetivamente, pues en tratándose del delito de daños por ejemplo, es inconcuso que el deterioro provocado al patrimonio del pasivo servirá como referencia; de ese modo, si por tal concepto el juez de la causa acudió al valor pericialmente definido, del vehículo que resultó afectado con motivo de la conducta típica atribuida al quejoso, entonces resulta que la determinación de fijar $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.), por concepto de reparación de daño por el delito de daños, sí se ajustó a los lineamientos contenidos en el fallo protector. Sin embargo, lo anterior no se aprecia así por lo que ve a dicho concepto en lo que corresponde al delito de lesiones, ya que para fijar dichas sumas, la autoridad responsable se limitó a describir las lesiones provocadas otorgando un valor discrecional, pero conforme a lo señalado con anterioridad, el concepto de reparación del daño necesariamente debe comprender la indemnización del daño material, legal o moral causado, incluyendo el pago de los tratamientos curativos, que, como consecuencia de la comisión del delito, sean necesarios para recuperación de la salud de la víctima; que ante una eventual condena, tal importe efectivamente restablezca el orden jurídico alterado por la comisión del ilícito. Lo anterior adquiere relevancia porque aquella premisa inexorablemente excluye la posibilidad de que el concepto de reparación del daño sea susceptible de tasarse en función de alguna facultad discrecional sin atender a elementos objetivos para fijar la cantidad relativa, tan es así que en la sentencia amparadora se indicó lo siguiente: "En relación con esa garantía (reparación del daño), si bien el juez responsable señaló el tiempo en que las lesiones tardan en sanar, así como las consecuencias físicas que ocasionan; omitió exponer las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para arribar a las sumas destacadas, ya que solo se limitó a señalar esas cantidades y, en el caso de las lesiones que presenta Antonio García Calixto, indicó que debe ser valorado por traumatología, neurocirugía y urología, y determinó que ante eso es evidente que erogará gastos para su atención médica, además de que dichas lesiones lo incapacitan por el periodo en que tarden en sanar para trabajar en la profesión, arte y oficio de la víctima, sin dar mayor razón del por qué arribó a esa conclusión; que Elvia Teresa Manjarrez García soló refirió presentará dolor temporal en el sitio de las lesiones y por eso deberá ser valorada por traumatología, neurocirugía, y la toma de cráneo en un tiempo breve, lo que traería como resultado erogación de gastos por su atención médica; en relación con las que tienen Ana Karen y Nataly Bacilio Vinalay, solo refirió que esas lesiones afectan el normal funcionamiento de miembros, sin precisar cuál o a cuáles miembros se refiere, así como la capacidad para trabajar en la profesión, arte y oficio de la víctima. Así las cosas, lo reseñado en líneas que anteceden, pone de relieve el hecho de que el juez de la causa no ajustó su proceder a los extremos constitucionales antes destacados; en consecuencia, debido a que el acto reclamado es violatorio de garantías por deficiencias de carácter formal (.)." Mas aun, no puede soslayarse que sobre el particular el artículo 39 del Código Penal del Estado de Guerrero, establece precisamente las bases sobre las cuales debe calcularse el monto atinente a la reparación del daño, esto es, conforme a las pruebas allegadas específicamente para ese fin al proceso penal, y a falta de las mismas, tomar como referencia las bases de indemnización que fijen el Código Civil del Estado y la Ley Federal del Trabajo, así como el salario mínimo general vigente en el área geográfica que corresponda, más los intereses legales que resulten del pago desde que se hizo exigible dicha reparación. Por tanto, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir de aquel en que reciba el oficio respectivo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el cumplimiento dado al fallo amparador, esto es, para que deje insubsistente el auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis dictado en la causa penal y reiterando los aspectos correspondientes a las sumas que fijó por conceptos de sanción pecuniaria y obligaciones procesales por los delitos de lesiones y daños; así como por concepto de reparación de daño respecto del delito de daños; atienda los lineamientos contenidos en la sentencia amparadora para fijar fundada y motivadamente la suma que corresponda a la reparación del daño por el delito de lesiones. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo vigente y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese.
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